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La Función Pública se reunirá este jueves a las 10 para analizar la próxima pauta salarial, pero, además, resolverá el mecanismo de cancelación de las recategorizaciones pendientes de algo más de unos 3.500 estatales.
Este ámbito paritario tendrá una baja, pues UPCN comunicó que no concurrirá en protesta porque “el Consejo -indica- ha sido progresivamente vaciado de contenido y desnaturalizado en su función original”. Ese gremio entiende que esa “instancia” solo formaliza “decisiones adoptadas de manera unilateral con anterioridad” y señaló que ese “rumbo” lo definen “el gobernador Weretilneck y Aguiar” (en relación al titular de ATE Nación).
Con esa ausencia, el Consejo -que conduce Tania Lastra- deliberará con funcionarios y la representación de ATE, seguramente su secretario general, Rodrigo Vicente.
Simultáneamente, no existió aún llamado a paritaria a la Unter. En un comunicado, la organización docente destacó esa falta de convocatoria, a “horas de una nueva jornada de lucha”, en referencia a la protesta universitaria, y consideró que el “silencio oficial frente al deterioro salarial, las condiciones de trabajo y la crisis educativa es una definición política: ajustar sobre la escuela pública y sobre quienes la sostenemos todos los días”.
La Función Pública avanzará en la política salarial de los agentes del Ejecutivo, estimándose -según las versiones iniciales- que la pauta será cuatrimestral, con subas bimestrales y centradas en los promedios de los índices inflacionarios de Nación y de Viedma.
Ascensos adeudados
- $ 400.000
- Monto promedio que cobrarán agentes por recategorización aunque las liquidaciones son muy dispares.
Por su parte, otro tema será el esquema de cancelación de las recategorizaciones pendientes, que se concentran en el personal de Salud. Se tratan de las mejoras salariales por los ascensos automáticos de los estatales previstos en la ley, pero que no se liquidaron.
En principio, según los datos preliminares, los agentes comprendidos superarían los 3.500 y el monto total rondaría los 1.600 millones. El promedio por cobrar por estatal estaría en los 400.000 pesos, pero las liquidaciones individuales serían muy dispares, con algunas inferiores a los 50.000 pesos, mientras otros llegan a los 700.000 pesos.
Algunos expedientes se remontan al 2019, que fue la última recategorización masiva, y además se abonaría la deuda histórica, es decir, no existiría actualización.
Hasta ayer, el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, no había acercado una propuesta definitiva de pago al gobernador Weretilneck, estimándose su inicio a fines de junio y un cronograma de hasta tres o cuatro cuotas.
