Hay que reconocerlo: el timing del gobierno de La Libertad Avanza es impecable. Con la precisión de un reloj suizo —o de una cuenta bancaria no declarada en el exterior— la Casa Rosada desató esta semana su propia versión del Temor Rojo americano, justo cuando los titulares de los diarios hablaban de coimas, propiedades no declaradas, criptoestafas y préstamos hipotecarios de privilegio para funcionarios. Casual, ¿verdad?
Pero vayamos por partes, porque esta historia tiene capas. Muchas capas. Como las cuentas bancarias de ciertos funcionarios.
I. El Terror Rojo: un clásico que nunca pasa de moda
El «temor rojo» es una forma de pánico moral provocado por el miedo al surgimiento, supuesto o real, de ideologías de izquierda. Históricamente ha llevado a una persecución política masiva, a la búsqueda de chivos expiatorios y al derrocamiento de quienes ocupaban cargos con conexiones a ideologías de izquierda.
En los años 50, el senador Joseph McCarthy fue el maestro indiscutido de esta disciplina. Sus técnicas se basaban en gran medida en lanzar incriminaciones falsas sobre los acusados —que nunca eran comprobadas— o incluir a determinadas asociaciones en su lista de organizaciones pro-comunistas sin tener nada que ver con el comunismo. El hombre señalaba con el dedo y listo: la carrera del señalado quedaba destruida. No hacían falta pruebas. ¿Para qué molestarse?
Muchas de las víctimas del «Temor rojo» nunca tuvieron nada que ver con el Partido Comunista. Esto creó un ambiente de miedo generalizado. Los medios, por temor a verse acusados de «procomunistas«, preferían no cubrir ciertas historias. La respuesta de muchos fue la autocensura.
McCarthy duró hasta que la televisión lo expuso en toda su ridiculez, y el Senado aprobó una moción de condena por 67 votos a 22. Murió alcoholizado tres años después. No hay final feliz en la historia de los cazadores de brujas.
Tomá nota, Javier.
II. El gran descubrimiento: ¡los rusos nos atacan!
El 3 de abril de 2026, un consorcio internacional de periodistas publicó algo verdaderamente importante: un grupo de espionaje ruso conocido como «La Compañía» desarrolló una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024. La campaña consistió en maniobras de «guerra híbrida» dirigidas a cuestionar al presidente Milei con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición y alentar conflictos con países vecinos.
Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado 283.000 dólares para «inyectar» al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei.
283.000 dólares. Anotemos ese número porque lo vamos a necesitar para comparar más adelante.
El presidente Milei, que nunca pierde la oportunidad de no perder una oportunidad, salió a la cancha de inmediato por redes sociales: sostuvo que «el espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia», y que los periodistas y medios vinculados «son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande».
«Pocas veces vista en la historia». El hombre que enfrenta causas por una criptoestafa de 286 millones de dólares, coimas en la agencia de discapacidad y un jefe de gabinete imputado por enriquecimiento ilícito… encontró algo de «gravedad histórica». Hay que admirar la capacidad de foco.
III. Pequeño paréntesis: el estado de situación del gobierno incorruptible
Antes de continuar con los espías rusos, hagamos un repaso de las noticias que el gobierno necesitaba —con cierta urgencia— dejar de lado.
El caso $LIBRA: el 14 de febrero de 2025, Milei recomendó a través de su cuenta en X la criptomoneda $LIBRA, un proyecto que, en realidad, era una «memecoin» cuyo valor subió exponencialmente al principio y luego se desplomó, ocasionando pérdidas millonarias para decenas de miles de personas, mientras que las nueve cuentas fundadoras ganaron unos 286 millones de dólares. Una comisión investigadora del Congreso concluyó que Milei y Karina fueron «engranajes claves» en la estafa. Se presentó ante la Justicia Federal un pedido de indagatoria contra el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, entre otros, por los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos.
El 3% de Karina: se filtraron audios de Diego Spagnuolo describiendo un supuesto mecanismo de recaudación de coimas a laboratorios y prestadores de servicios vinculados a la salud pública, a través de la droguería Suizo Argentina. Según sus palabras, funcionaba generando sobreprecios, con un reparto de porcentajes: un 1% para él, 3% para Karina, y el resto distribuido entre otros funcionarios. Las víctimas de ese esquema, por si hace falta aclararlo, eran personas con discapacidad. Mientras tanto, el gobierno vetaba la Ley de Emergencia en Discapacidad. La coherencia es admirable.
El caso Adorni: El vocero reconvertido en Jefe de Gabinete tiene un talento singular: fue imputado por enriquecimiento ilícito. El fiscal investiga un incremento patrimonial del 500% en un único período fiscal, junto con inconsistencias en sus declaraciones juradas, la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior. Los detalles son creativos: adquirió un departamento en Caballito de 200 metros cuadrados valuado en 230.000 dólares, con una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares cedida por las dos vendedoras del inmueble. Las dos jubiladas acreedoras negaron conocer al jefe de Gabinete o haberle prestado dinero. También tiene una casa en un country en Exaltación de la Cruz que no figuraba en su declaración jurada, registrada a nombre de su esposa, con expensas mensuales de 700.000 pesos, una cifra que contrasta con los ingresos anuales declarados por el funcionario. Y, la frutilla del postre: registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada revelan que la escribana que certificó ambas operaciones visitó la sede de gobierno en siete oportunidades entre julio de 2024 y septiembre de 2025. Es que uno lleva a su escribana de confianza al trabajo, ¿no?
Los créditos del Banco Nación: entre los oficialistas beneficiados con créditos hipotecarios del Banco Nación se cuentan el secretario de Finanzas Federico Furiase (280.000 dólares) y el asesor y director del BICE, Felipe Núñez (315.000 dólares), entre otros. Recuérdese que este es el mismo gobierno que dice que el Estado no debe subsidiar nada, que el mercado es soberano y que los privilegios son cosa del pasado. Claro que sí.
El bonus track de $LIBRA y Karina: Hayden Davis, uno de los responsables del proyecto, se jactó en privado de darle dinero a la hermana de Milei, y Charles Hoskinson, creador de la criptomoneda Cardano, dijo que cuando vino a Argentina le ofrecieron dinero a cambio de lograr una reunión. Reuniones pagas con el presidente. La nueva economía del encuentro.
En resumen: 283.000 dólares rusos en artículos periodísticos. Versus estafas de 286 millones de dólares, coimas del 3%, propiedades no declaradas y créditos de privilegio. La «gravedad histórica» claramente está en los rusos.
IV. La respuesta: el manual de McCarthy aplicado con entusiasmo
Ante tal avalancha de mala prensa propia, el gobierno encontró la solución perfecta: decidió restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con la campaña de espionaje ruso. «Es una medida preventiva hasta esclarecer los hechos», dijeron voceros oficiales. Ante la pregunta sobre los medios alcanzados por la decisión, evitaron compartir el listado y apuntaron: «Todos los que están involucrados».
En la mañana del lunes 6 de abril, los acreditados de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape no pudieron entrar a la Rosada porque les habían retirado el acceso mediante la huella digital. Una por una, como en un policía de aeropuerto, las huellas digitales de periodistas con décadas de trayectoria quedaron inutilizadas. Por orden de Karina Milei, informaron fuentes. La misma Karina investigada por el 3% de coimas decidió quién puede y quién no puede entrar a preguntar al gobierno.
La ironía histórica no podría ser más densa.
Pero la verdadera joya de la inconsistencia llegó después. En la lista de openDemocracy, que fue entregada en extrañas circunstancias según relata Diana Cariboni en la misma página «un día de octubre del año pasado, alguien subió a un google drive 76 documentos escritos en ruso y le dio acceso a una colega, editora del medio africano The Continent. Esta fuente anónima no volvió a comunicarse, ni a contestar ninguna pregunta» , también aparecían Infobae y El Cronista, pero en una contradicción que aún no tuvo una explicación oficial, esos dos medios no fueron censurados por el gobierno y mantuvieron sus acreditaciones. «Todos los que están involucrados»… salvo los que nos tratan bien. El criterio no fue el espionaje ruso: fue la línea editorial.
Casualmente, Adorni había sido humillado por algunos de los periodistas censurados en la conferencia de prensa en la que trató de explicar el crecimiento escandaloso de su patrimonio. No es que haya relación entre ambas cosas, claro. Las coincidencias existen.
El periodista Santiago O’Donnell, organizador del consorcio que publicó los documentos rusos, lo resumió con honestidad digna de reconocer: «Yo ya sabía que esto le iba a servir al gobierno, obviamente». Cuando el mensajero termina siendo útil para el perseguido, algo huele mal.
V. Las voces que el gobierno preferiría no escuchar
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que la medida constituye un acto de censura directa: «El Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico. Este episodio se suma a los graves ataques y el hostigamiento sistemático que el Gobierno realiza sobre la actividad de prensa, con el objetivo de dañar la libertad de expresión y disciplinar al periodismo en su rol de control de los actos de gobierno.»
El periodista Javier Slucki, de El Destape, uno de los medios afectados, remarcó que «la denuncia del Gobierno no está judicializada ni comprobada en ningún punto».
La veterana periodista Liliana Franco, acreditada en la Rosada desde hace décadas para Ámbito, tampoco encontró mejor modo de resumir el absurdo: «No conozco ningún ruso ni siquiera viajé a Rusia».
Incluso el periodista O’Donnell, cuyo trabajo fue el insumo de la medida, pidió públicamente: «La quita selectiva de acreditaciones sin explicación en la Rosada y el Congreso es un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta. Señor presidente Milei, devuelva las acreditaciones.»
VI. El paralelismo completo: McCarthy tenía menos causas judiciales
La comparación histórica con el macartismo resiste el análisis y lo supera. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental que McCarthy no hubiera tolerado: él no tenía tantos escándalos propios que tapar. El senador de Wisconsin era un demagogo, pero al menos era un demagogo que no estaba imputado por estafa, no tenía a su hermana acusada de coimas en medicamentos para personas con discapacidad, y su portavoz no compraba departamentos de 230.000 dólares con hipotecas de jubiladas que decían no conocerlo.
Por eso, precisamente, el término «macartismo» fue acuñado como sinónimo de «caza de brujas» para referirse, en general, a cualquier actividad gubernamental dirigida a suprimir puntos de vista políticos o sociales no favorables.
La ironía terminal es que el propio presidente Truman dijo en 1950 que Joseph McCarthy era «el mayor activo que el Kremlin tiene». Un gobierno que persigue periodistas en nombre de combatir la influencia rusa termina, paradójicamente, haciendo el trabajo que esa influencia buscaba: fracturar las instituciones democráticas, sembrar desconfianza en los medios y normalizar la arbitrariedad del poder.
VII. Epílogo: esto no es broma (aunque lo parezca)
Hasta aquí la ironía. Porque hay algo que merece decirse con toda seriedad.
Que un gobierno —cualquier gobierno— retire las acreditaciones de prensa a periodistas sin proceso judicial alguno, sin resolución de ningún tribunal, basándose en documentos cuya veracidad no ha sido verificada por la Justicia argentina, y aplicando esa medida de manera selectiva según la afinidad editorial del medio, es un acto de censura. No hay eufemismo posible.
Cuando se silencian reportajes o se deja de apoyar a los acusados por terror a ser tildado de «subversivo«, la libertad de expresión se convierte en la víctima principal de la política del miedo. Eso escribían los historiadores sobre los años 50 en Estados Unidos. No sobre Argentina en 2026. Hasta ahora.
Una democracia no muere de golpe. Muere cuando se normaliza que el gobierno decida qué periodistas pueden hacer preguntas y cuáles no. Cuando la acreditación de prensa se convierte en un premio por buena conducta editorial. Cuando señalar con el dedo reemplaza al proceso judicial. Cuando la «gravedad histórica» es selectiva: aplica para los rusos pero no para las coimas, para los medios críticos pero no para los funcionarios imputados.
Milei llegó prometiendo terminar con «la casta». La casta le agradeció el esfuerzo y le enseñó los trucos más viejos del manual.
Este artículo fue escrito sin financiamiento ruso, sin hipotecas de jubiladas desconocidas, sin el 3% de nadie, sin créditos hipotecarios de privilegio cuando «no hay plata» y sin pasar por ningún country de Exaltación de la Cruz.
