El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ha denunciado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica.
La denuncia se centra en la percepción de bonificaciones por «Zona Austral» en dos beneficios previsionales, a pesar de que la residencia de Fernández de Kirchner no se encontraba en las áreas geográficas que justifican dicho adicional
El Congreso de la Nación iniciará un interesante debate esta semana respecto la continuidad o no de las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias) que rigen en Argentina, desde el año 2009.
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Las reformas electorales propuestas por el sector libertario gozan del acompañamiento del electorado, puesto que la sociedad argentina se encuentra en un momento donde busca que los condicionamientos que la clase política ha impuesto sobre ella se reduzcan drásticamente, más aun cuando impliquen gastos innecesarios para las arcas públicas.
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Los partidos políticos ya no son lo que eran en Argentina, su legitimidad y capacidad de representación de los deseos y esperanzas de la sociedad han mermado y ya son muy pocos los quieren participar de las discusiones internas que allí sucedan, al menos de manera obligatoria.
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A nivel provincial, durante tres décadas se sucedieron una serie de internas en el entonces partido gobernante, el Movimiento Popular Neuquino, que sin temor a exagerar pueden denominarse como épicas, puesto que en ellas se definía el futuro de la provincia.
En 1991 se produjo en el MPN la primera gran interna partidaria de Neuquén. Los amarillos liderados por Luis Sapag, respaldado por su padre Felipe Sapag, versus los blancos de Jorge Sobisch, apadrinado por Elías Sapag, se enfrentaron en las urnas para definir quien sería el candidato a gobernador. Efectivamente, los hermanos Felipe y Elias Sapag habían roto sus relaciones personales, comerciales y políticas a tal punto de escalar a un enfrentamiento público electoral de proporciones gigantescas.
A partir de la victoria de Sobisch, el gobernador neuquino siempre fue definido en las internas del MPN, siendo las elecciones generales con los candidatos de otros partidos prácticamente un trámite burocrático que había que cumplir más para la división de las bancas en la Legislatura provincial que otra cosa.
Entre las internas más destacadas es interesante recordar la victoria y revancha de los amarillos de Felipe Sapag sobre los blancos de Sobisch en 1995 y el triunfo de Jorge Sapag con su Lista Azul sobre los blancos que proponían el regreso de Pedro Salvatori al sillón de Roca y Rioja, debido a que Sobisch ya había cumplido sus dos mandatos constitucionales y no podía ser reelecto.
La victoria Azul marcó un contundente y prolongado liderazgo en Neuquén que duró 16 años, cuyas últimas elecciones internas pueden considerarse como victorias pírricas (dícese de una victoria ganada a un costo demasiado grande), puesto que luego de cada enfrentamiento el costo económico para la sociedad era muy alto, ya que los aparatos políticos de uno y otro sector interno del MPN crecían desproporcionadamente borrando de a poco las líneas divisorias entre los intereses del partido y los del Estado. La estafa de los planes sociales fue un claro ejemplo de esto.
En este contexto, cualquier forma de disenso al interior del MPN tendría que enfrentar a un aparato invencible para las categorías de gobernador, vicegobernador y diputados provinciales dado que, al no dirimirse en elecciones obligatorias, quien más recursos económicos y más poder de movilización poseía, era el ganador, independientemente de la legitimidad, carisma o capacidad política de los candidatos.
Los únicos caminos trazados para quienes enfrentaran a la Lista Azul eran solo dos: rendirse o abandonar el histórico partido.
«Otra batalla más como esta y perderemos la guerra» es la frase que popularizó la figura del Rey Pirro a lo largo del tiempo y, para el MPN, esas palabras probablemente cobraron sentido en 2019 cuando el entonces vicegobernador Rolando Figueroa decidió enfrentar en elecciones internas a la Lista Azul, sintiendo en carne propia el peso del aparato político. Gracias a su capacidad de movilización y a los «votos seguros», Omar Gutiérrez se impuso con un contundente 57% de los votos frente al 36% de la Lista Violeta de Figueroa.
Fue así que, en 2023, Rolando Figueroa tomó la decisión que sellaría su llegada a la gobernación.
Enfrentar a la lista Azul desde afuera, en lugar de hacerlo a través de una interna, le otorgó dos grandes beneficios: en primer lugar, el enfrentamiento se daría en elecciones generales, donde todos están obligados a votar y el peso del aparato político disminuye significativamente. En segundo lugar, le permitió forjar alianzas con dirigentes de diversos partidos que, históricamente, habían intentado sin éxito vencer al MPN, presentándose una oportunidad inigualable en su historia. Una rebelión interna, pero librada desde afuera.
Hoy, las internas del MPN son cosa del pasado, ya que no queda nada por definir en su estructura vacía, y más temprano que tarde, las elecciones PASO serán eliminadas en Argentina.
El esquema electoral en Neuquén y en el país ha cambiado para siempre. Los electores ya no confían en los partidos políticos: ahora votan por personas e ideas, dejando atrás los sellos de goma.
Al mismo tiempo, internet y las redes sociales han democratizado el acceso a la opinión pública, evitando que la política sea monopolizada por quienes tienen mayor acceso a los medios de comunicación tradicionales o capacidad de lobby.
No se trata de predecir los resultados de 2025, sino de comprender el nuevo escenario político. La era de las estructuras partidarias omnipotentes está llegando a su fin, y con ella, las internas que definían el destino de Neuquén y de Argentina. Ahora, la decisión está en manos de la sociedad, sin filtros ni intermediarios.
El cartel en el medio de la cordillera tiene un mensaje que no deja muchas interpretaciones: “Está prohibido cualquier tipo de cesión de dominio o derechos”. Pero aun así, Ñorquinco, un lugar paradisíaco con bosques milenarios, está en alerta por estafas y loteos inmobiliarios, en los alrededores de un pequeño lago, custodiado por las comunidades mapuche.
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La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), encargada de administrar el territorio, viene desde hace tiempo lanzando advertencias sobre estas maniobras ilegales y promete ir a la Justicia «caiga quien caiga», para frenar urbanizaciones en las riberas de los lagos.
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El presidente de la Corporación, Daniel Salazar, dijo a LMNeuquén que esta situación no es nueva y que hace más de una década vienen denunciando estas irregularidades sin obtener respuestas concretas de los organismos que deberían haber intervenido.
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“Esto empezó muy lentamente hace diez años, concretamente en Ñorquinco. Siempre lo denunciamos en las comunidades para que se pueda hacer algo con este desastre ambiental. Lamentablemente, no se hacía, porque los directores de provincia no estaban, o los de Nación tampoco”, sostuvo Salazar.
El último procedimiento fue el viernes pasado, cuando integrantes de la Corporación Pulmarí fueron hasta el pequeño lago Nompehuen, ubicado a unos 63 kilómetros de Aluminé, por la Ruta Provincial 11. Allí retiraron alambrados, de desarrollos ilegales que estaban cercando lotes de 15×50 y 30×50 metros.
Pulmarí administra 113 mil hectáreas, y uno de los puntos más afectados es el Lago Nompehuen, un espejo de agua pequeño, pero muy codiciado por quienes buscan una vida tranquila y natural, en un entorno envidiable. Allí se detectó la venta ilegal de lotes sobre la costanera, en terrenos que jamás podrían haber sido comercializados.
“Nos encontramos con que habían comprado de buena fe, pero nunca habían hablado con Pulmarí. Notificamos a los pobladores que retiren los alambrados”, explicó Salazar.
Según el presidente de la CIP, se está haciendo un relevamiento de lotes y se han retirado cercos perimetrales colocados de manera ilegal. “Hay casas, cabañas, estamos haciendo un relevamiento de lotes, porque se está actualizando y retirando cualquier avance de nuevos cercos perimetrales. Es una cuestión medioambiental y vamos a ir muy fuerte”, indicó.
Las ventas ilegales, más allá de los damnificados, provocan graves impactos ambientales. La fragmentación y urbanización descontrolada generan pérdida de bosque nativo, alteración de cursos de agua y daño a la flora y fauna, según entienden desde la corporación.
“Estamos trabajando para poder ordenar. Hay muchas denuncias de diferentes vecinos, no solo de las comunidades, para resguardar el ambiente. Así como está, es un desastre ambiental”, advirtió Salazar.
La entidad ya solicitó la intervención de Recursos Hídricos, Medio Ambiente y la Ley de Bosques Nativos, con el objetivo de llevar los casos más graves a la Justicia. Estamos trabajando en sintonía, basado en lo ambiental y se está llevando la posibilidad de llevar a la Justicia casos emblemáticos a fondo”, adelantó.
Sobre los compradores, el presidente de la CIP señaló que hay perfiles muy distintos, pero que eso no cambia la situación legal, por lo que preparan una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.
“Hay de todo un poco: hay cabañas, algunas desarrolladas, otras no tanto, y distintos dueños. Gente trabajadora y otras de buen poder adquisitivo, pero no hacemos diferencias, lo que está mal, está mal”, enfatizó Salazar.
Sin dar nombres, Salazar dejó en claro que la Corporación Pulmarí irá a fondo para recuperar las tierras. “No voy a dar nombres para que no crean que estamos cargando las tintas para un lado, pero vamos a ir a fondo”, concluyó.
Desde la CIP insistieron en que nadie tiene derecho a vender estas tierras y llaman a la comunidad a no participar en operaciones fraudulentas. Ante cualquier irregularidad, recomiendan comunicarse a los siguientes canales de denuncia. El teléfono (02942) 496 243 WhatsApp: +54 9 2942 553010 Correo electrónico: [email protected]
La pelea contra la venta ilegal de tierras en Ñorquinco parece no tener fin, pero la Corporación Pulmarí sigue en alerta, intentando frenar un negocio que avanza sobre el territorio y las leyes existentes.
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La Corporación Interestadual Pulmarí (CPI) de Aluminé alertó sobre numerosas denuncias por estafas con ventas de terrenos en la zona de Ñorquinco. Hace pocos días, un vecino del Valle cayó en la maniobra fraudulenta, entusiasmado por la adquisición de un lote en la cordillera neuquina.
Desde el CPI advirtieron que estas operaciones ilegales son «persistentes» y que, a pesar de los esfuerzos institucionales para prevenir esta clase de delitos, los casos de estafa no cesan en el sector.
El organismo resaltó que las maniobras son llevadas adelante por personas «sin título de propiedad y en violación a la normativa vigente». Además, enfatizaron que no solo constituye un posible delito, sino que también genera «graves perjuicios».
De acuerdo a la ley de creación de la CIP y las escrituras documentadas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia, las tierras bajo administración de la Corporación «no pueden ser vendidas, transferidas, ni cedidas».
Por este motivo, se remarcó que «cualquier acto de compra- vente es nulo y conlleva un alto riesgo legal y económico para quienes participan».
Para graficar la situación, el CIP ejemplificó el caso de un vecino oriundo del Valle, que denunció ante la policía haber sido estafado por un poblador de la zona.
Supuestamente, el vendedor le había reservado un terreno en Ñorquinco, pero luego el hombre desconoció la transacción. Este tipo de casos, destacó el CIP, se registran «desde hace años».
En este escenario, aclararon que la Corporación no reconocerá ningún derecho a quienes hayan comprado tierras, aún cuando aleguen desconocimiento o haber comprado «de buena fé».
A su vez, se solicitó que ante cualquier irregularidad, denunciar la situación a los canales de comunicación: (02942) 496 243, +54 9 2942 553010 o secretaria@pulmari.org.
El jueves por la noche, alrededor de las 22:30, un hombre de 74 años recibió una llamada de un supuesto número de YPF, donde le ofrecían un descuento especial para jubilados. Confiado en la oferta, el hombre transfirió una suma cercana a los 3.5 millones de pesos en dos operaciones: una de 3 millones y otra de 400.000 pesos.
Según el comisario inspector Walter Troncoso, este es el segundo o tercer caso similar registrado en la localidad y pone en alerta sobre las tácticas de los estafadores, que buscan generar confianza en sus víctimas antes de solicitar datos bancarios: como números de tarjetas y claves personales.
Se recomienda a los adultos mayores ser especialmente cautelosos ante este tipo de llamadas y no compartir nunca su información bancaria. Esta modalidad de estafa demuestra un alto nivel de profesionalismo de los delincuentes, que continúan aprovechándose de la vulnerabilidad de sus víctimas.
En caso de recibir ofertas de este tipo, se aconseja cortar inmediatamente la llamada y consultar con entidades oficiales.
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Hoy, primer día hábil de trabajo luego de la feria de verano, el Poder Judicial de Neuquén tendrá dos actividades de alto contenido simbólico para lo que se espera de este año: una capacitación en narcomenudeo y un juicio oral por un caso de corrupción.
Obtener resultados medibles en el combate al microtráfico y que haya condenas por casos de corrupción son dos aspiraciones de la política para este año en el que todos los escenarios estarán impregnados por la campaña electoral de medio término.
El gobierno provincial demostró que dispone de suficientes herramientas a su alcance como para no depender de los siempre cuestionados tiempos judiciales y avanzar con rapidez en las áreas que le interesan.
A fuerza de auditorías internas en ministerios y secretarías, y poniendo a trabajar a organismos superpoblados, caros y que históricamente miraron para el costado -fiscalía de Estado, Contaduría General, Tribunal de Cuentas- la administración provincial demostró que donde busca, encuentra. O hasta la profundidad que busca, encuentra.
Apenas asumió, hace más de un año, Rolando Figueroa dijo sin vueltas que quería «presos» a los que cometieron la estafa con planes sociales. En ese entonces había tres imputados con prisión preventiva; hoy no hay ninguno, y el juicio oral ni siquiera tiene fecha.
Mientras el Poder Judicial avanza como paquidermo, en ese año el poder político se las arregló para:
• Destituir a la vicegobernadora Gloria Ruiz por inhabilidad moral. La fiscalía aún no la imputó formalmente, será otra de las causas emblemáticas en este año electoral.
• Terminar de abollar la ya golpeada imagen del exgobernador Omar Gutiérrez con una auditoría sobre las canchas de césped sintético promocionadas durante su gestión y que ahora está en duda si se hicieron o no, y a qué precio.
• Acallar a las organizaciones sociales al dejar al descubierto detalles del acuerdo -también con el gobierno de Omar Gutiérrez- para el manejo de millonarias sumas de dinero.
• Salpicar indiscriminadamente a empleados estatales, en particular docentes, por el festival de certificados médicos truchos que detectó una auditoría, en complicidad con el accionar inescrupuloso de algunos profesionales de la salud.
La política juega con otras cartas, y la utiliza a fondo.
Todos esos escándalos se convirtieron o convertirán en causas penales que este año podrán ser utilizadas como insumo en una campaña electoral en la que transparencia, corrupción, gasto estatal, serán algunos de los escenarios de la contienda.
El uso político del Poder Judicial tiene antecedentes en la provincia. Quedó grabada en piedra la frase del exgobernador Jorge Sobisch cuando intentó justificar su maniobra para copar el Tribunal Superior de Justicia con aliados: “Yo salí de acá (de su primer gobierno), salí pobre, hecho un desgraciado, y me pasearon por todos los juzgados. Entonces uno empieza a tener miedo”. Lo dijo en una cámara oculta que nunca llegó a juicio.
No quiere decir que la historia se repetirá, pero los legajos penales ahí están, latentes: la historia de los Planes Sociales empezó mucho antes del 2020; es impredecible hasta dónde llegarán las esquirlas del caso Gloria Ruiz; quién sabe cuántas firmas figuran al pie de las canchas de césped sintético que no se hicieron… ¿Cuándo se despertará la vocación por profundizar estas investigaciones? ¿Se despertará?
El peso de impulsar la acción recae en el Ministerio Público Fiscal. El jefe, José Gerez, concentra energías en su gran apuesta para este año: el narcomenudeo. Ya no lo convocan para destrabar conflictos de toda índole como antaño, de modo que se muestra hiperactivo en sus reuniones con funcionarios del ministerio de Justicia de Nación y con fiscales de Rosario. Busca instalar a Neuquén a nivel nacional, como referencia.
Por ley, el fiscal general no puede intervenir de manera directa en casos en los que se investiguen delitos contra la administración pública o en los que se encuentren imputados funcionarios públicos.
Y si de impulsar la acción se trata, esos legajos por casos de corrupción tienen como querellante a la fiscalía de Estado que goza de las mismas facultades para pedir que se acelere el trámite.
Un cronograma tentativo de lo que sucederá este mes y los próximos registra los siguientes acontecimientos.
• El 14 de febrero habrá una audiencia con un grupo de imputados en la causa planes sociales que aceptaron declararse culpables y cumplir una pena de prisión en suspenso.
• El 18 de febrero será la audiencia más importante hasta ahora de planes sociales. Se discutirán las pruebas que se utilizarán en el juicio oral, y eventualmente se fijará la fecha. Puede que nada salga como está previsto, la capacidad de sorprender que tiene esta causa es inagotable.
• Este mes, o en marzo debería ser la audiencia de formulación de cargos en el sistema de causas que orbitan en torno de Gloria Ruiz. Esto incluye a la exvicegobernadora por actos cometidos en el ejercicio de ese cargo; a su hermano Pablo por los plazos fijos que armó como director de la Casa de las Leyes, a su suegra y al cuñado de ésta por todo lo relacionado con la compra de la camioneta Toyota SW4; ¿también a las empresas con las que contrató publicidad, banners carísimos, empleados que iban a trabajar y el sueldo lo cobraba la esposa, y demás?
Habrá que ver si la fiscalía incluye también maniobras detectadas durante su paso por la intendencia de Plottier. Y en ese caso, qué sucederá con el actual jefe municipal Luis Bertolini, cuya firma figura -según dijo el fiscal jefe Pablo Vignaroli- dando aval a actos que ahora están bajo sospecha cuando era secretario de Obras Públicas.
• Está pendiente la formulación de cargos contra las organizaciones sociales por el manejo de fondos con las cooperativas de trabajo.
• Lo mismo respecto de profesionales que emitían certificados de salud truchos y estatales que supuestamente los compraban.
• El escándalo de las canchas de césped sintético ya tiene su investigación de oficio. Debería derivar en algún momento del año en una formulación de cargos.
• El año judicial comienza hoy con otro caso emblemático que también viene de la gestión anterior: en Cutral Co empieza el juicio de cesura por las muertes ocurridas en la explosión e incendio del 29 de junio del 2021 en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque.
Las víctimas fueron la docente Mónica Jara (34, era su primer día de trabajo); el gasista Nicolás Francés (70, contratado irregularmente, sin papeles, sin declarar, sin registrar) y su sobrino Mariano Spinedi (47, había ido para ayudarlo, solidariamente).
Si bien este caso en particular no fue tomado como ejemplo de la cruzada anticorrupción oficial (¿acaso porque es una bandera de ATEN?), quedó demostrado a lo largo del histórico juicio realizado el año pasado que existe opacidad en la obra pública en Neuquén. Y que es un camino de ida y vuelta con particulares; por eso fueron condenados Diego Bulgheroni, Héctor Villanueva (de la empresa Arte Construcciones), Carlos Córdoba, Sergio Percat y Raúl Capdevilla (de la secretaría de Obras Públicas). Resultó absuelto el subsecretario Roberto Deza.
Hoy se realizará una capacitación en narcomenudeo a la que fueron convocados todos los jueces y juezas penales de la provincia (la invitación los sorprendió el 10 de enero en su casilla de correo). Será en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, de 9 a 13. Es decir que este lunes víctimas e imputados no tendrán acceso al servicio de justicia porque el workshop, en vez de hacerse en contraturno, se programó en el horario de las audiencias así que las suspendieron a casi todas. El Poder Judicial todavía se pregunta por qué figura en los últimos puestos de la consideración ciudadana.
¿En qué consistirá? Una parte central será el análisis de fallos federales que establecieron algunos criterios para aplicar las figuras de tenencia simple de estupefacientes; tenencia para consumo; o tenencia con fines de comercialización, entre otras.
El universo vinculado con los estupefacientes ilegales está regulado por la ley nacional 23.737. El Poder Judicial de Neuquén se hará cargo de investigar y juzgar el último tramo del negocio, la venta minorista, mientras que la justicia federal continuará a cargo de perseguir a las grandes organizaciones criminales.
Entre los muchos interrogantes, el primero es cómo se decide cuándo un caso es provincial y cuándo es federal. ¿Por la cantidad de droga secuestrada? ¿Por el modo en que fue hallada? ¿Si fue en una vivienda o en un traslado? ¿Por los antecedentes de quien la tenía en su poder? Las variantes son muchísimas.
Otras inquietudes que surgen es cómo determinar si la droga era para consumo personal, o si se trató de una tenencia simple, o una tenencia con fines de comercialización. No hay una tabla matemática que lo defina, y del criterio que se aplique depende la libertad de una persona, la continuidad de la investigación, y el juez o jueza que intervendrá.
Ejemplo. Una persona es sorprendida en plena ruta con 11 bolsas de marihuana. Según la justicia provincial es un clásico caso de transporte de estupefacientes y corresponde que intervenga la justicia federal. Pero según la justicia federal está muy claro que la droga era trasladada con fines de narcomenudeo, así que le corresponde el caso a la provincia.
Es lo que se llama un conflicto de competencia. Destrabarlo lleva tiempo. ¿Quién se queda con la investigación? Si a las fronteras difusas se le añade una comunicación defectuosa entre ambas jurisdicciones, además de tiempo se pierden recursos y eficacia.
Hay fallos a nivel nacional que ya se pronunciaron al respecto, pero en el Poder Judicial de Neuquén no están habituados a tratar esta materia. Por eso en la capacitación de este lunes repasarán la jurisprudencia.
Secuestrar cocaína y marihuana; allanar inmuebles donde se venden estupefacientes; detener a personas dedicadas a la venta minorista: se prevé que se convertirá en paisaje cotidiano y el gobierno provincial le dará amplio despliegue publicitario. Necesita algo más: juicios orales rápidos y condenas a prisión efectiva.
Las sentencias las dictan jueces y juezas, que distan de tener una postura uniforme frente al fenómeno.
¿Cuánto tardará el gobernador en salir a pedir públicamente «queremos presos» por narcomenudeo, como dijo sobre los presuntos responsables de la estafa con planes sociales?
Lo cual nos lleva al siguiente nivel: la situación de las cárceles y comisarías. Ya no hay espacio para seguir alojando personas privadas de su libertad en condiciones dignas, y el gobierno no ha construido ni un metro cuadrado nuevo. Los conflictos son cada vez más frecuentes, e inventar motines ya no es una salida creíble.
Este año trae la novedad de un nuevo presidente en el Tribunal Superior de Justicia. Gustavo Andrés Mazieres, el último vocal en llegar al cuerpo asumirá por primera vez la presidencia el lunes 17.
Mazieres es peronista y llegó a la vocalía producto de un acuerdo entre Omar Gutiérrez y el senador Oscar Parrilli. La mayoría de los otros vocales surgieron del MPN: Soledad Gennari, Evaldo Moya y Germán Busamia. El quinto, Alfredo Elosu Larumbe, hizo casi toda su carrera dentro del Poder Judicial y disimula bien su inclinación política.
Como ya publicó diario RÍO NEGRO, Mazieres tendrá que administrar un presupuesto de 260.197.239.015 pesos, de los cuales 121.300.000.000 de pesos le tendrá que pedir al Ejecutivo provincial porque la ley de Autarquía financiera en los hechos no está operativa. Esta subordinación implica que Hacienda audita -y aprueba o veta- cada erogación del Poder Judicial. La intangibilidad mantiene a los salarios fuera del cerrojo; el recorte del gasto se percibe en la demora en aprobar el Convenio Colectivo de Trabajo.
Desde la cumbre del Tribunal le tocará, justamente, mantener dentro de su cauce los reclamos del sindicato de empleados Sejun, que se ha revelado como el más díscolo de los estatales. Cada medida de fuerza rebota de manera directa en la población más necesitada y hace levantar la voz del Colegio de Abogados.
Además, al Tribunal Superior aterrizan toda clase de apelaciones. Las que hacen más ruido mediático son las causas penales, pero es importante el caudal de legajos civiles, laborales, ambientales y de la materia procesal administrativa. Allí especialmente pone un ojo el gobierno.
Denuncia Falsa y Acusaciones Sin Pruebas
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Los afectados han sido acusados sin pruebas y privados de su derecho a defenderse, enfrentando una denuncia infundada que carece de sustento probatorio y que, según el Código Penal argentino, constituye un delito grave.
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Como si se tratara de un retroceso histórico, esta familia ha sido sometida a un proceso arbitrario, similar a un tribunal de la Inquisición, donde han sido víctimas de medidas desproporcionadas que han devastado su vida personal, familiar y patrimonial.
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Un Plan de Usurpación y Manipulación
La denuncia falsa tenía como objetivo favorecer al hostigador de un adulto mayor —padre y abuelo de la familia—, quien, junto con sus cómplices, intentó usurpar la vivienda familiar y tomar el control de sus bienes e ingresos.
Aprovechándose de la frágil salud física y mental del anciano, el hostigador recurrió a la manipulación, el maltrato psicológico y el aislamiento para quebrar su voluntad y consolidar su dominio.
Complicidad de Funcionarios Estatales
El caso toma aún más gravedad al evidenciar la participación de funcionarios de organismos estatales en la maniobra. Entre ellos, se encuentran:
Lejos de proteger a los verdaderos vulnerables, estas personas han llevado adelante acciones que perjudican gravemente a las víctimas, incluyendo a un menor, cuyo derecho a ser escuchado ha sido ignorado, en clara violación del principio del interés superior del niño, reconocido en tratados internacionales.
Negación de Pruebas y Arbitrariedad Judicial
El Juzgado de Familia N° 10 de Bariloche, bajo la conducción de la jueza interviniente, ha rechazado sistemáticamente las pruebas presentadas por los damnificados, entre ellas:
A pesar de su relevancia, estas pruebas han sido desestimadas de manera arbitraria. En su lugar, se han renovado medidas cautelares desproporcionadas basadas en un informe manipulado, elaborado por una psicóloga del Sistema de Abordaje Territorial (SAT).
Dicha profesional ha sido denunciada penalmente por falso testimonio y estafa procesal, ya que su informe fue utilizado como única base para tomar decisiones que han destruido a esta familia.
Las Consecuencias de una Denuncia Infundada
Las víctimas de esta denuncia falsa han sufrido consecuencias devastadoras:
Este caso evidencia cómo las denuncias infundadas no solo destruyen la vida de los acusados, sino que también socavan la confianza en el sistema judicial y erosionan los principios de justicia.
Gravedad Institucional y Violación de Derechos Humanos
La gravedad institucional de este caso radica en la violación del debido proceso, la vulneración de derechos humanos fundamentales y la inacción de los organismos que deberían garantizar justicia.
Derechos como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la protección de los vínculos familiares han sido ignorados en favor de un sistema que parece más interesado en proteger a los acusadores que en buscar la verdad.
Exigencia de Justicia: Denuncias Elevadas a Nivel Nacional
Ante esta situación, las víctimas han presentado denuncias ante instancias provinciales y nacionales, exigiendo:
Un Llamado de Atención a las Autoridades
Este caso debe ser un llamado de atención urgente a las autoridades judiciales y gubernamentales para garantizar que las familias y los menores no sigan siendo vulnerados en un sistema que debería protegerlos, no castigarlos injustamente.
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Uno de los imputados en la estafa con Planes Sociales entregó cheques destinados a personas vulnerables a la comisión directiva del club Pacífico de Neuquén. Con esos fondos desviados se pagó la cuenta del gas y la luz, y se solventó el gasto del piso de parqué flotante de la cancha de basquet, según revelaron los integrantes de la comisión directiva a la fiscalía de Delitos Económicos.
«Los cheques fueron entregados por Julio Arteaga», explicó el entonces presidente del club, Miguel Roga, en una declaración que prestó el 22 de septiembre del 2023 según consta en el legajo de la fiscalía. Agregó: «Era referente del basquet amateur categoría veteranos de nuestra institución, organizaba torneos de básquet amateur y era integrante del seleccionado de básquet de contadores».
El contador Arteaga es uno de los 19 imputados que irá a juicio oral, la fiscalía de Delitos Económicos lo ubica en el segundo nivel de importancia dentro de la organización, por debajo de los presuntos jefes de la asociación ilícita.
En el club nunca preguntaron por el origen de los cheques, que venían a nombre de otras personas. El presidente los endosaba y los depositaba en las cuentas del club para poder utilizar los fondos.
De acuerdo con testigos que declararon en la causa, «Arteaga solía visitar la dirección de Planes Sociales en calle Rivadavia», donde «le entregaban sobres que incluían cheques que formaban parte de la caja azul». Se trata de la caja en la cual depositaban el dinero extraído de los cajeros automáticos o los cheques que correspondían a los beneficiarios de planes sociales.
Por lo que pudo reconstruir la pericia contable, recibió más cheques que distribuyó entre otras personas.
Desde 1994 Arteaga ejerció tareas de auditoría y control en la Dirección de Auditoría Interna de la Contaduría General de la Provincia, y en ese carácter era el encargado de efectuar la auditoría interna de los expedientes objeto de la investigación.
Según el dictamen técnico-contable en poder de la fiscalía, «Arteaga tuvo a la vista elementos suficientes para advertir manifiestas irregularidades al momento de auditar los cargos específicos objeto de la investigación».
Entre septiembre y octubre del 2024 el contador estuvo a punto de cerrar un acuerdo con la fiscalía y de aceptar una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, con alguna posibilidad de cumplirla en domiciliaria.
Pero cambió varias veces de abogadas en poco tiempo y a último momento decidió ir a juicio convencido de que logrará un sobreseimiento o una pena menor. Las acusadoras creen, en cambio, que se arriesga a una condena a cuatro años o más.
El martes pasado su abogada Lucía Barceló, quien asumió la defensa en octubre del 2024, pidió que levanten el embargo que pesa sobre un automóvil propiedad de Arteaga. Su argumento es que fue adquirido en 2015, mucho antes de los hechos investigados.
El juez Marco Lúpica Cristo le rechazó el pedido, la abogada pidió revisión, se fijó una nueva audiencia que se realizó el viernes pero solicitó postergación por razones particulares. El Tribunal revisor integrado por Lucas Yancarelli, Natalia Pelosso y Gustavo Ravizzoli le dio 48 horasa la matriculada para que acredite las razones de su ausencia.
Un hombre que figuraba como responsable de una plataforma dedicada a la comercialización de criptomonedas, quedó detenido bajo investigación acusado de haber estafado a dos mujeres en Neuquén. Por disposición de la fiscalía, personal del departamento Delitos Económicos allanó la vivienda del acusado y secuestró varios soportes electrónicos.
El pasado 31 de enero, la fiscalía de Delitos Económicos firmó la orden de allanamiento para una vivienda de Neuquén, en el contexto de una causa por presunta estafa con la compra de criptomonedas que se inició a mediados del año pasado.
De acuerdo con lo informado por la Policía, en agosto de 2024 dos mujeres radicaron denuncias en las que señalaron haber sido estafadas cuando intentaron adquirir moneda virtual en una plataforma específica de comercio de criptomonedas.
Desde entonces y tras exhaustivas tareas de campo, el personal de Delitos Económicos llevó adelante una diligencia de allanamiento en la ciudad de Neuquén en la que logró ubicar y secuestrar varios elementos utilizados en el comercio de criptomonedas, incluyendo teléfonos celulares y computadoras, cuadernos con escrituras, un posnet portátil, un pendrive y un router. Como resultado del procedimiento fue detenido el presunto representante de la plataforma, quien quedó a disposición de la fiscalía interviniente.
Personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén demoró este viernes a un hombre tras un allanamiento en el marco de una investigación por estafa con criptomonedas.
El caso se inició tras una denuncia presentada en agosto de 2024 por dos mujeres que aseguraron haber sido víctimas de una maniobra fraudulenta al intentar comprar activos digitales a través de una plataforma en línea.
Luego de una exhaustiva investigación, las autoridades llevaron adelante un operativo en un domicilio de la ciudad de Neuquén, donde lograron secuestrar elementos clave para la causa como teléfonos celulares, computadoras, cuadernos con anotaciones, posnet portátil, pendrive y router de conexión.
El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.
