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  • Procesaron a Alberto Fernández por presunta corrupción en contratos de seguros

    Procesaron a Alberto Fernández por presunta corrupción en contratos de seguros

    El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al expresidente Alberto Fernández por el delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» en una investigación que indaga supuestas irregularidades en contratos de seguros estatales durante su gestión. El cargo conlleva una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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    Según el fallo que publicó este jueves por la tarde el diario La Nación en su sitio web, el magistrado concluyó que Fernández intervino directamente —“como presidente”— para beneficiar al bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, su exasesor entre 2010 y 2019, y a su esposa, María Cantero, quien fue secretaria privada del expresidente. Casanello afirmó que ambos integraron un “plan de expansión de los negocios” con Nación Seguros. Durante ese período, el bróker cobró 2.252 millones de pesos, casi 60% del total recaudado por la compañía; la segunda firma percibió solo un 17%.

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    El juez dispuso un embargo de 14.634 millones de pesos sobre los bienes de Fernández. Además, procesó a otras 33 personas, entre ellas Cantero (por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario), y el exjefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles). También incluyó a otros funcionarios y allegados, investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y cohecho.

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    Casanello también citó a indagatoria a ocho empresas de seguros y ordenó allanamientos en varias compañías, entendiendo que las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal desde 2017.

    El rol de Alberto Fernández

    El tribunal sostuvo que Fernández dictó el decreto 823/2021, que obligó a las entidades estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Si bien el decreto promovía una política pública, el juez identificó un contraproyecto en paralelo: para el ámbito privado, el expresidente habría favorecido emprendimientos de su entorno, particularmente los vinculados a Martínez Sosa.

    “Empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo” se habría legitimado el vínculo, según el fallo. Casanello también aludió a fotos del presidente con el bróker como evidencia de esa relación.

    El escrito judicial describe episodios puntuales. Uno de ellos habría ocurrido cuando Cantero alertó a Fernández sobre la pérdida de un contrato de la Cancillería frente a otro productor. Según consta, Fernández respondió: “Ya me ocupo”. Semanas después, esa cartera renovó el contrato con Martínez Sosa. En otra ocasión, el expresidente habría intervenido para evitar la remoción de Gustavo García Argibay del directorio de Nación Seguros, favoreciendo así los intereses del bróker.

    Cómo sigue la causa

    Este procesamiento representa el primer cargo por corrupción que enfrenta el expresidente. Anteriormente, fue procesado por lesiones y amenazas contra su ex pareja, Fabiola Yáñez, también confirmado por la Cámara Federal.

    Fernández deberá presentar una ampliación de su declaración indagatoria, ya prevista, en la que podrá exponer su versión, presentar pruebas y proponer testigos como exfuncionarios que firmaron el decreto cuestionado .

    En caso de confirmarse el procesamiento, su situación legal incluiría la inhabilitación pública. Las empresas involucradas enfrentarán citaciones y posibles sanciones penales, mientras el tribunal determina si las maniobras encuadran en un entramado delictivo sistemático.

  • Procesaron a Alberto Fernández por corrupción en la causa de los seguros

    Procesaron a Alberto Fernández por corrupción en la causa de los seguros

    La Justicia federal procesó este jueves a Alberto Fernández en el marco de la causa Seguros, una investigación que apunta a supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como presidente, vinculadas a la contratación de seguros por parte de organismos públicos.

    El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento del exmandatario por el delito de incompatibilidad en el ejercicio de funciones públicas, una figura asociada a actos de corrupción cometidos por funcionarios que se benefician o facilitan negocios privados desde su cargo.

    La investigación, impulsada con un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), analizó 45 contratos suscritos entre el Estado y Nación Seguros, con la participación de brokers relacionados al círculo cercano del expresidente. Según ese documento, existe una “íntima vinculación de funcionarios públicos con empresarios privados” beneficiados.

    Quiénes más están involucrados

    En la causa también fueron procesados María Cantero, exsecretaria de Fernández, y su esposo, Héctor Martínez Sosa, un productor de seguros señalado como uno de los principales beneficiados. Ambos son considerados parte de un esquema montado para direccionar negocios estatales a través de la empresa Nación Seguros SA.

    El extitular de esa firma, Alberto Pagliano, también está implicado por haber participado en la presunta estructura de desvío de fondos a partir del decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar sus pólizas únicamente con Nación Seguros.

    La defensa de Alberto Fernández

    Al ser citado a declarar, el expresidente optó por presentar un escrito ante los tribunales de Comodoro Py, en el que negó los cargos en su contra. Afirmó que el decreto fue una “decisión política” consensuada con diversos organismos, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y la propia Nación Seguros.

    “No comprendo los cargos que me formulan”, sostuvo Fernández, y argumentó que su intención fue mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado y no favorecer a ningún actor privado.

    La causa sigue abierta y podría avanzar hacia nuevas imputaciones o llamados a indagatoria, mientras la Justicia analiza si hubo perjuicio patrimonial para el Estado.

  • Declara Alberto Fernández por el escándalo de los seguros: lo acusan por fraude de 00 millones

    Declara Alberto Fernández por el escándalo de los seguros: lo acusan por fraude de $3000 millones

    Pasado el mediodía de este viernes, el expresidente Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para declarar en el marco de la investigación por el posible entramado de fraude en torno a seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros.

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    El exmandatario había pedido volver a ser indagado, por lo que fue citado por el juez federal Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en la causa. Esto se dio luego de que la Cámara Federal revocara la inhibición de bienes para él, otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. El tribunal además reclamó que el juez Casanello resuelva la situación procesal de todos.

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    El fallo era muy esperado por la mayoría de los empresarios investigados. Desde abril, cuando el juez ordenó la inhibición y los embargos, no podían vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tenían accesos a sus cajas de seguridad.

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    Imputado por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública

    Cabe recordar que ya había prestado declaración en noviembre de 2024, pero en ese momento la causa estaba a cargo de Julián Ercolini. En esa oportunidad solo contestó preguntas de su abogada, Mariana Barbitta, y presentó un breve escrito en el que defendió el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.

    Fernández está imputado por administración fraudulenta y llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación se basa, según recuerda TN, en un decreto firmado por él, pero también 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, y hasta una cooperativa que funcionó como financiera.

    Durante su gestión, el expresidente dictó un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Esa medida fue derogada por Javier Milei.

    La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Martínez Sosa.

  • Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó a la Justicia y sostuvo su inocencia

    Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó a la Justicia y sostuvo su inocencia

    Alberto Fernández amplió este jueves su declaración indagatoria en la causa conocida como “Seguros”, donde está acusado de supuesta defraudación vinculada a contrataciones en Nación Seguros. Durante dos horas, respondió las preguntas del juez federal Sebastián Casanello, la fiscalía y su defensa. A la salida, su abogada Mariana Barbitta sostuvo que Fernández negó cualquier relación con las imputaciones y calificó la acusación como genérica.

    La denuncia apunta a un supuesto esquema de contrataciones que habría beneficiado a intermediarios, entre ellos Héctor “Hecky” Martínez Sosa, broker que mantuvo vínculos comerciales con Fernández desde 2010 hasta 2019. Según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el expresidente le facturó más de 4,2 millones de pesos durante ese período.

    En su defensa, Fernández aclaró que esas facturas corresponden a informes sobre coyuntura política y económica que elaboraba para diferentes clientes, no solo para Martínez Sosa. También mencionó que la última factura data del 6 de diciembre de 2019, días antes de asumir la presidencia.

    Respecto al decreto 823, que durante su gestión centralizó las pólizas en Nación Seguros y eliminó el sistema de coaseguro, Fernández sostuvo que se trató de una medida legal y enmarcada en una política pública. Aseguró que dicha norma no menciona ni autoriza intermediaciones ni beneficios a brokers.

    Sobre los supuestos beneficios a intermediarios, afirmó que no implicaron gasto público adicional, ya que las comisiones se limitaron al 10% por decisión interna de Nación Seguros. Además, aseguró que en el sector de seguros fue considerado “enemigo” durante su paso como superintendente, en referencia a su postura frente a los productores.

    Fernández solicitó que el juez Casanello cite como testigos a exfuncionarios de su gobierno, entre ellos Vilma Ibarra, Miguel Pesce, Martín Guzmán y Santiago Cafiero, para aportar a la causa. Negó haber favorecido a Martínez Sosa desde su función pública.

    La causa involucra a 51 personas y empresas y esta semana la Cámara Federal porteña revocó la inhibición general de bienes sobre los imputados, considerando que no hay indicios de fuga ni ocultamiento de bienes.

    Desde que Casanello asumió el expediente, se abrieron nuevas líneas de investigación, incluyendo a Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex jefe de la residencia de Olivos y allegado al expresidente, sobre quien se solicitó un informe patrimonial desde 2015.

    El informe de PROCELAC, pieza clave en la causa, detalla la relación comercial y fiscal de Martínez Sosa con Fernández, con retenciones por locación de servicios y funciones societarias.

    Ahora, la resolución sobre la situación procesal de Alberto Fernández está en manos del juez Casanello, mientras el expediente continúa sumando declaraciones y medidas de prueba.

  • Alberto Fernández explicó sus vínculos con el broker de los seguros

    Alberto Fernández explicó sus vínculos con el broker de los seguros

    El expresidente Alberto Fernández rechazó este viernes las acusaciones en su contra en la causa Seguros, reiteró que trató de implementar una política pública vinculada a las pólizas para organismos y negó haber tenido participación en contrataciones de manera particular. La declaración del ex mandatario fue ante el juez Sebastián Casanello.

    Fernández amplió su declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la investigación donde está acusado por supuesta defraudación y pidió más medidas de prueba, entre ellas la citación como testigos de Vilma Ibarra, Miguel Pesce, el ex ministro de Economía Martín Guzmán y el ex canciller Santiago Cafiero.

    El magistrado había reimplantado el 9 de abril último la inhibición general de bienes a Fernández y otro medio centenar de personas físicas y jurídicas en el marco de la investigación del caso Seguros.

    Casanello asumió la subrogancia del juzgado federal 11, donde se lleva el caso y todavía está pendiente de resolución la situación procesal de Fernández y el resto de los acusados, que ya fueron indagados en la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).

    En la decisión en la que se dispuso volver a inhibir bienes, el juez entendió que hay estado de sospecha suficiente ya que fueron indagados al disponer la medida sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro de los involucrados.

    La medida abarcó a Fernández, al broker investigado como beneficiario de las maniobras Héctor Martínez Sosa, y a la esposa de éste y ex secretaria privada del ex mandatario María Cantero, entre otros.

  • Bomba judicial: Fabiola Yáñez pedirá 12 años de cárcel para Alberto Fernández por violencia de género

    Bomba judicial: Fabiola Yáñez pedirá 12 años de cárcel para Alberto Fernández por violencia de género

    Una denuncia que sacude al poder. La expareja del expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, pedirá 12 años de prisión en el marco de la causa por violencia de género que ya fue elevada a juicio. Así lo confirmaron desde la querella a Infobae, en lo que promete ser uno de los procesos judiciales más resonantes de los últimos tiempos.

    La acusación, impulsada por el fiscal Ramiro González, incluye dos episodios de lesiones leves agravadas, uno de lesiones graves agravadas y otro de amenazas coactivas, todos en concurso real. Los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos y en el departamento de Puerto Madero que habitaba Fernández. La denuncia fue radicada en agosto de 2024 y, desde entonces, la investigación reunió pruebas clave que ahora ponen al exmandatario en la antesala de un juicio oral federal.

    “La investigación está completa”, aseguró Mauricio D’Alessandro, uno de los abogados de Yáñez, quien explicó que los testigos presentados por la defensa “no niegan la violencia, solo hablan del buen carácter” del expresidente. Según D’Alessandro, el pedido de pena de 12 años de prisión efectiva será oficializado en los alegatos.

    Entre las pruebas reunidas se incluyen peritajes forenses sobre el teléfono y la tablet de Fernández, claves para reconstruir el contexto de la relación. Para el fiscal González, existió un patrón sistemático de violencia psicológica ejercido por Fernández sobre Yáñez desde al menos el año 2016, marcado por acosos, insultos, control, indiferencia y hostigamiento.

    La defensa del expresidente: “Si alguien fue agredido, fui yo”

    Por su parte, la defensa de Alberto Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, buscará frenar el avance hacia el juicio planteando nulidades procesales. En su declaración indagatoria de febrero de este año, el exmandatario rechazó todas las acusaciones y se declaró víctima: “Si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo”, sostuvo.

    Incluso, planteó que las imágenes de los moretones en el cuerpo de Yáñez podrían haber sido provocadas por ella misma “producto del alcohol” o utilizadas “como parte de una maniobra de extorsión”. “En sus momentos de embriaguez, se ponía violenta. Yo solo me defendía”, agregó Fernández en su escrito.

    ¿Qué sigue ahora?

    El juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Nº11, deberá decidir si acepta el requerimiento de elevación a juicio. Mientras tanto, Yáñez reside en Madrid junto a su hijo, desde donde seguirá el proceso judicial.

    Con esta causa, por primera vez en la historia democrática argentina, un expresidente podría enfrentar una condena por violencia de género. El juicio promete ser una prueba de fuego no solo para el sistema judicial, sino también para una sociedad que reclama respuestas frente a los casos de violencia en lo más alto del poder.

  • Querella de Fabiola Yañez podría pedir hasta 12 años de cárcel para Alberto Fernández

    Querella de Fabiola Yañez podría pedir hasta 12 años de cárcel para Alberto Fernández

    La querella de Fabiola Yañez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, podría llegar a pedir hasta 12 años de prisión en el futuro juicio oral contra el ex presidente, el máximo de la pena prevista para los delitos por los cuales buscará que se lo acuse.

    El fiscal federal Ramiro González dio por finalizada este lunes la investigación e inició la ronda de consultas para enviar el caso a sorteo de Tribunal Oral y, tanto la querella como la defensa, tienen seis días hábiles para presentar por escrito su opinión al respecto, aunque podrían pedir prórroga, informaron fuentes judiciales.

    Hasta el momento, ninguna de las partes concretó ese paso necesario para que luego el juez del caso Julián Ercolini resuelva si hace lugar al planteo fiscal y envía la causa a juicio.

    La querella de Fabiola Yañez a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro contestará a la notificación fiscal dentro de ese plazo y pedirá que se juzgue al ex presidente por delitos que contemplan penas de 4 a 12 años de prisión, anticiparon fuentes del caso.

    Recién al término del juicio y a la hora de su alegato, quedará en condiciones de reclamar la pena máxima de 12 años de cárcel si considera que en el debate oral quedaron probadas las acusaciones. Ya sea reclamando la pena mínima o algún otro monto, de cualquier forma se trata de expectativas de condenas que contemplan la prisión efectiva.

    Fernández está procesado por lesiones leves en dos oportunidades y graves en una, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género, relación asimétrica de poder y amenazas con un embargo de diez millones de pesos.

    El fiscal federal González dio por cerrada ayer la investigación «sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba» por entender que todas las necesarias y «pertinentes» ya se hicieron.

  • Avanza la causa contra Fabiola Yañez por difundir videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

    Avanza la causa contra Fabiola Yañez por difundir videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que la causa iniciada por el expresidente Alberto Fernández contra su expareja, Fabiola Yañez, seguirá tramitándose en el fuero criminal y correccional, es decir, ante la Justicia ordinaria.

    Fernández denunció a Yañez por el presunto delito de violación de secreto, tras la divulgación de filmaciones privadas grabadas durante su gestión presidencial. En esas imágenes aparece junto a Tamara Pettinato, en situaciones informales dentro de la residencia presidencial.

    Qué dicen las partes: acusaciones cruzadas

    La denuncia de Alberto Fernández

    En su presentación inicial, radicada en el Juzgado Federal N°9, Fernández sostuvo que Yañez accedió a contenido privado a través de un teléfono celular que él había entregado a su hijo de dos años, Francisco, para que viera videos y escuchara música.

    Según Fernández, desde ese dispositivo la ex primera dama obtuvo dos videos que luego habrían sido filtrados a los medios. En las grabaciones, tomadas por el propio exmandatario, se lo ve en actitud distendida con Pettinato, compartiendo cerveza y conversaciones en tono de coqueteo.

    La respuesta judicial

    La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó un pedido de Fernández para limitar la difusión del material por parte de los medios, al considerar que no correspondía ordenar una medida general de censura. Luego, se declaró incompetente y derivó la causa al fuero ordinario.

    El expediente pasó por sorteo al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4, decisión que fue respaldada por la Procuración General y ahora confirmada por la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

    Contexto: conflicto personal y exposición pública

    Las filmaciones fueron difundidas en paralelo a la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez presentó contra Alberto Fernández, también en sede judicial. El caso generó repercusión pública por involucrar aspectos de la vida privada de un expresidente en funciones.

    Las imágenes provocaron críticas hacia Fernández por permitir ese tipo de encuentros mientras ejercía el cargo de jefe de Estado, en un entorno privado pero oficial como la residencia de Olivos.

  • Un exfuncionario de Alberto Fernández y militantes K, identificados por el ataque a TN

    Un exfuncionario de Alberto Fernández y militantes K, identificados por el ataque a TN

    La furia militante: del apoyo en redes a la violencia en la calle

    José Lepere, quien se desempeñó como secretario del Interior durante la gestión de Wado de Pedro en el Ministerio del Interior, fue uno de los cuatro hombres identificados por la Policía de la Ciudad como parte del grupo que causó graves destrozos el pasado martes 10 de junio en El Trece y Todo Noticias. Horas antes del ataque, Lepere ya manifestaba su fanatismo por Cristina Kirchner en redes sociales, con publicaciones como «Bancando a Cristina» y «Van a seguir viendo peronismo hasta el fin de sus vidas. Nos van a encontrar más organizados que nunca. Vamos a estar junto a Cristina, siempre».

    Poco después, la Justicia lo señaló como uno de los que irrumpió en las instalaciones de Artear, sembrando el caos y causando daños millonarios en pantallas, vitrinas, vehículos y mobiliario. Las imágenes de la destrucción se viralizaron, mostrando la escalada de violencia que se generó en un contexto de alta tensión política.

    La ascendente carrera y el llamativo patrimonio del exfuncionario K

    Lepere, de 49 años, cuenta con un extenso currículum en la política, habiendo ocupado cargos como prosecretario de Coordinación Operativa del Senado, subsecretario general de la Presidencia y presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria. Además, fue candidato a senador provincial en 2019 y actualmente organiza las actividades de La Cámpora en Almirante Brown.

    Pero no solo su trayectoria política llama la atención, sino también su crecimiento patrimonial. De acuerdo a sus declaraciones juradas, en una década su fortuna pasó de $267.249 en 2013 a más de $20 millones en 2022, incluyendo la compra de un Volkswagen Gol, un Ford Fiesta y una camioneta Volkswagen Nivus. Un incremento que, en este contexto de polémica, genera más interrogantes.

    Más militantes K identificados y la detención de un implicado

    La investigación no se detiene en Lepere. Otros tres militantes de La Cámpora fueron identificados por la Justicia: Facundo Lococo, exconcejal de Tres de Febrero, quien antes del ataque ya había despotricado contra el canal en redes; Rubén Ezequiel Pavón, consejero de la Universidad de Tres de Febrero; y Matías Federici, director de Estadística Penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires.

    Por el momento, el único detenido por el ataque es Alberto Grasso Rivaldi, de 34 años, quien fue arrestado en la madrugada del 11 de junio, horas después de los incidentes.

    Este episodio pone de manifiesto la exacerbación de la grieta política en el país y el peligroso camino que se abre cuando la militancia cruza la línea de la violencia. ¿Qué nuevas revelaciones saldrán a la luz sobre este ataque y sus responsables?

  • Alberto Fernández está en pareja con una exdiputada del PRO

    Alberto Fernández está en pareja con una exdiputada del PRO

    En medio de un escenario judicial cada vez más adverso y con bajo perfil desde que dejó la Casa Rosada, Alberto Fernández vuelve a ser noticia, aunque esta vez por su vida personal. Versiones periodísticas indican que el exmandatario estaría iniciando una relación sentimental con Anabella Hers, exdiputada nacional del PRO.

    La información fue revelada por el periodista Rodis Recalt en el programa ¿Y mañana qué?, que se emite por TN. Según detalló, Fernández y Hers se conocen desde hace más de dos décadas, aunque habrían comenzado su vínculo amoroso recientemente.

    Anabella Hers es abogada y actualmente ocupa el cargo de directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se la habría visto con frecuencia en el departamento que Fernández posee en Puerto Madero, donde vive desde que su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yáñez lo denunció por violencia de género.

    Incluso, Hers habría sido observada en algunos recorridos por la ciudad escoltada por personal de custodia oficial, asignado al expresidente.

    La noticia se conoció en un contexto judicial complejo para Fernández. Además de la denuncia de Yáñez, enfrenta otras causas judiciales relacionadas con su gestión. Hasta el momento, el exjefe de Estado no hizo declaraciones públicas ni sobre las investigaciones en su contra ni sobre esta nueva presunta relación.