El gremio estatal que conduce Juan Carlos Scalesi realizará medidas de fuerza los días 2 y 3 de marzo en toda la provincia. El lunes habrá cese total de actividades en el interior y concentraciones en distintos puntos del territorio.
La semana próxima comenzará con un nuevo frente de conflicto sindical en Río Negro. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) resolvió un paro de 48 horas con movilizaciones para el lunes 2 y martes 3 de marzo en todo el ámbito provincial.
Según lo definido en asamblea general, el lunes habrá paro total de actividades en las localidades del interior, mientras que durante ambas jornadas se realizarán concentraciones y movilizaciones en distintos puntos de la provincia.
La medida se suma al paro docente anunciado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), en un escenario de tensión gremial que atraviesa al sector público rionegrino en el inicio de marzo.
Desde UPCN señalaron que las acciones responden a reclamos vinculados al salario, las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. También mencionaron la situación de precariedad de los empleados contratados y la composición de los haberes, con una porción no remunerativa.
El sindicato ratificó su voluntad de diálogo con el Ejecutivo provincial, aunque sostuvo que mantendrá las medidas en defensa de los derechos laborales. Hasta el momento, no hubo una convocatoria oficial a una nueva instancia de negociación paritaria que desactive el plan de lucha anunciado.
La CGT descartó un paro o movilización contra la reforma laboral el viernes: sólo marchará a Tribunales el lunes para impugnarla
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Tras un intenso debate, se resolvió que no habrá ninguna protesta cegetista cuando el Senado sesione para convertir en ley el proyecto del Gobierno. Se efectuará una concentración similar a la de diciembre de 2023 contra el DNU 70
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La CGT decidió no parar nimovilizarse este viernes al Congreso cuando los senadores sesionen para convertir en ley la reforma laboral y, en cambio, resolvió que marchará el lunes próximo hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación que hará ante la Justicia contra la norma de Javier Milei.
De esta forma, la central obrera eligió una alternativa más moderada, hasta tal punto que no se convocará a trabajadores ni afiliados sino que la idea es que sólo participen de la marcha los dirigentes y delegados.
Se repetirá así la modalidad y el escenario de la primera protesta de la CGT contra el gobierno de Javier Milei, ya que el 27 de diciembre de 2023 la central obrera también marchó a Tribunales para acompañar la presentación judicial en rechazo del DNU 70.
Con su marcha del lunes, además, la CGT desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretará el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), desde donde ya surgieron fuertes críticas contra los líderes cegetistas.
“Los mismos que confiaron en el Congreso aunque no estuvieran los votos ahora nos dicen que tenemos que confiar en la Justicia -dijo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar-. ¿Cuándo van a confiar en los trabajadores? Me parece que se están poniendo excusas para no pelear. Va a haber un día después y vamos a tener que explicar dónde estuvo cada uno en este tiempo. La historia nos va a juzgar».
La resolución de marchar el lunes se adoptó durante una reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que se realizó esta tarde en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, donde se debatió cómo seguir el plan de lucha de la central obrera y finalmente predominó la idea de priorizar la ofensiva judicial contra el proyecto del Gobierno.
Durante el encuentro, los dirigentes que plantearon medidas más duras fueron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que es el líder de las Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), y Omar Maturano (La Fraternidad). El primero planteó hacer paros de cada sindicato para protestar por salarios y condiciones de trabajo, mientras que el segundo propuso citar al Comité Central Confederal de la CGT, su máximo órgano ejecutivo, para decidir nuevas medidas dentro del plan de lucha vigente.
Al comenzar la reunión, los cotitulares cegetistas Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), apoyados por Gerardo Martínez (UOCRA), propusieron no hacer ninguna protesta este viernes y apostar a una marcha para el lunes ante el Palacio de Tribunales, pero sólo de sindicalistas y delegados.
Allí se abrió el debate, donde, más allá de las posturas más intransigentes de Schmid y Maturano, quien cambió el eje de la discusión fue Armando Cavalieri (Comercio): “Tenemos un problema político”, dijo en alusión a la división del PJ que facilitó la sanción de la reforma laboral, e incluso indicó en tono autocrítico: “Al final, nosotros no hacemos nada, sólo criticamos”.
Según el líder de Comercio, la CGT debería convocar a economistas no sólo del PJ sino de distintas ideologías para tener opiniones de expertos y poder materializar propuestas surgidas desde la central obrera.
La iniciativa fue apoyada enseguida por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), quien planteó que habría que convocar también a políticos y cuadros técnicos que “nos ayuden a pensar y a no quedarnos en la resistencia de algo que va a ser ley” (por la reforma laboral).
Quienes se sumaron para apoyar esta iniciativa fueron Hugo Moyano (Camioneros) y Argentino Geneiro (gastronómicos), por lo que se pondrán en marcha estas reuniones que también buscan que el sindicalismo tenga una plataforma política para las elecciones de 2027.
Al brindar detalles de la estrategia jurídica para impugnar la reforma laboral ante la Justicia, Martínez destacó que los abogados cegetistas aún analizan si harán su presentación en el fuero laboral o en el contencioso administrativo, ya que se tratará de dictaminar la inconstitucionalidad de una ley.
Además de Sola, Jerónimo, Martínez, Cavalieri, Sasia, Schmid, Maturano, Moyano y Geneiro, participaron del encuentro el anfitrión, Andrés Rodríguez (UPCN); Héctor Daer (Sanidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Omar Plaini (canillitas), Pablo Flores (AFIP) y Maia Volcovinsky (judiciales).
La tensión entre el sindicalismo y el Gobierno Nacional alcanzará un nuevo pico este miércoles. La mesa chica de la CGT se reunirá en la sede de UPCN para definir los pasos a seguir frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado, programado para este viernes. Tras el reciente paro general del 19 de febrero, los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello encabezarán el encuentro donde se debaten nuevas medidas de fuerza ante la presión de los sectores más combativos.
Mientras la conducción central analiza alternativas, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —que agrupa a la UOM, Aceiteros y las CTA, entre otros— ya movió sus fichas y convocó a una movilización masiva al Congreso para el viernes al mediodía. A esta protesta se sumará un paro nacional de ATE, profundizando el plan de lucha contra una normativa que, según los gremios, vulnera derechos constitucionales básicos como el ejercicio de la huelga.
La estrategia de la CGT parece dividirse en dos frentes: por un lado, la resistencia en la calle y, por el otro, la batalla legal.Los dirigentes ya preparan presentaciones judiciales para impugnar los capítulos de la reforma que consideran inconstitucionales. Además, advirtieron que buscarán que los senadores (especialmente los de extracción peronista) paguen el «costo político» si deciden acompañar el proyecto oficialista en el recinto.
El Municipio y los sindicatos municipales sellaron la paritaria de febrero 2026. El incremento se pagará con los sueldos de este mes y también se estableció una ayuda escolar de $80.000 y un cronograma de revisión salarial para los próximos meses.
La Municipalidad de Cipolletti y los gremios que representan a los trabajadores municipales firmaron este martes el acuerdo paritario correspondiente a febrero de 2026, tras una reunión realizada en la sede comunal de calle Yrigoyen 379.
El entendimiento establece un incremento salarial del 5,83% sobre los salarios básicos de enero de 2026, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al período diciembre–enero. El aumento será liquidado con los haberes de febrero.
Además, las partes acordaron una nueva actualización salarial prevista para abril de 2026, que se calculará con base en el IPC acumulado de febrero y marzo, según los datos que publique el INDEC. También se fijó la Ayuda Escolar 2026 en un monto de $80.000.
Como parte del acuerdo, se estableció la conformación de mesas de trabajo a partir del 3 de marzo, con reuniones cada 15 días para abordar distintas temáticas laborales. Asimismo, se pautó una instancia de revisión paritaria para la primera quincena de junio de 2026.
Del encuentro participaron representantes del Ejecutivo municipal y de los gremios UPCN, ATE, SOYEM y SITRAMUCI. Según informaron fuentes oficiales, UPCN, SITRAMUCI y SOYEM aceptaron la propuesta salarial, mientras que ATE manifestó su rechazo aunque confirmó que continuará participando en el ámbito de negociación.
El Municipalidad de Cipolletti y los gremios que representan a los trabajadores municipales firmaron este martes el acuerdo paritario correspondiente a febrero de 2026, tras un encuentro realizado en el edificio comunal de calle Yrigoyen 379.
El entendimiento establece un incremento salarial del 5,83% sobre los básicos de enero de 2026, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período diciembre–enero. El aumento se liquidará con los sueldos del mes de febrero.
Además, las partes acordaron una nueva actualización salarial en abril de 2026, que se calculará en base al IPC acumulado de febrero y marzo informado por el INDEC. En tanto, se fijó la Ayuda Escolar 2026 en $80.000.
En el marco de la negociación, también se resolvió la conformación de mesas de trabajo a partir del 3 de marzo, que se reunirán cada 15 días para abordar distintas temáticas laborales, y se pautó una revisión paritaria para la primera quincena de junio de 2026.
Del encuentro participaron representantes del Ejecutivo municipal y de los gremios UPCN, ATE, SOYEM y SITRAMUCI. UPCN, SITRAMUCI y SOYEM aceptaron la propuesta salarial, mientras que ATE expresó su rechazo, aunque ratificó su continuidad en el marco del diálogo paritario.
La obra social busca implementar controles mensuales en terreno y revisar facturación por 700 millones de pesos.
El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) ultima los trámites para contratar un servicio de auditoría médica externa destinado a controlar prestaciones y facturación en clínicas y sanatorios que atienden a sus afiliados. La medida apunta a reforzar los mecanismos de validación sobre un segmento que representa más del 20% del total de los desembolsos prestacionales del organismo.
La presidenta de la obra social, Ivana Porro, adelantó que el servicio podría estar operativo en marzo y aclaró que se trata de una contratación transitoria, hasta que finalice el proceso licitatorio en marcha. El expediente en curso corresponde a una contratación directa por urgencia para implementar un sistema de auditoría médica en terreno y revisión de facturación.
El esquema proyectado contempla controles presenciales en centros de salud de las zonas Atlántica, Andina y Alto Valle, con una presencia mensual en hasta 10 establecimientos y la realización de 1.500 auditorías en terreno. A ello se sumará una revisión posterior de facturación que alcanza un volumen estimado en 700 millones de pesos.
Alcance del control y costos previstos
Según el pliego, el objetivo central es garantizar la calidad y la pertinencia de las prestaciones brindadas a los afiliados, así como asegurar que los montos facturados correspondan efectivamente a servicios prestados. El servicio deberá realizar, entre otras tareas:
• Censo diario de pacientes internados. • Relevamiento permanente en prestadores para mantener actualizado el registro de afiliados internados. • Carga diaria de autorizaciones en la plataforma online del organismo. • Visitas periódicas de médicos auditores para evaluar la pertinencia de internaciones y la correlación diagnóstico-terapéutica.
La contratación prevé un valor mensual de 59 millones de pesos, lo que implica un total estimado de 354 millones por seis meses de servicio. El expediente establece que fluctuaciones razonables dentro del volumen estimado no habilitarán ajustes de precio, salvo que superen el 20% del universo proyectado.
Dos empresas fueron convocadas. Una de ellas cotizó el servicio en los términos previstos, mientras que la otra informó que no cuenta con operación propia en la provincia para atender el volumen requerido.
Cuestionamientos gremiales y debate interno
La decisión generó objeciones dentro del Consejo de Administración. UPCN, que integra el cuerpo, manifestó públicamente su rechazo a la modalidad de contratación directa y reclamó mayor transparencia en el proceso.
El gremio cuestionó el monto previsto y sostuvo que una cifra de esa magnitud debería canalizarse mediante una licitación pública. También planteó que la obra social atraviesa reclamos por demoras y cortes en prestaciones, por lo que consideró prioritario fortalecer mecanismos claros de control y asignación de recursos.
Desde la conducción del Ipross sostienen que la auditoría es una herramienta clave dentro del modelo prestacional que se pretende consolidar y que permitirá verificar en terreno la correspondencia entre servicios brindados y pagos efectuados.
Mientras avanza el trámite administrativo, el debate sobre la modalidad de contratación y el alcance de los controles abre un nuevo capítulo en la gestión de la obra social provincial.
La obra social provincial prevé incorporar un control en terreno sobre internaciones y prestaciones médicas. El contrato sería por seis meses y rondaría los $59 millones mensuales. UPCN cuestionó el mecanismo elegido.
El Ipross se prepara para implementar un esquema de auditoría médica externa destinado a revisar tanto la calidad de las prestaciones brindadas en sanatorios como la facturación presentada por los prestadores. La medida, que la conducción del organismo prevé activar en marzo, ya generó cuestionamientos gremiales por el tipo de contratación adoptado.
Según la documentación en trámite, la obra social impulsa una contratación directa “por urgencia” para un servicio de auditoría médica en terreno y control de liquidaciones. El acuerdo tendría carácter transitorio hasta que concluya la licitación pública que se encuentra en curso.
Control en terreno y revisión de facturas
El esquema proyectado contempla inspecciones mensuales en hasta 10 centros de salud de las zonas Atlántica, Andina y Alto Valle. Además, se prevé la realización de alrededor de 1.500 auditorías de internaciones por mes.
En paralelo, el servicio incluirá la revisión de un volumen estimado de facturación cercano a los $700 millones. El expediente administrativo fija un presupuesto global de $396 millones y establece un contrato inicial por seis meses.
Una de las firmas convocadas, Pyxis Gestión Estratégica SRL, presentó una cotización de $59 millones mensuales, lo que totaliza $354 millones por el período previsto. La otra empresa invitada informó que no podía garantizar la prestación del servicio bajo las condiciones requeridas.
Argumentos oficiales
La presidenta del organismo, Ivana Porro, sostuvo que el nuevo control constituye “una herramienta necesaria” en el proceso de transición hacia un modelo prestacional más estricto. Según explicó, la auditoría permitirá verificar en terreno que las prácticas facturadas coincidan efectivamente con las prestaciones brindadas y evaluar la pertinencia médica de las internaciones.
Entre las tareas previstas se incluye un censo diario de pacientes internados y visitas periódicas de médicos auditores para analizar diagnósticos, tratamientos y calidad asistencial. La información relevada será utilizada como insumo para la validación posterior de las facturas.
Porro remarcó que existen antecedentes de auditorías similares en centros de alta complejidad que habrían arrojado ahorros significativos, y defendió el carácter transitorio de la contratación hasta la definición de la licitación formal.
Objeciones gremiales
La decisión fue objetada públicamente por la UPCN, que integra el Consejo de Administración del Ipross. El gremio expresó su rechazo a la contratación directa y reclamó que el proceso se detenga hasta garantizar mecanismos “transparentes”.
Desde el sindicato cuestionaron el monto mensual previsto y señalaron que una erogación de esa magnitud debería resolverse mediante licitación pública. También advirtieron que no acompañarán la firma del contrato en el ámbito del Consejo.
Mientras la conducción del Ipross sostiene que el objetivo es fortalecer los controles y ordenar el gasto sanitario —que en el caso de las prestaciones sanatoriales supera el 20% del total—, el debate político y administrativo ya quedó instalado en torno al procedimiento elegido para su implementación.
El Ipross prevé la puesta en marcha de una auditoría externa para controlar prestaciones y facturaciones de los gastos sanatoriales.
Esas erogaciones representan algo más del 20% de los desembolsos por prestaciones del Ipross. Actualmente, el organismo concluye con la tramitación de un expediente de “contratación directa por urgencia” de un “servicio de auditoría médica en terreno” y de facturación de las atenciones en clínicas y sanatorios.
Costo
$ 59
Millones de pesos mensuales es la cotización realizada por la empresa que se ocupará de las auditorías en las clinicas de la atención a los afiliados.
La presidenta de la obra social, Ivana Porro, estimó que en marzo ya estaría operativo este servicio de auditoría externa, pero aclaró que la “contratación tiene carácter transitorio y se extenderá hasta la adjudicación de la licitación en trámite”.
Simultáneamente, en un comunicado, UPCN -que integra el Consejo de Administración de la obra social- hizo pública ayer su oposición a esa “contratación directa millonaria” y exigió “transparencia”, pidiendo “transparencia” y la suspensión del proceso.
Porro contó de un antecedente en una “auditoría en centros de alta complejidad de Buenos Aires” y destacó los “resultados” porque arrojaron un “ahorro del 26,3%” y, además, consideró este control como “pieza necesaria” en el pretendido paso a un “modelo exclusivamente prestacional” porque es “la herramienta que verifica en el terreno y sobre la facturación que lo que se paga corresponda a lo que efectivamente se prestó”.
La presidenta del Ipross, Ivana Porro afirmó que el control es «una pieza necesaria» en el camino hacia el modelo prestacional y que esta «contratación es transitoria» porque existe una licitación en marcha. Foto: Mauricio Martin/Archivo
Según el pliego de la contratación, el control prestacional requerido por el Ipross se concentrará en las atenciones de afiliados en las zonas Atlántica, Andina y Alto Valle, fijando una presencia mensual de “hasta 10 centros de Salud” y “1.500 auditorías en terreno”.
La segunda parte de la auditoría prevé una revisión de unos 700 millones de facturación. El trámite de contratación -según el expediente 119/2025— estima un valor de $ 396 millones y registra dos empresas convocadas.
Pyxis Gestión Estratégica SRL cotizó la tarea requerida en $59 millones mensuales, con un total de $354 millones por los seis meses del contrato original.
La segunda firma, Audired SRL, aclara que “no posee operación propia en Río Negro para atender el volumen y los estándares requeridos, motivo por el cual no puede garantizar la prestación del servicio y, en consecuencia, no presenta propuesta”.
Según el pliego, el “objetivo es contratar un servicio unificado y coherente que garantice la calidad y pertinencia de la atención médica de los afiliados de la auditoría en el terreno y asegure la correcta validación y liquidación de las prestaciones facturadas por los prestadores”.
La contratación llega a 354 millones por seis meses. UPCN objetó ese acuerdo directo, pidió “transparencia” y reclamó se “detenga” el proceso.
Se afirma que la “información recabada en la auditoría será el insumo principal” y mandatario de la auditoría de facturación”.
La empresa contratada deberá realizar un “censo diario de pacientes internados” y, para eso, se prevé un “relevamiento en los prestadores para mantener un registro actualizado de todos los afiliados internados. Dicho censo, junto con sus autorizaciones, deberá cargarse cada día en la plataforma online” del Ipross.
Las tareas para los profesionales incluyen un “médico-auditor deberá realizar visitas periódicas a los pacientes internados para evaluar la pertinencia de la internación, la correlación diagnóstico-terapéutica y la calidad de la asistencia”.
En la convocatoria, la obra social establece un “volumen de trabajo estimado en referencia”, como la concurrencia a 10 centros médicos, pero, además, se determina que el “servicio debe cubrir, en terreno y posterior a la facturación, un universo de 1.500 internaciones de auditoría mensual”.
Además, el escrito aclara que las “fluctuaciones razonables dentro de este margen no darán derecho a ajuste de precios, salvo que superen el 20% del volumen estimado, en cuyo caso las partes podrán renegociar las condiciones”.
UPCN y su voto en contra en el Consejo
En su comunicado, UPCN criticó esa “contratación directa millonaria y exigió transparencia”, planteando que no quiere “ser cómplices de los negocios turbios que el gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) pretende cerrar entre gallos y medianoche”.
UPCN -que integra el Consejo de Administración con la participación de Omar Pizzio como vocal- adelantó que la organización tomó la “decisión política de no firmar la contratación directa” porque se “pretenden regalarle a una empresa privada 59.000.000 por mes”.
Afirmó que la obra social “no es un cajero automático de la política” y una “cifra de esta magnitud exige, por ley y por ética, una Licitación Pública transparente, no un contrato entregado bajo la mesa”.
En otra parte, el gremio asegura que “los afiliados sufren cortes de servicios y demoras en las prestaciones”, mientras que “la gestión de JSRN prioriza contrataciones directas millonarias para «auditorías» que nadie sabe qué controlan”. Al final se pidió detener la “contratación y que se utilicen mecanismos transparentes”.
En Neuquén y Río Negro, el paro nacional de la CGT se siente desde la primera hora de este jueves. La medida de fuerza busca expresar un rechazo total al proyecto de reforma laboral que comienza a debatirse hoy en la Cámara de Diputados.
El cese de actividades en la región es contundente y afecta servicios vitales para la comunidad. El transporte público, la educación, la atención en organismos públicos y la recolección de residuos presentan una paralización casi total en las principales ciudades del Alto Valle y la zona andina.
Paro general de la CGT: las marchas y movilizaciones en el Alto Valle
La región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro tendrá movilizaciones en distintos puntos contra el proyecto de Reforma Laboral impulstado por el Gobierno.
Desde temprano, el Frente de Izquierda realizó una volanteada sobre la Ruta 7, a la altura del barrio Parque Industrial de Neuquén. El diputado Andrés Blanco apuntó contra la «pasividad» de la CGT y exigió una «huelga general» para endurecer el plan de lucha.
Transportistas protestan en la Ruta 151.
También en la Ruta 151, a la altura de Catriel, hay una amplia movilización de transportistas que frenaron a ambos lados de la vía. De acuerdo a la información trascendida, hay alrededor de «200» vehículos pesados parados como modo de protesta.
En Fernández Oro, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) encabeza un reclamo a la altura del puente 83.
En Neuquén Capital, la marcha contra el proyecto de reforma inició pasadas las 11 desde el Monumento a San Martín. La convocatoria fue multitudinaria y ocasionó largas filas de vehículos en la Avenida Argentina.
Demoras en el centro de Neuquén por la protesta contra la reforma laborla. Foto: Matías Subat.
Paro general de la CGT: qué pasa con el transporte y los vuelos
El gremio de la UTA confirmó la adhesión, lo que dejó sin servicio de colectivos urbanos e interurbanos a toda la región. No funcionan las unidades de Vía Bariloche, Flecha Bus, Cooperativa 1 de Septiembre (Roca) y Mi Bus (Bariloche). Asimismo, el Tren del Valle se sumó a la medida a través de La Fraternidad.
En los aeropuertos de Neuquén, Bariloche y Viedma, la actividad es nula. Los gremios aeronáuticos APLA y APA se plegaron al paro, provocando cancelaciones y demoras masivas en todos los vuelos programados para la jornada.
Paro general de la CGT: qué pasa con educación y salud
Neuquén: El gremio ATEN confirmó el paro y realizará una movilización. Concentrarán a las 11:00 hs en el monumento a San Martín.
Río Negro:UNTER adhiere a la medida en toda la provincia, profundizando el conflicto salarial que ya afectaba el inicio del ciclo lectivo.
Salud: Los gremios ATE, UPCN y ASSPUR garantizan únicamente las guardias mínimas y la atención de urgencias en los hospitales públicos.
Paro general de la CGT: qué pasa con bancos, Comercio y Residuos
Bancos: La Bancaria se sumó al cese, por lo que no hay atención presencial; solo operan cajeros y canales digitales.
Comercio: El Centro de Empleados de Comercio (CEC) adhiere, lo que podría generar atención reducida en locales y supermercados.
Residuos: En Neuquén capital, el servicio de recolección está suspendido desde anoche y se reanudará recién hoy jueves a las 22:00 hs.
Paro general de la CGT: los puntos de concentración y marchas
Además del cese de tareas, se realizarán movilizaciones en diferentes puntos de la región:
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha este jueves 19 de febrero un paro general de 24 horas en todo el país, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La huelga coincide con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado.
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La central obrera anunció que la protesta se realiza sin movilización, pero con fuerte impacto en servicios clave, en especial el transporte público, que aparece como uno de los puntos centrales para medir la contundencia de la medida.
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Gremios que adhieren en Neuquén y la región
Unión Tranviarios Automotor (UTA): confirmó su adhesión al paro nacional y anunció que no prestarán servicio de transporte de pasajeros urbano ni interurbano en Neuquén y Río Negro durante toda la jornada.
Gremios estatales provinciales como ATE (estatales), ATEN(docentes), SEJUN (judiciales), ANEL (Legislativos) y UPCN(personal civil) en Neuquén anunciaron su participación en el paro y también movilizaciones, junto con otras organizaciones sindicales y sociales, en rechazo a la reforma.
Centro de Empleados de Comercio anunció su adhesión a la medida.
La Bancaria: No habrá atención bancaria durante toda la jornada.
Sindicato de Camioneros
Además de UTA y gremios estatales, otros sindicatos vinculados al transporte y la industria en todo el país adhieren a la huelga, aunque en Neuquén la atención se centra en la paralización del transporte y actividades públicas locales.
Transporte público: sin colectivos ni Tren del Valle
Uno de los principales efectos para la población neuquina es la suspensión de los servicios de transporte público:
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Colectivos urbanos e interurbanos: no funcionarán en la capital ni en el interior de la provincia durante toda la jornada.
Servicios interurbanos entre Neuquén y localidades del Alto Valle también quedan interrumpidos, afectando a usuarios habituales del transporte.
Tren del Valle: tampoco funcionará este jueves, confirmaron voceros del sector para el ramal que une Neuquén con Plottier y otras localidades.
Vuelos cancelados. Se recomienda consultar a las agencias de viajes y/o a las líneas aéreas.
La paralización del transporte en Neuquén y Río Negro se condice con lo que ocurre a nivel nacional, donde tampoco funcionan colectivos, trenes ni subtes por la adhesión de gremios del transporte.
Servicios públicos y oficinas
Bancos: no habrá atención al público en sucursales durante la jornada, aunque las plataformas digitales y cajeros automáticos continuarán operando.
Oficinas públicas y organismos como ANSES, AFIP o registros civiles: permanecen cerrados o con atención mínima en Neuquén, según confirmaciones oficiales y la adhesión de gremios estatales.
Escuelas y educación pública: los gremios ATEN y SADOP de la provincia confirmaron su adhesión.
Salud y servicios esenciales: funcionan con guardias mínimas (hospitales y emergencias), mientras que turnos programados y servicios ambulatorios se suspenden.
Comercio y movilidad en la ciudad
La falta de locomoción impacta la actividad comercial y cotidiana en la ciudad de Neuquén y localidades del Alto Valle, con calles más desiertas de lo habitual durante un jueves hábil y una marcada reducción en la circulación de personas.
Contexto nacional
La huelga se realiza en un día clave: la Cámara de Diputados sesionará desde las 14 para tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno. La CGT busca con esta medida expresar un rechazo contundente al contenido de la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada.
La jornada transcurre, entonces, con una Neuquén con actividades cotidianas significativamente reducidas, por la adhesión de gremios clave como UTA y docentes, y con el transporte, atención bancaria y oficinas públicas prácticamente paralizados.
