Una presentación formal ingresó al Concejo Deliberante de Plottier solicitando el inicio de un proceso de juicio político contra el intendente Luis Bertolini.
El escrito fue presentado por la abogada Liliana Verónica Peral, quien fundamentó la denuncia en presunto mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionario público y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto en la Carta Orgánica Municipal y ordenanzas vigentes.
En el documento se solicita además el traslado inmediato a la Sala Acusadora para el inicio de las investigaciones correspondientes y la suspensión preventiva del intendente, con el objetivo de evitar el entorpecimiento del proceso y resguardar el patrimonio municipal.
En paralelo, y en virtud del escrito presentado en el Deliberante referido al sistema de fotomultas, el cuerpo legislativo tratará este jueves un proyecto que plantea suspender la implementación del control electrónico de tránsito en el ejido municipal.
El Artículo 1 del proyecto establece “suspender en todos los términos administrativos la implementación del sistema de control electrónico en el ejido municipal de la ciudad de Plottier”, conforme a la Ordenanza 3591/14. La iniciativa será debatida en sesión del Concejo Deliberante.
Los vientos de cambio no siempre se anuncian con estridencias, pero terminan marcando una época. En la provincia de Neuquén, ese punto de inflexión comenzó a delinearse con claridad desde diciembre de 2023, cuando se instaló una lógica distinta en la administración de lo público: una en la que ya no hay margen para los privilegios, ni zonas grises para justificar excesos.
Durante años, ciertas prácticas fueron toleradas -cuando no directamente avaladas- bajo la excusa de la costumbre o de un supuesto funcionamiento “natural” del Estado. Viáticos innecesarios, gastos superfluos, decisiones discrecionales y beneficios dirigidos eran parte de una estructura que pocos se animaban a cuestionar. Hoy, ese escenario ya no existe.
La causa que involucra al intendente de Plottier, Luis Bertolini, se inscribe de lleno en este nuevo tiempo. La decisión del Ministerio Público Fiscal de avanzar con la formulación de cargos por presuntos delitos como administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes no sólo tiene implicancias judiciales: también refleja un cambio cultural. El mensaje es claro: el que las hace, las paga.
Pero no se trata únicamente de perseguir irregularidades. El cambio de paradigma también se expresa en cómo se administran los recursos públicos. En este punto, la postura del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén frente al Encuentro de Jueces Penales resulta ilustrativa. Hubo respaldo institucional, licencias y organización, pero no hubo financiamiento para gastos que hoy resultan difíciles de justificar.
Ese límite marca una diferencia sustancial con el pasado. Durante mucho tiempo, el financiamiento de hoteles, viáticos y cenas fue parte de una dinámica que nadie parecía discutir. Hoy, en cambio, esos gastos son observados bajo una lupa distinta, en un contexto donde la austeridad dejó de ser un discurso para convertirse en una práctica concreta.
La discusión, entonces, ya no pasa por si el Estado acompaña o no determinadas actividades, sino por cómo lo hace. Y en ese “cómo” es donde aparece el verdadero cambio: se acabaron los cheques en blanco y las erogaciones sin control. La administración pública ahora tiene una regla inquebrantable (que es respaldada por la sociedad): eficiencia, transparencia y responsabilidad.
Así, tanto en los tribunales como en la política, se consolida una idea que parecía postergada: la tolerancia cero no distingue nombres ni cargos. Le toque a quien le toque, el mensaje es el mismo. En Neuquén, los tiempos cambiaron. Y esta vez, todo indica que no hay marcha atrás.
En Plottier ya no alcanza con hablar en general porque cuando todo el mundo sabe lo que pasa, el silencio también tiene responsables. Y esos responsables tienen nombre y cargo. El intendente, Luis Bertolini, al que le formularán cargos el 13 de abril a las 11 de la mañana al igual que la subsecretaria de Hacienda, Carina Castro y al empresario socio del hijo de Castro. Sí, hay que decirlo. Porque cuando hay dudas sobre cómo se manejan los recursosm cuando hay vecinos que denuncian discrecionalidad, acomodos y favoritismos, la responsabilidad no es del aire.
El fiscal Pablo Vignaroli explicó que a partir del análisis de información bancaria se constató que la comuna habría continuado realizando pagos a un proveedor investigado —identificado como Vilches— incluso después de iniciados los procedimientos judiciales. Por esto la responsabilidad es política y es directa. Porque el manejo de fondos públicos y el control de cómo se asignan no pasa por un puntero suelto en un barrio. Pasa por decisiones que bajan desde arriba. El proveedor imputado habría sido contratado para una amplia variedad de servicios y bienes, que van desde aire acondicionado y colchones hasta medicación veterinaria y tareas de barrido. Durante el procedimiento, además el fiscal tomó declaración a una empleada municipal que cumple funciones en procesos administrativos.
La testigo indicó que en sus 13 años de trabajo no había registrado contrataciones de ese tipo y afirmó que la inclusión del proveedor respondía a “directivas de arriba”, ya que no figuraba en los registros habituales de proveedores. Entonces la pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿El intendente Bertolini no sabe lo que está pasando? ¿O lo sabe y lo permite? ¿La subsecretaria Castro no ve cómo se distribuyen los recursos? ¿O es parte de un sistema que decide quién accede y quién queda afuera?
Porque en Plottier hay algo que ya no cierra. No cierra que haya vecinos que esperan meses mientras otros aparecen de un día para el otro. No cierra que la ayuda social dependa más de contactos que de necesidad Y cuando eso pasa no es desorden, es un sistema. Un sistema donde la necesidad se convierte en herramienta política. Donde el Estado deja de ser garantía de derechos para transformarse en un filtro manejado por pocos. Y ahí es donde el poder queda expuesto porque gobernar no es repartir favores. Administrar no es elegir a dedo y la plata pública no es propiedad de ningún funcionario.
Plottier necesita respuestas, claridad y transparencia. Necesita saber quién cobra, por qué cobra y bajo qué criterio. Y necesita que sus autoridades —Bertolini y Castro— dejen de mirar para otro lado y empiecen a dar explicaciones. Porque en política a esta altura, ya no alcanza con decir “no sabía”. A veces no saber también es una forma de ser responsable.
En Plottier ya no hay margen para la ingenuidad. Acá no hay errores. No hay desprolijidades. Hay un sistema. Un sistema donde la necesidad de la gente se administra y el poder se reparte. Eso es conducción y gobernar es hacerse cargo, no mirar para otro lado. No simular que todo funciona mientras en la calle la bronca crece. Porque el vecino ya entendió algo que en el poder todavía no quieren admitir: que en Plottier la necesidad se usa. Se usa para ordenar, se usa para disciplinar, se usa para construir poder y eso tiene responsables.
Porque nadie cree, a esta altura, que todo esto pasa sin que el intendente lo sepa. Nadie cree que Hacienda no tenga control sobre cómo se mueven los recursos. Entonces basta de excusas. Si no lo ven es porque no lo quieren ver y si lo ven y no actúan es peor, mucho peor. Porque ahí ya no hablamos de desorden hablamos de una decisión: dejar que el sistema siga funcionando. Un sistema donde algunos deciden y muchos dependen. Donde el Estado no iguala sino que condiciona y eso en cualquier lugar serio tendría consecuencias políticas inmediatas.
Pero en Plottier todavía se apuesta al silencio. Un silencio cómodo, un silencio que protege, un silencio que también gobierna. Por eso hoy la discusión no es técnica y no es administrativa, es moral. Es saber si quienes están al frente del municipio van a seguir administrando la necesidad o van a empezar de una vez por todas a garantizar derechos. Porque la paciencia de la gente no es infinita y cuando la confianza se rompe no hay relato que la arregle.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un hombre acusado de contactar a un niño a través de WhatsApp con fines sexuales en la ciudad de Neuquén. La imputación fue presentada en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial.
La acusación estuvo a cargo de la asistente letrada Vanesa Muñoz, quien detalló que el hecho ocurrió el 5 de abril de 2025, entre las 6 y las 8 de la mañana. Según la investigación preliminar, el imputado, identificado por sus iniciales D.I.M., inició el contacto con la víctima mediante mensajes en los que buscó confirmar que el niño se encontraba solo.
De acuerdo con la fiscalía, el acusado intentó generar un vínculo de confianza al referirse al videojuego Free Fire y ofrecerle supuestos beneficios dentro del juego. Luego, le propuso mostrarle contenido que debía mantenerse en secreto y, tras obtener una respuesta afirmativa, le envió una imagen de carácter sexual explícito utilizando una función de visualización única.
La situación fue interrumpida cuando el niño rechazó la propuesta. Posteriormente, el imputado eliminó los mensajes, pero la víctima alertó a sus padres, quienes radicaron la denuncia ante las autoridades.
El delito atribuido es grooming, en carácter de autor. La querella institucional, representada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, acompañó el planteo del MPF durante la audiencia.
Como medida cautelar, la fiscalía solicitó la prohibición de contacto del acusado con la víctima y su entorno familiar por cualquier medio, así como la restricción de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio. La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos, hizo lugar a las medidas y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.
La causa continúa en etapa investigativa, mientras se resguardan los derechos del menor y se analizan los elementos de prueba reunidos.
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El intendente de Plottier, Luis Bertolini, se refirió a la ordenanza 4580/26 y defendió el funcionamiento del sistema de fotomultas en la localidad.
Según explicó, el Ejecutivo municipal analizó la normativa junto a todo el gabinete y consideró que los requerimientos incluidos podrían haberse canalizado mediante un pedido de informes, sin necesidad de una ordenanza.
No obstante, el jefe comunal indicó que el municipio remitió toda la información disponible desde mediados de noviembre vinculada al sistema de control de infracciones.
Bertolini aclaró además que el servicio no está concesionado y remarcó que el Tribunal de Faltas mantiene plena facultad sobre el proceso de sanción en materia de tránsito.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo principal de las fotomultas es prevenir siniestros viales y reducir la cantidad de víctimas. “Cruzar un semáforo en rojo puede causar muertes”, afirmó, al tiempo que destacó el impacto que generan los accidentes en las personas y sus familias.
El sistema de control continúa en el centro del debate local, en medio de cuestionamientos y pedidos de información por parte de distintos sectores.
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El intendente explicó el alcance de la ordenanza vigente y sostuvo que el sistema apunta a prevenir sin concesiones privadas
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, encabezó una reunión de gabinete para analizar el alcance de la ordenanza 4580/26 y brindar precisiones sobre la implementación del sistema de fotomultas en la ciudad.
Durante el encuentro, el jefe comunal se refirió a los cuestionamientos surgidos en torno a la normativa y explicó que el texto incluye dos artículos, uno de los cuales solicita información sobre distintos aspectos del funcionamiento del sistema.
En ese marco, consideró que el planteo podría haberse canalizado mediante un pedido de informes, aunque remarcó que el municipio ya respondió formalmente con la documentación disponible.
Información oficial y funcionamiento del sistema
Bertolini indicó que el Ejecutivo local puso a disposición todos los datos requeridos sobre el sistema de fotomultas, con información que se encuentra disponible desde mediados de noviembre.
En relación al esquema operativo, aclaró que no se trata de un servicio concesionado a empresas privadas, sino que el proceso se encuentra bajo la órbita del Estado municipal.
En ese sentido, precisó que el Tribunal de Faltas es el organismo que tiene plena facultad para intervenir en todo el circuito de infracciones de tránsito.
La aclaración buscó despejar dudas sobre la transparencia y el control del sistema aplicado en la ciudad.
El eje puesto en la seguridad vial
El intendente subrayó que el objetivo central de las fotomultas es reducir la siniestralidad y evitar consecuencias graves en la vía pública.
En un mensaje dirigido a la comunidad, sostuvo que las medidas apuntan directamente a prevenir accidentes y muertes derivadas de conductas imprudentes al volante.
Además, remarcó que muchas de las infracciones, como cruzar un semáforo en rojo, pueden derivar en situaciones de alto riesgo con consecuencias irreversibles.
Desde el Ejecutivo municipal insistieron en que el sistema busca generar conciencia y modificar hábitos de conducción.
Llamado a la responsabilidad de los conductores
Bertolini apeló a la responsabilidad individual de quienes circulan por la ciudad y enfatizó la necesidad de respetar las normas de tránsito.
En ese marco, advirtió sobre el impacto que tienen los accidentes viales en las familias y en la comunidad, señalando que se trata de situaciones dolorosas que pueden evitarse.
El planteo se inscribe en una estrategia más amplia orientada a fortalecer los controles y mejorar la seguridad vial en Plottier.
La implementación del sistema de fotomultas continúa generando debate, pero desde el municipio sostienen que su finalidad es preventiva y no recaudatoria.
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, encabezó una reunión con todo su gabinete para analizar el alcance de la ordenanza 4580/26 y brindar precisiones sobre el sistema de fotomultas en la ciudad.
Según explicó, la ordenanza contiene dos artículos, y en particular el segundo solicita información sobre diez puntos vinculados al funcionamiento del sistema. En ese sentido, consideró que “podría haberse solucionado con un pedido de informe y no a través de una ordenanza”.
No obstante, el jefe comunal indicó que el municipio ya puso a disposición la información requerida: “En el día de hoy adjuntamos toda la información que está disponible desde mitad de noviembre sobre el tema fotomultas”.
Bertolini también aclaró el funcionamiento del sistema y remarcó que no se trata de un servicio concesionado. “El Tribunal de Faltas tiene plena facultad en todo el proceso que tiene que ver con las infracciones de tránsito”, sostuvo.
En un mensaje dirigido a la comunidad, el intendente hizo hincapié en el objetivo de las medidas implementadas: “Quiero ser sincero con todos los vecinos: estas acciones tienen como fin evitar accidentes y evitar muertes”.
Finalmente, apeló a la responsabilidad vial y advirtió sobre las consecuencias de las infracciones: “Cruzar un semáforo en rojo puede causar muertes. Solo quienes han vivido un accidente, en forma personal o a través de un familiar, saben lo injusto y doloroso que es. Por eso, reitero: no crucemos en rojo”.
La Justicia fijó la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Oficina Judicial estableció que la audiencia se realizará el próximo 13 de abril a las 11.
Además del jefe comunal, el requerimiento alcanza a la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada.
La causa es impulsada por la fiscal Rocío Rivero, de la fiscalía de Delitos Económicos, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y se inició en enero de 2026 tras una denuncia presentada ante el organismo.
Durante la audiencia, el MPF formalizará la acusación contra las tres personas y dará a conocer los hechos que se investigan.
La Oficina Judicial de Neuquén fijó para el lunes 13 de abril, a las 11, la audiencia en la que se formularán cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la gestión municipal.
La imputación, impulsada por la fiscal Rocío Rivero bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, incluirá los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Otros acusados y origen de la causa
Además del jefe comunal, la fiscalía también avanzará con cargos contra la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez, y el titular de una empresa privada.
La investigación se originó a partir de una denuncia que puso el foco en dos ejes:
El dictado del decreto 646/25, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado Los Canales durante el primer semestre de 2025.
Supuestas irregularidades en la contratación de una empresa para obras públicas, que tendría vínculos societarios con familiares de funcionarios municipales.
Posible impacto institucional
El avance de la causa podría tener consecuencias directas en el ejercicio del cargo. La Carta Orgánica de Plottier establece que, ante la imputación por un delito doloso, corresponde la suspensión preventiva del intendente.
Si bien en el sistema procesal penal de Neuquén no existe la figura del “auto de procesamiento”, en la práctica se la equipara con la formulación de cargos, lo que abre la puerta a una eventual suspensión una vez concretada la audiencia.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue fijada la audiencia de formulación de cargos del intendente de Plottier, Luis Bertolini, y de otras dos personas. El requerimiento lo efectuó la fiscal del caso, Rocío Rivero, de la fiscalía de Delitos Económicos, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.
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Este martes, la Oficina Judicial informó al MPF que la fecha fijada es el próximo 13 de abril a las 11 de la mañana. El objetivo del MPF es formular cargos al intendente Luis Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada.
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En la audiencia se formalizará la acusación contra las tres personas en el contexto de una investigación iniciada en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo.
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Dicha denuncia puso el foco en dos cuestiones: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.
Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Investigación
La Fiscalía inició la investigación contra Luis Bertolini luego de recibir una denuncia de una vecina que brindó detalles de la existencia de un decreto por el que el Ejecutivo municipal condonó tasas municipales a un barrio privado de la ciudad.
Esa misma vecina aportó datos sobre la contratación de parte de la Municipalidad de Plottier a una empresa privada, que el dueño sería un hijo de la subsecretaría de Hacienda, para que lleve adelante obras.
En los últimos meses la Fiscalía llevó adelante varios allanamientos en la Municipalidad, en la casa de Bertolini, y en distintas sedes de las empresas investigadas.
Fue Vignaroli quien informó días atrás que habían secuestrado 180 expedientes en los que trabajaban para finalmente fijar la imputación.
«La información que pudimos recabar es contundente para formular cargos no sólo al intendente sino también a la secretaria de Hacienda y a un particular, el socio del hijo de la funcionaria, que entendemos como partícipe necesario para poder generar estas maniobras», había confirmado.
Suspensión
Esta imputación del intendente de Plottier podría terminar en la suspensión de Bertolini en su cargo, según la interpretación de la Carta Orgánica.
El artículo 79º dice que «cuando se imputare la comisión de un delito doloso al intendente, concejal/les, secretarios de gabinete, juez o secretario del Tribunal Municipal de Faltas o convencional municipal, su suspensión preventiva, procederá de pleno derecho, cuando el juez competente, interviniente en la causa, dictare el auto de procesamiento».
Luego ese artículo continúa: «Una vez producida sentencia firme condenatoria, su destitución procederá de pleno derecho. La absolución y el sobreseimiento definitivo de las autoridades mencionadas, las restituirá automáticamente en su cargo y en sus facultades. La suspensión preventiva será sin goce de dietas o haberes. Tanto la suspensión preventiva como la destitución definitiva de los mismos, será dispuesta por el Concejo Deliberante, en decisión adoptada por los dos tercios del total de sus miembros restantes, excluido el o los imputados».
El propio Bertolini afirmó a LM Neuquén durante el acto del aniversario de la ciudad que recién cuando tenga una «sentencia firme» en su contra podría ser removido del cargo. Pero esa interpretación no es la misma para todos.
Si bien la concejala Malena Resa había dicho en esa jornada que no debía adelantarse a los tiempos de la justicia, su análisis de la carta orgánica era de que los concejales deberán analizar una posible suspensión del jefe comunal mientras dure la investigación.
