Sudamérica necesita elevar su inversión anual en energía limpia hasta 500.000 millones de dólares para cumplir los objetivos de transición energética hacia 2050, advirtió la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en su último informe presentado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebra en Brasil.
El organismo señaló que la región solo atrajo 58.000 millones de dólares en 2024, lo que representa apenas el 2,5% de los 2,4 billones de dólares invertidos globalmente en el sector.
Esta brecha, indicó IRENA, refleja la urgencia de movilizar capital público y privado, mejorar la planificación energética regional y establecer marcos regulatorios más previsibles para atraer inversiones sostenibles.
“América del Sur tiene un potencial extraordinario en recursos renovables, pero necesita una visión compartida y una arquitectura financiera capaz de canalizar las inversiones a la escala requerida”, subraya el informe.
Según las proyecciones, acelerar la transición energética podría incrementar el PIB regional en un 1,1% anual adicional entre 2023 y 2050 respecto de los escenarios actuales, además de crear más de 12 millones de empleos en el sector energético.
En 2024, el mundo agregó un récord de 582 gigavatios (GW) de capacidad renovable, de los cuales Sudamérica aportó 23 GW, consolidando su posición como una de las regiones más competitivas en costos para la generación solar e hidroeléctrica. Sin embargo, para alcanzar las metas de descarbonización, el continente deberá instalar 55 GW adicionales por año, más del doble de la tasa actual.
IRENA estima que el 98,5% de la electricidad regional podría provenir de fuentes renovables hacia 2050, con la energía solar y eólica liderando la expansión. Para lograrlo, recomienda fortalecer seis factores clave: la estrategia regional, la gobernanza, las capacidades laborales, el financiamiento, la infraestructura y la planificación energética.
En las últimas cumbres climáticas, la cuestión del financiamiento ha sido un eje recurrente.
Durante la COP28 (Dubái, 2023), IRENA ya había advertido que América Latina y el Caribe recibían menos del 4% del flujo mundial de inversiones en energías renovables, pese a disponer de algunos de los recursos naturales más abundantes del planeta.
En tanto, en la COP29 (Bakú, 2024), los países latinoamericanos reclamaron mayor acceso a fondos de transición justa y mecanismos de compensación por la pérdida de biodiversidad y vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.
La COP30, primera en realizarse en Sudamérica desde la COP20 en Lima (2014), reaviva el debate sobre el papel estratégico de la región en la descarbonización global, no solo como proveedora de materias primas críticas —litio, cobre, hidrógeno verde— sino también como potencial líder en energía limpia y manufactura verde.
IRENA advierte que, sin una acción concertada, el riesgo es quedar rezagados en la carrera tecnológica y financiera que impulsa la nueva economía energética mundial.
El informe concluye que la transición energética en Sudamérica no es solo un desafío ambiental, sino una oportunidad económica y social sin precedentes.
“Cada dólar invertido en energías limpias puede generar retornos múltiples en crecimiento, empleo y resiliencia climática”, sostiene el organismo.
El llamado de IRENA llega en un momento clave, cuando los países de la región buscan definir una agenda común de transición justa, que combine sostenibilidad, competitividad e inclusión social.
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