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  • El pacto que logró el oficialismo para lograr su primer golpe político en 2026: el rol de Patricia Bullrich en la reforma laboral

    El pacto que logró el oficialismo para lograr su primer golpe político en 2026: el rol de Patricia Bullrich en la reforma laboral

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    En la previa del debate a la reforma laboral hubo un pacto sindical libertario que le aseguró al Gobierno de Javier Milei asegurarse la media sanción en el Senado. Patricia Bullrich, la jefa del bloque del oficialismo, ejerció un rol clave en las negociaciones y en realizar algunas modificaciones a la iniiciativa original.

    El proyecto tras su aprobación ahora pasará a Diputados.

    Patricia Bullrich, CGT y negociaciones por la reforma laboral


    Bullrich dejó la cuota solidaria, uno de los más fuertes reclamos de la CGT. Fue uno de los cambios que hubo luego de conversaciones aque tuvo la exministra de Seguridad. También estuvo el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, describió Infobae. Además participaron referentes del PRO. En medio del debate la central gremial convocó una movilización pero no un paro general.

    Otro de las claves de la negociación fue levantar el capitulo fiscal de la baja del impuesto a las Ganancias que iba a repercutir en los ingresos provinciales. Eso fue clave para que la norma tuviera el apoyo de gobernadores.

    En las conversaciones un rol central tuvo Bullrich, y luego Martín y Eduardo Lule Menem, El ministro del Interior, Diego Santilli, fue quien concentró el diálogo con los mandatarios provinciales.  “Santiago (Caputo) se borró dos días antes”, aseguró un dirigente sindical citada por el medio de Buenos Aires.

    La postura de la CGT en el contexto del tratamiento de la reforma levantó críticas entre varios sectores del sindicalismo. “Priorizamos las organizaciones sindicales, sí. Estratégicamente había que mantener la estructura gremial primero para después ir por el resto”, se defendió uno de ellos. “Teníamos la presión encima, la votación estaba perdida”, sostuvo una fuente del sindicalismo.

    Una de los puntos que se sumó y que despertó críticas entre la oposición fue el cambio en licencias por enfermedad. Se establecen el pago del 75% o 50% del total según los casos. EL peronismo y la Izquierda buscan quitar ese artículo. Saben que es dificil lograr un rechazo general de la norma,

    Cómo fue la votación en el Senado de la reforma laboral


    La votación arrojó 42 votos a favor y 30 en contra, pasadas la 1.20 de la madrugada del jueves pasado. Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados 

    El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños.

    Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

    Con Noticias Argentinas e Infoabe


  • La semana de la “grandeza” de Milei

    La semana de la “grandeza” de Milei

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    Aún con marcadas diferencias, la oposición peronista logró mantenerse unida en el Congreso, lo que no impidió que La Libertad Avanza, con un amplio abanico de aliados, le diera una semana de triunfos a Javier Milei que decretó al 2026 como “El año de la Grandeza”.

    Las tres leyes que el oficialismo puso a consideración de diputados y senadores –Reforma Laboral, Reforma Penal Juvenil y Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur- lograron media sanción con holgura. El justicialismo se dividió únicamente en la votación del acuerdo con la Unión Europea con diferencias tan notorias como las que expresaron los exministros Agustín Rossi y Elsa Kelly –a favor- y los excancilleres Jorge Taiana y Santiago Cafiero, en contra.

    El peronismo, incluso entre quienes votaron positivamente, mostró dudas sobre el impacto en la industria pero marcó beneficios para las economías regionales. El tablero reveló la rebelión del PJ en las provincias agroganaderas y al menos en esta votación expuso el debilitamiento del sector de Máximo y Cristina Kirchner.

    Después de un 2025 donde varios proyectos torcieron la voluntad mileísta el oficialismo rompió aquel frontón de Unión por la Patria, UCR y provinciales. Además del PRO y del radicalismo, gracias a los buenos oficios del ministro del Interior Diego Santilli, el Gobierno cohesionó a los mandatarios de Misiones, Salta, Tucumán y Neuquén. El catamarqueño Raúl Jalil esta jugó del otro lado aunque quizás liberado porque LLA tenía votos suficientes.

    La Reforma Laboral dejó en evidencia el magro resultado electoral del peronismo el año pasado: el justicialismo, más los senadores de Santiago del Estero y los cinco que se mantienen disconformes dentro del interbloque –de Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán- apenas sumaron 30 voluntades contra los 42 que juntó el oficialismo.

    Patricia Bullrich, que celebró con un video inspirado en la película “El diablo se viste a la moda” y en el que no mencionó ni al presidente ni a La Libertad Avanza, se jactó de concentrar las negociaciones a pesar del evidente trabajo de Santilli que habló uno a uno con los gobernadores, desactivó todas las ligas que los reúnen y ya trabaja junto al PRO y Cristian Ritondo en su candidatura a gobernador 2027.

    A la senadora le atribuyen haber quitado o agregado artículos, incluso el que expuso el desregulador Federico Sturzenegger. Entre los recortes de beneficios a los trabajadores el más impactante parece ser la regulación de licencias y la quita salarial de acuerdo a la caracterización de las enfermedades o accidentes que sufrieran los trabajadores. Los involuntarios –como un virus o un cáncer- o aquellos atribuibles a decisiones voluntarias del empleado como jugar al fútbol o bailar en el tiempo libre implicarán una merma salarial de un cuarto o un 50%.

    El exitismo oficial se topará esta semana con algunos sobresaltos. Desde el PRO Cristian Ritondo insistirá en sumar la posibilidad de que los salarios se depositen en bancos digitales y billeteras virtuales mientras que en Provincias Unidas no aceptan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en los términos de la media sanción.

    A la mayoría además le cuesta explicar la baja en los montos para casos de licencia que al peronismo le sirve para mantener la unidad en base a un tema fundacional del partido.

    En ese contexto el rol de los patagónicos ofrece particular lectura: finalmente los senadores santacruceños votaron en contra de la reforma laboral y cuidaron el perfil de Claudio Vidal, un gobernador de origen sindical, mientras que la neuquina Julieta Corroza acompañó al Poder Ejecutivo Nacional. En las fotos del triunfo los libertarios de Río Negro y Neuquén -Enzo Fullone, Nadia Márquez y Pablo Cervi- se ubicaron en un lugar visible, que les permite capitalizar el triunfo aunque en un rol nunca tan protagónico como el que mostró la exministra Bullrich.


  • Piden detalles del proyecto hidrocarburífero “La Angostura Norte II”

    Piden detalles del proyecto hidrocarburífero “La Angostura Norte II”

    Piden detalles del proyecto hidrocarburífero “La Angostura Norte II”

    Diputadas y diputados de distintos bloques presentaron un pedido de informe sobre la situación de la concesión del área denominada “La Angostura Norte” (LANOR II), ubicada dentro de la concesión hidrocarburífera “Loma La Lata – Sierra Barrosa”. Buscan asegurar que el proceso de reconversión de explotación convencional a no convencional se haya producido bajo los mecanismos correspondientes y de acuerdo a los parámetros legales y contractuales vigentes.

    En particular, le preguntan al Ministerio de Energía y Recursos Naturales si existe concesión de producción no convencional sobre el área en cuestión y, en caso negativo, bajo qué título jurídico se autorizaron perforaciones y fracturas. Asimismo consultan si se presentó el respectivo plan piloto para reconvertir de un tipo de explotación a otra; qué inversiones se planificaron y ejecutaron en los últimos dos años y, finalmente, cuál fue el procedimiento ambiental vinculado al proyecto LANOR II.

    En los fundamentos, los legisladores y las legisladoras aseguran que el objetivo es esclarecer la legalidad del encuadre jurídico bajo el cual se estarían desarrollando actividades vinculadas al proyecto “Desarrollo Integral Actividad Bloque LANOR II 2026-2027”, en el sector conocido como “La Angostura Norte”, área asociada a la concesión convencional “Loma La Lata”.

    Recuerdan que la ley nacional 27.742 -Ley Bases- ratificó y profundizó la distinción estructural en el régimen hidrocarburífero argentino, especificando que, para la extracción de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales, el concesionario preexistente debe requerir la subdivisión del área y su reconversión de convencional a no convencional, fundando dicha solicitud en un Plan Piloto específico. Dicho marco normativo diferencia, además, los plazos y condiciones de cada régimen.

    Más adelante mencionan que, en la localidad de Añelo, se realizó una audiencia pública ambiental en la materia, anunciada de manera oficial por parte del gobierno de la provincia. La medida, argumentan los impulsores del pedido de informe, confirmaría la existencia de un procesamiento ambiental para actividades en dicho bloque pero no suple ni reemplaza el requisito legal de contar con el título concesional específico cuando se trate de explotación no convencional. 

    El proyecto de resolución (18144) ingresó por Mesa de Entradas el 13 de febrero firmado Brenda Buchiniz (Cumplir); César Gass (JxC-UCR); Lorena Parrilli y Darío Peralta (UxP); Mónica Guanque, Cecilia Papa y Federico Méndez (Democracia Neuquén). 

  • La UCR Río Negro inició el año con definiciones internas y apuesta a fortalecer su presencia territorial

    La UCR Río Negro inició el año con definiciones internas y apuesta a fortalecer su presencia territorial

    La conducción partidaria se reunió por primera vez en 2026 y planteó modernizar el Comité Central, reformar la Carta Orgánica y proyectar al radicalismo en toda la provincia.

    La mesa directiva de la Unión Cívica Radical de Río Negro mantuvo su primera reunión del año con el objetivo de delinear la estrategia partidaria para 2026 y comenzar a trazar su proyección política y territorial.

    Durante el encuentro, las autoridades definieron avanzar en la modernización del funcionamiento del Comité Central, fortalecer la vida orgánica del partido y promover una modificación de la Carta Orgánica “acorde a la necesidad actual”, según expresaron tras la reunión.

    Uno de los puntos destacados fue la incorporación formal al plenario del delegado de la Juventud Radical, Esteban Arámbulo, en un gesto que busca integrar a los sectores juveniles a la toma de decisiones partidarias.

    “Ordenar, fortalecer y proyectar”

    Tras el encuentro, la conducción transmitió lo que calificó como “una decisión clara: ordenar, fortalecer y proyectar al radicalismo en toda la provincia”.

    El presidente del Comité Central, Ariel Bernatene, sostuvo que el partido debe recuperar protagonismo en la discusión pública. “El radicalismo no puede limitarse a administrar estructuras: debe volver a ser motor de debate público, presencia territorial y propuesta política en cada localidad”, afirmó.

    En esa línea, remarcó el rol que la UCR debe asumir en el escenario provincial: “Donde somos gobierno, debemos fortalecer la gestión. Donde no lo somos, debemos construir alternativas. La UCR Río Negro no será espectadora en el escenario político provincial”.

    Identidad y proyección

    Bernatene subrayó además la identidad histórica del partido y su vocación de gobierno. “Tenemos historia, tenemos territorialidad y tenemos vocación de gobierno. El radicalismo debe recuperar su centralidad política, superar fragmentaciones y prepararse con tiempo, inteligencia y unidad para enfrentar los desafíos que se aproximan”, expresó.

    Finalmente, el titular del Comité Central planteó el 2026 como un año clave para la reorganización interna: “Este es el año en que decidimos si vamos a administrar inercias o si vamos a construir futuro. La UCR tiene la responsabilidad de aportar a la construcción de una alternativa moderna, firme y democrática para Río Negro”.

    Con estas definiciones, el radicalismo rionegrino busca reordenar su estructura interna y posicionarse con mayor incidencia en el tablero político provincial.

  • La baja en la edad de imputabilidad se encamina en el Congreso: Diputados aprobó la Ley Penal Juvenil

    La baja en la edad de imputabilidad se encamina en el Congreso: Diputados aprobó la Ley Penal Juvenil

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    El gobierno de Javier Milei sigue cosechando victorias en el Congreso. Luego de aprobar la reforma laboral en el Senado, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

    La votación, tras más de ocho horas de debate en el recinto, fue de 149 votos a favor contra 100 en contra y ninguna abstención.

    La media sanción se consiguió con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diputados de Unidos y bloques provinciales.

    El tema fue introducido a fines de enero por el Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias, en medio de la conmoción por el macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.


    De qué se trata la Ley Penal Juvenil


    En principio, el gobierno de Javier Milei había enviado un proyecto que dictaminaba bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pero el mismo perdió estado parlamentario tras la renovación de la cámara.

    Luego de consensuar con los aliados, se determinó que la nueva edad de imputabilidad sería los 14 años, mientras que la pena máxima para un adolescente que infrinja la ley será de 15 años.

    Asimismo, luego del pedido de las provincias para poder cumplir con la ley, ahora el Ejecutivo incluyó las partidas presupuestarias que serán de un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.

    Por una parte, el proyecto estipula una serie de medidas complementarias como programas educativos, laborales y recreativos para quienes comentan delitos con hasta tres años de prisión.

    Con respecto a las penas privativas de la libertad, las mismas podrán ser domiciliarias, en institutos abiertos ó especializados, y en establecimientos penitenciarios, pero apartado de los adultos.

    Asimismo, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro para los jóvenes que hayan cumplido los dos tercios de la condena.

    Por último, se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta seis años y también la suspensión del proceso a prueba en condenas menos a los tres años de prisión, siempre y cuando haya una reparación del daño y otras medidas complementarias.

    El proyecto será rápidamente llevado al Senado, que intentará debatirlo y sancionarlo antes de que arranque el periodo de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.


  • El Gobierno logró la media sanción en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

    El Gobierno logró la media sanción en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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    viernes, febrero 13, 2026

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    El Gobierno logró la media sanción en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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    El nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo 149 votos a favor, gracias al apoyo de LLA, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, y otros bloques provinciales

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    El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuento Federal y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios.

    El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general. En la previa de la sesión, los diputados peronistas que pertencen el Frente Renovador habían dejado trascender que estaban dispuestos a acompañar en particular únicamente el artículo que establecía la baja de edad a 14 años para “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en los 14 años. Sin embargo, el oficialismo propuso votar por capítulos (varios artículos juntos) y a mano alzada, por lo que el massismo finalmente no acompañó.

    El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

    A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

    Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

    Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.

    Al inicio del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni brinda respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.

    La miembro informante, que además preside la comisión de Legislación Penal y condujo las negociaciones durante el año pasado, también destacó que el régimen actual deja a muchos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni políticas de resocialización, y advirtió que esa situación favorece la captación por organizaciones criminales.

    En ese sentido, remarcó que el amplio consenso con sectores de la oposición se logró tras un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas.

    Desde el peronismo criticaron el proyecto por no abordar la problemática desde un enfoque integral. “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, dijo Juan Grabois. En esa línea, planteó que el eje del debate debería estar puesto en la salud mental y los consumos problemáticos, y reclamó herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas. “Las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique”, argumentó.

    “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”, se preguntó el peronista Juan Carlos Molina.

    “No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no pueda volver. No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado”, dijo a su turno el libertario Santiago Santurio.

    El debate fue seguido con atención desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, como Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas en Santa Fe. También estuvieron presentes Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia (abuela de Uma Aguilera), la familia Sperani de Córdoba (padres de Joaquín Sperani), Laura Fernández de USINA de Justicia (madre de Lara Fernández), Guillermo Bargna (padre de Soledad Bargna) y Marcos Rodríguez (padre de Kim).

    En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo especialmente destinado a los aportes presupuestarios para la implementación del nuevo régimen penal: en total serán $23.739.155.303, que serán $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado se hizo luego de que los gobernadores amenazaran con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.

    “La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”, protestó Miguel Ángel Pichetto.

    Minutos antes de votar, la libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la redacción de algunos artículos fue ajustada para que “no se preste a confusión” la prohibición total de que los menores sean detenidos en el mismo lugar que presos mayores de edad.

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  • Otro triunfo libertario en el Congreso: cómo fue el debate para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

    Otro triunfo libertario en el Congreso: cómo fue el debate para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

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    La Libertad Avanza se anotó su segunda victoria parlamentaria al hilo. Tras aprobar la reforma laboral en el Senado, el oficialismo y sus aliados avalaron en la Cámara de Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14. El proyecto ahora fue girado al Senado, que podría tratarlo el 26 de febrero, al filo de las sesiones extraordinarias.

    Hubo 149 votos a favor, de La Libertad Avanza, sus aliados del PRO, la UCR y el MID, el interbloque Unidos (que incluye a Provincias Unidas) y otras fuerzas locales. Entre los apoyos estuvo el del cordobés Juan Schiaretti, en su debut.

    Los rechazos fueron 100, de Unión por la Patria, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), el bloque Elijo Catamarca que responde al gobernador Raúl Jalil, y el Frente de Izquierda.

    El avance de la iniciativa fortaleció aún más el protagonismo de Patricia Bullrich, quien acaba de conseguir la media sanción de la “modernización” laboral pero también impulsó como ministra de Seguridad la baja de la edad punible. Su proyecto original establecía 13 años, pero el oficialismo volvió a ceder ante el arco dialoguista en pos de lograr el objetivo.


    El trasfondo del debate de la nueva Ley Penal Juvenil en Diputados


    El debate se cargó de sensibilidad con la presencia de algunos familiares de víctimas, como los padres de Joaquín Sperani, asesinado en 2023 en Laboulaye por otro menor de edad declarado inimputable. “Como cordobés, puedo decir en nombre de los padres de Joaquín el dolor que se siente perder a un hijo y después ver a esa persona caminando por la calle como si no le hubiera pasado nada”, dijo el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

    También presenció la sesión Romina, madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en diciembre pasado por un grupo de menores en Santa Fe. Ese caso fue el que motivó la reapertura del debate en Diputados, luego del intento fallido en 2024.

    “La ley actual a todas luces ha sido ineficiente: no previene, no resocializa al menor, no repara ni da soporte a las víctimas para sentir que la impunidad ha acabado”, sentenció la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), quien abrió el debate como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

    Tras recordar que el régimen vigente data de la dictadura militar, la legisladora sostuvo que “todos” los especialistas que expusieron en el debate de 2024 coincidieron en que “entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, y por lo tanto “debe pagar con una pena racional por el hecho cometido”.

    Rodríguez Machado aceptó algunas modificaciones finales al dictamen, donde se reforzó la exigencia de alojar a los menores que delinquen en institutos diferenciados de las cárceles de adultos, con el fin de promover una adecuada resocialización.

    Los cordobeses alineados al gobierno de Martín Llaryora, que sumaron a sus filas a Juan Schiaretti, votaron todos a favor. “Somos partidarios de que hay que bajar la edad porque le evidencia nos lleva a ver que se cometen delitos donde participan menores”, explicó el diputado democristiano Juan Brügge, y agregó que los 14 años están “en armonía normativa con la región”.

    Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres proponían establecer un esquema escalonado de penas según la edad del menor: planteaban que los adolescentes de 14 años tengan una reducción de la escala penal a la mitad; los de 15 años, una reducción de un tercio; mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se aplique la escala completa, con un tope máximo de 15 años de prisión.

    Por otra parte, el “cordobesismo” calificó como “insuficiente” el presupuesto otorgado para financiar los nuevos institutos de detención y los profesionales que deberán supervisar a los menores. Será un monto total de alrededor de $23.700 millones; para tener dimensión, Brügge precisó que el costo del complejo “Papa Francisco” en Córdoba, para alojar a aproximadamente 150 jóvenes, es de $18.000 millones.

    «Han sido las provincias las que han tomado la posta en materia de reinserción, cuidado, educación y tratamiento del menor en conflicto con la ley penal. Las provincias han hecho un esfuerzo presupuestario muy grande, porque la Nación no puso un peso”, advirtió Brügge.

    El proyecto incorporó una cláusula que indica que “la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.


    Los argumentos en contra de Ley Penal Juvenil


    Natalia De la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba, votó en contra y lamentó que “es un día triste en el recinto”. “Si estamos discutiendo esta ley es porque el Estado falló, y falló la sociedad argentina en su conjunto, y falló la política toda”, consideró. También sostuvo que “esto no previene la inseguridad” porque “el número del delito juvenil es ínfimo”; según interpretó, el objetivo es solo “buscar un título rimbombante”.

    Unión por la Patria admitió que es necesario un nuevo Régimen Penal Juvenil, pero rechazó en conjunto el proyecto de Milei. No obstante, el peronismo no podía evitar una división interna: parte del Frente Renovador defendió la baja de la edad a 14 años, en línea con una vieja posición del partido de Sergio Massa.

    “Vengo a sostener esa idea: creo que una persona que ha tomado la decisión de lastimar, dañar o matar a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso en el lenguaje en el que yo he sido formado se llama delito y el delito debe tener consecuencias”, sentenció el diputado massista y ex juez Ramiro Gutiérrez.

    Entre las voces en contra del kirchnerismo sobresalió la de la cordobesa Gabriela Estévez. “No les importan las víctimas del delito ni rescatar a los jóvenes, sino poner más herramientas para seguir reprimiendo a un pueblo hambreado. Los criminales más peligrosos están adentro de la Casa Rosada”, denunció.

    La diputada de La Cámpora también enfatizó que “el debate llega en el peor momento político e institucional de nuestro país desde la recuperación de la democracia”, entre otras cosas por el “desmantelamiento de todas las políticas de protección de los derechos de las niñeces”.

    El proyecto pasará ahora al Senado, donde Bullrich tiene previsto tratarlo el 26 de febrero, para terminar el período extraordinario con la ley bajo el brazo. En esa posible sesión también se discutiría la nueva Ley de Glaciares y el acuerdo de comercio e integración entre el Mercosur y la Unión Europea.


  • Diputados aprobó la media sanción de la baja de la edad de imputabilidad

    Diputados aprobó la media sanción de la baja de la edad de imputabilidad

    Tras la maratónica sesión en el Senado, donde se obtuvo media sanción al proyecto de reforma laboral, llegó otra jornada clave para el Gobierno. Esta vez en Diputados, donde el oficialismo buscaba darle media sanción a la baja de la edad de imputabilidad.

    Se trata del proyecto de Reforma Penal Juvenil que impulsa el Gobierno de Javier Milei, donde se busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina. Pero también se tratará la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

    Tras más de ocho horas de debate, a las 19.26 se votó el proyecto de ley, que finalmente fue aprobado con 149 votos a favor, 100 en contra y sin abstenciones, en lo que se convirtió en otra victoria para el gobierno de Javier Milei es este comienzo de año. Ahora resta buscar la sanción completa en senadores, a la inversa de lo que ocurre con la reforma laboral. Ahora, la sesión continúa con el debate por capítulos.

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    La convocatoria llegó después de que La Libertad Avanza reuniera 81 firmas en un plenario de comisiones, y desde Casa Rosada sostuvieron que contaban con respaldo suficiente de aliados y bloques dialoguistas para aprobar el proyecto.

    Si se aprueba en Senadores, será ley y abriría la posibilidad de que adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos sean punibles, es decir, puedan ser procesados penalmente juzgados y, si se demuestra su responsabilidad, recibir una pena de hasta 15 años de privación de la libertad.

    – SESIÓN EN VIVO: 12 de febrero de 2026 – Diputados Argentina

    []https://www.youtube.com/watch?v=iZhd4cVowxI[/]

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    Manuel Adorni: «delito de adulto, pena de adulto»

    Tras la media sanción del proyecto de ley de Baja de la edad Imputabilidad en Diputados, el Jefe de Gabinete escribió en la red social «X»: «Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto» y cerró con su clásico «Fin.»

    Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil.

    Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto.

    Dios bendiga a la República Argentina.

    Fin.

    — Manuel Adorni (@madorni) February 12, 2026

    El gobierno celebró la media sanción obtenida y difundió un comunicado al respecto a través de las redes sociales de la Oficina del Presidente de la República Argentina.»Durante más de 40 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión», expresaron en el escrito y agregaron: «Mientras tanto la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz».

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    La Baja de Imputabilidad tiene media sanción

    Tras más de ocho horas de debate, a las 19.26 se votó el proyecto de ley, que finalmente fue aprobado con 149 votos a favor, 100 en contra y sin abstenciones, en lo que se convirtió en otra victoria para el gobierno de Javier Milei es este comienzo de año.

    Ahora resta buscar la sanción completa en senadores, a la inversa de lo que ocurre con la reforma laboral. La sesión continúa con el debate por capítulos.

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    Se votaría alrededor de las 19

    Siendo las 18.46, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intervino para avisar que «en 15/20 minutos» se pasará a votar. Además, al darle la palabra a Silvana Giudici (LLA), mencionó que quedaban tres diputados en la lista de oradores.

    El debate, comenzó a las 11 esta mañana.

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    Karina Maureira pidió tratamientos diferenciados

    La diputada nacional por Neuquén, Karina Maureira, definió el debate por la baja de la edad de imputabilidad como “un tema profundo y muy complejo” que interpela de manera directa a la seguridad pública. Señaló que no se trata de una discusión menor y planteó como punto de partida la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil vigente, al considerar que fue pensado en “otro contexto histórico” y que hoy debe revisarse bajo el principio del interés superior del niño y el adolescente.

    Maureira sostuvo que es necesario analizar si las herramientas institucionales actuales resultan adecuadas frente a los desafíos del presente y recordó que el propio proyecto reconoce que “queda mucho por hacer para avanzar en la conformación de un sistema integral que afronte el problema”. En ese sentido, remarcó que cualquier modificación debe contemplar la capacidad real del Estado para implementar los cambios.

    La legisladora también reclamó incorporar una mirada federal al análisis del delito juvenil. Advirtió que el debate público suele generalizar situaciones propias de grandes centros urbanos que no necesariamente reflejan lo que ocurre en la mayoría de las provincias. “Hay diferencias territoriales importantes y construir soluciones uniformes puede implicar desconocer esas realidades”, afirmó, y planteó que el abordaje debe combinar responsabilidad con prevención, protección y reinserción social, teniendo en cuenta trayectorias atravesadas por desigualdad, abandono escolar, consumos problemáticos y falta de oportunidades.

    Karina Maureira

    En ese marco, puso como ejemplo políticas implementadas en Neuquén, como las becas Gregorio Álvarez —que definió como las más importantes de Latinoamérica—, programas de juventudes, financiamiento a emprendimientos jóvenes y políticas deportivas orientadas a la integración social. También mencionó el trabajo en materia de microtráfico de drogas para evitar que menores queden atrapados en circuitos delictivos, y sostuvo que los problemas de seguridad requieren coordinación y planificación, ya que “no existen soluciones simples para problemas complejos”.

    Maureira advirtió además sobre la necesidad de revisar la redacción del artículo 17 del proyecto, en relación con las modalidades de cumplimiento de las sanciones, para garantizar que los adolescentes no sean alojados en ámbitos de detención junto a personas adultas. Subrayó que el tratamiento diferenciado no es solo un principio jurídico, sino una condición básica para evitar mayores situaciones de vulneración y violencia. Finalmente, remarcó que una reforma de esta magnitud exige capacidad institucional y presupuestaria, y planteó que el desafío es encontrar un equilibrio entre seguridad ciudadana, responsabilidad institucional y ampliación de derechos, sin optar entre protección o firmeza, sino articulando ambas dimensiones.

    Sobre el cierre de su intervención, Maureira advirtió que una política pública y una ley de estas características “no puede limitarse a discutir la edad de punibilidad sin contemplar la realidad”, y sostuvo que también debe garantizarse el acompañamiento a las víctimas para evitar la reiteración de los hechos.

    “Deseo que cada vez sean menos los niños, niñas y adolescentes perdidos en el crimen en nuestro país”, expresó la diputada neuquina, al plantear que el debate debe orientarse no solo a la respuesta penal, sino también a la prevención y a la construcción de herramientas que reduzcan la conflictividad juvenil.

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    Tolosa Paz pidió “más seriedad y menos marketing”

    La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó el proyecto de Ley Penal Juvenil del oficialismo y más seriedad, menos marketing y menos eslóganes” a la hora de abordar el problema del delito adolescente.

    Al intervenir en el recinto como miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar “una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.

    “Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.

    – https://publish.x.com/o?url=https://x.com/vtolosapaz/status/2021983273715376640&partner=&hide_thread=false

    En su carácter de miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense destacó que la propuesta del peronismo considera que “los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años y la pena máxima será de 10 años”.

    Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.

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    El oficialismo consiguió quórum en Diputados

    Con 129 legisladores presente, la Cámara de Diputados se prepara para debatir la baja de la edad de imputabilidad. La Libertad Avanza tiene el apoyo de la UCR, el PRO, el MID y bloques provinciales.

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    “Listos los leones”: el tuit de LLA antes de la sesión

    Previo a iniciar la sesión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, publicó una foto junto a todos los legisladores oficialistas minutos antes de ingresar al recinto.

    Listos los leones para salir a la cancha”, escribió en sus redes sociales. Y aseguró que este jueves “El Congreso más reformista de la historia pone quinta a fondo”.

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    Qué propone el oficialismo

    El texto reduce la edad mínima de imputabilidad penal a 14 años para delitos considerados graves, como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. La versión original del Ejecutivo planteaba fijar el límite en 13 años, pero fue modificada tras negociaciones con aliados parlamentarios.

    La iniciativa establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión, sin posibilidad de condena perpetua. También dispone que los adolescentes no podrán compartir lugares de detención con adultos y contempla sanciones alternativas a la prisión para delitos cuya escala penal sea inferior a 10 años.

    Entre esas medidas se incluyen amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir vehículos y para salir del país. El objetivo, según el oficialismo, es establecer un sistema con herramientas diferenciadas según la gravedad del delito.

    martin menem

    Uno de los puntos centrales del debate fue el financiamiento del nuevo régimen. El dictamen oficial incorporó una partida presupuestaria de $23.739.155.303, de los cuales $20.607.158.518 se asignarán a la Defensoría General de la Nación y $3.131.996.784 al Ministerio de Justicia.

    En el proyecto inicial, el Ejecutivo planteaba cubrir los gastos mediante reasignaciones presupuestarias, lo que generó cuestionamientos de gobernadores que reclamaban garantías de financiamiento nacional. La nueva redacción busca despejar esa objeción.

    El proyecto también crea la figura de “supervisores”, responsables del seguimiento individual de los adolescentes imputados. Entre sus funciones se incluye mantener entrevistas semanales, controlar la evolución del proceso y supervisar las condiciones de detención.

    Infraestructura y plazos de adecuación

    La reforma establece un plazo de 180 días para adecuar la infraestructura necesaria. Según datos oficiales citados en el debate, existen alrededor de 100 establecimientos especializados en el país, concentrados principalmente en Buenos Aires y Santa Fe. En 17 provincias hay tres o menos unidades y Tierra del Fuego no cuenta con ninguna.

    Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtieron que muchos establecimientos no cumplen estándares mínimos de alojamiento y presentan condiciones similares a cárceles tradicionales, con rejas y aislamiento.

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    Qué plantean los dictámenes opositores

    Durante el plenario de comisiones se firmaron cinco dictámenes alternativos. Dos rechazan de plano la iniciativa: uno del Frente de Izquierda y otro del diputado Sebastián Nóblega. Otros proyectos fijan la edad de imputabilidad en 14 años, como el presentado por Provincias Unidas y el Frente Renovador, que acompaña esa reducción en línea con la propuesta impulsada por Sergio Massa en 2015.

    El dictamen mayoritario de Unión por la Patria mantiene la edad de imputabilidad en 16 años y propone un tope de 10 años de prisión, habilitando la libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena y limitando la prisión preventiva a casos excepcionales.

    El interbloque Unidos también propone fijar la punibilidad en 14 años, pero con un régimen especializado y establecimientos dirigidos por civiles, por fuera del sistema penitenciario tradicional.

    El oficialismo cuenta con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales, lo que le permitiría alcanzar el quórum y avanzar hacia la media sanción.

    Sin embargo, algunos sectores anticiparon que impulsarán modificaciones vinculadas al financiamiento y a las garantías para que los menores no compartan espacios con adultos. El debate se desarrolla en un contexto de fuerte discusión política y social sobre el alcance del nuevo régimen y su impacto en el sistema penal juvenil.

  • Reforma laboral: qué opinan los políticos, sindicatos y empresarios de Neuquén

    Reforma laboral: qué opinan los políticos, sindicatos y empresarios de Neuquén

    El proyecto de ley de Modernización Laboral, también conocido como reforma laboral obtuvo anoche la media sanción tras un extenso debate en el Senado. Mientras los gremios se manifestaban en Neuquén capital para oponerse a los cambios, los tres senadores de Neuquén dieron su voto a favor para permitir la aprobación de la iniciativa oficialista. El tema divide aguas entre sindicatos, partidos y empresarios en la provincia.

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    Si bien el voto de los dos referentes neuquinos de La Libertad Avanza (LLA), Nadia Márquez y Pablo Cervi, ya estaba claro, la postura que más sorprendió fue la de la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que votó a favor en la general pero se abstuvo de acompañar algunos artículos.

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    En una entrevista radial, la legisladora nacional justificó su votación. «Como senadora represento a la provincia y tomo decisiones sobre miles de neuquinos, y por eso quiero tener toda la información. Me siento a charlar con todos», dijo sobre el trabajo previo que hizo al debate, para recopilar la postura de los neuquinos con respecto al proyecto. «Yo anoche no le dije sí a Milei, le dije sí a miles de neuquinos que esperaban que haya una modernización, con ciertos reparos», aclaró.

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    Por su parte, Márquez celebró la aprobación en la Cámara Alta de una medida que busca empujar la plataforma de gobierno de su partido. “Tenemos una vocación reformista. Nos hemos preparado toda la vida para momentos como este. Estamos muy contentos de acompañar al presidente en estos cambios que hemos pregonado para la Argentina”, había indicado en una entrevista con LU5.

    “Que muchos sindicatos mafiosos estén en contra ya es una buena señal de la ley. Si les preguntás por qué no están de acuerdo, no tienen idea, no han leído el proyecto”, lanzó Márquez ante la respuesta de los sindicatos, que marcharon por la ciudad para exigir a los senadores que no aprueben la iniciativa.

    La media sanción también fue celebrada por Cervi, que publicó un mensaje contundente a favor del sector privado. «Se termina la industria del juicio que funde pymes y asfixia a emprendedores. Con esta reforma eliminamos trabas para que contratar deje de ser un riesgo y vuelva a ser una oportunidad», aseguró.

    La postura de los sindicatos

    Este miércoles, miles de personas coparon las calles de Neuquén capital para expresar su rechazo a la normativa. La movilización fue convocada por los principales sindicatos de Neuquén y contó, entre los expositores, con referentes de gremios agrupados en CGT y CTERA, entre los que se contaban empleados estatales, de comercio, sanidad, energía, servicios y distintos sindicatos del sector privado.

    Marcelo Guagliardo, ex secretario general de ATEN y miembro de CTERA, afirmó que “el gobierno nacional y los actores políticos tienen que saber que esta es una cuestión rechazada por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras organizados”.

    Ramón «Colo» Fernández, secretario general del Centro de Empleados de Comercio sostuvo que la convocatoria responde al rechazo de un proyecto que, según afirmó, “no trae ninguna solución para el mundo del trabajo ni para los trabajadores de la Argentina”.

    Por su parte, Luis Querci, secretario general de UPCN, definió la movilización como “otra jornada histórica” a nivel nacional. “No es modernización ni flexibilización; siempre termina atacando los derechos de los trabajadores. Por eso nos van a tener siempre en la calle y luchando”, afirmó.

    Los gremios de trabajadores petroleros, que constituyen un importante eslabón en la cadena laboral y económica de la provincia, también expresaron una postura de rechazo hacia la iniciativa.

    La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) rechazó la reforma de manera absoluta, calificándola como un “grave atraso” que atenta contra las vacaciones, las indemnizaciones y la negociación colectiva. Mario Lavia, secretario general de la federación, ratificó su respaldo a las medidas que determine la CGT en defensa del trabajo.

    Por su parte, Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, ya había dejado clara su posición durante el acto de asunción de su nuevo mandato al decir que no apoyarían ninguna flexibilización que afecte la dignidad del trabajador. «Vaca Muerta es posible con los trabajadores adentro», sentenció el dirigente, quien subrayó que el sacrificio de jornadas de 12 horas y la ausencia familiar deben respetarse.

    Qué dicen los empresarios

    Tanto el arco político como los empresarios y referentes sindicales coinciden en un punto: la necesidad de reducir las tasas de empleo informal, también llamado trabajo en negro, en Neuquén y en todo el país.

    Ezequiel Sánchez Salas, de la consultora de Recursos Humanos Sánchez Salas, explicó que no hay datos concretos sobre las cifras de trabajo informal en Neuquén, pero que se puede proyectar la cifra que se estima a nivel nacional, y que representa el 40% de la población económicamente activa. Además, consideró que cada vez se dan más casos de pluriempleo o de búsqueda de ingresos en el mercado informal para complementar los bajos salarios.

    «El sueldo promedio en Neuquén es de 3 millones de pesos. Neuquén lidera la creación de empleo privado, de salarios del sector privado pero también del costo de vida», dijo ante los micrófonos de LU5, para contrastar así los valores que, más allá de su peso nominal, tienen que afrontar gastos más altos que en otras provincias.

    En ese sentido, desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) aclararon que bajar el costo salarial es la clave para sumar más personas al trabajo registrado.

    «Si realmente querés sacar el trabajo en negro, el empleo informal, hay que tentar al empleador con una baja en aportes y contribuciones», dijo Daniel González, secretario de ACIPAN. Y agregó: «En la medida que se integre más gente, la base contributiva se va a ampliar y va a ser más bajo el aporte, también afecta a los aportes jubilatorios, está todo relacionado».

    Carlos Alguero, secretario de la Cámara, opinó en el mismo sentido. Además de reclamar por la fuerte presión impositiva, que es del 60% sobre el valor final que paga el consumidor y reduce la competitividad de la industria local, aclaró que los costos laborales son tan altos que se hace imposible reducir los precios, por ejemplo, en el rubro textil. «Si un trabajador gana un millón de pesos, hay que darle 500 mil al Estado, no se puede sostener eso vendiendo remeras a 20 mil pesos», se lamentó en una entrevista radial.

    En un primer momento, ACIPAN comunicó una postura crítica con algunos puntos del proyecto. «Si bien compartimos la necesidad imperiosa de modernizar el marco laboral para promover el empleo genuino, reducir la informalidad y aliviar la carga sobre las PyMEs —principal motor productivo de la provincia—, consideramos que el texto actual incluye disposiciones que resultan regresivas y que comprometen seriamente la estabilidad y la previsibilidad de las pequeñas y medianas empresas neuquinas», habían afirmado en un comunicado.

    «Estuvimos reunidos dos horas con Riesco y Cervi y le planteamos en lo que desistíamos, el aporte patronal de la INACAP, le planteamos que eso no se podía sacar y aparentemente ha tenido éxito. Es un 0,5% pero significa mucho para las cámaras», dijo González sobre los puntos que negociaron con el oficialismo.

    Tras la media sanción, y a través de un comunicado, desde la entidad empresaria señalaron que el resultado “marca un paso decisivo en la modernización del marco laboral argentino” y lo interpretaron como un avance en términos de previsibilidad y seguridad jurídica para el sector productivo. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate.

    El proyecto apunta a introducir cambios en el esquema de indemnizaciones, promover la formalización del empleo y habilitar herramientas orientadas a incentivar la contratación registrada y la inversión. Para ACIPAN, se trata de instrumentos necesarios para actualizar una normativa que consideran desfasada frente a las actuales condiciones económicas.

    Las posturas de otros partidos

    Con media sanción, el proyecto de la Reforma Laboral deberá debatirse también en la Cámara de Diputados, que cuenta con tres voces neuquinas que ya marcaron un claro apoyo a la medida.

    Además de los tres diputados libertarios y la banca de La Neuquinidad, ocupada por Karina Maureira, en la Cámara Baja hay un representante neuquino que ya adelantó su rechazo a la reforma. Pablo Todero, de Unión por la Patria, busca impulsar otro tipo de modificaciones para modernizar el trabajo sin avasallar los derechos laborales. «Mientras el Gobierno de Milei avanza con una reforma laboral que precariza el trabajo y recorta derechos, desde el peronismo presentamos una alternativa acorde a las necesidades actuales y las tendencias que se están impulsando en el mundo», escribió.

    César Parra, del Partido Obrero, también dio su postura en rechazo «a la idea de que esta reforma va a generar trabajo y que va a erradicar el trabajo en negro, ya hemos tenido tres reformas en este país y nunca se generó empleo».

    El referente del PO aclaró: «Hace un año se eliminaron las multas al trabajo en negro y se han perdido 300 mil puestos de trabajo. Llamamos a la población a intervenir, afecta a públicos, privados y a informales también. Al alargarse la jornada laboral va a haber menos horas disponibles y el trabajo que puedas conseguir, si es que conseguís, va a ser en peores condiciones».

    Desde la UCR neuquina, por su parte, dieron su respaldo al voto que emitieron los senadores de su partido en la sesión de este miércoles. «En los tiempos de la robótica, la inteligencia artificial y el trabajo remoto, seguimos con leyes y CCT de la década del ‘70 que legislan sobre ascensoristas y mecanógrafos», publicó Juan Peláez, el referente del radicalismo en Neuquén.

    A través de un comunicado en redes sociales, agregó: «Hay que apoyar a las pymes como generadoras de empleo manteniendo el régimen protectorio del trabajador, disminuir los costos laborales y terminar con los privilegios de los sindicalistas. En especial terminar de una vez por todas con la cuota sindical compulsiva que no es más que un impuesto parafiscal que termina en los bolsillos de los sindicalistas, aumenta los costos laborales y el “costo argentino” a la hora de exportar nuestros bienes y servicios».

  • La Cámara de Diputados discute bajar la imputabilidad a 14 años

    La Cámara de Diputados discute bajar la imputabilidad a 14 años

    La Cámara de Diputados comenzó esta mañana la sesión especial en la que se pondrán a consideración el proyecto que crea un Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

    A continuación, se votará el proyecto para la ratificación del tratado comercial suscrito entre el Mercosur y la Unión Europea.

    Al inicio de la sesión, se rindió un homenaje en el recinto a la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, fallecida el miércoles a los 62 años.

    Además se encontraba en el recinto el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien juró como diputado nacional (Provincias Unidas), tras ser electo en las elecciones del 26 de octubre pasado.

    El quórum de la sesión se alcanzó con los diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, además de algunos otros legisladores monobloquistas.

    Ley Penal Juvenil

    La presidenta de la comisión de Legislación Penal Juvenil y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.

    «Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.

    «Nos decían que a partir de acá queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Nosotros con este despacho de mayoría vamos a darle un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor», apuntó.

    Para Rodríguez Machado, “hay muchos que no quieren cambiar nada para que todo siga igual”.

    “Uno de lo argumentos es ‘no hagamos nada’ porque el porcentaje de menores en conflicto con la ley que delinquen son muy bajos. No sé qué cifra me han dado. Yo no creo que haya un argumento más cruel que ese”, consideró. 

    “Si yo les tengo que decir a las víctimas de esos delitos que el Estado no va a hacer nada que todavía no hay suficientes víctimas para actuar, porque no basta con los muertos que hay ahora, con las familias que han perdido gente, con los que les roban todos los días. Dénse cuenta de la crueldad de esa afirmación porque estamos en una nueva Argentina. No hay cifra que pueda ocultar la impunidad en Argentina”. 

    A criterio de la diputada oficialista, “aún con un solo caso de una muerte tremenda el Estado tiene que tener la facultad de actuar en consecuencia”. 

    “Otro de los argumentos es que venimos a criminalizar a los pibes. Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión, pero además también existe la posibilidad de que los delitos entre 3 y 10 años de prisión los jueces puedan optar por estas medidas alternativas a la prisión, salvo que mediare muerte de la victima. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó.

    A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar «una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’. 

    “Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.

    En su carácter de miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense destacó que la propuesta del peronismo considera que “los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años y la pena máxima será de 10 años”.

    “Parte de una pena proporcional, diferencial con un sistema que los va a juzgar, defender y les va a dar una salida en base a la Constitución. Nos hacemos cargo de eso”, ratificó.

    Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.

    “Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y la argentina después de 45 años necesita un régimen penal juvenil con una mirada diferente, con un Estado que no mire para otro lado. Más seriedad, menos marketing y menos eslóganes”, concluyó.

    Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

    El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

    Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

    Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia