El Poder Judicial neuquino busca la más absurda política de total impunidad. Quieren ir por el narcomenudeo y se les escapan los traficantes.
Muchos seguramente se van a enojar y me van a intentar corregir diciéndome que el problema no sería el Poder Judicial en general, sino que sería el Ministerio Público Fiscal en particular.
Muchos me van a intentar convencer de que no es un tema de los jueces o de los defensores, sino que es un tema de los fiscales. No se esfuercen, no pierdan energía.
Les pido por favor que se ahorren y ahorremos los mensajes leguleyos y explicativos. Para todos nosotros, para la sociedad en su conjunto, para los vecinos, el problema es del Poder Judicial, del servicio de justicia.
El problema de la falta de servicio es de ustedes, señores del Poder Judicial, y lo padecemos todos nosotros.
En lugar de echarse culpas o intentar evadir el bochorno, resuelvan internamente los gravísimos problemas de organización, de vocación, de dedicación y de control que tienen. Es un problema de ustedes, no de la sociedad.
La sociedad tiene el problema, no la solución. O mejor dicho, señores del Poder Judicial, no le pidan a la sociedad que resuelva los problemas del Poder Judicial, porque tal vez les puede resultar incómoda la decisión; tal vez muchos tendrían que buscar un trabajo alternativo.
Desde todos los niveles de esa estructura les digo: desde el Tribunal Superior, la Defensoría General y la Fiscalía General, sin ninguna excepción de nivel ni de categoría. Sin duda, mejor no provoquen al único auténtico soberano: al pueblo de Neuquén.
Innumerables veces hemos dicho aquí que, en el sistema procesal penal que estableció Neuquén desde 2014, son los fiscales los principales protagonistas de la investigación, acusación y juicio de los delitos. Son ellos los únicos y exclusivos responsables de encarcelar a los delincuentes. A eso se le llama política de persecución penal en manos del fiscal general de la provincia.
Ese manual de política de persecución penal establece qué se investiga y cómo se investiga, entre todos los equipos de la Fiscalía y los equipos de la Policía provincial.
Hace unos meses, con bombos y platillos, desde la Fiscalía General y desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, se alentó que la provincia de Neuquén asumiera la competencia judicial penal para investigar, acusar y llevar a juicio a los acusados de narcomenudeo, microtráfico o como quiera llamar sofisticadamente a la venta de droga en quioscos que todos conocen e identifican en sus barrios.
Vengo diciendo hace tiempo que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen y con lo que proponen e intentan convencer al gobernador y al ministro de Seguridad, que hasta ahora han «comprado» la idea que les han presentado, con mucha cosmética, se ve.
También he dicho que hay que tener mucho respeto por la profesionalidad y especialidad de la Policía provincial, que no se pueden poner las decisiones y la ejecución en manos de improvisados u oportunistas.
Pues bien, señores y señoras, como suele ocurrir, la realidad fulmina la fantasía y la ficción. Lamentablemente, pero es así.
Seguramente estos días han escuchado la inexplicable situación judicial penal que algunos portales han denominado del «narco paraguayo». No nos gustan los estereotipos ni las alusiones a nacionalidades vecinas o las asociaciones odiosas. Pero lo grotesco e increíble de la situación vivida nos permite tolerar, por un momento, esa denominación.
Casi la novela del «narco paraguayo». ¿Escucharon lo que pasó? El pasado sábado 28 de septiembre, efectivos policiales advirtieron a una persona en un vehículo que, en apariencia, amenazaba con un arma de fuego a otra persona, por las calles 12 de Septiembre y Saavedra. El rodado era de alta gama.
Al identificarse los policías, el ocupante del vehículo se dio a la fuga, que se prolongó varias cuadras, hasta que finalmente fue detenido. El hombre amenazó, mostró un arma de grueso calibre, se quiso fugar y solo fue capturado gracias a la acción profesional de los policías.
¿Qué pasó, dirán ustedes? Seguro que la Fiscalía Penal de Neuquén formuló cargos, pidió juicio directo, obtuvo condena en tiempo récord y el imputado está ya cumpliendo condena ejemplar. Pues no, nada de eso.
El amigo «narco paraguayo» fue liberado en horas por orden de la Fiscalía, y ahora que lo buscan porque aparecieron unos pequeños detalles que tendría que aclarar, está fugado.
Porque el liberado tenía pedidos de captura vigentes y, dentro del auto, además del arma que los policías vieron (un arma de guerra con cargador completo), había casi 40 kilos de cocaína. 40 kilos. ¿Saben lo que pasó? Ese sábado la policía se comunicó con la fiscal del caso, que debía estar de turno en la Fiscalía Especializada de Actuación Genérica. La fiscal que debía atender el teléfono era la Dra. Paula González, me dijeron desde la policía.
Pero parece que atendió una funcionaria asistente, Noelia Stillger, que no es fiscal, sino asistente letrada, ayudante digamos. Y esa abogada, suponemos que siguiendo directivas de la fiscal González, dispuso que retuvieran el auto cerrado y que liberaran al detenido.
Lo liberaron sin darse cuenta de que tenía pedidos de captura de otros juzgados por otros delitos. Y retuvieron el vehículo, sospechando que adentro había por lo menos un arma de grueso calibre con cargador completo y aptitud para el disparo. Parece que a la Fiscalía no le pareció importante el tema. Se ve que por Neuquén anda todo el tiempo gente armada, amenazando y huyendo de la policía en autos de alta gama.
A pesar de que hay jueces penales de turno las 24 horas, a la Fiscalía Penal no le dio ganas de pedir una orden de requisa del auto para poder revisarlo sin demora. Me dicen abogados penalistas que conozco, que pedir orden de requisa, registro o allanamiento a un juez penal de turno es algo que se obtiene en poco tiempo, sin demora.
La misma respuesta se tiene si se piden audiencias urgentes en horas o días no hábiles para el trabajo judicial habitual. Pero bueno, parece que la asistente letrada tenía pocas ganas de hacer el trabajo que podía y debía hacer. O parece que su jefa, la fiscal Paula González, no la instruyó bien o directamente la instruyó muy mal. O tal vez el fiscal jefe, Mauricio Zavala, que debe supervisar a la fiscal González, no se preocupó, como corresponde, en dar las indicaciones de qué hacer en casos tan graves y claros. O, finalmente, tal vez el fiscal general, José Gerez, omitió dar las directivas y controlar las acciones en fines de semana.
Como sea, una millonada de sueldos para quienes no hicieron o hicieron mal lo que correspondía. Y espero que no le vayan a querer echar toda la culpa a la asistente letrada Noelia Stillger, porque también me ha llegado el comentario de que parece ser regla que ningún fiscal del caso ni fiscal jefe atienden los teléfonos el fin de semana o de madrugada, sino que delegan todo en esos asistentes letrados que son mayoritariamente inexpertos y con falta de entrenamiento y criterio suficiente.
Además, no seamos ingenuos: para algo están los fiscales del caso, jefes y el fiscal general. Esto demuestra el abandono total de la organización, gestión y control de la actividad de la Fiscalía Penal de Neuquén. No se puede disimular nada. No me vayan a decir que esto fue algo aislado, que nadie sabía en el interior de la fiscalía general que de 14 a 8 de lunes a viernes, y las 24 horas los fines de semana, la policía solo puede contactar a funcionarios de menor jerarquía en la estructura, con tales asistentes letrados.
Lo que finalmente pasó es que, liberado el perseguido el sábado, y retenido el auto, cuando piden y obtienen la orden de requisa el lunes, encontraron 37 kilos de cocaína de alta pureza, parece. Y el que se fugó fue el «narco paraguayo».
El lunes también se dieron cuenta de que el amigo «narco» era buscado por la justicia federal de la zona. Pero bueno, no seamos exigentes con los señores fiscales; capaz que el fin de semana estaban preparando el programa de televisión del lunes a la noche y no tuvieron tiempo de investigar, detener, formular cargos y obtener condenas de prisión.
Si la actuación de la fiscalía general en la causa de estafa con planes sociales la había calificado de vergonzosa, esto ocurrido el pasado fin de semana en un caso grave de tráfico de drogas, amenazas y abuso de armas de guerra es escandaloso, grotesco y merecedor de total repudio social. Trabajan para la impunidad. No trabajan ni siquiera cuando la policía les facilita todo. Se apropian de éxitos en investigaciones ajenas, de exclusiva inteligencia y accionar policial.
La única política de persecución penal que tiene la fiscalía general es la impunidad, la torpeza, la ausencia total de compromiso y de interés. Larga, pesada y costosa cadena de omisiones y ausencia total de responsabilidad en el diseño de estrategias de investigación, acusación y juicio. Ni resguardan la prueba ni los presuntos autores. Ni lo básico.
Debe ser tranquilizador cobrar millones mensuales, absolutamente todos los mencionados: la asistente letrada Stillger, la fiscal del caso González, el fiscal jefe Zavala y el fiscal general Gerez. La sociedad tiene claro qué habría que haber hecho con el perseguido y con el rodado y su contenido. Y también tiene claro qué debería hacerse ante las gravísimas omisiones en toda la cadena de responsabilidades, desde lo más alto y comprometido hasta lo más bajo y responsabilizado.
Todos en la fiscalía general trabajando en sinfonía para la total impunidad. Y pretenden asumir la persecución de narcomenudeo mientras se les escapan delante de las narices los peces gordos. Y no quiero pensar mal o que los dejan escapar.