El Consejo Provincial de Educación presentó una guía para intervenir ante amenazas en escuelas de Neuquén, con el objetivo de establecer criterios de actuación frente a posibles hechos de violencia. El documento fue elaborado por el Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas y define pautas que alcanzan a todos los niveles del sistema educativo.
La iniciativa se inscribe en lo acordado por el Cuerpo Colegiado del organismo, que fijó la necesidad de contar con herramientas comunes para responder ante situaciones emergentes en los establecimientos. El material toma como referencia lineamientos federales y propone criterios que se ajustan según el contexto de cada caso, con intervención de distintas áreas del Estado.
Desde el área educativa explicaron que el trabajo comenzó en febrero con instancias de capacitación y articulación con defensores de la provincia. También confirmaron que se programaron encuentros interinstitucionales para profundizar los abordajes. La propuesta incorpora procedimientos para dar aviso por vía jerárquica y establece mecanismos de comunicación que priorizan la privacidad de las personas involucradas.
La ministra de Educación, Soledad Martínez, se refirió a los casos registrados y al abordaje previsto ante amenazas: “Nos permite un abordaje individual; en cada una de las situaciones que hemos recibido este abordaje implica vincularnos con otras instituciones también, en algunos casos con la Defensoría del niño -niña y adolescente-, en otros casos con fiscalía o con la policía, en otros con salud mental de salud pública, y en otros con todos estos dispositivos”.
En relación a las medidas posibles, la funcionaria señaló diferencias con otras jurisdicciones: “De momento no estamos pensando en tomar una medida que de alguna manera uniforme lo que pasa en las escuelas de la provincia”. También explicó que la evaluación de cada situación se realiza de forma constante y que el objetivo es sostener la asistencia en los establecimientos.
La guía establece categorías de escenarios de distinta gravedad ante amenazas y define qué organismos deben intervenir en cada caso, entre ellos fuerzas de seguridad, fiscalía, defensoría y servicios de salud. El documento también incluye estrategias posteriores a los hechos, con pautas para el retorno a las actividades escolares y la comunicación institucional.
