De nuevo tenemos que tratar en este espacio la “Estafa con planes sociales». Hemos comentado con insistencia que se trata sin dudas de uno de los hechos políticos y sociales más vergonzosos de la historia neuquina. Pero por lo veremos aquí, más vergüenza provoca la inacción judicial en nuestra provincia.
En otras editoriales hemos criticado duramente el rol de la Fiscalía Penal y de la Fiscalía de Estado, por su obrar confuso durante la investigación, formulación de cargos, control de acusación y juicio. Hablamos en especial de lo atinente a las responsabilidades de niveles superiores, a profundizar investigación a períodos anteriores a los condenados, y a la figura de la asociación ilícita.
En esta oportunidad nuestra atención y crítica se centrará en la administración del Fuero Penal provincial, con asiento en esta ciudad de Neuquén. Veamos una breve reseña de lo que hablamos para ponernos en tema. Esta causa judicial de la “Estafa con planes sociales” surgió casi casualmente en agosto 2022 (hace casi 4 años). Unos meses después, por noviembre 2022, la Fiscalía Penal comenzó la investigación, y casi un año después, en septiembre 2023 –y cambio de gobierno provincial mediante- se realizó la formulación de cargos. Tuvimos que esperar hasta octubre 2025 para conocer la sentencia de responsabilidad contra 12 personas, entre ellos el entonces ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, el director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y el Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler.
En diciembre de 2025 conocimos las penas impuestas, algunas de prisión efectiva y otras de cumplimiento condicional. A todos nos quedó sensación de estar ante penas leves, por la gravedad y bajeza de las maniobras pero se dijo por ahí que todo era consecuencia de haberse descartado la figura de la asociación ilícita que habría integrado todo este grupo de condenados.
Luego de una investigación lenta e incompleta –como comentamos en anteriores editoriales- se llegó a una condena leve y parcializada. De hecho, la paradoja es que los “arrepentidos” que hicieron acuerdos particulares con la Fiscalía Penal terminaron con imputaciones y penas superiores a las aplicadas en la condena a los autores a fines del año pasado. Temas legales y de la justicia que no entenderemos nunca, y que jamás podrán explicar al ciudadano común.
En diciembre de 2025 conocimos las penas impuestas, algunas de prisión efectiva y otras de cumplimiento condicional. A todos nos quedó sensación de estar ante penas leves, por la gravedad y bajeza de las maniobras pero se dijo por ahí que todo era consecuencia de haberse descartado la figura de la asociación ilícita que habría integrado todo este grupo de condenados.
Después de la sentencia de responsabilidad y aplicación de penas se ha abierto la etapa de impugnaciones, es decir de los recursos que los condenados y las acusadoras pueden plantear contra la sentencia. Eso está bien, es parte del sistema de garantías penal, alguien tiene que revisar lo que otros hacen en una instancia anterior. El problema acá es el paso del tiempo tanto su transcurso como la pasividad de los actores judiciales. La causa está en riesgo por los plazos. Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado que en una audiencia de la semana pasada, el 1 de abril, planteó la necesidad de suspender el curso de los plazos para que no ocurra un vencimiento que –como ellos dijeron, insisto- pondría en riesgo la causa.
¿Que sería “poner en riesgo”? Sería que se haga cumplir un artículo del código procesal penal neuquino, que dice que, si se vence un plazo máximo del proceso, esta caduca y el imputado debería ser liberado.
Ese artículo –que es el 87 del código procesal penal- establece que el plazo máximo para una causa compleja, es de hasta 4 años. Esos 4 años se vencen en noviembre de este año.
Si uno revisa algunas publicaciones de medios regionales, y escucha la audiencia del pasado 1 de abril, puede comprobar que la causa de Estafa con planes sociales, ha estado más de un año paralizada por causas imputables a la investigación, o ahora imputables al “servicio de justicia” como dijo en la audiencia el Fiscal De Narvaez.
¿Pero de donde surge este temor y este riesgo que nos dice la Fiscalía?
Acá es donde el Poder Judicial de Neuquén o al menos el Fuero Penal o al menos la Oficina Judicial Penal nos muestran que la desidia supera la responsabilidad y el compromiso. Es que originariamente se habían fijado audiencias para tratar las impugnaciones contra la sentencia de responsabilidad y contra la imposición de penas para fines de julio y hasta mediados de agosto de este año, entre el 27 de julio y el 12 de agosto. No se sorprenda, estamos empezando abril pero agendan audiencias en agosto. Por eso el Fiscal Penal pidió suspensión de plazos diciendo que los 5 meses que se perderán no son culpa de ellos. La suspensión pedida no se la concedieron. Pero lo relevante es que hay oficinas en el Poder Judicial, en el Fuero Penal, que consultando o no consultando con los Jueces de Impugnación, no lo sé, han fijado audiencias para dentro de 4 meses y tanto
¿A nadie se le representó en el Poder Judicial cuando estaban decidiendo ese agendamiento, pensar que eso no está bien? ¿No hay una Dirección de Oficina Judicial, no hay una Dirección de Asistencia a Impugnación que miren eso y digan algo?
¿A todos les es indiferente el abandono total y la desidia en la organización de las audiencias? Claro, seguramente dirán que no tienen otras fechas. Un bochorno, sin atenuantes. No sé si el vencimiento del plazo en noviembre 2026 provocará o no la caída de la causa y de las condenas impuestas. Lo que sí sé y fue público es que la propia Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado pidieron audiencia e hicieron planteo para evitar el riesgo con lo que riesgo hay.
El Poder Judicial de Neuquén, no deja de sorprender, siempre un escalón más en el nivel de vergüenza y de desprecio por construir confianza y enviar a la comunidad mensajes de preocupación y de tranquilidad de que al interior de esa organización se están haciendo las cosas bien.
Hablan de un criterio judicial que habría adoptado la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y que habría declarado la inconstitucionalidad de que por vencer un plazo de proceso caigan y queden sin efecto las condenas, y los acusados recuperen libertad como buenos ciudadanos. Mientras el artículo ese esté vigente, y los jueces cambien de funciones y cambien de criterio como cambian todo el tiempo, yo no estaría tranquilo, como han demostrado no estar los Fiscales Penal y de Estado.
Hasta resulta paradójico ver que uno de los propios condenados en la causa, abogado de profesión, ha hecho conocer su pedido para que las audiencias se realicen sin demora, mañana y tarde, fines de semana y feria de invierno (que será recién en julio). El Poder Judicial de Neuquén, no deja de sorprender, siempre un escalón más en el nivel de vergüenza y de desprecio por construir confianza y enviar a la comunidad mensajes de preocupación y de tranquilidad de que al interior de esa organización se están haciendo las cosas bien. Lo que se está haciendo es abandonar el rol de administrar justicia, agendar audiencias importantes a cuatro meses es una vergüenza que no tiene y no acepta explicación alguna. Todo lo confuso, poco claro, incompleto y parcial que se criticó en la investigación, en el juicio y en la sentencia dictada tenía la chance de ser revisado y corregido en instancia de Impugnación que deberán atender los jueces Federico Sommer, Mauricio Macagno y Liliana Deiub.
Lo que se está haciendo es abandonar el rol de administrar justicia, agendar audiencias importantes a cuatro meses es una vergüenza que no tiene y no acepta explicación alguna. Todo lo confuso, poco claro, incompleto y parcial que se criticó en la investigación, en el juicio y en la sentencia dictada tenía la chance de ser revisado y corregido en instancia de Impugnación que deberán atender los jueces Federico Sommer, Mauricio Macagno y Liliana Deiub.
Pero ahora vemos con preocupación que el trabajo de revisión y corrección se puede ver tapado por temas formales y temporales. Toda responsabilidad directa de quien ha tenido a su cargo el agendamiento de las audiencias, nos enteramos que el jueves de esta semana se realizó una inusual y poco vista “audiencia ordenatoria” ante el Tribunal de Impugnación en la que se decidió ajustar un poco el agendamiento trayéndolo un mes en el tiempo para empezar a fines de junio y tratar de terminar en julio antes que comience la feria de invierno para el descanso judicial. También se ha decidido fijar audiencias algunos sábados. Pero es indudable que este sorpresivo y sobreviniente ajuste de calendario de audiencias, ha sido consecuencia de las dos semanas de irritación luego de conocerse la decisión original de agendamiento. Ahora se acerca un poco en el tiempo pero sigue siendo lejano e incompleto, y sobre todo no fue espontáneo, sino que –como tantas veces- el Poder Judicial ha reaccionado tarde y torpe a la reacción negativa y cansada de la comunidad.
Si han transcurrido casi cuatro años desde la toma de conocimiento de la primera denuncia de esta estafa y llegamos hasta acá con esta debilidad y fragilidad no quiero imaginar lo que nos puede esperar con las otras supuestas investigaciones derivadas de la causa madre, lo que han llamado Planes 2, Planes 3 y Planes vaya uno a saber qué número para investigar a otros responsables superiores en la jerarquía en el tiempo hacia atrás y a otras modalidades de planes y subsidios. La desidia del Poder Judicial provincial pone en riesgo la causa de corrupción política más importante que se conozca en la provincia. No nos sorprendamos cuando se diluya y se nos explique que ha sido por el plazo transcurrido sin actuación judicial.
