Etiqueta: Estafas

  • Caso $LIBRA: encontraron sociedades en el exterior del jubilado que recibió un millón de dólares

    Caso $LIBRA: encontraron sociedades en el exterior del jubilado que recibió un millón de dólares

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    La estructura financiera del denominado «Clan Mellino» se encuentra en el centro de dos investigaciones judiciales que buscan determinar el origen de fondos millonarios vinculados a la presunta estafa $LIBRA y otras irregularidades en el comercio exterior.

    El entramado incluye transferencias directas desde el exterior hacia cuentas de un jubilado en Tigre y sospechas de sobrefacturación en exportaciones. El eje principal de la investigación, en manos de la Justicia Federal, recae sobre la figura de Rodolfo Mellino

    Se estima que habría recibido transferencias por un total cercano a los 5,8 millones de dólares entre los años 2024 y 2025. Además, el rastro del dinero conduce a billeteras virtuales pertenecientes a Hayden Mark Davis, el desarrollador detrás del polémico proyecto $LIBRA, quien ya enfrenta cargos por estafa y manipulación de influencias.

    Un aspecto que generó sospechas inmediatas en los investigadores es la inconsistencia patrimonial. A pesar de su condición de jubilado, Mellino figuraría en sociedades constituidas en el extranjero y contaría con permisos para la conducción de vehículos de alta gama

    Sin embargo, cuando la Justicia intentó localizarlo, se descubrió que los domicilios registrados en el partido de Tigre eran inexistentes, lo que derivó en nuevas medidas de rastreo por parte de la DATIP.

    De forma paralela, surge una segunda causa que involucra a empresas ligadas al grupo familiar. Por otra parte, se investiga si el clan utilizó la firma Griffin Group Consulting, con sede en Vicente López, para canalizar exportaciones de servicios bajo términos irregulares. 

    La sospecha de los fiscales es que estas operaciones podrían haber servido como una vía para la fuga de divisas o para el blanqueo de activos provenientes de la mencionada estafa criptográfica.

    El avance de las causas busca desentramar si la familia funcionó como un nexo logístico para el ocultamiento de capitales ilícitos.

    Con información de Noticias Argentinas.


    Qué se sabe del «clan Mellino» en la ruta del dinero $LIBRA


    La Justicia federal, en su intento por desentrañar la ruta del dinero virtual, detectó una pieza clave en el entramado financiero: un jubilado de 75 años, radicado en Tigre,  funcionó como puente para mover más de un millón de dólares vinculados al creador del activo digital, Hayden Mark Davis.

    El hombre en cuestión es Orlando Rodolfo Mellino. Su nombre quedó bajo la lupa tras comprobarse que el 30 de enero recibió una inyección millonaria dUSDT (una criptomoneda atada al valor del dólar) proveniente de las cuentas de Davis, según reveló una investigación exclusiva del diario La Nación.

    El dato que más llama la atención de los investigadores es el «timing» de la operación: la transferencia se ejecutó apenas 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en su cuenta de X (ex Twitter) una foto junto al empresario texano en Casa Rosada, y dos semanas antes del polémico tuit presidencial que disparó el valor de $LIBRA.

    El ecosistema cripto suele caracterizarse por el anonimato de sus operaciones, registradas mediante complejos códigos alfanuméricos en la blockchain. Sin embargo, un error de Hayden Davis permitió a la Justicia desenmascarar sus cuentas.

    Tras el colapso de $LIBRA, Davis decidió resarcir públicamente al empresario deportivo Dave Portnoy, quien había perdido 5 millones de dólares. Como Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, el envío del reintegro dejó expuesta la dirección de origen de Davis.

    A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal y los organismos técnicos comenzaron a tirar del hilo. El aporte de la plataforma de intercambio Bitget fue fundamental para ponerle nombre y apellido a una de las cuentas receptoras: la de Orlando Mellino.

    De acuerdo a los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano, la mecánica de los fondos detectada el 30 de enero funcionó de la siguiente manera:

    1. Dos direcciones vinculadas a Davis enviaron 507.500 USDC cada una.
    2. El destino fue una cuenta en Bitget registrada a nombre de Mellino.
    3. Horas más tarde, el jubilado giró ese millón de dólares a una tercera cuenta de propietario desconocido.
    4. Esta última salida se concretó a través de cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos.

    Los investigadores sospechan que Mellino actuó como una «rampa de salida» para blanquear los fondos y convertirlos en efectivo. El historial de la cuenta es aún más abultado: entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el jubilado recibió más de 5,8 millones de dólares desde esa misma terminal desconocida.

    Con respecto a la transferencia que recibió Mellino tras el encuentro entre Davis y Milei, giró los fondos a las pocas horas a una tercera cuenta cuyo propietario aún se desconoce.

    A pesar que no lograron dar con su dirección, según La Nación, recientemente la Justicia recibió un informe de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, que revela que Mellino está autorizado a conducir cinco vehículos de gama media-alta pertenecientes a Logística Latinoamericana S.R.L, sociedad de la que fue (o es) accionista mayoritario.

    Además, Mellino figura como manger de una compañía constituida en Florida (Estados Unidos) que está inactiva desde 2023 y como codirector y jefe financiero de otra radicada en California, que se llama ORDI INC. El otro jefe de esta última es «Diego H. Mellino».

    El último punto que conecta a estos dos nombres es el de la sociedad que vincula a los vehículos y cuyo 10% restante de la propiedad corresponde a Miriam Gladys Mingorance, quien tiene domicilio fiscal en el barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Blanco Encalada, donde anteriormente funcionaba un centro de quiropraxia dirigido por Diego Hernán Mellino.


  • Acusan a vecino de Buta Ranquil por estafas con Mercado Pago

    Acusan a vecino de Buta Ranquil por estafas con Mercado Pago

    Acusaron a un vecino de la localidad de Buta Ranquil por estafador, después de transferir dinero desde las cuentas de Mercado Pago de sus amigos hacia la suya y a una cuenta bancaria a nombre de su madre. 

    Los hechos ocurrieron en febrero y en agosto de 2025, y fueron calificados por la fiscal del caso Natalia Rivera como estafa en concurso real. El juez de Garantías Eduardo Egea tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de un mes. 

    En primer término, Rivera describió el hecho ocurrido en agosto, cuando M.F.C.A. visitó A.A.U. en su domicilio y, alrededor de la una de la mañana, cuando el dueño de la vivienda se retiró al baño, tomó su teléfono, ingresó a la aplicación Mercado Pago y realizó tres transferencias a su cuenta por un total de 960 mil pesos

    Meses antes, en febrero, N.A.M. le pidió ayuda al imputado para transferir dinero desde la misma plataforma  -que le había otorgado un crédito- hacia su cuenta del Banco Provincia. Aprovechando la confianza, M.F.C.A. realizó sin autorización dos transferencias por un monto de 200 mil pesos a una cuenta del Banco Nación, cuya titular es su madre. 

    Rivera señaló que “con esta maniobra dispuso ilegítimamente de dinero que era de las víctimas” y calificó los hechos como estafa en concurso real. Por otro lado, sostuvo que se llegó a la formulación de cargos luego de una larga mediación penal en la que no se pudo alcanzar un acuerdo para solucionar el conflicto. 

  • Mujer culpable de 63 estafas por venta fraudulenta de terrenos en Neuquén

    Mujer culpable de 63 estafas por venta fraudulenta de terrenos en Neuquén

    Una mujer fue declarada penalmente responsable por haber cometido 63 estafas reiteradas en el marco de una causa por venta fraudulenta de terrenos en la meseta de la ciudad de Neuquén. La resolución se conoció tras una audiencia en la que se homologó un acuerdo entre las partes, luego de que la imputada reconociera su participación en los hechos.
    La investigación fue impulsada por el fiscal del caso, Juan Narváez, junto a la asistente letrada Tanya Cid, y permitió acreditar que Miriam Claudia Alejandra Godoy actuó como coautora en una maniobra que afectó a decenas de familias. La acusada admitió su responsabilidad penal, renunció al juicio oral en esta etapa y aceptó avanzar directamente hacia la discusión de la pena.
    El tribunal, integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Cristian Piana y Raúl Aufranc, resolvió por unanimidad validar el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa. Durante la audiencia, se destacó que la imputada aceptó el proceso de manera voluntaria y con pleno conocimiento de sus implicancias legales.
    Según la acusación, los hechos ocurrieron entre 2016 y julio de 2022, período en el que Godoy operó junto a Mario Osvaldo Del Río —quien ya fue condenado en esta causa—. Ambos utilizaban el nombre y la estructura de la Cooperativa 14 de Octubre para captar a personas interesadas en adquirir terrenos en la meseta neuquina.

    La investigación determinó que 63 familias resultaron damnificadas. El perjuicio económico fue estimado en más de 61,9 millones de pesos y 13.450 dólares, sin que los compradores recibieran contraprestación alguna.

    Cómo era el mecanismo de estafa

    El mecanismo consistía en inducir a error a las víctimas para que efectuaran pagos por lotes que nunca eran adjudicados. Para ello, desviaban el dinero que debía ser abonado a la empresa desarrolladora hacia cuentas bajo su control y entregaban documentación informal o inválida con el fin de simular operaciones legales.
    La investigación determinó que 63 familias resultaron damnificadas. El perjuicio económico fue estimado en más de 61,9 millones de pesos y 13.450 dólares, sin que los compradores recibieran contraprestación alguna.

    Inducían a las víctimas para que efectuaran pagos por lotes que nunca eran adjudicados. Para ello, desviaban el dinero que debía ser abonado a la empresa desarrolladora hacia cuentas bajo su control y entregaban documentación informal o inválida con el fin de simular operaciones legales.

    Entre las pruebas valoradas por el tribunal se incluyeron testimonios de las víctimas, documentación contractual, pericias contables, caligráficas e informáticas, así como registros de comunicaciones que evidenciaron la coordinación de la maniobra y el desvío de fondos para fines personales.
    El juez Lupica Cristo señaló que el acuerdo cumplía con todos los requisitos legales, contaba con sustento probatorio suficiente y garantizaba el respeto de los derechos de las partes, por lo que correspondía su homologación.
    Tras la declaración de responsabilidad penal, se abrió ahora una nueva etapa en el proceso. Las partes cuentan con un plazo de cinco días para ofrecer pruebas de cara a la instancia de cesura, en la que se debatirá la pena que deberá cumplir la condenada.

  • Acusan a un hombre en Buta Ranquil por estafar a dos amigos con transferencias por más de  millón

    Acusan a un hombre en Buta Ranquil por estafar a dos amigos con transferencias por más de $1 millón

    Un hombre fue acusado en la localidad neuquina de Buta Ranquil por haber realizado presuntas transferencias de dinero sin autorización desde cuentas de dos amigos, en hechos que habrían ocurrido durante 2025.

    La Justicia le imputó el delito de estafa en concurso real y avanzó con la formulación de cargos, estableciendo un plazo de investigación de un mes para profundizar en el caso.

    Cómo habrían sido las maniobras con Mercado Pago

    De acuerdo con la investigación fiscal, uno de los episodios ocurrió en agosto de 2025, cuando el acusado habría accedido al teléfono de una de las víctimas mientras se encontraba en su domicilio.

    En ese contexto, habría ingresado a la aplicación Mercado Pago y realizado tres transferencias por un total cercano a los $960.000 hacia su propia cuenta.

    El segundo hecho: dinero de un crédito y transferencias sin permiso

    El segundo episodio investigado data de febrero de 2025, cuando otra víctima le habría solicitado ayuda para transferir dinero obtenido a través de un crédito en la misma plataforma.

    Según la acusación, el imputado habría desviado sin autorización dos transferencias por un monto de $200.000 hacia una cuenta bancaria a nombre de su madre, lo que elevó el total del presunto perjuicio económico.

    La imputación y la postura de la fiscalía

    La fiscal del caso, Natalia Rivera, sostuvo que el acusado habría dispuesto de fondos ajenos “de manera ilegítima” y encuadró los hechos como estafa en concurso real.

    El juez de Garantías, Eduardo Egea, tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación, en un caso que también pasó previamente por una instancia de mediación penal sin acuerdo entre las partes.

    Investigación en curso y próximos pasos judiciales

    Con la imputación ya formalizada, la causa continuará bajo análisis judicial para determinar responsabilidades y eventuales pruebas complementarias.

    El expediente se mantiene en etapa de investigación, mientras la Justicia busca establecer con precisión cómo se produjeron las transferencias y el rol del acusado en cada uno de los hechos denunciados.

  • Lo que comenzó como un negocio de cerezas terminó en una guerra judicial sin precedentes

    Lo que comenzó como un negocio de cerezas terminó en una guerra judicial sin precedentes

    Lo que comenzó como un acuerdo comercial prometedor en el competitivo mercado internacional de las cerezas terminó por convertirse en una compleja y creciente batalla judicial con múltiples actores, acusaciones cruzadas y consecuencias financieras millonarias. En el centro del conflicto se encuentra el empresario chileno Ricardo Duch, socio fundador de G&N Brands, quien a través de la agrícola Potrero Grande (APG) firmó un contrato de exportación que hoy es objeto de intensas disputas legales.

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    El acuerdo, suscrito con la exportadora Baron —vinculada a Eduardo Espinosa— contemplaba el envío de cerezas de Chile durante siete temporadas consecutivas, iniciando en la campaña 2024/25. La operación tenía como destino final el mercado asiático, donde la comercialización estaría a cargo de Mor Fruit, una de las mayores importadoras de fruta del continente, con presencia en diversos países de América.

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    En Chile, Mor Fruit opera mediante One World SpA, y para este contrato específico, la intermediación estuvo en manos del ejecutivo estadounidense Westly Travis Moran. La estructura del negocio parecía sólida, pero los resultados rápidamente desataron la controversia.

    Resultados negativos y quiebre entre las partes

    Durante la primera temporada, se comercializaron 642 mil kilos de cerezas, pero el balance final fue negativo: una pérdida de 42 centavos de dólar por kilo, lo que derivó en un saldo en rojo cercano a los 306 mil dólares. Este resultado encendió las alarmas y dio paso a una serie de recriminaciones entre las partes involucradas.

    APG había recibido previamente un anticipo de 1,6 millones de dólares, además de un préstamo adicional de 800 mil dólares para financiar la operación. Según la exportadora y la contraparte asiática, ante una liquidación negativa correspondía la restitución de los excedentes. Sin embargo, desde APG —y particularmente desde la defensa de Duch— se ha rechazado esta interpretación, lo que marcó el inicio de un conflicto que hoy suma múltiples causas judiciales.

    Las primeras acciones legales fueron impulsadas por Baron Export, que acudió tanto a la justicia civil como a instancias arbitrales. Posteriormente, se sumaron otras partes involucradas en la cadena comercial, ampliando el conflicto a nuevas dimensiones, incluyendo el ámbito penal.

    A fines de 2025, se presentó una querella por estafa y apropiación indebida ante el juzgado de garantía de San Felipe. En dicho documento, los querellantes acusan a Duch de haber diseñado una estrategia para engañarlos, señalando incluso episodios en los que el empresario habría exhibido su patrimonio —incluyendo una hacienda con criadero de caballos pura sangre y un museo de arte moderno— como parte de una supuesta maniobra para generar confianza.

    Desde la vereda contraria, Duch contraatacó con una querella por alteración fraudulenta, respaldado por un equipo de abogados de reconocidos estudios jurídicos. Su defensa sostiene que fue víctima de negligencia comercial por parte de la exportadora, argumentando que los retornos obtenidos —negativos en este caso— contrastan con los precios del mercado, donde otras empresas como Dole Chile habrían logrado retornos positivos significativamente mayores.

    Además, la defensa acusa que Baron incumplió compromisos clave, como el financiamiento de dos millones de dólares para la temporada siguiente, lo que habría generado un estrangulamiento financiero para APG.

    Escalada judicial y efectos en la industria frutícola

    Con el paso de los meses, el caso creció exponencialmente. Actualmente, se contabilizan al menos cuatro causas civiles y cinco penales, además de la incorporación de terceros afectados, como empresas que tenían derechos sobre la fruta o acuerdos comerciales paralelos.

    Entre ellas destacan compañías que alegan haber sido perjudicadas por decisiones posteriores de APG, como la reestructuración societaria que derivó en la división de la empresa original. Según los querellantes, esta maniobra habría dejado a la entidad inicial sin activos, dificultando el cumplimiento de obligaciones financieras.

    El conflicto alcanzó un punto crítico cuando el juzgado de San Felipe dictó medidas cautelares que restringen la celebración de actos y contratos por parte de sociedades vinculadas a Duch. Sin embargo, estas medidas también han sido objeto de controversia, ya que la defensa sostiene que fueron dictadas antes de una formalización, lo que —afirman— sería contrario a la ley.

    El tribunal, por su parte, insistió en la implementación de dichas medidas, incluso ordenando su inscripción en registros societarios, lo que derivó en nuevas acusaciones por desacato y contratos simulados.

    Fuentes cercanas a la defensa del empresario aseguran que las acciones legales en su contra forman parte de una estrategia para presionarlo, calificando la ofensiva judicial como “extorsiva” y destinada a transformar una disputa comercial en un caso penal.

    Mientras tanto, desde la contraparte se mantiene la postura de que los hechos constituyen una estafa, especialmente considerando la magnitud de los montos involucrados y las decisiones empresariales posteriores.

    Para el abogado especialista en comercio internacional, Rafael Durán, este caso refleja una transformación más amplia en la industria frutícola. Según explica, el sector ha evolucionado desde una etapa basada en la confianza personal hacia un modelo altamente estructurado y contractual, donde los riesgos financieros y legales son cada vez mayores.

    Durán advierte que, en contextos de márgenes estrechos —como el actual mercado de las cerezas—, es frecuente que surjan disputas cuando las liquidaciones resultan negativas, especialmente si existen anticipos involucrados. En estos casos, no es raro que los conflictos escalen simultáneamente en el ámbito civil y penal.

    Así, lo que comenzó como una apuesta comercial para conquistar el mercado asiático se ha transformado en un caso emblemático sobre los riesgos del negocio frutícola globalizado. Con múltiples causas en curso y posiciones irreconciliables, el desenlace de esta disputa podría sentar un precedente relevante para la industria exportadora en los próximos años.

    Fuente: Diario Financiero con aportes de Redacción +P.

  • Alertan en Neuquén por fraudes digitales que afectan a vecinos

    Alertan en Neuquén por fraudes digitales que afectan a vecinos

    El presidente de la comisión vecinal del barrio 14 de Octubre, Daniel Zurita, alertó sobre un incremento de estafas virtuales en la ciudad de Neuquén, tras detectar al menos cinco casos recientes en su sector.

    En diálogo con AM550 La Primera, el referente barrial explicó que las situaciones no se limitan a su zona, sino que se replican en distintos barrios de la ciudad e incluso a nivel provincial.

    “Esto está pasando en toda la ciudad. Nosotros damos alertas cada tanto, pero ahora lo hicimos más masivo por la cantidad de modalidades de fraude que hay”, sostuvo.

    Modalidades de fraude que “mutan constantemente”

    Zurita detalló que los delincuentes utilizan múltiples estrategias que cambian con el tiempo. Entre las más frecuentes mencionó:

      “Antes te pedían un código, ahora te hacen videollamadas o te dicen que tenés un paquete del exterior. Todo va evolucionando”, explicó.

      Hackeo de WhatsApp y robo de datos

      Otro de los mecanismos detectados es el hackeo de cuentas de WhatsApp. Según indicó, esto permite a los estafadores acceder a información personal y contactos.

      “El problema no es solo que te hackeen, sino que ya tienen todos tus datos. Después pueden intentar otras estafas”, advirtió.

      Casos recientes y subregistro de denuncias

      Zurita confirmó que en el barrio detectaron al menos cinco situaciones recientes, aunque señaló que muchos casos no se hacen públicos.

      “Hay un montón que no salen a la luz. Algunos pierden dinero, otros solo datos, pero igual es grave”, indicó.

      Además, explicó que en algunos casos las propias víctimas realizan transferencias guiadas por los estafadores, lo que dificulta la investigación como delito económico.

      Intentos de fraude con falsas campañas oficiales

      Uno de los episodios recientes involucró llamados falsos en nombre de un vacunatorio local, donde se solicitaban datos personales bajo el argumento de una campaña sanitaria.

      Tras la advertencia de una vecina, la comisión vecinal se comunicó con el centro de salud, que desmintió la situación y emitió un aviso oficial.

      “No hay ningún organismo que te llame para pedir datos personales”, remarcó Zurita.

      Recomendaciones para evitar estafas virtuales

      Desde la comisión vecinal y organismos de seguridad recomiendan:

        Zurita también recordó que en Neuquén existe un canal de denuncia en la Fiscalía para delitos económicos.

        La entrevista completa:

      • Aseguran que el Banco Nación eliminó la norma que permitía a funcionarios acceder a créditos millonarios

        Aseguran que el Banco Nación eliminó la norma que permitía a funcionarios acceder a créditos millonarios

        Los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó de forma veloz y por montos multimillonarios a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza siguen dando de qué hablar. Uno de los últimos en aclarar su préstamo por $373 millones (US$ 315 mil) fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien afirmó que realizó el trámite «como cualquier hijo de vecino». Aseguran que la entidad bancaria eliminó la norma que abría esta ventana para quienes tienen un cargo político en el Estado.

        La información fue publicada por el diario Clarín, que precisó que en septiembre del 2024, el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Darío Wasserman), alteraron la resolución 802 que abarca a los empleados del sector público.

        Allí, en el apartado Sección I, Condiciones Generales, el Banco Nación agregó un párrafo que especifica los alcances de las personas que pueden acceder a créditos hipotecarios del ámbito público: «Así mismo se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo (…) cargos políticos designados por resolución o electivos».

        Poco más de un año después, luego de que funcionarios y legisladores (tanto del oficialismo como de la oposición) consigan sus préstamos, el BNA quitó ese apartado mediante una nueva circular (N° 0092/2026).

        Este 9 de enero, el propio Wasserman, quien asumió como presidente del Banco Nacion el pasado 23 de diciembre de 2025, autorizó a que se «resuelva aprobar adecuaciones a los reglamentos del asunto cuyos acépites (sic) quedarán redactados de las siguiente manera, a saber…». Allí, se alteró la mencionada reglamentación.

        En off con el medio mencionado, un funcionario de Economía se mostró aliviado de no haber accedido a un crédito hipotecario por US$ 200 mil que había tramitado en el BNA y asveró: «Acá nadie gana más de 10 palos, por lo menos por recibo. Cómo hacen para vivir en countries, tener varios vehículos y afrontar la cuota del préstamo que sacaron en Nación y que puede llegar a 4 millones de pesos mensuales, no tengo la menor idea. O sí tengo idea…».


        El descargo de un asesor de Caputo por su crédito de $373 millones: «Como cualquier hijo de vecino»


        El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, Felipe Núñez, habló en el streaming oficialista Carajo sobre su crédito hipotecario en el Banco Nación por un monto equivalente a US$ 315 mil.

        “No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino (que es apto crédito) a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo que sea apto crédito”, afirmó.

        Núñez lidera la lista de más de 40 funcionarios y legisladores con uno de los montos más elevados que otorgó la entidad bancaria estatal.

        De acuerdo a un análisis de Chequeado, la información publicada por el BNA en febrero de 2025 (momento en el que se le adjudicó el préstamo a Núñez), decía que había una línea de crédito especial para personas que trabajan en el sector público y que son clientes de la entidad. 

        Esta línea tenía algunas características especiales respecto a las condiciones generales: la oferta tenía un tope de 270 mil UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo) y que permitía saldar hasta el 90% de la vivienda.

        En ese momento, el programa +Hogares (destinado al público en general), otorgaban un monto máximo de 230 mil UVAs y cubría como máximo hasta el 75% de la propiedad. 

        Con respecto a las tasas, en ese momento el banco ofrecía una tasa anual del 4,5% para los trabajadores del Estado, mientras que para el resto de los clientes era del 9,78%.

        Con respecto al crédito de Núñez, implica el pago de una cuota inicial de aproximadamente $1.800.000, y requería acreditar ingresos (incluyendo titulares y codeudores) por más de $6.000.000 (es decir, cuatro veces más que un salario privado promedio).

        Según los datos de la Central de Deudores del BCRA (a enero de 2026), el monto que adeuda Núñez se ubica entre los más altos para un préstamo otorgado por el Banco Nación. En este sentido, se trata de un monto que muy poca gente pudo acceder y que supera ampliamente la sumatoria promedio que otorgó la entidad ($101 millones).

        Gráfico gentileza Chequeado.


        Qué se sabe de los créditos que el Banco Nación dio a medio centenar de funcionarios


        En una entrevista por la TV Pública, el presidente Javier Milei manifestó que la toma de créditos que se difundieron estos últimos días no “mató gente” ni nadie “perdió la libertad” de hacer absolutamente nada.

        “Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, porque nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. Con lo cual, el primer punto de nuestros valores morales, que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto: La Libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Es decir, vos te podés seguir expresandopodés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios, podés juntarte a hacer este programa…”, argumentó el mandatario.

        Estas declaraciones se desprendieron de lo sucedido el pasado viernes cuando la ministra de Capital HumanoSandra Pettovello, solicitó la renuncia indeclinable de su jefe de GabineteLeandro Massaccesi, luego de conocerse su participación en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.

        Según los datos consignados en la web “Cuánto deben” que refleja el historial de deuda de funcionarios y legisladores públicos, entre los libertarios que aparecen como beneficiarios de préstamos son: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del Banco Central; Juan Pablo Carreira (alias Juan Doe), responsable de la cuenta de Twitter, la Oficina de Respuesta Oficial; el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero; el director de YPF Emiliano Mongilardi; y el ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.

        A la vez, del lado del Congreso, aparecen los legisladores Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero Lorena Villaverde; mientras que a la par figura el director de la secertaría privada en Diputados, Sharif Menem.

        El caso de los créditos despertó fuego cruzado entre libertarios y kirchneristas. Por un lado, quienes impulsaban la privatización y hasta cierre del Banco Nación, ahora resaltan las convenientes condiciones que ofrece la banca estatal para acceder a créditos, motivo por el cual acudieron allí y no a un banco privado. Por otro lado, en las filtraciones también aparecieron integrantes del gobierno del Frente de Todos que, a pesar de haber delcarado públicamente contra los préstamos UVA, figuran como tomadores de crédito.

        Desde la oposición, por su parte, apuntan a ciertos créditos otorgados: Furiase aclaró que el préstamo es su segunda vivienda y que a la vez cuenta con una tercera que fue donada, Shariff Menem logró juntar con los requisitos a pesar de tener 24 años y que sea su primer trabajo en blanco, y Lorena Villaverde pasó las pruebas a pesar de tener un fallo judicial en contra con orden de embargo.

        «Técnicamente se lo rechazaron porque Villaverde está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios. Y desde la central alguien levanta un teléfono, finalmente el crédito se aprueba», dijo el legislador santafesino Esteban Paulón en LED FM.

        Como respuesta, desde ATE convocaron a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación en todo el país. «Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza”, indicó Rodolfo Aguiar.

        Desde La Libertad Avanza respaldaron la validez de los créditos sumando el caso de Julia Strada, legisladora del Frente de Todos y ex directora del Banco Nación durante la época de Alberto Fernández. A través de sus redes, Strada mostró el paso a paso de cómo obtuvo el crédito e instó al oficialismo a hacer lo mismo.

        «Querido Toto: que Núñez y Furiase – que estaba en situación 2- muestren los papeles. Es fácil. Sos su jefe. No creo que quieras ocultar cosas no?», añadió.

        En las denuncias presentadas ante la justicia, se pidió al Banco como medida de prueba que aporte de cada crédito cuestionado los detalles de la operación, los plazos y si se tramitó con mayor celeridad de lo habitual. La investigación judicial podrá determinar ese punto.


      • Evita que te espíen en WhatsApp: el botón clave para expulsar intrusos y proteger tu cuenta

        Evita que te espíen en WhatsApp: el botón clave para expulsar intrusos y proteger tu cuenta

        En un contexto de crecientes ataques digitales, WhatsApp incorporó una herramienta simple pero clave para proteger la privacidad de los usuarios. Se trata de la opción “Cerrar sesión” dentro del apartado de dispositivos vinculados, que permite eliminar de inmediato cualquier acceso no autorizado.

        Esta función permite recuperar el control de la cuenta en segundos, sin necesidad de configuraciones complejas. Solo hay que revisar qué dispositivos están conectados y cerrar aquellos que resulten sospechosos.

        Paso a paso: cómo cerrar sesiones abiertas en WhatsApp

        El procedimiento es directo y puede hacerse desde el celular:

        Ingresar al menú principal de la app.

        Acceder a “Dispositivos vinculados”.

        Revisar la lista de equipos conectados.

        Seleccionar el dispositivo desconocido.

        Presionar “Cerrar sesión”.

        Este proceso corta el acceso de forma inmediata, evitando que terceros sigan leyendo mensajes o utilizando la cuenta.

        Señales de alerta: cómo saber si tu WhatsApp fue hackeado

        Existen indicios claros que pueden advertir sobre un acceso indebido. Entre los más frecuentes se encuentran:

        Mensajes enviados que el usuario no recuerda haber escrito

        Respuestas a conversaciones que nunca inició

        Quejas de contactos por mensajes extraños

        Códigos de verificación recibidos sin solicitarlos

        Cambios en configuraciones o estados sin autorización

        Detectar estas señales a tiempo permite actuar rápidamente y evitar consecuencias mayores.

        Por qué ocurren los hackeos en WhatsApp

        En muchos casos, el acceso no autorizado no se produce por fallas técnicas, sino por engaños. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para obtener códigos de verificación o vincular dispositivos mediante QR.

        Una vez dentro, pueden suplantar la identidad del usuario y contactar a sus conocidos para cometer estafas o robar información.

        Medidas clave para proteger tu cuenta de WhatsApp

        Además de cerrar sesiones sospechosas, existen otras acciones recomendadas para reforzar la seguridad:

        Activar la verificación en dos pasos con PIN

        No compartir nunca códigos de verificación

        Limitar la visibilidad de datos personales (foto, estado, última conexión)

        Revisar periódicamente los dispositivos vinculados

        Estas medidas reducen significativamente el riesgo de accesos indebidos.

        Actuar rápido: la clave para evitar fraudes y robo de datos

        Ante cualquier sospecha, la rapidez es fundamental. Expulsar dispositivos, reforzar la seguridad y avisar a los contactos puede evitar estafas y proteger la información personal.

        El uso cotidiano de aplicaciones de mensajería implica manejar datos sensibles, por lo que aprovechar herramientas como el control de sesiones activas se vuelve esencial para garantizar una experiencia segura en el entorno digital.

      • El intendente de Plottier contraataca: «el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió”

        El intendente de Plottier contraataca: «el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió”

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        El intendente Luis Bertolini hizo su descargo mediante un extenso parte de prensa en el cual se refiere al resultado del informe contable que presentará el Ministerio Público Fiscal en su contra el lunes, en la audiencia de formulación de cargos.

        En esa oportunidad lo acusará de una presunta maniobra por 2.300 millones de pesos mediante favoritismos con un proveedor, Pedro Vilchez, socio del hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio.

        En un juego de palabras, Bertolini asegura que en el informe contable “lo que encontramos no es la prueba de un fraude: es la prueba de que el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió”.

        Se basa en que, como es de forma, la contadora que hizo el informe para el fiscal “escribió, en la página 12 de su propio informe, que su trabajo no implica ninguna valoración sobre si las contrataciones fueron legales, razonables o convenientes”.

        “El fiscal quiere impresionar y decir: 2.300 millones de pesos. Es un número que está diseñado para impresionar pero ningún número es un delito por sí solo”.

        El mismo informe confirma que varias contrataciones se hicieron con licitación privada y concurso de precios. Es decir, continúa Bertolini, “con competencia, con otros proveedores que pudieron ofertar, y Pedro Vilchez ganó porque presentó la mejor oferta. ¿Eso es un delito? ¿Ganar una licitación es un fraude? El fiscal tendrá que explicarlo”.

        “La verdad es más simple y más aburrida que el relato del fiscal: Plottier es un municipio en crecimiento que contrató servicios de limpieza, mantenimiento, obras de infraestructura y provisión de materiales durante dos años”, que son los que lleva de mandato.

        “Ciento sesenta expedientes, todos con decreto firmado, todos con orden de pago, todos con factura. Todo dentro del circuito administrativo formal, a la vista de cualquier auditor, del tribunal de cuentas y del propio Concejo Deliberante. Si hubiera habido una caja azul, esa documentación no existiría”, dice en alusión a la estafa con planes sociales.


      • Abogado detenido por megaestafa: sacaba créditos a nombre de sus clientes y robó 0 millones

        Abogado detenido por megaestafa: sacaba créditos a nombre de sus clientes y robó $500 millones

        Un abogado fue detenido en Quilmes acusado de haber montado una millonaria estafa en la que utilizaba datos personales de sus propios clientes para obtener créditos y préstamos a su nombre.

        La investigación se inició en enero, tras la denuncia de una de las víctimas, quien aseguró que el letrado le había solicitado fotos y videos de su rostro junto con una copia del DNI, supuestamente para avanzar en trámites legales. Sin embargo, esa información fue utilizada para abrir cuentas en billeteras virtuales y gestionar tarjetas de crédito sin autorización.

        De acuerdo a la pesquisa, el imputado —identificado como Fernando Luis Ochoa— solicitaba préstamos que podían alcanzar los 20 millones de pesos por operación y luego transfería el dinero a cuentas propias. Se estima que mediante estas maniobras logró recaudar alrededor de 500 millones de pesos.

        El caso es investigado por el fiscal Ariel Rivas, con intervención de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía bonaerense. Hasta el momento, se detectaron al menos seis hechos con el mismo modus operandi desde septiembre de 2025.

        Durante los allanamientos realizados en su domicilio y estudio jurídico, los efectivos secuestraron 44 tarjetas de crédito a nombre de terceros, posnets, siete celulares, seis computadoras y documentación vinculada a las víctimas.

        Además, algunos empleados del estudio declararon haber notado movimientos sospechosos en el accionar del abogado. Por la magnitud de la estafa, la Justicia ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias mientras avanza la causa.