El Senado de la Nación se prepara para una sesión clave en la que la oposición buscará derribar el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La votación podría concretarse el jueves y, de confirmarse, obligaría al presidente a promulgar la norma, marcando un hecho histórico en la política argentina.
La definición llegará tras la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles. Según el esquema planteado, la oposición convocará a una sesión ordinaria, lo que impide a la vicepresidenta Victoria Villarruel bloquear la discusión.
Mayoría garantizada en la votación
En la votación original, la ley había obtenido 55 votos afirmativos, superando con amplitud los dos tercios. Se espera que ese respaldo se repita, ya que Unión por la Patria, gran parte de la UCR, senadores del PRO, de bloques provinciales y partidos menores confirmaron su acompañamiento.
Por el contrario, La Libertad Avanza apenas cuenta con seis senadores propios y algunos aliados circunstanciales, un número muy por debajo de lo necesario para sostener el veto presidencial.
La discusión se produce en medio del escándalo por supuestas coimas en la compra de medicamentos y la investigación judicial sobre contratos con la droguería Suizo Argentina. Los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sumaron presión política al oficialismo.
Mientras tanto, el nomenclador de aranceles para prestadores de servicios de discapacidad no se actualiza desde diciembre de 2024, cuando se aplicó apenas un incremento del 0,5%. El retraso en los pagos y la falta de actualización en los valores son reclamos centrales de las organizaciones y familias afectadas.
Un hecho histórico en el Congreso
De concretarse, sería la primera vez en 22 años que el Congreso rechaza un veto presidencial. La última ocasión ocurrió en 2003, aunque se trató de un veto parcial sobre el Presupuesto de ese año.
En paralelo, la oposición también impulsará un proyecto para reformar la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de limitar el uso de esta herramienta por parte del Ejecutivo. La propuesta establece que los decretos deberán tratarse en un plazo de 90 días y que para ratificarlos se necesitará el aval de ambas cámaras, mientras que para rechazarlos alcanzará con una sola.
De viaje en Estados Unidos, Javier Milei recibirá una de las peores noticias desde que asumió como presidente de la Nación. En medio del escándalo que sacude al Gobierno por las supuestas coimas en la compra de medicamentos, la oposición se prepara para voltear el jueves en el Senado el veto a la emergencia en discapacidad. Los dos tercios de los votos están prácticamente garantizados y, de lograrse el objetivo, el presidente estará obligado a cumplir con la ley.
La sesión se definirá el miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria. La vicepresidenta Victoria Villarruel no tendrá margen para resistir, porque la oposición planea una sesión ordinaria y por lo tanto, según el criterio que ya se impuso, no necesita convocatoria. El kirchnerismo trabaja por estas horas para que el quórum no tambalee por la campaña electoral, ya que este domingo se eligen cargos provinciales en Buenos Aires.
El escenario está dado para que la ley sea ratificada por amplia mayoría: ya en la votación original, recibió 55 votos afirmativos (más de dos tercios) por parte de 33 senadores de Unión por la Patria; 9 de 13 de la UCR; 5 de 7 del PRO (incluido el cordobés Luis Juez); los dos del Frente de la Concordia Misionero; los dos de Por Santa Cruz; tres de Provincias Unidas (la cordobesa Alejandra Vigo, la chubutense Edith Terenzi y el correntino Carlos Espínola) y la tucumana Beatriz Ávila (Justicia Social).
La Libertad Avanza se había ausentado, junto a algunos aliados, para no convalidar aquella sesión. En caso de asistencia perfecta, el oficialismo necesita reunir 25 votos para blindar el veto. Apenas tiene seis propios, más una aliada incondicional, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, y uno circunstancial, el formoseño Francisco Paoltroni. El panorama es negro para el bloque liderado por el jujeño Ezequiel Atauche.
El contexto no puede ser peor para el Gobierno: los audios del extitular de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), Diego Spagnuolo, fueron apenas la punta del iceberg que desnudó los abultados contratos adjudicados a la droguería Suizo Argentina, señalada por el supuesto pago de sobornos.
La causa a manos del juez Sebastián Casanello avanza a paso firme y le da más motivos a la oposición para insistir con la ley. “Con lo del 3%, se terminó el relato”, sentenció el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, en alusión al porcentaje que habría recibido la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Mucho antes del escándalo, aliados libertarios empujaron para que el Gobierno ofreciera una salida a la crisis en discapacidad, desde un veto parcial hasta un aumento a los prestadores que fuera financiado con el dinero de las “pensiones mal otorgadas”. Pero no lo consiguieron. Así las cosas, el nomenclador de aranceles no se actualiza desde diciembre de 2024; ese mes se aumentó apenas un 0,5%.
Con el rechazo al veto en puerta, la oposición también apunta a limitar los DNU de Milei mediante una reforma que cambie los plazos y avales
Sin reacción alguna hasta el momento, el Gobierno parece dar por perdida la batalla en el Congreso. En la Casa Rosada no descartan ir por la judicialización, aunque la Constitución dice, en su artículo 83, que si una ley es ratificada por el Parlamento con dos tercios de los votos “pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación”. Por eso, es difícil que avance ese intento.
Si la oposición logra el objetivo, será la primera vez en 22 años que el Congreso rechaza un veto. La última vez que ocurrió fue en 2003, y se trató de un veto parcial (no total) sobre el Presupuesto de ese año. El gobierno de Milei registrará una nueva marca negativa, después de haber sido el primero en la historia al que se le rechazó un DNU (el que aumentó los fondos reservados para inteligencia).
Justamente para evitar que el presidente siga echando mano a los “decretazos”, la oposición también buscará aprobar en la posible sesión del jueves un proyecto para reformar la Ley de DNU. La iniciativa establece que los DNU deben tratarse en un plazo de 90 días, o de lo contrario caerán. Además, para ratificar un DNU será necesario el aval de ambas cámaras, mientras que para rechazarlo bastará con el voto negativo de una sola. A la inversa de lo que sucede hoy.
El tema no es nuevo: en Diputados, la oposición ya intentó avanzar con una iniciativa idéntica el año pasado, pero no pudo por la resistencia de los gobernadores. En el oficialismo advierten que el objetivo es aprovecharse de un gobierno con minoría parlamentaria. Una situación que, aun con un gran resultado electoral, no cambiará radicalmente después del 10 de diciembre.
Diputados
En la Cámara baja, la oposición vuelve a la carga con las supuestas coimas en discapacidad. El martes se dictaminarán en las comisiones de Salud y de Discapacidad varios pedidos de informes y de interpelaciones a funcionarios, ya que la semana pasada fueron citados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, pero no fueron.
Hay tres pedidos de interpelación, presentados por Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Christian Castillo (Frente de Izquierda). En los tres aparece el ministro Lugones, que está contra las cuerdas. Selva y Castillo también quieren citar a Karina, mientras que Agost Carreño sostiene que la Constitución no lo permite, y pidió por Guillermo Francos. El jefe de Gabinete se presentó la semana pasada en una sesión informativa, pero dejó pocas precisiones.
La actividad fuerte de la semana se completa con la comisión investigadora $LIBRA, que vuelve a funcionar después de la designación de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) como presidente. Se reunirán este martes para aprobar un reglamento y avanzar con más medidas de prueba. Quieren recoger más testimonios (hay presión para volver a citar a Karina Milei) y enviar oficios a la Justicia para no depender de los avances de la causa en Estados Unidos. La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR impugnaron el proceso y no participarán.
La Libertad Avanza enfrentó una sesión en la que el Senado le aplicó un duro golpe al Gobierno: cinco decretos quedaron desactivados y se sancionaron leyes clave, entre ellas la que mejora el presupuesto universitario y declara la emergencia pediátrica por un año, con el hospital Garrahan como emblema.
Según fuentes del oficialismo, hubo una «impericia total» de la Casa Rosada, y las alarmas ya se proyectan hacia el recambio legislativo del 10 de diciembre, informó Infobae.
El bloque libertario reconoce que, aun si obtiene buenos resultados en las elecciones de octubre, no alcanzará el tercio propio en la Cámara alta. «Pasaríamos de los 6-7 actuales a entre 15 y 17 legisladores. Ya no estamos incomodando a aliados, sino que rompimos todos los puentes. Si encima no tenés una sola propuesta para hacer, la situación se convierte en extrema», admitieron desde La Libertad Avanza a este medio.
Durante la sesión del jueves, aliados hasta hace poco fieles al Ejecutivo sumaron votos y discursos a la andanada opositora.
La iniciativa de emergencia en discapacidad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, incluye reformas en las pensiones no contributivas y actualizaciones de aranceles y compensaciones económicas. Otra norma pendiente en la agenda busca modificar en profundidad la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), cuya tramitación se aceleró discretamente durante la reciente sesión.
La bancada oficialista vive tensiones: Losada cuestionada y Villarruel intenta mantener la calma
En el oficialismo se generaron también roces internos. La senadora radical Carolina Losada, aliada libertaria, enfrentó críticas dentro de su bloque por cambios recientes en su postura sobre presupuestos universitarios y otros temas.
Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo un perfil positivo durante la sesión, conversando con distintos legisladores y generando comentarios sobre su aparente buen humor en medio de la tensión oficialista.
Hay una sola persona en el gabinete de Javier Milei que no está a tiro de decreto: su hermana. Guardiana de su agenda, gestora todo terreno y armadora de la campaña electoral Karina Milei, junto a los primos Menem, es la reina en el tablero de ajedrez.
El escándalo por el presunto pedido de coimas para la compra de medicamentos no pudo ser menos inoportuno en el calendario: coincidió con la ratificación en Diputados de la emergencia para discapacidad –justo el área en cuestión-; estalla a dos semanas de las elecciones en provincia de Buenos Aires y ya con las listas de candidatos y alianzas cerradas en todo el país.
El caso pegó en el corazón del relato anticasta y antiEstado y dejó en shock a libertarios preventivamente en ensordecedor silencio. Apenas los más leales tuitearon sobre el discurso de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario, escudo para él y para no tan rugientes leones frente al supuestos pago de coimas por la compra de medicamentos en la Agencia de Discapacidad, cuyo extitular Diego Spagnuolo es –o era- amigo incondicional del Presidente.
El hecho se visibilizó en la peor semana parlamentaria para el oficialismo que apenas sumó a algunos gobernadores en el rechazo a la suba de jubilaciones. Colaboraron, con ausencias o abstenciones, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck pero también los mandatarios de fuerzas provinciales de Misiones, Santiago del Estero; el entrerriano Rogelio Frigerio y el peronista catamarqueño Raúl Jalil. Horas después los mandatarios conseguían la media sanción de la ley de distribución de las partidas no ejecutadas de Aportes del Tesoro de la Nación y se frenaba el resto de la agenda. Circunstanciales apoyos que cayeron al día siguiente cuando en el Senado el Gobierno fue abofeteado con mayoría de dos tercios en siete votaciones que determinaron la sanción de dos leyes –fondos para universidades y salud- y la caída de cinco decretos que recortaban organismos como Vialidad, el INTA, el INTI y, entre otros, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Hasta un amigo como Luis Juez se despegó del Presidente que a su vez los escrachó por un nuevo aumento de dietas mientras Federico Sturzenneger despedía a 300 personas del Instituto de Tecnología Agropecuaria. El acto administrativo seguramente será judicializado.
Las frecuentes sospechas de corrupción fueron siempre minimizadas bajo la sombra del pasado reciente. Algunos atribuyen a las internas entre Karina Milei y Eduardo y Martín Menem con Santiago Caputo la sucesión de denuncias en distintos medios, incluso en aquellos que han sido amigos o aliados. Alejandro Fantino exige que rueden cabezas. También lo pidió Jony Viale.
Heridos con poder de fuego son Mauricio Macri y la vicepresidenta Victoria Villarruel que presidió sin inmutarse la fatídica sesión y luego partió a Chubut para ser amorosamente recibida por el gobernador Ignacio Torres, armador de la tercera vía electoral.
El Gobierno ahora analiza denunciar a Spagnuolo por no haber hecho la denuncia pertinente pero teme que aparezcan videos o arrepentidos. El miedo parece autoincriminatorio aunque puertas adentro hubo varias reuniones para definir la respuesta.
Tamaña puñalada lastima a los candidatos que pusieron freno a sus apariciones, entre ellos el ministro de Defensa Luis Petri a quien se denunció mediáticamente como parte de la red de supuestos retornos, nombre impuesto al gobernador Alfredo Cornejo como primer candidato en la lista y con firma indeleble de Karina Milei y “Lule” Menem. En cambio se percibe cierto alivio entre quienes se negaron al pacto, radicales y los del PRO amarillo puro como Juan Martín que rompió para Río Negro el acuerdo con La Libertad Avanza pocos días después de haberlo firmado en el despacho de Lorena Villaverde.
No fue instinto de preservación el del correntino Gustavo Valdés. El radical quería sumar a LLA pero quien se negó fue Karina Milei. Ese rechazo podría haber salvado a Valdés que puso de candidato a gobernador a su hermano Juan Pablo Valdés que el próximo domingo enfrenta a Lisandro Almirón. El diputado candidato a gobernador responde a la escudería Milei-Menem.
“No soy una figura decorativa”, dijo la vicepresidenta Victoria Villarruel durante su participación en el aniversario número 90 de la localidad de Río Mayo en el sur de Chubut. Poco después, el gobernador Ignacio Torres que la acompañó en su breve recorrida por la provincia (también estuvo en Comodoro Rivadavia) dijo sin titubeos: “El pueblo chubutense tiene en la vicepresidenta de la Nación una aliada incondicional. Cada vez que necesitamos trabajar en un proyecto para reivindicar esa Argentina federal nos escuchó y cumplió”.
La palabra de Torres no pasó inadvertida. Reivindicó a Villarruel como “una aliada” en medio de la disputa que la vice mantiene con el presidente Javier Milei quien la trató de “traidora”, entre otros adjetivos despectivos. La vicepresidenta trató de no tocar el escándalo desatado en el gobierno por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las escuchas que dio a conocer su ahora extitular Diego Spagnuolo, de lo cual el gobierno de Milei salió a despegarse en las últimas horas.
Pero dijo que “el país atraviesa un momento difícil y confuso”, como toda definición política. Villarruel estuvo en Río Mayo por una cuestión especial: vivió dos años en la localidad cuando su padre fue nombrado segundo jefe del Regimiento de Infantería 37. “Me siento chubutense por adopción”, dijo Villarroel que lucía su clásica larga bufanda blanca y acompañada por el sombrero gaucho.
No perdió la oportunidad de reivindicar su trabajo y dijo que “a mí me votaron los argentinos como vicepresidenta de la Nación y más allá de los devenires políticos estoy cumpliendo mi rol con probidad. Parte de ese rol es estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades lo que haré hasta el último día de mi mandato”. Las palabras fueron interpretadas como un claro mensaje hacia el Poder Ejecutivo. Algo así como “de acá no me tocan”.
Villarruel evitó en todo momento hablar de manera directa de su enfrentamiento con Milei y de la última gran polémica que tiene que ver con el aumento en las dietas de los senadores. Siempre que hizo uso de la palabra utilizó su permanente sonrisa y sus delicados modales.
La vicepresidenta acompañó también a Torres en la inauguración de obras en Comodoro Rivadavia. Y posó junto a los candidatos del gobernador para las elecciones de medio término, Ana Clara Romero y Gustavo Menna. Ambos acompañan al mandatario de manera constante en sus recorridas por la provincia.
De todas maneras, la obsesión de Torres no son los 2 lugares que se ponen en juego en el Congreso. Le importa mucho más el resultado de la consulta popular respecto a la eliminación o no de los fueros para funcionarios de los tres poderes. Allí es donde siente que se plebiscitará su gestión. Por eso, la campaña en las redes no comenzó pidiendo los votos para los lugares en las bancas sino para “terminar con los privilegios”. Hay que recordar que mantiene un duro enfrentamiento con sectores de la justicia que se oponen a la reforma constitucional y también con parte de la dirigencia kirchnerista-justicialista.
En el resultado del “sí” o el “no” a la reforma estará la verdadera medición del gobierno en cuanto a su gestión. Al menos, así lo sienten en el interior del gobierno. Y aunque Torres asegura que ganará el “sí” por el 90 por ciento no se descuida. Y mucho menos después que la campaña comenzó a ensuciarse lenta pero progresivamente con algunos “carpetazos” que no aún no le llegaron de manera directa pero que, sabe no tardarán en convertirse en balas que le piquen cerca.
Hoy por hoy blanqueó a una aliada inesperada sin que al parecer le preocupe la reacción del Gobierno nacional. Sabe Torres que por estos días, Milei y compañía deben resolver otros problemas, algo más urgentes.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este sábado sobre el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que denunciaban presuntas coimas a empresas proveedoras del Estado. El funcionario vinculó el caso al periodo electoral y defendió a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
“Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”, indicó Francos en contacto con Radio Mitre.
En este sentido, señaló que cuando se combina una cosa con la otra «todo tiene cierta causalidad» y relacionó esta situación con el período preelectoral, en donde «todo el mundo» trata de sacar partido contra un Gobierno que «cuenta con apoyo popular».
“Lo que se hizo cuando apareció la noticia sobre el audio, y al no escuchar ninguna explicación de Spagnuolo, fue separarlo del cargo e intervenir el organismo y pedirle al ministro de Salud que el interventor realice una investigación a fondo», ratificó.
Qué dijo Francos de «Lule» Menem y Karina Milei
El jefe de Gabinete comentó que incluso le preguntó a Eduardo «Lule» Menem», asesor de la secretaría de la Presidencia, si tenía contacto con la droguería Suizo Argentina -una de las principales involucradas en la investigación judicial- y le respondió que «nunca los contactó».
Asimismo, el funcionario también planteó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está siendo atacada de manera “salvaje e injusta”.
Por otro lado, manifestó que Javier Milei se encuentra tranquilo y molesto por el hecho: «Lo noté sereno, con convicción y sabiendo que estamos pasando por un momento preelectoral. Vamos a llegar a las elecciones y va a ser el pueblo el que decida”.
“Nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”, sentenció.
Por último, Francos acotó que Spagnuolo le contó que llegó a La Libertad Avanza de la mano de Victoria Villarruel y que tuvo un vínculo «no muy estrecho» con el presidente».
“Él le pidió el cargo de ANDIS y al presidente le pareció que podía ser razonable”, mencionó y culminó que además integraba el grupo cercano a Milei que participa los domingos de las cenas en Olivos, donde además escuchan ópera.
El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue generando repercusiones en el Gobierno. Este sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vinculó a la vicepresidenta Victoria Villarruel con Diego Spagnuolo, ex funcionario desplazado de su cargo tras la difusión de audios que lo comprometen.
“Le pregunté al presidente si tenía un vínculo cercano con Spagnuolo y me dijo que, en realidad, la actual vicepresidenta Victoria Villarruel lo había acercado a la campaña de La Libertad Avanza”, señaló Francos en declaraciones radiales.
Spagnuolo fue removido de la ANDIS luego de que se conocieran audios en los que menciona presuntos retornos de dinero hacia Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem durante procesos de compra de medicamentos. El caso está en manos de la Justicia y motivó un fuerte impacto político en la Casa Rosada.
Villarruel, que en los últimos días se refirió al clima político como “un momento difícil y bastante confuso”, aún no respondió a la acusación pública de Francos.
El escándalo se da en la previa de las elecciones legislativas de octubre, en un contexto de tensión interna en el oficialismo y bajo la mirada de la prensa internacional que ya reflejó la crisis como un golpe a la estabilidad del gobierno de Javier Milei.
La crisis política por la filtración de audios que involucran a Fernando Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), continúa sacudiendo al gobierno de Javier Milei. Esta vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió al tema y definió el momento como una situación “difícil y confusa”.
Villarruel habló este sábado desde Chubut, donde encabezó una actividad oficial, y remarcó: “Es una situación difícil y confusa, y lo que corresponde ahora es esperar a que actúe la Justicia”. La dirigente evitó dar mayores precisiones, en línea con la estrategia de Casa Rosada, que busca trasladar toda la responsabilidad del caso al plano judicial y despegarse de las acusaciones contra el funcionario desplazado.
La filtración de los audios, en los que Spagnuolo hace referencia a presuntas coimas y arreglos en contrataciones estatales, generó un fuerte cimbronazo en la administración libertaria, que hasta ahora había buscado mostrarse distante de las prácticas de corrupción.
El escándalo también abrió un frente de tensión con la oposición. Legisladores de Unión por la Patria y la UCR presionan en Diputados para avanzar en una comisión investigadora, mientras que en el Senado ya se analiza la posibilidad de interpelar a funcionarios de la ANDIS por el manejo de fondos públicos.
La salida de Spagnuolo, forzada tras la difusión de los audios, se convirtió en el episodio de mayor impacto político desde el inicio de la gestión Milei.
En un contexto que definió como «difícil y bastante confuso», la vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a la actualidad política del Gobierno de Javier Milei, en medio del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde Comodoro Rivadavia, Chubut, la titular del Senado marcó distancia de las internas, aunque comentó que su vínculo es «estrictamente institucional» con el mandatario y su hermana Karina Milei.
La vicepresidenta, que visitó Comodoro Rivadavia para participar de una obra con el gobernador Ignacio Torres, prefirió no dar definiciones políticas y se centró en su función constitucional. «Me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional», señaló, buscando llevar tranquilidad a la sociedad.
Villarruel también se diferenció de la visión tradicional del rol del vicepresidente en la política argentina. «Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso», afirmó, y agregó que recorrer las provincias y estar en contacto directo con los gobernadores forma parte de su deber.
Supuestas coimas en Discapacidad: qué dijo Victoria Villarruel sobre su vínculo con Karina Milei
Consultada sobre su relación con Provincias Unidas, el nuevo frente que agrupa a distintos gobernadores, Villarruel se mantuvo cautelosa y no dio definiciones. En un mensaje que combinó autonomía con institucionalidad, la vicepresidenta recalcó que su función se limita a lo que establece la Constitución.
La agenda de Villarruel en el interior del país contrasta con el momento que atraviesa el Poder Ejecutivo, inmerso en un escándalo por denuncias de supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad. Los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario del organismo, implicarían a Karina Milei y a la familia Menem.
Desde el entorno de la vicepresidenta, se mantiene la cautela y se prefiere no opinar sobre el tema. «Yo vengo a cumplir el rol que me da la Constitución, tratar con senadores, con gobernadores e interiorizarme de lo que pasa fuera de la Capital Federal», manifestó.
Su mensaje llega en un contexto de un supuesto distanciamiento con el presidente Javier Milei, que lleva meses sin ser desmentido. La vicepresidenta participó en distintos actos en el sur del país mientras el Ejecutivo transita un difícil momento.
Escándalo por supuestas coimas en Discapacidad:Diego Spagnuolo y el Gobierno de Milei en la mira
Unos audios sobre presuntas coimas en discapacidad resonó fuerte esta semana en el gobierno de Javier Milei. Entre los involucrados está el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, que al poco tiempo que se conoció el material sonoro fue desvinculado de su cargo.
Por la causa hubo allanamientos en las últimas horas. Por el momento hay cinco imputados. Desde el Gobierno nacional evalúan denunciar al funcionario, pero se está a la espera de las definiciones de la Justicia.
Hay posibles medidas que se estudian llevar a cabo desde el Gobierno nacional. Según comunicó Infobae Una de ellas es denunciar a Diego Spagnuolo por no haber hecho una presentación judicial formal sobre el hecho delictivo que menciona en la conversación privada que se grabó.
El tema generó deliberaciones el viernes en Casa Rosada. Evaluaron los pasos a seguir el presidente, su hermana Karina Milei, Eduardo Menem, el asesor Santiago Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros.
Sin embargo, se mantiene cautela para hablar del tema. Una de las razones que señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo es que se aguarda que pueda ser citado a indagatoria el extitular de Andis.
“Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia«, fue lo que dijo Guillermo Francos, jefe de Gabinete, entre los pocos que hizo una mención sobre los audios que se conocieron.
