La comisión de Labor Parlamentaria resolvió mantener la actual estructura legislativa y dejó sin reconocimiento parlamentario a los espacios impulsados por La Libertad Avanza y Creo Río Negro. Ocho legisladores permanecen sin bloque propio mientras continúan las diferencias entre el oficialismo y el vicegobernador Pedro Pesatti.
La conformación política de la Legislatura de Río Negro quedó envuelta en una nueva controversia institucional luego de que la comisión de Labor Parlamentaria decidiera no reconocer, por el momento, la creación de nuevos bloques legislativos impulsados por sectores opositores.
La resolución dejó sin efecto práctico las autorizaciones otorgadas anteriormente por el vicegobernador y presidente de la Cámara, Pedro Pesatti, quien había avalado la constitución de los bloques de Creo Río Negro y La Libertad Avanza. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de Labor Parlamentaria se inclinó por sostener la estructura vigente desde el inicio del actual período legislativo.
La definición se produjo tras una reunión marcada por fuertes cruces políticos y desacuerdos sobre las facultades del titular del Poder Legislativo para habilitar nuevas bancadas. Finalmente, se acordó un acta que establece un criterio “suspensivo” respecto del reconocimiento de los nuevos espacios hasta alcanzar un consenso entre las distintas fuerzas políticas.
Aunque las resoluciones firmadas por Pesatti continúan vigentes desde el punto de vista administrativo, los nuevos espacios no obtendrán por ahora el estatus parlamentario necesario para funcionar plenamente dentro de la Cámara.
Una disputa con trasfondo político
La discusión expuso diferencias dentro del oficialismo provincial. Según trascendió, la postura de Alberto Weretilneck fue determinante para impedir modificaciones en la composición parlamentaria.
El bloque oficialista de Facundo López, acompañado por representantes del PRO, la UCR, el ARI y Primero Río Negro, respaldó la continuidad del esquema actual y rechazó la incorporación de nuevas bancadas.
Durante el debate también surgieron cuestionamientos sobre el alcance de las atribuciones del vicegobernador para reconocer bloques sin el aval de la mayoría parlamentaria. La discusión llegó a momentos de máxima tensión y obligó a negociar una salida política que evitara trasladar el conflicto al recinto.
El acuerdo alcanzado permitió desactivar una crisis institucional inmediata, aunque no resolvió las diferencias de fondo sobre la organización interna de la Legislatura.
Ocho legisladores permanecen sin bloque
La decisión adoptada deja actualmente a ocho legisladores sin representación formal dentro de una bancada parlamentaria.
Entre ellos se encuentran Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti, quienes integran el sector referenciado en el diputado nacional Aníbal Tortoriello.
También permanecen sin bloque César Domínguez, junto a los dirigentes vinculados a La Libertad Avanza, y los recientemente alejados de Juntos Somos Río Negro, Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti.
La falta de reconocimiento parlamentario implica limitaciones políticas y funcionales para estos legisladores, ya que quedan excluidos de ámbitos clave como la comisión de Labor Parlamentaria, donde se define el temario de las sesiones y se coordinan las principales decisiones de la actividad legislativa.
Mientras el oficialismo logró preservar el esquema institucional que pretendía mantener, la disputa por la representación política dentro de la Cámara permanece abierta y podría volver a ocupar el centro de la escena en las próximas semanas.
Ocho legisladores rionegrinos no tienen bloques en la Legislatura. Tampoco lo tendrán por ahora. Así lo decidió la mayoría de la comisión de Labor Parlamentaria, que bloqueó inicialmente a las bancadas de Creo Río Negro y La Libertad Avanza.
Esa decisión político-institucional también dejó sin efecto práctico las autorizaciones otorgadas por el vicegobernador Pedro Pesatti, quien había reconocido esos espacios en diciembre y en abril, respectivamente.
Esas resoluciones siguen vigentes y mantienen cierto reconocimiento administrativo, aunque sin el estatus parlamentario que pretendían alcanzar.
Esta conclusión llegó el miércoles después de una jornada de alta tensión, con discusiones ásperas, gestos exagerados y hasta amenazas cruzadas entre referentes del poder provincial.
Ese día, Labor -presidida por Pesatti e integrada por los jefes de bloque— llegó a reunirse con un asunto aún irresuelto para el oficialismo: la constitución de los dos nuevos bloques, habilitados por el vicegobernador pero resistidos por el gobernador Alberto Weretilneck. Este rechazo se concentra esencialmente en la representación del diputado Aníbal Tortoriello (Cambia Río Negro).
Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti reclamaron para conformar el bloque Cambia Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.
El desenlace quedó alineado con la pretensión del mandatario: la Legislatura continuará con su organización actual y no reconocerá otras bancadas.
El acta final, que firmaron Pesatti y el resto de la Comisión, consigna la adopción de un “criterio suspensivo” respecto del reconocimiento de ambas bancadas. El texto invoca los antecedentes históricos de funcionamiento de la Legislatura y admite la existencia de una mayoría en Labor que rechaza esos “criterios utilizados hasta ahora”. Esta situación se mantendrá “hasta tanto se pueda alcanzar una síntesis entre los distintos puntos de vista”.
Integración
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Bloques constituyeron la actual Legislatura en diciembre del 2023. No tendrá modificación, según lo resuelto.
La redacción resulta deliberadamente ambigua. Sin embargo, hay una certeza: el documento evita referencias a la derogación de las resoluciones del vicegobernador.
La versión definitiva fue planteada por Pesatti luego de rechazar otro borrador, mucho más explícito en la limitación de sus facultades. Ese texto establecía que los únicos bloques serían los constituidos al inicio del período legislativo y que cualquier nueva conformación tendría “carácter excepcional”, sujeta a la “aprobación de la mayoría de Labor Parlamentaria”.
Weretilneck, Pesatti y Lopez. Un alineamiento pleno de otros tiempos del oficialismo. Foto Archivo/M. Ochoa.
Esa propuesta había sido acercada por el titular de JSRN, Facundo López, con el respaldo previo del PRO, Primero Río Negro, la UCR y el ARI.
Este intercambio de posiciones y el entendimiento surgió de un encuentro reservado entre Pesatti y López, posterior a la reunión de Labor, marcada por fuertes cruces.
En este ámbito, López ratificó la oposición definitiva del oficialismo a las habilitaciones formalizadas por el vice. Descartó antecedentes utilizados en situaciones similares y admitió que el posicionamiento de JSRN respondía a una decisión política: el oficialismo no convalidaría acciones en pos de su debilitamiento.
La conformación de la Legislatura es un tema cerrado, pero la tensión sigue abierta. JSRN logró su propósito político y Pesatti evitó una derrota formal.
Mientras tanto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) apeló a argumentos jurídicos para cuestionar las facultades del presidente de la Legislatura. La discusión escaló rápidamente y Pesatti reclamó la posibilidad de trasladar el conflicto al recinto.
“Vamos al recinto. Yo bajo, hablo y nos incendiamos todos”, lanzó el vicegobernador. Nadie pareció dispuesto a asumir semejante exposición ni el riesgo de una votación abierta.
Para entonces, las partes se habían alineado. Los peronistas José Luis Berros (Vamos con Todos) y Daniel Belloso (PJ) se posicionaron con Pesatti. Antes, Mansilla, Juan Martín (PRO), Javier Acevedo (ARI) y Lorena Matzen (UCR) habían argumentado y ubicado juntos a JSRN.
Daniel Sanguinetti y Marcela González Abdala se fueron recientemente del bloque de Juntos. La oficialista Lorena Yensen aparece en el centro de la fotografía. Foto: Marcelo Ochoa.
La reunión osciló entre momentos de máxima tensión y otros de búsqueda de entendimiento. La disputa parecía no tener salida, pero, finalmente, se acordó trabajar en un plan de consenso, a cargo de Pesatti y López.
En la discusión en Labor, el vicegobernador esbozó un contrataque: una organización parlamentaria ajustada a las propuestas de la última elección. No avanzó en detalles, pero su interpretación otorgaba vida al bloque de la alianza Cambia Río Negro y exigía reunificar a los actores del PRO y el ARI.
De los ocho legisladores alejados, cinco son de la inicial constitución de la bancada del PRO; dos de Juntos Somos Río Negro y uno de Primero Río Negro.
La idea luego tomó forma de proyecto de resolución, valiéndose del artículo 46 del Reglamento Interno, que establece que los “bloques representarán a los partidos o alianzas que impulsaron su elección”.
Otro documento circuló y fue la nota presentada por el PRO que cuestiona el aval del vice a Cambia Río Negro y formula consultas sobre su funcionamiento, planteando si hay cargos designados, como los de secretarios Legislativo y Administrativo.
La conformación legislativa es tema cerrado, pero la tensión sigue abierta. El oficialismo preservó el esquema pretendido en la Legislatura, mientras Pesatti logró evitar una derrota formal. Lo convenido políticamente desactivó una crisis inmediata.
Los legisladores que no tienen espacios
No integrar ningún bloque tiene dificultades políticas y funcionales, a partir de quedar al margen de los canales parlamentarios.
Esa privación genera obstáculos para el acceso a la información y la participación en la Legislatura. No tendrán, por caso, representación en Labor, que es la comisión de los jefes de bancadas donde se define el temario de tratamiento en los proyectos en el recinto.
Actualmente, ocho legisladores dejaron sus bloques originales y no disponen de espacios legislativos.
Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, electos por la alianza Cambia Río Negro, se distanciaron enseguida de la PRO por diferencias en su propia conformación institucional. En diciembre los siguió Gabriela Picotti y se sumó al grupo liderado por Aníbal Tortoriello.
César Domínguez se apartó de Primero Río Negro y, finalmente, se ubicó en La Libertad Avanza y pidió una bancada por esa fuerza. Después, desde el PRO, se incorporaron Claudio Doctorovich y, más tarde, Martina Lacour.
Los otros dos legisladores que no tienen pertenencias son las recientes bajas de Juntos Somos Río Negro: Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti. Ellos declararon no tener definido el nuevo destino, pero, obviamente, pensaban en su espacio.
Fueron reubicados en otros despachos y corridos en el recinto. La señal de su salida del oficialismo quedó también en claro cuando el jueves el presidente de la bancada, Facundo López, informó del corrimiento de González Abdala de la integración del Consejo de la Magistratura y esa vacante fue ocupada por Silvia Morales.
En medio de una creciente presión política y parlamentaria, el oficialismo intenta acelerar la definición de una fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente en el Senado a brindar su informe de gestión, una obligación constitucional que, según denuncian distintos bloques, permanece incumplida desde su asunción.
Crece la presión para que Manuel Adorni dé explicaciones en el Senado
La iniciativa será impulsada por la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18. El objetivo es descomprimir el conflicto con la oposición y habilitar la sesión prevista para el jueves 18, cuya agenda incluye proyectos prioritarios para el Gobierno.
La convocatoria a Adorni se inscribe en un contexto de reclamos crecientes por su ausencia en el Congreso. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al menos una vez por mes a cada una de las cámaras para informar sobre la marcha del Gobierno.
Sin embargo, desde su designación en noviembre de 2025, Adorni no ha cumplido con esa obligación ante el Senado, lo que motivó cuestionamientos no solo de la oposición más dura, sino también de sectores dialoguistas como la UCR y el PRO.
“La obligación es al menos mensual y no se está cumpliendo”, advirtió Villarruel al formalizar la convocatoria a los jefes de bloque, en un mensaje que refleja la tensión institucional que atraviesa la Cámara alta.
El último antecedente de una presentación de este tipo data del 26 de junio de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso ante los senadores.
El clima político se enrareció aún más tras la presentación de la declaración jurada patrimonial de Adorni, que generó controversia por la inclusión tardía de 500.000 dólares que no habían sido informados previamente.
Las explicaciones públicas del funcionario no lograron desactivar las críticas. Legisladores de distintos espacios sostienen que las inconsistencias en la información patrimonial ameritan su comparecencia urgente en el Congreso.
El tema escaló rápidamente a ambas cámaras. En Diputados, bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, sectores del radicalismo, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda impulsaron pedidos de interpelación. Incluso algunos legisladores plantearon la posibilidad de avanzar con instrumentos más severos.
El PRO volvió a cuestionar al gobierno nacional por la decisión de mantener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por la presentación de su declaración jurada.
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A través de un posteo en redes sociales, el partido de Mauricio Macri le envió un mensaje directo a Javier Milei. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.
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El cuestionamiento se suma al duro comunicado difundido ayer en donde hacía hincapié que no hay justificación posible para defender a Adorni, quien públicamente admitió haber mentido con sus declaraciones juradas anteriores y argumentó que el crecimiento de su patrimonio personal fue solventado con ganancias en criptomonedas.
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Darío Nieto, legislador porteño y referente del partido, apeló a una visión más técnica sobre la cuestión para alimentar las dudas sobre la justificación patrimonial. “Era imposible que alguien en 2013 pusiera 200 lucas en Bitcoin, Adorni tiene que renunciar”.
Para entender el origen de la controversia, hay que retrotraerse al viaje del jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial. La imagen generó críticas y denuncias contra el funcionario, una de ellas por enriquecimiento ilícito.
La Justicia corroboró que el ministro coordinador adquirió propiedades y mantuvo un nivel de vida que en principio no se condice con los ingresos que obtuvo como funcionario. Además, descubrió algunos préstamos hipotecarios poco habituales empleados por Adorni para comprar bienes inmuebles.
El jefe de Gabinete había prometido que todo quedaría aclarado con la presentación de su declaración jurada. Ese trámite finalmente se concretó ayer jueves y según explicó el propio economista en una entrevista, la principal justificación de su patrimonio fue una ganancia de casi 300 mil dólares en criptomonedas, algo que había ocultado hasta el momento. Por ese motivo, tuvo que rectificar declaraciones juradas de años anteriores.
La maniobra dejó al descubierto que mintió ante el Congreso cuando en el último informe de gestión dijo que todos sus movimientos dinerarios habían sido declarados y estaban justificados. Esta omisión impulsó a distintos partidos de la oposición a aumentar la presión pública para que el Presidente removiera a Adorni de su cargo.
Las críticas de todo el arco político
“Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”, expresó Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba.
Además, denunció que el funcionario “le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”. “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, agregó y sumó el apoyo de los diputados y senadores de su espacio.
A las críticas de Schiaretti se suman a las de la UCR, que calificaron de “extrema gravedad” la situación de Adorni y recordaron que “ante el propio Congreso de la Nación dijo que en sus declaraciones juradas ‘nunca existió ocultación alguna’. Hoy reconoce lo contrario. Mintió ante el Congreso. Quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado”.
Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que Adorni “vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos y a 257 diputados nacionales”. En ese marco, recordó que distintos bloques opositores impulsaron una sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de exigir la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional.
“Los argentinos no merecen un Jefe de Gabinete que miente descaradamente para justificar su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”, agregó el legislador.
Las críticas también llegaron desde el peronismo. El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario y reclamó su salida del Gobierno. “Hay que tener mucha cara de piedra para pedirles sacrificios a los argentinos y después explicar que 800 mil dólares no declarados fueron un simple ‘olvido’. Adorni tiene que renunciar, pero el problema se llama Milei”, expresó.
Las críticas también alcanzaron al oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como una “vergüenza” el accionar del jefe de Gabinete y rechazó las explicaciones que brindó sobre su patrimonio. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, respondió en la red social X ante la consulta de un usuario sobre las declaraciones que el funcionario realizó en una entrevista televisiva.
Además, Villarruel volvió a referirse al tema con ironía al responder el mensaje de un usuario que celebraba su cumpleaños. “Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!!”, escribió, en una aparente alusión a la polémica por las explicaciones de Adorni sobre la evolución de sus bienes.
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la modificación del artículo 143 del Estatuto Docente (Ley N° 391), estableciendo un sistema de incentivos para los maestros y profesores que se hayan formado en instituciones locales o residan en la provincia. La iniciativa, impulsada por la legisladora Soraya Yauhar (JSRN) y acompañada por referentes de la UCR, fue sancionada por mayoría en primera vuelta con 28 votos a favor y 13 en contra.
El proyecto otorga 4 puntos adicionales a los egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro, 3 puntos extra a quienes hayan estudiado en la Universidad Nacional de Río Negro o en carreras dictadas por la Universidad Nacional del Comahue dentro del territorio provincial, y 4 puntos a los docentes que acrediten domicilio legal en Río Negro al momento de abrir su legajo.
La sesión legislativa se desarrolló en un clima de tensión, con el acceso vallado y presencia policial. La UnTER participó con representantes de la Comisión Directiva Central y vocales gremiales, manifestando su rechazo a la iniciativa. El sindicato denunció que la norma introduce criterios discriminatorios y que no se convocó al gremio para debatir los cambios en el ámbito paritario. “Estamos hablando de una ley fundamental que regula el trabajo de los docentes de Río Negro. Era imprescindible la participación del sindicato en este proceso”, expresó la legisladora Alejandra Mas (PJ-Nuevo Encuentro).
Otros parlamentarios también cuestionaron la medida. Patricia Mc Kidd advirtió que la norma genera “docentes de primera y docentes de segunda”, mientras que Magdalena Odarda señaló que los cambios de último momento vulneraron principios de transparencia y podrían contradecir la Constitución Nacional, que garantiza igualdad de acceso a los cargos públicos.
Pese a las críticas, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer el arraigo y el conocimiento del entorno sociocultural en las aulas rionegrinas. La legisladora Lorena Matzen sostuvo que “defender oportunidades para los rionegrinos no es discriminar a nadie, es cumplir con la responsabilidad que nos dieron quienes nos pusieron en estas bancas”.
Intenso debate por la modificación del régimen de declaraciones juradas patrimoniales
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) analizó esta mañana los proyectos que proponen reemplazar la ley vigente de declaraciones juradas patrimoniales por un nuevo régimen que apunta al control y la publicidad de los bienes de funcionarios de los tres poderes del Estado. Tras el debate, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) acordó mantener las iniciativas en comisión para solicitar información e incorporar aportes de los distintos bloques.
Se trata de tres proyectos orientados a actualizar el régimen de declaraciones juradas patrimoniales, derogar la ley 5 -vigente desde 1958- y fortalecer los mecanismos de ética pública y control estatal. Una de las iniciativas es del bloque Cumplir; otra del interbloque compuesto por Democracia Neuquén, Cumplir y JxC-UCR; y la restante es de UxP.
La discusión incluyó la necesidad de transparentar la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas, el alcance de la publicidad de las declaraciones juradas, los mecanismos de investigación y control que deberían implementarse para verificar la información presentada, y críticas sobre el incumplimiento de leyes ya vigentes.
Al fundamentar, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) sostuvo que el proyecto busca traducir en medidas concretas los compromisos de transparencia anunciados por el gobierno provincial. En ese sentido, señaló que tras los hechos que derivaron en la destitución de la ex vicegobernadora, el Poder Ejecutivo dictó un decreto para exigir el cumplimiento de obligaciones ya previstas en la ley 5, norma sancionada en 1958 que la propuesta busca reemplazar por un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales para funcionarios de los tres poderes del Estado.
A su turno, el diputado César Gass (JxC-UCR) consideró que la discusión es una oportunidad para revertir el descrédito que atraviesa la dirigencia política. Mencionó el caso del jefe de gabinete del gobierno nacional Manuel Adorni y sostuvo que ese tipo de situaciones refuerzan la necesidad de avanzar en políticas de transparencia que permitan conocer el patrimonio de los funcionarios al ingresar y al dejar sus cargos. Asimismo, planteó que el proyecto se inscribe en la misma línea de otras medidas impulsadas para fortalecer la transparencia y los controles como las leyes de Ficha Limpia y el narcotest.
Desde el MPN, el diputado Claudio Domínguez pidió ir “más a fondo” y no centrarse únicamente en la presentación de declaraciones juradas, sino poner el foco en la investigación de la evolución patrimonial tanto de quien ejerce la función pública como de su entorno. Para ello, propuso incorporar una comisión investigadora y extender el seguimiento más allá del período de ejercicio del cargo para detectar posibles enriquecimientos. “De nada sirve hacer una ley para la tribuna”, sostuvo en referencia a la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de la norma una vez sancionada. En ese marco, cuestionó la falta de implementación de algunas leyes puntuales y propuso pedir informe.
El diputado Novoa reivindicó la actuación del gobierno en casos de corrupción como una muestra de compromiso con la transparencia y cuestionó aspectos técnicos del proyecto, especialmente en cuanto a los datos.
En tanto, Francisco Lepore (Avanzar) se manifestó a favor de fortalecer los controles patrimoniales, aunque cuestionó algunos de los argumentos utilizados para fundamentar los proyectos. Calificó de “hipocresía” las posiciones de determinados sectores políticos que, según indicó, tuvieron intervenciones contradictorias frente a situaciones de corrupción y consideró que “esto es más una puesta en escena que una discusión real sobre la transparencia”. En ese sentido, apoyó la posibilidad de avanzar en mayores niveles de transparencia pero recalcó que el debate debía comenzar por el cumplimiento de las obligaciones vigentes por parte de todos los legisladores.
En la misma línea, el diputado Darío Martínez (UxP) planteó que cualquier ciudadano o periodista debería poder acceder a esa información y sostuvo que la evolución patrimonial de los funcionarios debe ser pública durante todo el ejercicio de la función y al finalizar el mandato. Además, insistió con la creación de una Oficina Anticorrupción que realice un seguimiento permanente y recalcó que la sociedad demanda transparencia de la política.
En tanto, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO—NCN) cuestionó algunos aspectos técnicos y consideró que la iniciativa reduce el alcance previsto en la ley 5 respecto de los familiares alcanzados por la obligación de declarar. También sostuvo que el control patrimonial debe apoyarse en las declaraciones presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y advirtió que el problema de fondo es que la Justicia no investiga los casos de enriquecimiento ilícito.
El diputado Federico Méndez (Democracia Neuquén), por su parte, sostuvo que el objetivo principal del proyecto es garantizar que la ciudadanía pueda conocer el patrimonio y su evolución a lo largo del ejercicio de la función pública.
A su turno, Andrés Blanco (FIT-U) respaldó la discusión de nuevas herramientas de transparencia, pero consideró que cualquier organismo encargado de investigar la evolución patrimonial de los funcionarios debería contar con independencia respecto de los poderes políticos. En ese sentido, se pronunció a favor de delegar el control a la ciudadanía y consideró que la discusión está condicionada por “una cuestión de poder”.
En la misma reunión, la comisión dio despacho al proyecto que crea el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, iniciativa impulsada por el Poder Eje cutivo provincial.
Asimismo, obtuvo despacho favorable el proyecto que instituye el 15 de septiembre de cada año como Día Provincial de la Concientización del Linfoma, con el objetivo de promover acciones de difusión, prevención y sensibilización sobre la enfermedad.
Las iniciativas ya habían obtenido dictamen favorable en la comisión de Desarrollo Humano y Social (C).
La Legislatura aprobó este jueves la adhesión de Río Negro al régimen nacional de “Incentivo para Medianas Inversiones” y, además, sancionó un nuevo esquema retributivo para la Provincia por parte de las concesionarias de las centrales hidroeléctricas.
Inicialmente, el debate legislativo se concentró en la aceptación del RIMI, que implica realmente «la simplificación de trámites», y concluyó con una votación unánime, a pesar de los cuestionamientos opositores.
Por su parte, la otra iniciativa del Ejecutivo formaliza el uso del recurso hídrico por parte de las nuevas concesionarias de las represas de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila y, en contraprestación, Río Negro cobrará un canon anual que será equivalente al 1% de toda la facturación obtenida por la venta.
La oposición insistió en la coparticipación a los municipios por esos ingresos, pero el oficialismo se opuso, con el argumento de que va a «un Fondo Hidráulico» para «mantener operativos diferentes canales y sistemas de agua».
El presidente de la bancada oficialista, Facundo López, cerró el debate del canon para las centrales hidroeléctricas. Foto: M. Ochoa.
Al final, esa votación en general concluyó con 40 respaldos y cuatro rechazos (Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich y Leandro García, del bloque PJ-NE).
El debate por el RIMI
En la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el argumento oficial fue expuesto por la legisladora Soraya Yahuar, que explicó que la medida significa “la simplificación” de gestiones y que las “tramitaciones nacionales ya posibilitarán la acreditación” en la Provincia para “evitar una duplicidad de gestiones”.
Luego, el radical Ariel Bernatene anticipó su respaldo por la “oportunidad de más empleo”, mientras que el libertario César Domínguez insistió en que “el Estado debe apoyar” y “evitar obstáculos” para las inversiones privadas.
El legislador tortoriellista Santiago Ibarrolaza adelantó el respaldo del proyecto por los beneficios planteados por la Nación y aprovechó para recordar que ellos ya habían propuesto esa adhesión, pero que no fue considerada por el oficialismo. Cuestionó que “solo se consideren buenas ideas” y “valga lo que dice el gobernador” Alberto Weretilneck.
Leandro García fundamentó el rechazo pleno al proyecto gubernamental de canon hidroeléctrica. Foto: M.Ochoa.
Leandro García, del PJ-NE, repitió sus críticas de que estas grandes inversiones no “traccionan el desarrollo” y exigió que exista una “contraprestación” para que “el sacrificio” provincial por “los beneficios otorgados” se compense, es decir, que “algo quede en la Provincia”.
El peronista tuvo sus objeciones, expuestas por Ayelen Sposito, José Luis Berros (“no constituye una solución integral”, resaltó) y Daniel Belloso (recordó reformas no consideradas para dejar “beneficios concretos” para Río Negro).
El firme respaldo del ARI, el PRO y de Primero Río Negro fue expuesto en el recinto por Fernando Frugoni, Juan Murillo y por Yolanda Mansilla, respectivamente.
La oficialista y serrana Aime Kircher valoró el impacto económico en Sierra Grande del proyecto petrolero VMOS. El presidente del bloque de JSRN, Facundo López, remarcó que se pretende «exclusivamente simplificar trámites».
Canon a las centrales hidroeléctricas
Por su parte, el proyecto por el uso del agua ratifica el criterio de que las provincias son titulares originarias de sus recursos naturales y, por eso, se permite la utilización del recurso hídrico por parte de las concesionarias de las represas de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, fijándoles un canon del 1% de toda la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Ese porcentaje puede llegar hasta el 2% en ocasión del aprovechamiento compartido de los recursos hídricos con Neuquén.
Por JSRN, la legisladora Lorena Yensen entendió que la aplicación del canon es la concreción «del federalismo» y, en cambio, el justicialista Luciano Delgado Sempe planteó reparos al sistema propuesto. Luego, García planteó dudas de los cálculos gubernamentales, los cuales, estiman aumentos en esos recursos y los ubican en unos 40 millones de dólares, a partir de una recaudación presente de unos 9,5 millones.
La legisladora de Vamos con Todos, Magdalena Odarda reclamó que se participe a los municipios de los ingresos. Foto: M.Ochoa.
Gabriela Picotti, del “espacio” tortoriellista, anticipó el apoyo, pero solicitó modificaciones para sumar en la composición del canon a otras ventas energéticas.
Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, consideró que el “proyecto llega a destiempo” porque las concesiones ya fueron concretadas, «hace unos seis meses». Reclamó, además, que los ingresos sean coparticipables con los municipios.
Desde la UCR, Lorena Matzen ponderó la iniciativa por su reivindicación y que abre el «desafío de seguir con atención el proceso», como los «mecanismos de controles».
Belloso, de PJ-NE, insistió con reformas referidas al mecanismo de aplicación del canon. Después, Javier Acevedo anticipó el voto favorable del ARI porque es «un avance concreto en defensa de los recursos de la Provincia».
El peronista José Luis Berros insistió con un reparto a los municipios de los ingresos al entender que la propuesta gubernamental retenía la totalidad de los recursos, mientras criticó la «discrecionalidad» en el manejo de los fondos por parte de la Provincia.
La respuesta estuvo a cargo de López en el cierre, cuando aseguró que los ingresos están destinados a un Fondo Hidráulico para obras y mantenimiento de canales y sistema de agua en distintas regiones de Río Negro.
La Legislatura mantendrá su inicial organización institucional, con los siete bloques del 2023, ya que Labor Parlamentaria -por mayoría- imposibilitó la habilitación plena de las bancadas de Creo Río Negro y de La Libertad Avanza, que fueron inicialmente autorizadas por el vicegobernador Pedro Pesatti.
En resoluciones previas, Pesatti había reconocido ambos bloques, pero enseguida existieron cuestionamientos internos, que este miércoles se expresaron en rechazo a las decisiones del presidente de la Legislatura.
Al mediodía, la discusión se hizo fuerte en Labor Parlamentaria y la mayoría de los jefes de bloques acentuaron su oposición a las normas constitutivas del vicegobernador.
Todo indicaba que el rechazo institucional sería contundente, pero, al final, la resistencia se tradujo en un bloqueo.
Lorena Matzen, presidenta del bloque de la UCR, y Juan Martín, titular del PRO, ingresan al despacho del vicegobernador Pesatti. Foto: Marcelo Ochoa.
La segunda parte de la reunión de Labor se concentró en el mecanismo de anulación de las resoluciones. Pesatti defendió su facultad y exigía que se votara en el recinto, pero tampoco había coincidencias en ese punto, a partir de las objeciones y los riesgos de que este contrapunto se exponga en el pleno del cuerpo.
El encuentro de Labor se cerró con dos alternativas por delante: acordar un instrumento de anulación o llevar la discusión al recinto para su votación.
Pasadas las 16, el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, se encerró con Pesatti y llevó un borrador de acta de Labor, acordado con los otros críticos a la apertura. El escrito -según trascendió- establecía criterios de “organización” que desestimaban nuevas bancadas y determinaba que cualquier futura conformación sería “excepcional”, con la aprobación de la mayoría en esa Comisión.
La Legislatura seguirá con la integración inicial de diciembre del 2023, con siete bancadas: JSRN, la UCR, el ARI, el PRO, Primero Río Negro, y las dos peronistas.
Ese encuentro se extendió por más de dos horas. El resultado: el vicegobernador priorizó otro texto donde aceptó que existe “una mayoría” en Labor que “se opone” al reconocimiento de los bloques en cuestión, a pesar de que se contradicen “los antecedentes de funcionamiento” de la Legislatura. Indica que se acordó la “adopción de un criterio suspensivo” de los mismos.
En conclusión, esa redacción ratificó la imposibilidad de funcionamiento de esos espacios. Aparentemente, esa síntesis habría sido suficiente y, anoche, ese texto parecía acordarse entre las partes en conflicto.
Saludo inicial de Pesatti y López. Luego, en Labor, el vicegobernador y el presidente del bloque oficial sostendrían posturas encontradas. Foto: Marcelo Ochoa.
Las horas preliminares fueron discutidas. En Labor, definido el temario para la sesión de este jueves, López metió la cuestión con el propósito de definir qué hacer con las discutidas bancadas de Creo Río Negro (alineada con el diputado Aníbal Tortoriello e integrada por Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti) y La Libertad Avanza (pedida por César Domínguez). Esos armados se consideraban en “suspenso”.
Además del oficialismo, la resistencia a las resoluciones de Pesatti fue expuesta por Juan Martín (PRO), Yolanda Mansilla (PRN), Javier Acevedo (ARI) y Lorena Matzen (UCR). Las dos bancadas peronistas respaldaron la postura del vice. José Luis Berros defendió las autorizaciones pedidas o, de lo contrario, el debate y la votación en el recinto.
El 30 de diciembre del año pasado, con la resolución N° 460/26, el vicegobernador Pesatti conformó el bloque de Creo Río Negro y, posteriormente, el pasado 29 de abril, con la norma 163/26, otorgó el mismo reconocimiento parlamentario a La Libertad Avanza. Esas habilitaciones fueron ayer definitivamente bloqueadas.
La Legislatura provincial comenzó a debatir una actualización integral del régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Las iniciativas apuntan a reemplazar una ley vigente desde 1958, ampliar los mecanismos de control y fortalecer la transparencia en los tres poderes del Estado.
La Legislatura de Neuquén dio un nuevo paso en el debate para reformar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar los funcionarios públicos. La discusión se desarrolla en el ámbito de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde comenzaron a analizarse distintas iniciativas que buscan actualizar una normativa vigente desde hace casi siete décadas.
El objetivo de los proyectos en estudio es reemplazar la Ley 5, sancionada en 1958, por un nuevo marco regulatorio que contemple mayores exigencias de control, mecanismos de fiscalización más efectivos y criterios acordes a los estándares actuales de transparencia pública.
La comisión, presidida por el diputado Ernesto Novoa, evaluó propuestas impulsadas por distintos espacios políticos, entre ellos Cumplir, el interbloque conformado por Democracia Neuquén, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR, y Unión por la Patria.
Durante el debate, los legisladores coincidieron en la necesidad de revisar una normativa considerada desactualizada frente a las actuales demandas de control ciudadano sobre la gestión pública y la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos en el Estado.
Uno de los aspectos centrales de la discusión gira en torno a la publicidad de las declaraciones juradas y al acceso que la ciudadanía podrá tener a esa información. También se analizan mecanismos que permitan verificar la consistencia de los datos presentados por los funcionarios y detectar posibles inconsistencias o incrementos patrimoniales injustificados.
En ese sentido, los diputados plantearon la necesidad de avanzar hacia sistemas de control más rigurosos que permitan realizar seguimientos periódicos y no limitar la fiscalización únicamente a la presentación formal de la documentación.
Otro de los puntos que surgió durante la reunión estuvo relacionado con el funcionamiento de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones. Algunos legisladores remarcaron la importancia de dotar de mayores herramientas institucionales a las áreas responsables de controlar las declaraciones juradas para garantizar una aplicación efectiva de la futura norma.
La reforma también busca establecer criterios homogéneos para los integrantes de los tres poderes del Estado, alcanzando a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Si bien existe consenso sobre la necesidad de actualizar la legislación, todavía persisten diferencias respecto del alcance de la publicidad de la información patrimonial y de los mecanismos que deberán aplicarse para investigar eventuales irregularidades.
Por ese motivo, la comisión resolvió mantener los proyectos en análisis y solicitar información complementaria antes de avanzar en la elaboración de un despacho unificado.
La discusión forma parte de una agenda más amplia vinculada al fortalecimiento de la ética pública y la transparencia institucional en Neuquén. De prosperar las iniciativas, la provincia podría contar por primera vez en décadas con un régimen renovado para el control patrimonial de los funcionarios, incorporando herramientas de fiscalización más modernas y mayores niveles de acceso a la información pública.
El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó este martes las gestiones con distintos gobernadores para reunir apoyos en torno a la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, una iniciativa que tiene entre sus principales objetivos la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Uno de los encuentros más relevantes de la jornada fue con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con quien mantuvo una reunión de más de media hora en la que analizaron la agenda parlamentaria y coincidieron en la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral.
Según trascendió, Santilli insistió en la eliminación de las PASO al considerar que representan un gasto cercano a los 250 millones de dólares y que ya no responden a una demanda de la sociedad. Jalil respaldó esa postura y sostuvo que las disputas internas deberían resolverse dentro de cada espacio político.
Durante el encuentro también abordaron temas vinculados al desarrollo económico de Catamarca, entre ellos el diseño de una zona franca y alternativas para reducir la carga tributaria provincial.
Como muestra del buen vínculo entre la administración nacional y el gobierno catamarqueño, Jalil invitó a funcionarios nacionales a participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará en julio, y de la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio, dos de ellas desarrolladas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Además, el mandatario provincial extendió una invitación para la puesta en marcha de una planta de hilado y un hotel cinco estrellas en Antofagasta de la Sierra.
En paralelo, crecieron las versiones sobre un posible entendimiento electoral entre La Libertad Avanza y sectores del peronismo que responden a Jalil, aunque por el momento no hubo confirmaciones ni detalles sobre eventuales acuerdos.
Más temprano, Santilli también mantuvo una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con quien repasó distintos temas de la agenda común entre la Nación y la provincia, en el marco de una serie de encuentros destinados a fortalecer el diálogo con los mandatarios provinciales y consolidar apoyos para las iniciativas impulsadas por el Gobierno.
Diego Santilli se reunió con Rolando Figueroa en Casa Rosada
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a encontrarse este martes 9 de junio con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien repasó la relación entre la provincia y la Nación, además de temas de interés para el gobierno de Javier Milei, como la reforma electoral prevista que impulsa el oficialismo para el año que viene.
En un comunicado difundido por la Casa Rosada, se destacó el diálogo entablado por el mandatario provincial y el funcionario proveniente del PRO, que hizo foco «en la reforma electoral».
«Repasaron los principales temas de la agenda común entre la Nación y la provincia», añadió el breve texto difundido por el área de prensa oficial.
Santilli está a la caza de votos para la reforma electoral, uno de los varios proyectos que están frenados en el Senado. El ministro quiere acelerar los consensos alrededor del futuro de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), pero las urgencias de las provincias son otras.
El Gobierno sabe que no tiene los votos para eliminar las PASO y está evaluando alternativas, como primarias optativas en lugar de obligatorias. En el Senado, Bullrich se fijó un objetivo ante los bloques aliados: cerrar un texto durante estos dos meses, que estarán consumidos por el Mundial de Fútbol y el receso invernal.
Por lo pronto, el Senado aprobó el jueves una preferencia para la Ficha Limpia: significa que, una vez que el tema tenga dictamen, se votará en la próxima sesión que haya. Fue un punto a favor para el PRO y la UCR, que reclaman escindir de la reforma electoral el proyecto para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos. La Casa Rosada pretendía mantener todo en un único paquete, pero la presión fue mayor.
