La Confederación General del Trabajo (CGT) sorprendió este martes al anunciar que su tradicional marcha por el Día del Trabajador se realizará el miércoles 30 de abril y no el jueves 1° de mayo, como marca la histórica conmemoración del movimiento obrero.
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La decisión fue justificada por razones logísticas, pero detrás del cambio también subyacen diferencias internas y un trasfondo político que intensifica el perfil opositor de la central sindical frente al gobierno de Javier Milei.
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El argumento formal para modificar la fecha apunta a la dificultad de movilizar trabajadores durante un feriado nacional. Algunos dirigentes sindicales plantearon que sus bases estarían descansando el 1° de mayo y que sería más viable garantizar una participación masiva en una jornada laborable, aun cuando eso implique interrumpir tareas habituales. Sin embargo, no todos comparten esta visión dentro del sindicalismo.
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Varios representantes presentes en la reunión del Consejo Directivo, realizada en la histórica sede de Azopardo 802, expresaron su descontento con la medida o, en algunos casos, optaron por mantenerse en silencio. “El Día del Trabajador es el 1° de mayo, no hay discusión. Cambiarlo es un retroceso simbólico”, manifestó con dureza uno de los sindicalistas, que pidió no ser identificado.
Más allá del desacuerdo por la fecha, hubo consenso en otro punto clave de la reunión: la decisión de asistir la semana próxima al Congreso para exponer en contra de una serie de proyectos que afectan directamente a las estructuras sindicales. La CGT, junto a representantes de ambas CTA, participará de una audiencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado nacional Sergio Palazzo, quien también es secretario general de La Bancaria.
El eje del debate legislativo se centra en el proyecto de “Democracia Sindical”, una iniciativa que reúne más de treinta propuestas previas de distintos espacios políticos y que incluye medidas que pondrían fin a la reelección indefinida en los gremios, eliminarían la denominada “cuota solidaria” –principal fuente de financiamiento de muchos sindicatos–, e introducirían mayores controles financieros y de representación interna.
Este paquete legislativo, impulsado por sectores del radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza, vuelve al centro de la escena luego de no haber logrado avanzar en el Congreso el año pasado. Para los gremialistas, se trata de un intento por debilitar al movimiento obrero en un momento en el que la ofensiva del Gobierno contra los sindicatos se ha vuelto más explícita.
Las ausencias y los temas de debate en la asamblea clave
Mientras tanto, la lista de ausentes en la reunión del Consejo Directivo reflejó también las fisuras dentro de la CGT. No participaron Carlos Acuña, uno de los tres secretarios generales, ni dirigentes de peso del ala dialoguista como Gerardo Martínez (UOCRA), José González (Comercio), Sergio Sasia (Ferroviarios) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). La deliberación fue encabezada por Héctor Daer (Sanidad) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes junto a Andrés Rodríguez (UPCN), Abel Furlán (UOM) y otros referentes discutieron el escenario político-sindical actual.
Otro de los ejes abordados fue la creciente preocupación por la política económica del Ejecutivo. Varios líderes gremiales advirtieron que, con la posibilidad de un levantamiento del cepo cambiario y la negociación con el Fondo Monetario Internacional en curso, se avizoran aumentos de precios y un deterioro mayor de los ingresos.
En ese marco, cobraron relevancia las advertencias de históricos dirigentes como Armando Cavalieri, secretario general del Sindicato de Comercio, quien criticó las restricciones del Gobierno a la libre negociación salarial: “Están fijando el precio del salario desde arriba. Eso no es libertad”, sostuvo en declaraciones recientes.
En la misma línea se pronunció Gerardo Martínez, quien consideró que el plan económico de Milei “fracasó” y que ahora se enfrenta a un escenario aún más delicado, con inflación creciente y mayor endeudamiento. Para el titular de la UOCRA, el Ejecutivo debe respetar la autonomía de los convenios colectivos: “Las paritarias deben ser libres. No puede el Gobierno condicionar las discusiones salariales entre trabajadores y empleadores”, advirtió.
En definitiva, la CGT se encamina hacia una movilización que, aunque anticipada en el calendario, se plantea como una fuerte señal de rechazo a las políticas del oficialismo. El 30 de abril, las calles de Buenos Aires serán escenario de una protesta que combinará demandas sociales, rechazo al ajuste y defensa del modelo sindical argentino, en medio de un clima tenso y con un horizonte económico aún incierto.
