Desde este miércoles, trabajadoras estatales de la población judicializada del Ministerio de Seguridad de Neuquén iniciaron una medida de fuerza en reclamo de reconocimiento salarial. La retención de tareas afecta el funcionamiento de la totalidad de las sedes judiciales de la provincia, como Cutral Co, donde trabajadores estatales sufrieron balazos.
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La protesta de la Dirección Provincial de Población Judicializada fue notificada esta mañana por UPCN y ATE al Subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo. Consiste en el quite de colaboración y asamblea permanente de 67 trabajadores entre profesionales, administrativos y choferes de las delegaciones de Neuquén capital y del interior, como Zapala, Chos Malal y Junín de los Andes.
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En Neuquén, la sede judicial ubicada en calle Río Negro al 400, las trabajadoras estatales informaron a LMNeuquén que evalúan realizar un corte de calle para visibilizar el conflicto. La medida de fuerza adoptada por el conjunto de los trabajadores busca lograr una mesa de diálogo con el ministro Matías Nicolini y las autoridades correspondientes.
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Impacto de la suspensión de tareas de estatales
«Nuestro trabajo es poco conocido por la sociedad», dijo Marisol, una de las trabajadoras de ATE entrevistada por LMNeuquén. Además, agregó que pocas personas desean ocupar los cargos de trabajadoras sociales, psicólogas, administrativas y choferes encargados de tareas fundamentales para el funcionamiento de las instituciones judiciales y para la vida de la población carcelaria conformada por 2300 usuarios en toda la provincia.
La suspensión de actividades se tradujo en la interrupción de las entrevistas domiciliarias en las salidas transitorias, laborales, prisión domiciliaria y socioambiental; la suspensión de actividades de los choferes y tareas administrativas en general. Además, con el quite de tareas también se detuvo la constatación de domicilios, entrevistas en sede judicial, unidades de detención y comisarías, confección y elevación de informes, asistencia a audiencias y entrevistas testimoniales, articulaciones interinstitucionales, recepción, atención y comunicación con los usuarios.
«Se van a atrasar las audiencias, las personas detenidas van a demandar ser evaluadas, entonces esto ya lo sabe el poder judicial, la idea es que se solidaricen y que se haga visible», advirtió Marisol en diálogo con el diario.
Inseguridad en las salidas transitorias
Aunque destacaron que el reclamo de estatales de población judicializada comenzó hace meses, la tensión escaló a partir de una situación de inseguridad que atravesó un equipo que supervisaba una salida transitoria en Cutral Co el viernes 1° de noviembre. «El episodio sucedió cuando la persona detenida llega al domicilio y un sujeto que estaba en un vehículo dispara hacia la persona, pero los dos disparos impactan en la camioneta de nuestros compañeros», dijo Marisol.
Como consecuencia, señaló que una esquirla le lastimó el ojo: «Fue sumamente grave y venimos reclamando un protocolo de seguridad que pueda garantizar las tareas, porque trabajamos con personas que están con condicional, a prueba, estamos en un contexto general de mucha violencia, situaciones de consumo«.
Además, la trabajadora agregó que el hecho puntual ocurrido en Cutral Co, se enmarcó en la exposición a situaciones de violencia que viven a diario al trabajar con población vulnerable y por eso concluyó: «Reclamamos el reconocimiento de nuestro rol como profesionales y administrativos en la Dirección y en este sentido que se nos reconozca salarialmente».
El reclamo
Según advierten las trabajadoras estatales que trabajan en la Dirección Provincial de Población Judicializada, el reclamo viene hace varios meses pero la vía administrativa se agotó con el episodio de violencia en Cutral Co: «Esto terminó por agotar y rebalsar el vaso, no tenemos respuestas de absolutamente nada» dijeron y agregaron que están pidiendo una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes para pensar el reconocimiento de sus funciones como auxiliares del poder judicial.
«Hay compañeros que estamos en el límite del índice de pobreza cobrando 1 millón de pesos, no llegamos a cubrir las necesidades, nuestro salario no responde a las necesidades reales», dijo Andrea, otra de las trabajadoras estatales entrevistada por LMNeuquén.
Además, refirieron que sus tres compañeros afectados por los disparos en el control de salida transitoria a principios de noviembre tienen que regresar a los espacios laborales «con toda la complejidad, por eso también reclamamos una licencia profiláctica, que no te tengas que tomar tus días de licencia ante una situación traumática».
Si bien las trabajadoras manifestaron que gracias a ATE quedó tuvieron un reconocimiento salarial por el síndrome de «burn out» que fue contemplado en el convenio de trabajo como «actividad crítica», señalaron que «quedó desfasado porque tenemos básicos muy bajos comparados con cualquier otra área de la administración pública».
De esta manera, el reclamo puntual que quieren visibilizar las trabajadoras con la medida de fuerza que afecta el funcionamiento de las sedes judiciales y a la población judicializada es que se les consideren otras bonificaciones como «actividad intensiva», es decir, una «compensación de emergencia antes de la apertura del convenio, que se jerarquice nuestra función, porque hacemos a la seguridad de la sociedad, distinto a la policía que tiene trabajo de represión, nosotras realizamos entrevistas y gestionamos que la persona detenida pueda tener mejor vida».
