El primer proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de Neuquén dio un paso decisivo este mediodía: el plenario de las comisiones de Hidrocarburos, Asuntos Constitucionales y Hacienda emitió despacho por mayoría al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ratificar el acuerdo suscripto entre la provincia e YPF. La reunión fue encabezada por los diputados Damián Canuto, Ernesto Novoa y la diputada Zulma Reina.
La iniciativa cosechó el voto a favor de Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal y Juntos, mientras que rechazaron el despacho UxP, Democracia Neuquén, JxC-UCR, PTS-FIT-U y FIT-U. El diputado Francisco Lepore (Avanzar) lo definió como «un acuerdo fundacional» que permitiría elevar la producción de gas en más de un 50% y proyectó 20 mil empleos directos y otros 30 mil derivados para Cutral Co y Plaza Huincul.
El acuerdo de GNL que promete US$25 mil millones para Neuquén
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Ernesto Novoa (Comunidad), precisó que la inversión rondará los 25 mil millones de dólares y lo calificó como «un proyecto viable que le va a hacer muy bien a Neuquén». En la misma línea, Canuto (PRO-NCN) sostuvo que la premisa es «la generación de divisas» que beneficiarán a la provincia y al país.
Desde el MPN, el legislador Claudio Domínguez comparó el momento con el inicio de Vaca Muerta y la sanción de la ley 2867, que en 2013 ratificó el acuerdo con YPF para crear Loma Campana. Recordó que la cuenca neuquina concentra hoy dos tercios de la producción nacional de petróleo y aporta 110 de los 140 millones de metros cúbicos diarios de gas del país, y estimó ingresos superiores a los 12 mil millones de dólares para 2026.
La oposición, en cambio, marcó reparos. Darío Martínez (UxP) advirtió que el esquema «compromete los ingresos de los neuquinos por los próximos 30 años» y cuestionó la baja de regalías, que fija un piso del 7,5% en áreas concesionadas recientemente al 12%. «Un extranjero va a pagar el gas de Vaca Muerta más barato de lo que paga cualquier neuquino», planteó.
El diputado César Gass (JxC-UCR) reclamó más información técnica y propuso convocar al presidente de YPF, Horacio Marín. Con el despacho firmado, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto.
El presidente Javier Milei sumará un nuevo destino a su agenda internacional. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, el jefe de Estado viajará a Francia para encabezar la Argentina Week París, una cumbre clave diseñada para acelerar el ingreso de capitales europeos al país.
Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, en el marco de esta gira la Casa Rosada trabaja activamente para concretar un encuentro bilateral con el mandatario francés, Emmanuel Macron.
El viaje a Europa se concretará inmediatamente después de la final del Mundial 2026. Esta proyección global, sin embargo, avanza en paralelo a la fuerte tensión política en Buenos Aires, marcada por la delicada situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La comitiva empresarial de Javier Milei en Francia y el histórico premio que recibirá en París
Uno de los hitos centrales de la comitiva en la capital francesa será de carácter académico y político. El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anticipó que Milei recibirá una distinción del Paris Economic Forum junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion. Ambos serán galardonados como los dos economistas más influyentes del planeta, ponderando a Aghion desde la teoría y al mandatario argentino desde la práctica política.
Sielecki definió la cumbre corporativa como “una suerte de mundial de las inversiones para la Argentina”. El objetivo central será conectar a los sectores más dinámicos de la economía local —con especial foco en energía, minería, infraestructura y agroindustria— con los actores más pujantes de Europa.
Javier Milei y Emmanuel Macron evalúan el flujo de capitales europeos hacia el país. Las inversiones francesas en Argentina crecieron un 50,7% bajo la actual gestión. (Foto: Archivo).
De acuerdo con lo revelado por Infobae, la delegación empresarial argentina contará con nombres de peso como Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya (Globant) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía).
A nivel estadístico, la embajada argentina remarcó que las inversiones de origen francés en el país treparon un 50,7% desde el inicio de la gestión actual, apalancadas por proyectos de litio en el Norte, procesamiento de girasol en Bahía Blanca y el desarrollo de energías renovables en la Patagonia, además de la explotación de gas offshore en Tierra del Fuego por parte de la firma Total.
El impacto de la crisis de Manuel Adorni en el Gabinete antes del viaje a Europa
El viaje a París replicará la estructura del foro realizado previamente en Nueva York, pero con una impronta más volcada a la inversión industrial. Ocurre, además, luego de que la Argentina se convirtiera en el primer país del Mercosur en convalidar todos los pasos institucionales para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).
Sin embargo, el despliegue diplomático de la Casa Rosada contrasta drásticamente con la tensión del frente interno. La permanencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa horas críticas luego de que se profundizaran las investigaciones judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La situación escaló tras admitir inconsistencias y ahorros no declarados ante el fisco por medio millón de dólares.
Mientras los socios legislativos del PRO condicionan el respaldo parlamentario a la salida del funcionario, y la UCR califica el escenario de incompatible, la oposición ya apura una moción de censura para el próximo 24 de junio, fecha que coincidirá con otra escala de Milei en Madrid. Hasta el momento, el Presidente optó por ratificar su respaldo cerrado al jefe de ministros.
El margen político para la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno nacional entró en una fase de descuento. Tras cumplirse 14 semanas del inicio de las controversias en torno a los movimientos de su entorno familiar, el Jefe de Gabinete experimenta un aislamiento generalizado dentro del propio esquema oficialista y sus terminales legislativas. A excepción del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la percepción mayoritaria dentro de la administración pública apunta a la necesidad de una dimisión para destrabar la gestión del Estado.
Los cuestionamientos se profundizaron de manera determinante tras la última presentación de su declaración jurada y las posteriores declaraciones públicas del exvocero para justificar la evolución de sus activos. La respuesta de los bloques aliados fue de rechazo, traduciéndose en un cambio de estrategia parlamentaria para forzar su salida definitiva de la Jefatura de Gabinete.
El cerco en el Senado y la ruptura de la grieta
El escenario de mayor conflictividad inmediata se trasladó a la Cámara Alta. Este miércoles se concretará la reunión de jefes de bloque para definir la convocatoria a una sesión este jueves, donde la oposición buscará activar una moción de censura contra el funcionario:
Los números del rechazo: para aprobar la remoción se requieren dos tercios de los votos en el recinto (48 senadores). Según supo Infobae, las bancadas ya articulan un piso de 45 voluntades confirmadas.
Posición de los dialoguistas: sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvieron un encuentro virtual este lunes y confirmaron que, si bien la iniciativa pertenece al peronismo, consideran la situación insostenible. «Vos podés zafar de la punición del delito, pero eso no significa que no lo hayas cometido», señalaron desde el bloque conducido por José Mayans.
Plazos en Diputados: en la Cámara Baja, los pedidos de sesión especial para tratar las solicitudes de remoción quedaron fijados para el próximo 23 de junio. El PRO formalizó su postura a través de un comunicado exigiendo definiciones urgentes por parte del Poder Ejecutivo.
El quiebre del relato: las críticas del frente digital
La pérdida de sustento político para Adorni afectó incluso a los canales de comunicación habituales del espacio gubernamental. El creador de contenido oficialista Mariano Pérez admitió públicamente sus dudas respecto a la justificación patrimonial basada en transacciones históricas de criptomonedas:
«No termina de convencer la explicación. Hace tres meses que está el Gobierno parado y que las buenas noticias están siendo tapadas por esta situación. No sé para qué dio esa entrevista si la explicación era tan vaga: eso de ‘puse 200 mil y gané esto’ no cierra», argumentó el militante digital, exponiendo la falta de blindaje mediático del ministro coordinador.
Agenda dividida: la economía de Javier Milei y la ruta de viajes
Mientras la estructura del Gabinete se concentra en la resolución de la crisis interna, el presidente Javier Milei intenta sostener la iniciativa política mediante las variables macroeconómicas. Los registros de la jornada marcaron una profundización en la baja del riesgo país, que descendió a los 425 puntos —un registro mínimo en los últimos ocho años—, a la par de estimaciones privadas que proyectan el índice inflacionario mensual en el orden del 1%.
Sin embargo, la rutina de Balcarce 50 quedará delegada ante un nuevo cronograma de traslados presidenciales. Milei participará este sábado 20 de junio del acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, para luego iniciar una gira internacional:
Miércoles 24 de junio: Viaje a España por tres días para participar de conferencias y rondas empresariales.
30 de junio: Asistencia a la Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.
4 de julio: Traslado a los Estados Unidos con motivo de las celebraciones por el día de la independencia de ese país.
La estrategia oficial apuesta a que la agenda exterior y los indicadores financieros logren amortiguar el impacto del caso Adorni, en un contexto donde el juez de la causa, Ariel Lijo, se encuentra en Francia en misión oficial junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postergando las definiciones de los expedientes de Comodoro Py.
Javier Milei decidió sostener a Manuel Adorni en el cargo y quiere que retome la vocería pública, pese al costo político que generó la explicación patrimonial del jefe de Gabinete. En el Gobierno reconocen que la apuesta presidencial es clara: la continuidad de Adorni depende exclusivamente del respaldo de Milei, y la lectura interna es que su salida abriría una ofensiva mayor contra el núcleo libertario.
En despachos oficiales atribuyen al Presidente una definición que sintetiza esa postura: «Si caés, van a venir por nosotros». La carga de presión quedó invertida: no es Adorni quien insiste en quedarse, sino Milei y su hermana Karina quienes le pidieron que no renuncie. En Balcarce 50 sostienen que entregar al funcionario más identificado con la gestión —en medio de causas sensibles como $LIBRA y ANDIS— fortalecería a la oposición, al Poder Judicial y a aliados que ya tomaron distancia.
El clima interno, sin embargo, es cada vez más incómodo. En distintos despachos admiten que la defensa pública de Adorni no cerró el caso y que, en varios aspectos, abrió nuevas preguntas. «Nadie le creyó y ahora la gente quiere saber de dónde sacó la plata», expresan en Nación. La lectura interna es que la explicación estuvo diseñada para la causa judicial, no para ordenar el frente político.
La investigación sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En las últimas horas, Pollicita solicitó nuevas medidas: pidió información sobre las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti; requirió datos a ARCA, ANSES y Lemon Cash; solicitó información sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete; y ordenó relevar publicaciones, entrevistas y videos vinculados a sus inversiones en bitcoin. La causa avanzará ahora sobre la consistencia entre los bienes declarados, las rectificaciones posteriores y la explicación pública sobre el origen de los fondos.
En Balcarce 50 reconocen que la cronología sobre las criptomonedas y los registros audiovisuales previos complicaron la defensa pública. «Si Milei dice que no es chorro es porque sabe perfectamente sus ingresos, más allá de las inconsistencias», agregan con suspicacia desde un despacho oficial.
El caso se cruza, además, con la disputa interna por el manejo judicial del Gobierno. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la salida de Sebastián Amerio —hombre de Santiago Caputo—, se agudizó la pelea entre facciones internas por los pliegos, la relación con Comodoro Py y la estrategia sobre expedientes sensibles. En Nación reconocen que esa pulseada volvió más áspero el vínculo entre los sectores de Karina Milei y Caputo. La Procuración General aparece como un objetivo de fondo en el rediseño judicial que debaten las distintas terminales del oficialismo.
El escándalo también reactivó una conversación sensible dentro del Gabinete: las versiones sobre posibles mecanismos de compensación salarial para cargos altos de la Casa Rosada. No hay documentación pública ni confirmación oficial sobre ese punto, pero al menos tres fuentes de la primera línea libertaria, consultadas en reserva, sostienen que el congelamiento de salarios públicos generó discusiones internas sobre compensaciones para funcionarios de alto rango.
En varios despachos oficiales prefieren no pronunciarse sobre esos trascendidos, aunque admiten que la explicación patrimonial de Adorni volvió a poner el tema en circulación. «Ni siquiera se trata sólo de la realidad, sino de lo que parece. Y esto no ayuda», sostiene un funcionario. Otro integrante del oficialismo lo enmarca en la política salarial: «No se puede vivir con tres millones de pesos con una familia. Fue un error congelarlo porque se dio pie a complicaciones más graves».
La preocupación no implica una sospecha generalizada sobre todo el Gabinete. En Balcarce 50 separan a los funcionarios que ya tenían un patrimonio alto antes de asumir de quienes no enfrentan cuestionamientos. Pero admiten que el caso instaló una pregunta incómoda para una administración que construyó parte de su identidad discursiva sobre la austeridad, la transparencia y la denuncia a la «casta».
La estrategia presidencial es encapsular a Adorni bajo su respaldo, esperar que la Justicia no produzca una novedad disruptiva y correr la agenda hacia la economía. El Ejecutivo apuesta a la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la mejora del crédito y los anuncios de infraestructura vinculados a privatizaciones y concesiones en rutas, energía, transporte y servicios públicos.
Esa apuesta tiene límites reconocidos. El caso ya impactó en el vínculo con aliados, abrió diferencias con Patricia Bullrich, tensó al PRO y dio argumentos a la oposición para impulsar una interpelación y una moción de censura. En Nación confían en que esos pedidos no alcancen los votos, pero ya no lo dan por cerrado. Saben que dependerán del comportamiento del PRO, la UCR y los bloques provinciales.
En la mesa chica admiten que Adorni ya no podrá recuperar el perfil que tuvo durante los primeros dos años de gestión. «Es imposible. Ese Adorni ya murió», expresan en Nación. La idea ahora es que funcione más como coordinador político y comunicacional que como fiscal público de la oposición y del periodismo. Milei, sin embargo, no planea cambiar su decisión. Lo considera un activo propio dentro del ecosistema libertario y no quiere reemplazarlo por otro vocero.
La Policía de Río Negro quedó habilitada para incorporar armas menos letales tras la aprobación de una ley que autoriza el uso de pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado y otros dispositivos de disuasión. La norma establece estrictos requisitos de capacitación para los efectivos y obliga a registrar cada intervención mediante sistemas de audio y video.
La iniciativa generó un intenso debate político dentro de la Legislatura. Sin embargo, finalmente obtuvo el respaldo necesario para convertirse en ley. Uno de sus principales impulsores fue el legislador de la Coalición Cívica ARI, Javier Acevedo, quien defendió la medida al sostener que las fuerzas de seguridad necesitan herramientas intermedias entre la persuasión verbal y el arma reglamentaria.
«Hoy la Policía sólo dispone de una herramienta letal como la pistola 9 milímetros. Muchas veces un efectivo se encuentra ante la difícil decisión de disparar o no disparar. Estos dispositivos permiten intervenir y reducir situaciones peligrosas sin poner en riesgo extremo la vida de las personas», explicó Acevedo durante una entrevista con el programa La Segunda Mañana, de AM 550.
Además, el legislador aclaró que no todos los policías estarán habilitados para portar estos elementos. La ley prevé que únicamente podrán utilizarlos agentes especialmente capacitados, incorporados a un registro específico y entrenados bajo protocolos operativos rigurosos. También deberán contar con mecanismos de control que permitan revisar posteriormente cada procedimiento.
Por otra parte, la normativa no se limita a las pistolas Taser. Según detalló Acevedo, también contempla dispositivos de inmovilización eléctrica de otras marcas, gas pimienta, proyectiles de goma o polímeros especiales, lanzadores de agentes irritantes y sistemas de disuasión acústica o luminosa utilizados para controlar situaciones de alta conflictividad.
Mientras tanto, uno de los puntos más controvertidos surgió durante la discusión de las excepciones propuestas por la oposición. El bloque Vamos con Todos pretendía restringir el uso de estos dispositivos en menores de edad, personas con discapacidad y manifestaciones públicas. Sin embargo, los impulsores de la ley rechazaron esas modificaciones al considerar que cada situación debe analizarse según el riesgo concreto que represente para terceros.
También rechazó restringir su uso durante manifestaciones. «Una protesta puede desarrollarse normalmente, pero también puede desmadrarse por la acción de una persona fuera de control. En esos casos, las fuerzas de seguridad deben contar con herramientas para disuadir conductas peligrosas sin recurrir a armas letales», sostuvo.
Ahora la pelota quedó en manos del Poder Ejecutivo provincial. Será el Gobierno el encargado de reglamentar la norma, definir qué equipamiento adquirirá, establecer los protocolos definitivos y avanzar con la capacitación de los efectivos. Según estimó Acevedo, una pistola Taser tiene actualmente un costo cercano a los 3.000 dólares, aunque remarcó que cualquier inversión destinada a prevenir tragedias y salvar vidas está plenamente justificada.
El escenario político
Durante la entrevista también fue consultado sobre el calendario electoral de Río Negro. Acevedo indicó que el Gobierno provincial todavía no definió la fecha de las próximas elecciones provinciales, aunque estimó que podrían realizarse entre marzo y abril de 2027 y de manera separada de las nacionales.
Además, confirmó que la Coalición Cívica ARI trabaja para fortalecer su estructura territorial y manifestó su intención de reeditar la alianza «Juntos Defendemos Río Negro», integrada por Juntos Somos Río Negro, la UCR y otras fuerzas provinciales.
Sobre una eventual candidatura a gobernador, consideró que tanto el actual mandatario Alberto Weretilneck como el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, son dirigentes con capacidad para conducir la provincia. «Son dos figuras importantes para Río Negro. Si se concreta una alianza, cualquiera de los dos podría representar un proyecto sólido para los próximos años», concluyó.
Manuel Adorni prepara el informe de gestión que brindará ante la Cámara de Senadores a principios de julio, adelantando la fecha inicial que estaba prevista para el mes de agosto. Según confirmaron fuentes oficiales, la mesa política oficialista evalúa convocar a la sesión para el jueves 2 o el martes 7 de julio, previo al inicio del receso invernal que comienza el 19 de ese mes.
La decisión busca neutralizar la estrategia parlamentaria del Partido Justicialista. El bloque conducido por José Mayans cuenta con la firma de siete senadores para exigir una interpelación inmediata con el objetivo de votar la destitución del funcionario.
La bancada peronista planea impulsar el tratamiento de esta moción este miércoles en la comisión de Labor Parlamentaria, según lo publicado por Infobae.
El frente interno y la posición de los bloques aliados
La aceleración del trámite por parte del Poder Ejecutivo intenta frenar la confluencia del PJ con sectores de la UCR y con legisladores vinculados de forma directa a los gobernadores provinciales. En los pasillos del Congreso, los operadores oficialistas reconocen que adelantarse busca desactivar los intentos de impulsar una moción de censura por parte de senadores con agenda propia.
El escenario legislativo coincide con tensiones hacia el interior de la coalición gubernamental y sus socios tácticos. Mientras los bloques del PRO solicitaron públicamente al presidente Javier Milei que priorice la agenda de reformas generales por sobre la defensa de la situación particular del Jefe de Gabinete, la vicepresidenta Victoria Villarruel y dirigentes del espacio como Patricia Bullrich consideraron que el funcionario debía presentarse durante el mes de junio.
Desde la Jefatura de Gabinete respondieron que los tiempos técnicos no lo permiten debido al volumen de preguntas que deben filtrar y derivar a cada ministerio.
Los Bitcoins de 2013 y la auditoría judicial: los cambios en el patrimonio de Manuel Adorni
La discusión sobre el patrimonio del funcionario se reavivó tras la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que instruye Comodoro Py. Adorni declaró que en el año 2013 obtuvo un ingreso de 300.000 dólares mediante inversiones en Bitcoin, argumento que forma parte de su estrategia de defensa legal.
Fuentes del espacio admitieron a Infobae que la gestión diaria se encuentra condicionada por los plazos de la causa judicial. La expectativa oficial de utilizar el inicio del Mundial 2026 como un factor de cambio en la agenda pública no impidió que el tema continúe en el centro del debate político.
La estrategia parlamentaria para la Cámara Alta con el informe de gestión de Manuel Adorni
Para su exposición en el Senado, los equipos técnicos coordinados por el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, definieron un esquema de funcionamiento diferente al utilizado el pasado 29 de abril en la Cámara de Diputados:
Sin acompañamiento total: en esta oportunidad, Adorni no estará acompañado por el Presidente ni por la totalidad de los ministros del Gabinete en el recinto.
Explicación patrimonial: el Jefe de Gabinete iniciará su alocución con una referencia al contenido de su declaración jurada y luego expondrá las variables de la gestión general del Estado.
Monitoreo de respuestas: la Secretaría de Asuntos Estratégicos coordinará un equipo de seguimiento en tiempo real para sistematizar las réplicas ante las consultas de las distintas bancadas opositoras.
En medio de una creciente presión política y parlamentaria, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que brindará su primer informe de gestión ante el Senado el próximo 2 de julio, en un intento del oficialismo por desactivar los cuestionamientos que enfrenta el funcionario por su situación patrimonial.
La fecha fue definida tras una serie de negociaciones entre el Gobierno y bloques aliados, con una participación activa de la presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien impulsó un acuerdo con legisladores del PRO y la Unión Cívica Radical para ordenar la agenda legislativa y reducir la tensión política.
Adorni quedó en el centro de la polémica luego de reconocer inconsistencias en su declaración jurada patrimonial y admitir la existencia de ahorros que no habían sido declarados previamente.
El episodio dio lugar a pedidos de interpelación por parte de la oposición e incluso a planteos sobre una eventual moción de censura, una herramienta prevista por la Constitución pero nunca utilizada desde la reforma de 1994.
Desde el oficialismo consideran que la presentación ante el Senado ofrecerá un ámbito institucional para que el funcionario brinde explicaciones y responda a los cuestionamientos. La estrategia apunta a evitar que el conflicto derive en una mayor confrontación política y complique el tratamiento de proyectos legislativos.
La presión, sin embargo, no proviene únicamente de los bloques opositores. Referentes del PRO y de la UCR expresaron preocupación por el impacto del caso y advirtieron que la continuidad de Adorni podría afectar el desarrollo de la agenda parlamentaria si no logra despejar las dudas sobre su patrimonio.
En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para abordar la demora del jefe de Gabinete en cumplir con la obligación constitucional de asistir periódicamente al Congreso, alternando sus informes entre ambas cámaras.
Desde el entorno de la titular del Senado señalaron que Adorni no se presenta ante el Poder Legislativo desde el 29 de abril, cuando expuso en la Cámara de Diputados, y que aún no había debutado en la Cámara alta.
El anuncio del 2 de julio busca poner fin a las críticas por la falta de precisiones respecto de su comparecencia. En los próximos días se habilitará el mecanismo para que los senadores remitan sus preguntas, que deberán ser respondidas previamente por el funcionario.
Se espera una sesión de alta intensidad política. En su última exposición ante Diputados, Adorni respondió cerca de 4.800 consultas formuladas por los legisladores, una cifra inédita que reflejó el nivel de control parlamentario sobre su gestión.
Mientras el oficialismo apuesta a que la presentación contribuya a encauzar la crisis y ganar tiempo en medio de las investigaciones judiciales, la oposición considera que el informe será una instancia clave para evaluar el respaldo político del funcionario y definir los pasos a seguir en el Congreso.
Una oposición que pasó a la delantera, aliados que se endurecen y una agenda legislativa que entró en zona de peligro. El escándalo por los posibles actos delictivos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cayó como una bomba en el Congreso y será el tema excluyente de las próximas dos semanas, con una doble ofensiva que apunta a la destitución del funcionario a través de una moción de censura.
El estallido de la declaración jurada dañó el vínculo de La Libertad Avanza con el PRO y la UCR, sus principales socios parlamentarios. En esas bancadas admitían hace días que las internas en el oficialismo metían ruido en la negociación de las leyes. Las contradicciones que salieron a la luz y la autoincriminación de Adorni al confesar que evadió impuestos no hicieron más que complicar las cosas.
Mauricio Macri encontró en la figura de Adorni un elemento para diferenciarse de Javier Milei. El expresidente había sido el primero en cuestionar la designación del entonces vocero presidencial en reemplazo de Guillermo Francos, allá por noviembre. Ahora que las inconsistencias en su situación patrimonial quedaron expuestas, el fundador del PRO no dudó en pedir la cabeza del funcionario.
Con más tardanza y cautela, diputados y senadores del radicalismo salieron a exigir “explicaciones claras e inmediatas y el total esclarecimiento de los hechos”.
“Todos saben que es insostenible Adorni, pero no saben cómo hacer equilibrio. Pero al menos dieron el primer paso como para mostrar algo de independencia”, señaló una fuente de la UCR.
Ambos bloques tendrán la oportunidad de llevar el malestar a los hechos en la maniobra que planea ejecutar la oposición el 18 de junio en el Senado y el 23 en la Cámara de Diputados. El objetivo, en ambos casos, es avanzar con la interpelación y eventual moción de censura. Por ahora, los aliados no confirman si se sumarán a la ofensiva y esperan que mueva la Casa Rosada.
En el Senado, el plan que el senador del PJ José Mayans llevará el miércoles a la reunión de Labor Parlamentaria es aprovechar la sesión que planificaba Patricia Bullrich para el jueves y votar sobre tablas una interpelación a Adorni para dentro de siete días, con la posibilidad de una remoción inmediata. Para hacerlo necesitan dos tercios de los votos.
La jugada del peronismo no solo desafía al macrismo y al radicalismo a ir a fondo, sino que también coloca en un lugar incómodo a Bullrich, quien consideró que lo de Adorni fue una “omisión ética” y desde hace semanas se viene diferenciando del funcionario apadrinado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.
En Diputados, el coraje de los aliados también será decisivo para concretar la sesión del 23 de junio, que tiene como objetivo destrabar los proyectos contra Adorni en comisiones. A diferencia del último y fallido intento, en la oposición creen estar más cerca de la meta porque quedó expuesto que Adorni mintió ante los diputados cuando fue a rendir cuentas en abril.
En Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica había conversaciones desde el lunes para oficializar el pedido de sesión. Cuando estalló el escándalo con la declaración jurada el miércoles por la noche, apretaron el acelerador: no quisieron quedar atrás después de que la propia Bullrich saliera a cuestionar al ministro coordinador.
El dato que más entusiasmó a los líderes de la oposición fue el sorpresivo giro del gobernador cordobés Martín Llaryora: acompañó el pedido y al día siguiente salió a reclamar, a través de sus diputados, la renuncia de Adorni. Hasta el momento, el cordobesismo mantenía distancia de la polémica y esperaba que se resolviera en la Justicia.
Ahora esperan que la actitud de Llaryora genere un “efecto cascada” sobre otros mandatarios dialoguistas, como el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo (que acaba de desdoblar elecciones en su provincia). No sería el caso del santafesino Maximiliano Pullaro: su diputada, Gisela Scaglia, tiene un viaje programado a Estados Unidos.
El caso Adorni afecta la agenda parlamentaria oficialista
Mientras la avanzada contra Adorni toma forma, crece la incertidumbre sobre el futuro de la agenda parlamentaria del Gobierno. No será fácil para los aliados aportar votos a un Gobierno que atraviesa su hora más crítica. Más aún cuando la mayoría de los proyectos del Poder Ejecutivo vienen trabados por falta de acuerdos.
Ya hubo una primera consecuencia: en el oficialismo dan por caída la Ley de Lobby, con la que el Gobierno busca regular la gestión de intereses entre los actores privados y los funcionarios públicos. El proyecto recibió numerosas críticas de organizaciones civiles esta semana en comisiones. “No hay chances de que salga ahora”, admiten en La Libertad Avanza.
La esperanza violeta está puesta en el “Súper RIGI”, el régimen con el que buscan atraer inversiones a gran escala en Inteligencia Artificial, infraestructura tecnológica y procesamiento de datos. La aspiración es dictaminarlo el próximo miércoles y votarlo en el recinto el 24. Dependerá de los bloques dialoguistas concretar esa hoja de ruta.
En el Senado, Bullrich tenía intenciones de votar el próximo jueves la ley de defensa de la propiedad privada, pero el texto sigue envuelto en idas y vueltas por los reparos de los bloques afines. Abrir el recinto en este momento para votar la ley es una jugada de riesgo que puede ser capitalizada por la oposición, ansiosa por discutir el caso Adorni.
Las críticas no solo recaen sobre el Manuel Adorni por la declaración jurada que dio sobre su patrimonio, sino también en Patricia Bullrich por su desempeño en el Senado. La jefa del bloque libertario se enfrentó a una gran derrota la semana y varios proyectos clave para la Casa Rosada se frenaron, como el de Ficha Limpia.
Aliados del Gobierno también presionan a Patricia Bullrich por Ficha Limpia en el Senado
Esta iniciativa no solo es importante para el oficialismo, sino también para las fuerzas aliadas que ya hartos de las decisiones de la senadora libertaria, adelantaron que podrían actuar por sus propios medios en los próximos días.
Si bien mostraron voluntad de ayudar al Gobierno, la crisis por la Ficha Limpia terminó de quebrar la relación el martes pasado, cuando oficialismo y aliados se reunieron en las oficinas de la UCR en la Cámara alta.
Según lo trascendido, en aquel encuentro se le consultó a Bullrich por la convocatoria de la comisión de Asuntos Constitucionales para continuar el debate de la reforma política que no sólo incluye ese tema, sino también cambios en los partidos, el botón de «lista» completa en Boleta Única de Papel (BUP) y el objetivo mayor del Gobierno: eliminar las PASO.
Semanas atrás, el libertario Agustín Coto que lidera la comisión dijo ante los senadores que no había «ninguna intención de tratar todo junto». Sin embargo, esto no fue lo que manifestó Bullrich el martes cuando reconoció que no convoca a la comisión porque «no están los votos» para la ley completa.
Esto desencadenó el enojo y provocó que el titular del PRO, Martín Goerling de Misiones, ponga en marcha un borrador de dictamen junto a la radical Edith Terenzi (Chubut) para, en cuanto haya oportunidad, proponer a quienes integran Asuntos Constitucionales que firmen un despacho. El borrador engloba recomendaciones de otros legisladores que empujan articulados parecidos sobre Ficha Limpia.
Pese a la presión ejercida sobre Bullrich y a las diferencias que pudo haber tenido las últimas semanas con el oficialismo, el Gobierno aún parece ser funcional a ella.
El inconveniente para Bullrich es que, de no haber novedades respecto al proyecto, los bloques aliados ya analizan realizar una reunión similar en la propia Cámara alta y dejar expuesta la negativa de la senadora y los hermanos Milei para no tratar Ficha Limpia que es el máximo aspiracional del kirchnerismo. Cuando la ley se cayó en mayo de 2025, el interbloque lo celebró como gran logro.
Los aliados insistirán en el tratamiento de la Ficha Limpia, por el momento Bullrich solo avaló que Asuntos Constitucionales trabaje la semana próxima para la ley Hojarasca y un convenio de Creación del Parque Interjurisdiccional marino Monte León.
La polémica que desató la declaración de Manuel Adorni sumó tensión en la relación dentro del oficialismo y a su vez, se presentó como nuevo obstáculo en la agenda legislativa que ya venía complicada para el Gobierno.
Un escenario complicado por el caso de Manuel Adorni
La última declaración le brindó el impulso que necesitaba la oposición para empezar a juntar los votos y así avanzar con una interpelación, incluso amenaza con una moción de censura para remover al jefe de Gabinete.
En ese contexto, el oficialismo busca esquivar la trabas y sumar apoyos para conseguir alguna victoria legislativa antes de que termine el Mundial. La intención que se mantiene firme es la de sesionar el 24 de junio para darle media sanción al Súper RIGI y para aprobar el pago a los holdouts.
Sin embargo el escenario se torna cada vez más complicado. Entre los aliados hay enojo por la situación de Manuel Adorni, a través de comunicados públicos y trascendidos en off dejaron en claro que esperan que el jefe de Gabinete dé un paso al costado para evitar situaciones incómodas en el recinto.
Por su parte, el partido de Mauricio Macri adelantó que no aportará votos para una interpelación en el Congreso, pero dejaron en claro a través de la cuenta oficial del PRO: «Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni».
En la misma línea se mantienen la UCR y el MID. Los radicales plantearon que «la ejemplaridad en la función pública no es una opción, es una obligación indelegable», sin embargo tampoco expresaron su voluntad de ir por la interpelación.
La agenda de Javier Milei en el Congreso que ya venía complicada, se agravó más. De todos los proyectos que envió en los últimos meses más de la mitad se encuentran frenados, principalmente en el Senado.
La reforma política que propone la eliminación de las PASO, sigue sin conseguir el visto bueno de los aliados del PRO, la UCR y de varios gobernantes. Al mismo tiempo perdieron impulso la reforma del régimen de Zonas Frías ante los temores de las provincias del norte de que el Gobierno no cumpla sus promesas y la ley Hojarasca.
Por su parte, la nueva ley de sociedades ni siquiera comenzó a discutirse de forma seria al igual que el flamante proyecto de ludopatía.
En tanto, la reforma de la ley de etiquetado frontal comenzó a discutirse pero no tiene fecha para ir al recinto y el Tratado de Patentes quedó a la espera de señales concretas del Gobierno de Trump por la política de aranceles.
Pese a este escenario, los libertarios convocaron a dos plenarios de comisión para la semana que viene con el objetivo de dictaminar el Super RIGI y el pago a los Holdoust.
En la bancada libertaria se muestran confiados en que conseguirán los votos para aprobar el nuevo régimen de grandes inversiones y destacan que las reuniones del ministro del Interior, Diego Santilli, con mandatarios fueron positivas.
Sin embargo, no son tan optimistas con la nueva ley de Lobby. En la última sesión informativa todas las Asociaciones Civiles, Sindicatos y Cámaras empresarias que participaron de la reunión informativa criticaron la redacción. Los libertarios adelantaron que aceptarán cambios, pero se muestran inseguros de lograr un consenso amplio.
De igual manera, las novedades del caso Adorni seguirán marcando el pulso de la agenda porque incluso los aliados más cercanos reconocieron que si todo se complica judicialmente, será dificil frenar una futura interpelación.
