Este jueves, el fiscal federal, Ramiro González, solicitó que Alberto Fernández vaya a juicio oral acusado por violencia de género contra Fabiola Yáñez.
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Según González, la investigación llegó a su punto final y el expresidente debe enfrentar delitos vinculados a la violencia de género. El requerimiento de elevación a juicio oral es para que Fernández responda por las lesiones físicas y psíquicas de las que fue víctima Fabiola Yáñez durante más de una década.
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Nota en desarrollo.
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Últimas 24 horas – Actualizado al lunes 11 de agosto a las 18:39 hs
La exprimera dama, Fabiola Yáñez, solicitó a la Justicia que se eleve a juicio oral la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.
La investigación lo acusa de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, “lesiones graves” y “amenazas coactivas”, hechos que habrían ocurrido entre 2016 y mediados de 2024, durante su relación.
En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández, dictado por el juez Julián Ercolini, quien le impuso un embargo de 10 millones de pesos y una orden de restricción. Yáñez rechazó cualquier salida alternativa, como la probation, y pidió una pena de 12 años de prisión.
La denuncia incluye, además, violencia reproductiva, señalando que fue coaccionada para interrumpir un embarazo en 2016. La investigación se inició a partir de pruebas halladas en el teléfono de la secretaria de Yáñez, que dieron cuenta de episodios de agresiones físicas, zamarreos y amenazas en la Quinta de Olivos.
El fiscal Ramiro González cerró la etapa de instrucción y tramita la elevación a juicio oral, mientras que Ercolini instó al expresidente a dejar de dilatar el proceso y presentarse ante un tribunal.
Últimas 24 horas – Actualizado al miércoles 16 de julio a las 23.06 hs
La defensa del ex presidente Alberto Fernández presentó este martes una apelación contra su procesamiento en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de seguros durante su gestión, conocida como la causa Seguros. El pedido fue acompañado por una solicitud para que la Cámara Federal porteña le dicte la falta de mérito, mientras se profundiza la investigación judicial y se ordenan nuevas medidas de prueba.
El recurso fue presentado por la abogada del ex mandatario, Mariana Barbitta, tras la resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien el viernes pasado procesó a Fernández por el presunto delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».
Según fuentes judiciales, la defensa argumenta que el ex presidente fue procesado por hechos sobre los cuales nunca fue indagado formalmente, e incluso por «conductas novedosas» incorporadas al expediente sin que tuviera oportunidad de ejercer su derecho a defensa.
“El procesamiento se dictó sobre una plataforma fáctica y jurídica que no formó parte de la declaración indagatoria”, señalaron desde el entorno legal del ex mandatario.
Entre esas supuestas “conductas novedosas” figura la creación del cargo de secretaria privada para María Cantero, esposa del broker Héctor Martínez Sosa, ambos también procesados en la causa. Además, se lo acusa de haber instalado una “oficina que operaba como base de un grupo empresarial del cual había formado parte”, según consta en la resolución judicial.
En el escrito presentado ante la Cámara, la defensa también cuestionó el origen de la causa y advirtió sobre la “gravedad institucional y democrática” que implicaría procesar a un ex presidente en base a una investigación periodística, sin una pesquisa judicial «seria, amplia y objetiva». En ese sentido, calificaron la acusación como una “persecución infundada”.
Ahora será la Sala I de la Cámara Federal la que deberá analizar el planteo y resolver si confirma el procesamiento dictado por Casanello, dicta la falta de mérito o revoca la medida en su totalidad.
La causa continúa su curso, con nuevas medidas de prueba en marcha, y podría derivar en otras definiciones judiciales en las próximas semanas.
Este viernes, el ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio tras ser procesado en la causa Seguros, y lo hizo con una dura crítica a la Justicia: “Me persiguen por peronista”, publicó en sus redes sociales.
El ex mandatario rechazó la resolución del juez Sebastián Casanello, que lo acusa de beneficiar a la empresa Nación Seguros a través del decreto 823/21, que obligó a todos los organismos del Estado a contratar con esa aseguradora. Además, se le imputó la designación de María Cantero como su secretaria privada, quien —según la investigación— habría actuado como intermediaria con vínculos empresariales.
“Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, expresó Fernández.
El procesamiento incluye un embargo millonario sobre los bienes del ex presidente por 14.634 millones de pesos. En el fallo, Casanello afirmó que Fernández habría construido una estructura paralela desde la Presidencia que facilitaba negocios privados con recursos públicos.
El ex mandatario sostuvo que la decisión judicial “fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”, y reiteró que enfrentará la causa “dentro del marco del Estado de Derecho”.
Últimas 24 horas – Actualizado al viernes 11 de julio a las 11.55 hs
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Alberto Fernández fue procesado en la causa Seguros este jueves. El expresidente fue acusado de «negociaciones incompatibles» con la función pública y se le aplicó un embargo sobre sus bienes de más de 14 millones de pesos.
La acusación se centra en el el decreto 823/21 que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado a contratar a Nación Seguros.
A esto, se le sumó la designación de María Cantero como secretaria privada de Fernández, a lo que la Justicia catalogó como «confusión de intereses».
“Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, asevera el fallo.
Además de Cantero, el juez también procesó a su esposo, el empresario Héctor Martínez Sosa. Según el texto de más de 400 páginas, se mostró que la vinculación entre las partes en la etapa previa a asumir los cargos como durante el desarrollo del mandato presidencial «excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral».
Según informó el medio Infobae, entre Martínez Sosa y sus «satélites» cobraron $2.297.820.134, casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.
Por otra parte, Casanello procesó al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a Gustavo García Argibay, Fernando Arana, Sebastián Diaz Bancalari, Mauro Tanos y Carlos Soria.
También fueron acusados Santiago Fraschina y a Federico D’Angelo Campos, quienes estuvieron a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El expresidente Alberto Fernández dio en noviembre de 2024 su declaración indagatoria en la causa Seguros. Así lo resolvió el juez federal Julián Ercolini (quien estaba a cargo del caso entonces), luego de que se postergara la cita inicial para el 20 de noviembre ante un pedido de la fiscalía.
El exmandatario entró al tribunal en medio de un estricto operativo de seguridad para prestar declaración. Allí, solo se limitó a contestar las preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta, y se negó a las realizadas por el fiscal Carlos Rívolo y el juez federal Julián Ercolini.
Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, Fernández presentó un escrito y negó las acusaciones en su contra tras asegurar que su intención fue «evitar la cartelización» del sector.
El expresidente Alberto Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “Seguros”, donde se investiga un presunto esquema de corrupción en la contratación de coberturas para organismos estatales. La medida fue dictada por incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
La decisión del magistrado se sustenta en una investigación que reveló la existencia de un circuito de contratación de seguros a través de Nación Seguros S.A., subsidiaria del Banco Nación, con la participación de intermediarios privados vinculados al entorno del exmandatario. Entre los involucrados también fueron procesados María Cantero, exsecretaria de Fernández, y su esposo, Héctor Martínez Sosa, broker señalado como beneficiario del sistema.
Uno de los elementos clave para el avance de la causa fue un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Según trascendió, el documento “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con empresarios privados” favorecidos por las decisiones adoptadas desde el gobierno nacional.
El eje del caso es el decreto firmado por Alberto Fernández, que estableció que todos los organismos del Estado debían contratar seguros exclusivamente mediante Nación Seguros S.A.. De acuerdo con la pesquisa judicial, esta normativa habría abierto la puerta al negocio de intermediarios con conexiones directas al expresidente, generando beneficios económicos indebidos.
Al presentarse en los tribunales de Comodoro Py, Fernández entregó un escrito en el que negó los cargos. Allí aseguró:
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“No comprendo los cargos que me formulan”, y aclaró que la medida no fue una decisión personal, sino que surgió por impulso de la Superintendencia de Seguros, Nación Seguros y el Ministerio de Economía.
Además, defendió el decreto al argumentar que fue una “decisión política orientada a mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”, y sostuvo que el asunto “no debería ser judicializado”.
El juez Casanello continuará al frente de la investigación, que busca determinar si existió connivencia entre funcionarios públicos y brokers que derivó en un perjuicio económico al Estado nacional. Por ahora, el procesamiento implica la continuidad de la causa con mayor sustento probatorio, aunque sin prisión preventiva para los acusados.
El juez federal, Sebastián Casanello, dictó el procesamiento del expresidente, Alberto Fernández, en el marco de la causa conocida como “Seguros”, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la función pública durante su gestión.
La decisión judicial se basa en la investigación que reveló un esquema de contratación de seguros a través del Banco Nación, con la participación de intermediarios privados vinculados al entorno del exmandatario. Entre los procesados también figuran María Cantero, exsecretaria de Fernández, y su esposo Héctor Martínez Sosa, un broker del sector asegurador señalado como beneficiado directo del esquema.
Según fuentes judiciales, un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) permitió avanzar en la causa. El documento, según trascendió, “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con empresarios privados” involucrados en las contrataciones.
El caso gira en torno al decreto firmado por Fernández durante su presidencia, que estableció la obligatoriedad para todos los organismos del Estado de contratar seguros únicamente a través de Nación Seguros S.A., una empresa subsidiaria del Banco Nación. La medida, según la investigación, habría favorecido el accionar de brokers allegados al expresidente, generando beneficios económicos indebidos.
Al ser citado a declarar en los tribunales de Comodoro Py, Fernández presentó un escrito en el que negó las acusaciones:
“No comprendo los cargos que me formulan”, sostuvo, y argumentó que el decreto no fue de autoría exclusiva suya, sino que contó con el impulso de organismos como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros.
“Fue una decisión política orientada a mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado. No debe ser objeto de judicialización”, aseguró.
La causa continúa bajo la órbita del juez Casanello, quien deberá resolver los próximos pasos procesales mientras se profundiza la pesquisa sobre el posible perjuicio al Estado y la supuesta connivencia entre funcionarios y privados.