La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó este viernes al mediodía al Aeropuerto de Comodoro Rivadavia, donde fue recibida por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Desde allí, la funcionaria se trasladó por tierra hacia Río Mayo, localidad donde residió durante su adolescencia en 1987, cuando su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, se desempeñaba como segundo jefe del Regimiento de Infantería 31.
Villarruel no se mostró ante la prensa durante su llegada y se dirigió directamente al vehículo que la trasladó hacia Río Mayo. Su visita se enmarca en la celebración del 90º aniversario de la ciudad, que incluye un programa de actos culturales, desfiles y actividades comunitarias a lo largo de la jornada.
Tras participar de los eventos en Río Mayo, la vicepresidenta regresará a Comodoro Rivadavia por la tarde, donde pasará la noche. Su estadía en Chubut se extenderá hasta el sábado, cuando retornará a Buenos Aires.
El piso salarial de los trabajadores del Congreso se actualizará tras el cierre de una nueva paritaria y, como consecuencia, se disparará automáticamente un incremento en las dietas de los senadores. Según pudieron confirmar medios nacionales, a fin de año los legisladores percibirán alrededor de $10,2 millones en bruto.
La suba se deriva de la votación que tuvo lugar en abril de 2024, cuando los senadores aprobaron a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó una cláusula que ató sus haberes a las paritarias de los empleados legislativos.
Con la aplicación de la cláusula, en noviembre el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que llevará la dieta a $10.216.000 en bruto. En la actualidad, los senadores cobran poco más de 9 millones de pesos quienes habían renunciado al incremento de junio, y 9,5 millones quienes lo aceptaron.
Renuncias parciales al aumento
Tras la polémica generada en junio, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó un decreto en el que habilitaba a los senadores a renunciar “total o parcialmente” a la actualización.
Sin embargo, solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente. Del interbloque kirchnerista, que conduce José Mayans, únicamente renunció Fernando Rejal, mientras que Alicia Kirchner quedó exceptuada al percibir su jubilación. El resto de los 32 integrantes mantuvo la suba.
A este grupo se sumaron legisladores provinciales como Lucila Crexell (Las Provincias Unidas), Natalia Gadano (Por Santa Cruz) y Francisco Paoltroni (LLA-Formosa), en este último caso porque su sueldo se encuentra embargado por la provincia.
Quiénes rechazaron el aumento de junio
Entre los que formalmente renunciaron al incremento figuran nombres como Martín Lousteau, Luis Juez, Carolina Losada, Alfredo De Angeli, Guadalupe Tagliaferri, José María Carambia y Juan Carlos Romero, entre otros.
En total, fueron más de 35 los senadores que optaron por mantener sus dietas sin la última actualización. No obstante, con el nuevo aumento derivado de la paritaria, quienes no renuncien verán reflejada en sus recibos una cifra que superará los 10 millones de pesos brutos mensuales.
El nuevo incremento en las dietas de los senadores que llegará a fin de año.
BUENOS AIRES (NA) — El piso salarial de los trabajadores del Congreso se actualizará tras el cierre de una nueva paritaria, por lo que se disparará de forma automática un nuevo incremento en las dietas de los senadores que llegará a fin de año a los 10,2 millones de pesos.
El incremento en los recibos de los legisladores tendrá lugar después de que, en abril de 2024, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó una cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los propios empleados legislativos.
Para noviembre de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que elevará la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto.
Actualmente, la percepción es de poco más de 9 millones de pesos en bruto para aquellos que habían renunciado al último incremento, en junio, y de 9,5 millones para quienes no lo hicieron.
Solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para efectuar la renuncia.
Villarruel dictó un decreto en el que invitaba a los legisladores a “adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas”, después de haber quedado en el ojo de la tormenta por el silencio del cuerpo legislativo ante otra actualización salarial.
Del interbloque kirchnerista, que presidente José Mayans, solo renunció al aumento de junio el senador Fernando Rejal; la senadora que también quedó exceptuada fue Alicia Kirchner, ya que percibe su jubilación, y el resto de los 32 integrantes no había desistido del aumento.
A este lote se le sumaron otros provinciales como la neuquina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa, confirmó a NA.
A continuación, la nómina de quienes renunciaron al aumento en junio pasado:
Maximiliano Abad (UCR); Bartolomé Abdala (LLA); Carmen Álvarez Rivero (PRO); Carlos Arce (Frente de la Concordia); Ivanna Arrascaeta (LLA); Ezequiel Atauche (LLA); Vilma Bedia (LLA); Pablo Blanco (UCR); José María Carambia (Por Santa Cruz); Andrea Cristina (PRO).
Alfredo De Angeli (PRO); Carlos Espínola (Las Provincias Unidas); Flavio Fama (UCR); Eduardo Galaretto (UCR); Martín Goerling (PRO); Victoria Huala (PRO).
Luis Juez (PRO); Mariana Juri (UCR); Daniel Kroneberger (UCR); Carolina Losada (UCR); Martín Lousteau (UCR); Stella Maris Olalla (UCR); Bruno Olivera Lucero (LLA); Juan Carlos Pagotto (LLA); Sonia Rojas Decut (Frente de la Concordia); Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas); Fernando Rejal (Convicción Federal).
Vuelven a subir los sueldos de los senadores: pasarán los $10,2 millones en bruto desde noviembre
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Es por la reciente actualización paritaria de los empleados del Congreso para los próximos meses. Los legisladores de la Cámara alta están atados a dicho mecanismo
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En medio de una sesión compleja para el Gobierno en el Senado, se cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y los legisladores que integran la Cámara alta pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto, según las estimaciones realizadas por Infobae en base al flamante acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.
¿Cómo se arriba a dicha cifra? En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto del Senado. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000.
En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.
Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien primero dudó -cuándo no- y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.
En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de $9,5 millones en bruto. Esto generó el repudio de varios bloques, en particular, del Frente de Todos.
Villarruel invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.
Desde varias bancadas -La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y algunos silvestres provinciales- se desprendieron de dicho aumento y habrá que ver qué harán con el de las últimas horas. Casi todo el kirchnerismo no lo hizo -como adelantó este medio, excepto el riojano Fernando Rejal y Kirchner, que cobra su jubilación-, así como la oscilante santacruceña Natalia Gadano -de opositora a aliada del Gobierno libertario según el día-, quien fue consultada en reiteradas oportunidades en junio, sin respuesta desde su despacho. En la información oficial, no aparece entre las renunciantes. En resumidas cuentas, casi partidos en mitades.
En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, respectivamente. En tanto, para septiembre, octubre y noviembre, el porcentaje será -para cada mes- de 1,2%, con un bono remunerativo de $20.000. Un acumulado de 7,52%. De esta manera, el módulo quedará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 de las dietas es que se llega a los más de $10,2 millones en bruto, sin los descuentos correspondientes -como Ganancias- que disminuirán el sueldo en mano de cara a los primeros días de diciembre.
Durante la corriente semana, el líder del gremio APL, el kirchnerista Norberto Di Próspero -respetado por muchos y temido por tantos otros-, arrasó y fue reelecto. Es una buena noticia para Villarruel y también para el titular de Diputados, Martín Menem. Quienes conocen el paño deslizan que las relaciones, a pesar de las “quejas” de los sindicatos por los sueldos, es más que cordial.
Los senadores de la Nación pasarán a cobrar un salario bruto de más de 10,2 millones de pesos a partir del mes de noviembre. En un escenario de tensión entre el Congreso y el Gobierno de Javier Milei, llega un nuevo incremento de las dietas, ya que los haberes se encuentran atados a la paritaria de los empleados del Poder Legislativo.
El acuerdo salarial fue cerrado con la Asociación de Empleados Legislativos (APL) e incluye un aumento escalonado del 1,2% para los meses de septiembre, octubre y noviembre.
A esto se le suma el retroactivo del 1,3% que se les otorgó a los trabajadores para los meses de junio, julio y agosto, totalizando un acumulado del 7,52% en el período.
El valor de 10,2 millones de pesos es el salario bruto de los senadores, sin los descuentos correspondientes a jubilación, obra social y el Impuesto a las Ganancias. A partir del aumento, el valor del módulo que se utiliza para fijar los salarios se ubica en 2.554 pesos, que al multiplicarse por los 4.000 módulos que tienen las dietas, da el total de los 10,2 millones.
Los antecedentes de la polémica por los aumentos a senadores
La discusión sobre las dietas de los senadores no es nueva. En mayo de 2024, los legisladores habían aprobado un nuevo esquema de salarios por módulos, que despertó fuertes críticas en la opinión pública. Como respuesta, decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre, lo que evitó que en ese momento las dietas se elevaran a 8,9 millones de pesos brutos.
Sin embargo, a partir de marzo de este año, al vencer el decreto que los mantenía congelados, los sueldos pasaron de 7,5 a 9 millones de pesos. A esta cifra se incorporaron las subas otorgadas a los empleados legislativos en enero y febrero, además de un incremento del 6,6% de julio y agosto del año anterior, que no se había aplicado por la decisión de Villarruel.
La titular del Senado, Victoria Villarruel, intentó sin éxito desenganchar las dietas de los legisladores del aumento de los empleados, pero la propuesta no prosperó. Según trascendió, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, junto a la mayoría de los senadores federales, pidieron no recibir el último aumento de junio, julio y agosto. Por su parte, el bloque peronista no se pronunció al respecto.
Tensión entre el Congreso y el Gobierno de Javier Milei
Este nuevo incremento de las dietas se da en un contexto de creciente tensión entre el Senado y el Gobierno de Javier Milei. La relación se tensó aún más luego de que la Cámara alta rechazara decretos delegados del presidente y avanzara con la derogación del veto a la ley de emergencia en discapacidad, en una jornada adversa para el oficialismo.
El Presidente acusó al kirchnerismo de tener «secuestrado al Congreso» y de buscar quebrar al Estado, lo que profundizó la brecha entre ambos poderes. La decisión de los senadores de avanzar con el aumento, mientras en el recinto se debaten temas sensibles, pone de manifiesto el estado de la relación entre ambos poderes del Estado.
Los senadores nacionales verán nuevamente incrementados sus sueldos a partir de noviembre, cuando las dietas superen los $10,2 millones en bruto. El aumento se desprende de la última actualización paritaria de los empleados legislativos, a la cual están atados directamente los haberes de los integrantes de la Cámara alta.
El sistema vigente fue aprobado en abril de 2024, con acuerdo entre oficialismo y oposición. Establece que el salario de los senadores se compone de 2.500 módulos básicos, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo, lo que totaliza 4.000 módulos.
El adicional por desarraigo lo perciben casi todos los legisladores, con excepción de cuatro senadores que residen en la Ciudad de Buenos Aires o que renunciaron voluntariamente a ese concepto. A ello se suma que el año pasado se incorporó una dieta extra a las 12 existentes, como forma de compensar el aguinaldo. Una de las excepciones sigue siendo Alicia Kirchner, quien optó por conservar su jubilación en lugar de percibir la dieta completa.
Los incrementos
En junio de este año, con la paritaria anterior, el sueldo bruto de los senadores había trepado a $9,5 millones. En esa ocasión, la decisión desató un fuerte debate político y llevó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a firmar una resolución que permitía a los legisladores adecuar total o parcialmente sus dietas, notificando a Presidencia.
Algunos bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR y legisladores provinciales rechazaron la suba, mientras que la mayoría del kirchnerismo no lo hizo, salvo casos aislados como el riojano Fernando Rejal.
La nueva paritaria contempla aumentos escalonados:
1,3% en junio, julio y agosto, con un bono remunerativo de $25.000.
1,2% en septiembre, octubre y noviembre, con un bono remunerativo de $20.000.
En total, el incremento acumulado es del 7,52%. Con este esquema, el valor del módulo pasó a $2.554. Al multiplicarse por 4.000 módulos, la dieta alcanza los $10,2 millones en bruto.
A pesar de la cifra, los senadores no percibirán en mano la totalidad del monto, ya que deben aplicarse descuentos por impuestos y aportes previsionales. El sueldo neto a cobrar a partir de diciembre será inferior, aunque igualmente se ubicará en un nivel muy por encima de los ingresos promedio de la administración pública y del sector privado.
La Cámara de Senadores sesiona este jueves con un temario que anticipa nuevas derrotas para el oficialismo. La oposición reúne los votos necesarios para aprobar proyectos vinculados a la emergencia pediátrica —que incluye financiamiento para el Hospital Garrahan— y al presupuesto universitario, iniciativas que ya cuentan con media sanción de Diputados.
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Ambos proyectos son cuestionados por el gobierno de Javier Milei bajo el argumento de que implican un costo fiscal sin financiamiento asignado y que “atentan contra el equilibrio fiscal”. Sin embargo, la mayoría opositora logró reunir dos tercios para habilitar su tratamiento sobre tablas. En caso de ser sancionados, el Poder Ejecutivo anticipa que seguirán el mismo camino que otras leyes votadas en el Congreso: el veto presidencial.
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El temario incluye además el análisis de cuatro decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Todos ya recibieron el rechazo en la Cámara baja y, con el aval del Senado, quedarán sin efecto.
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21-08-2025 18:10
El Senado rechazó decretos delegados y un DNU de Milei
Con amplio apoyo opositor, el Senado rechazó hoy cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el gobierno del presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA.
De esta manera, esta serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quedaron sin efecto ya que tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.
21-08-2025 17:25
El congreso en la mira
La sesión en el Senado se da un día después de que Diputadosconvirtiera en ley la Emergencia en Discapacidad, tras no prosperar el veto presidencial. Esa votación dejó al descubierto fracturas internas en La Libertad Avanza y anticipó un escenario adverso en la Cámara alta.
La vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque, en la que se definió el temario. La oposición logró acelerar los tiempos gracias a que reunió los votos para habilitar el tratamiento inmediato de los proyectos dictaminados el martes en comisiones.
El oficialismo anticipó que, en caso de aprobarse, el Ejecutivo vetará nuevamente las normas. Sin embargo, el Congreso avanza en dejar sin efecto los decretos cuestionados, marcando otro revés legislativo para el Gobierno.
21-08-2025 18:10
El debate
El senador radical Pablo Blanco cuestionó la visión del Ejecutivo: “El Estado debe ser lo necesario, lo que necesite la gente y no lo menor posible. La arquitectura institucional no se destruye solo derogando leyes, también se vacía de contenido a los organismos que le dan vida”.
Por su parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) criticó la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). “Con esta medida se centraliza, se ataca al federalismo, a la producción y al prestigio del vino argentino. El INV no es un gasto, se autofinancia y ha llegado incluso a financiar al Tesoro Nacional”, sostuvo.
La senadora salteña Nora del Valle Giménez (UP) apuntó contra los cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos: “Se limitó la autarquía y la autonomía financiera. Esta decisión comprometió su independencia y su efectividad, cuando ha sido clave para la restitución de nietos durante más de tres décadas”. En la misma línea, Eduardo “Wado” de Pedro vinculó la medida con un retroceso en materia de derechos humanos: “Interrumpir la búsqueda de 300 niños que todavía faltan encontrar no es más que complicidad con la dictadura militar”.
La rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) centró su discurso en la eliminación de Vialidad Nacional: “Mi provincia es sumamente afectada por el desguace y la falta de obras. Esta política impacta sobre 43 mil kilómetros de rutas. La gente se muere en rutas deterioradas y de esto no se hace cargo nadie”.
Martín Lousteau (UCR) también criticó la política oficial: “La motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta. Esta concepción ideológica de que todo Estado es malo y toda regulación es mala impide gestionar. Lo que no saben gestionar, lo rompen”.
En medio de una semana de alta tensión en el Congreso, se conoció que las dietas de los senadores nacionales superarán los $10,2 millones en bruto a partir de noviembre. El incremento surge de la reciente actualización paritaria de los trabajadores legislativos, a la que están vinculados directamente los haberes de los integrantes de la Cámara alta.
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El cálculo se explica a partir del sistema aprobado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron que las dietas quedaran compuestas por 2.500 módulos —los mismos con los que se pagan los salarios de los empleados del Congreso—, más 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y otros 500 por desarraigo. En total, 4.000 módulos.
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En lo que respecta al desarraigo, solo cuatro senadores no perciben ese adicional. Además, el año pasado se sumó una dieta más a las 12 vigentes, con el fin de compensar el aguinaldo. Una de las pocas excepciones es Alicia Kirchner, que optó por mantener su jubilación en lugar de percibir la dieta completa.
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El aumento
En junio de este año, tras otra paritaria, los sueldos en la Cámara alta habían alcanzado los $9,5 millones en bruto. La decisión generó debates internos y llevó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a firmar una resolución en la que ofreció a los senadores la posibilidad de adecuar total o parcialmente sus dietas, comunicándolo a la Presidencia.
En esa oportunidad, referentes de bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR y algunos legisladores provinciales renunciaron al aumento. En cambio, la mayoría del kirchnerismo no lo hizo, salvo casos puntuales como el riojano Fernando Rejal.
La nueva paritaria prevé aumentos escalonados: un 1,3% en junio, julio y agosto con un bono remunerativo de $25.000; y 1,2% en septiembre, octubre y noviembre con un bono remunerativo de $20.000. El acumulado llega a 7,52%. De esta manera, el módulo se ubica en $2.554 y al multiplicarse por 4.000 se obtiene un haber superior a los $10,2 millones en bruto.
Con este nuevo esquema, los senadores nacionales percibirán más de $10,2 millones brutos desde noviembre, aunque los descuentos por impuestos y aportes reducirán el monto en mano a cobrar a partir de diciembre.
El Senado sesionará este jueves desde las 11 con un extenso temario que incluirá proyectos sobre financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes legislativas.
Así fue acordado este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria en la que participaron representantes de las bancadas, y que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
¿El Senado podrán votar la ley de emergencia en Discapacidad?
La Cámara de Diputados rechazó este miércoles por amplia mayoría el veto de la ley que declara la emergencia en Discapacidad, y quedó listo su envío a la Cámara alta, aunque primero debe ser comunicado por la Presidencia de Diputados, lo que impedirá un eventual tratamiento mañana en el recinto senatorial.
Decretos delegados: INTI, INTA, Vialidad Nacional y la Regulación de Transportes podría debatirse en el Senado
Entre los decretos delegados destacan aquellos que transforman al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado.
El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura: el Gobierno argumentó que en el funcionamiento de ese organismo hubo un “notorio sobredimensionamiento de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, y citó informes de la SIGEN que advertían sobre “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento.
Mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30% de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, un ratio “muy por encima de los estándares habituales”.
Uno de los puntos más controvertidos de los decretos delegados fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.
La Casa Rosada sostuvo que la estructura de Vialidad “no se ajusta a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad. Mencionó una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo, y afirmó que había mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.
El decreto reasignaba a su vez tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión a unidades dentro del Ministerio de Economía.
También disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público”, y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.
Las competencias de la ANSV se transferían a la Secretaría de Transporte, con la excepción del control y la constatación de infracciones en rutas nacionales, que quedaban a cargo exclusivamente de la Gendarmería.
En la misma línea, se reorganiza la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.
Lo mismo sucedería con la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia exclusivamente al transporte aéreo. Sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo eran suprimidas o reasignadas a otros organismos.
