La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, expuso en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados los lineamientos centrales de la propuesta para sancionar una nueva ley de energías renovables, con el objetivo de dar continuidad al marco regulatorio que vence en diciembre de este año. La funcionaria sostuvo que el nuevo régimen buscará actualizar el esquema normativo al contexto actual, donde el eje de la política energética ya no es la promoción subsidiada, sino la estabilidad fiscal y la previsibilidad a largo plazo para los inversores.
La Ley 27.191 de Energías Renovables, promulgada hace una década, fue definida por Tettamanti como “fundamental para impulsar el desarrollo del sector en un momento en que las tecnologías eran poco competitivas”.
Gracias a ese régimen, la funcionaria destacó en su visita del último jueves a Diputados que “hoy más del 17% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables, con una proyección de alcanzar el 20% en 2026”. Sin embargo, argumentó que el escenario cambió drásticamente: “Los costos de estas tecnologías bajaron y ya no requieren el mismo nivel de incentivos que hace una década”.
La modificación normativa propuesta por el Gobierno busca adecuar el marco al nuevo escenario tecnológico y económico, y el concepto central de la nueva legislación pasa de la promoción directa a la estabilidad y previsibilidad tributaria.
Este esquema prevé una extensión por 20 años de la seguridad fiscal para proyectos tanto existentes como futuros, lo que, según la secretaria, significa “no crear nuevos impuestos ni gravámenes, ni a nivel nacional, provincial o municipal”.
El beneficio directo de esta estrategia es dar certidumbre a los inversores y fortalecer un “entorno competitivo, sostenible y previsible”. De acuerdo con la visión oficial, las energías renovables ya demostraron que “pueden competir en igualdad de condiciones con otras fuentes”.
Por ello, se entiende que “el mejor incentivo a la inversión es reducir riesgos mediante estabilidad macroeconómica, reglas claras y baja carga impositiva”, y adicionalmente, la libre elección de proveedores permitirá a las empresas “optar según precio, criterios ambientales o corporativos”. El objetivo final de la nueva ley es que la energía en la Argentina sea “más barata y accesible para todos los consumidores”.
En su presentación ante los legisladores, Tettamanti también abordó la crítica necesidad de expandir la capacidad de transporte eléctrico, un cuello de botella que limita la integración de nuevos proyectos de generación. La funcionaria aseguró que ya se definieron las obras más relevantes para ampliar la capacidad, señalando que en la ciudad y el Gran Buenos Aires la red “está casi en el límite” por años de desinversión que no acompañó el crecimiento de la demanda.
Para financiar estos trabajos de infraestructura, la Secretaría de Energía implementará un modelo donde el Estado nacional llevará adelante una licitación, pero la inversión será íntegramente del sector privado. “Estamos apostando al financiamiento privado y como son proyectos de muy largo plazo estamos trabajando también con organismos internacionales. No queremos comprometer los fondos públicos”, enfatizó Tettamanti.
A modo de estimación, la secretaria cuantificó la potencial inversión para la ampliación del transporte en el Gran Buenos Aires en alrededor de US$ 1.000 millones, aunque aclaró que “obviamente el precio lo va a terminar poniendo el resultado de una licitación”. La clave para atraer este capital, reiteró, es la seguridad jurídica: “Cuando los inversores ven que hacen la inversión y que van a poder repagar esa inversión, que es de muy largo plazo, y que no va a haber cambios en las reglas del juego, invierten”.
Tanto el Gobierno como la industria destacan el aporte de la Ley 27.191, sancionada en 2015 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reglamentada en 2016 bajo la gestión de Mauricio Macri y que tuvo continuidad en cuatro gestiones distintas. Así, el país experimentó en estos diez años un desarrollo en energías renovables que hoy tiene una participación superior al 17% del total nacional de las fuentes de la matriz de generación.
Este crecimiento fue posible gracias a un marco regulatorio favorable dado por la ley 27.191, cuya continuidad permite al sector proyectar inversiones significativas que se estiman en no menos de US$ 5.000 millones en proyectos ya listos.
La Cámara Eólica Argentina (CEA) estimó oportunamente que entre 2016 y 2025, el país ahorró más de US$ 10.000 millones en sustitución de importaciones de combustibles fósiles, con una capacidad instalada que en la primera mitad de este año superó los 7.000 MW, de los cuales 4.700 MW fueron de generación eólica.
En los últimos tres a cuatro años, el crecimiento sostenido del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) fue el motor de esta matriz energética verde. Ese mercado alcanza hoy al 6% de la demanda total, a partir del dinamismo del sector corporativo, que explica la totalidad de los nuevos proyectos que se vienen inaugurando, a pesar de las limitaciones técnicas que ofrece la capacidad de transporte de las redes eléctricas.
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