En un paso considerado clave para la sostenibilidad de la actividad hidrocarburífera, el Gobierno Nacional y la provincia de Chubut firmaron un acta de entendimiento que inicia el proceso de eliminación de las retenciones aplicadas a las exportaciones de petróleo convencional.
El gobernador Ignacio Torres calificó el entendimiento como “el primer acuerdo de baja de presión fiscal entre Nación, la provincia, los gremios y las operadoras petroleras”.
Del encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.
El entendimiento establece que el Gobierno Nacional avanzará en la quita progresiva del 8% de derechos de exportación que hasta ahora gravaba al crudo convencional. La medida pretende dar previsibilidad a las inversiones, sostener la actividad en cuencas maduras y preservar el empleo directo e indirecto ligado a la industria.
Según lo acordado, la iniciativa comenzará en Chubut y se extenderá de forma gradual al resto de las provincias productoras.
El esquema se apoya en compromisos recíprocos:
- Estado Nacional: adecuará el régimen de derechos de exportación, avanzando en su eliminación para el crudo convencional.
- Provincia de Chubut: continuará ajustando regalías y cánones; Torres detalló que el convenio implica “cuatro puntos de regalías”. Además, la provincia promoverá la eliminación de sellos para la constitución y capitalización de empresas, y la supresión del impuesto inmobiliario para el sector agropecuario.
- Empresas Operadoras: garantizarán la continuidad de la producción y de los planes de inversión.
- Sindicatos: se comprometen a acompañar con medidas que mejoren la competitividad en los yacimientos.
El ahorro fiscal resultante se destinará a reactivar inversiones en una cuenca madura con fuerte declinación. Se priorizarán proyectos para incrementar la producción convencional, reactivar pozos y equipos, mejorar la eficiencia operativa y sostener puestos de trabajo.
Funcionarios nacionales remarcaron que la política apunta a un “triple beneficio: alivio fiscal, más producción y más empleo”, además de contribuir a estabilizar el precio del combustible. Desde la Secretaría de Energía advirtieron que, sin esta medida, Argentina podría haberse visto obligada a importar crudo pesado en los próximos tres años.
Manuel Adorni resumió la postura del Ejecutivo: “menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos”. Para Torres, el acuerdo representa “un hecho político, más allá del impacto fiscal”. El esquema prevé la creación de una mesa de competitividad permanente.
La decisión también fue celebrada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien consideró que la eliminación de retenciones para el crudo convencional con precios inferiores a US$ 65 por barril “mejorará la sustentabilidad y competitividad de la actividad hidrocarburífera nacional”.
Figueroa recordó que Neuquén ya había reducido regalías e ingresos brutos para la producción convencional, como parte del Programa para la Reactivación de la Producción Convencional iniciado el 23 de septiembre.
Señaló que el esfuerzo busca sostener puestos de trabajo y mantener el volumen de inversiones, y pidió que estas medidas se extiendan al resto de las provincias productoras.
La Secretaría de Energía, por su parte, explicó que la producción convencional requiere menor inversión inicial que la no convencional, pero tiene menor rendimiento y suele estar a cargo de empresas más pequeñas, por lo que la reducción de la presión tributaria resulta estratégica.
Hasta ahora, el esquema de retenciones era móvil: 0% con un precio internacional de US$ 45 y hasta 8% cuando supera los US$ 60. Con precios actuales por encima de ese valor, las exportaciones de convencional pagaban la alícuota máxima.
La modificación prevista eliminará ese gravamen para la producción convencional, aunque el alcance final se conocerá una vez publicado el decreto correspondiente.
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