Tras la maratónica sesión en el Senado, donde se obtuvo media sanción al proyecto de reforma laboral, llegó otra jornada clave para el Gobierno. Esta vez en Diputados, donde el oficialismo buscaba darle media sanción a la baja de la edad de imputabilidad.
Se trata del proyecto de Reforma Penal Juvenil que impulsa el Gobierno de Javier Milei, donde se busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina. Pero también se tratará la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Tras más de ocho horas de debate, a las 19.26 se votó el proyecto de ley, que finalmente fue aprobado con 149 votos a favor, 100 en contra y sin abstenciones, en lo que se convirtió en otra victoria para el gobierno de Javier Milei es este comienzo de año. Ahora resta buscar la sanción completa en senadores, a la inversa de lo que ocurre con la reforma laboral. Ahora, la sesión continúa con el debate por capítulos.
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La convocatoria llegó después de que La Libertad Avanza reuniera 81 firmas en un plenario de comisiones, y desde Casa Rosada sostuvieron que contaban con respaldo suficiente de aliados y bloques dialoguistas para aprobar el proyecto.
Si se aprueba en Senadores, será ley y abriría la posibilidad de que adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos sean punibles, es decir, puedan ser procesados penalmente juzgados y, si se demuestra su responsabilidad, recibir una pena de hasta 15 años de privación de la libertad.
– SESIÓN EN VIVO: 12 de febrero de 2026 – Diputados Argentina
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Manuel Adorni: «delito de adulto, pena de adulto»
Tras la media sanción del proyecto de ley de Baja de la edad Imputabilidad en Diputados, el Jefe de Gabinete escribió en la red social «X»: «Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto» y cerró con su clásico «Fin.»
Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil.
Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto.
Dios bendiga a la República Argentina.
Fin.
— Manuel Adorni (@madorni) February 12, 2026
El gobierno celebró la media sanción obtenida y difundió un comunicado al respecto a través de las redes sociales de la Oficina del Presidente de la República Argentina.»Durante más de 40 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión», expresaron en el escrito y agregaron: «Mientras tanto la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz».
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La Baja de Imputabilidad tiene media sanción
Tras más de ocho horas de debate, a las 19.26 se votó el proyecto de ley, que finalmente fue aprobado con 149 votos a favor, 100 en contra y sin abstenciones, en lo que se convirtió en otra victoria para el gobierno de Javier Milei es este comienzo de año.
Ahora resta buscar la sanción completa en senadores, a la inversa de lo que ocurre con la reforma laboral. La sesión continúa con el debate por capítulos.
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Se votaría alrededor de las 19
Siendo las 18.46, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intervino para avisar que «en 15/20 minutos» se pasará a votar. Además, al darle la palabra a Silvana Giudici (LLA), mencionó que quedaban tres diputados en la lista de oradores.
El debate, comenzó a las 11 esta mañana.
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Karina Maureira pidió tratamientos diferenciados
La diputada nacional por Neuquén, Karina Maureira, definió el debate por la baja de la edad de imputabilidad como “un tema profundo y muy complejo” que interpela de manera directa a la seguridad pública. Señaló que no se trata de una discusión menor y planteó como punto de partida la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil vigente, al considerar que fue pensado en “otro contexto histórico” y que hoy debe revisarse bajo el principio del interés superior del niño y el adolescente.
Maureira sostuvo que es necesario analizar si las herramientas institucionales actuales resultan adecuadas frente a los desafíos del presente y recordó que el propio proyecto reconoce que “queda mucho por hacer para avanzar en la conformación de un sistema integral que afronte el problema”. En ese sentido, remarcó que cualquier modificación debe contemplar la capacidad real del Estado para implementar los cambios.
La legisladora también reclamó incorporar una mirada federal al análisis del delito juvenil. Advirtió que el debate público suele generalizar situaciones propias de grandes centros urbanos que no necesariamente reflejan lo que ocurre en la mayoría de las provincias. “Hay diferencias territoriales importantes y construir soluciones uniformes puede implicar desconocer esas realidades”, afirmó, y planteó que el abordaje debe combinar responsabilidad con prevención, protección y reinserción social, teniendo en cuenta trayectorias atravesadas por desigualdad, abandono escolar, consumos problemáticos y falta de oportunidades.
Karina Maureira
En ese marco, puso como ejemplo políticas implementadas en Neuquén, como las becas Gregorio Álvarez —que definió como las más importantes de Latinoamérica—, programas de juventudes, financiamiento a emprendimientos jóvenes y políticas deportivas orientadas a la integración social. También mencionó el trabajo en materia de microtráfico de drogas para evitar que menores queden atrapados en circuitos delictivos, y sostuvo que los problemas de seguridad requieren coordinación y planificación, ya que “no existen soluciones simples para problemas complejos”.
Maureira advirtió además sobre la necesidad de revisar la redacción del artículo 17 del proyecto, en relación con las modalidades de cumplimiento de las sanciones, para garantizar que los adolescentes no sean alojados en ámbitos de detención junto a personas adultas. Subrayó que el tratamiento diferenciado no es solo un principio jurídico, sino una condición básica para evitar mayores situaciones de vulneración y violencia. Finalmente, remarcó que una reforma de esta magnitud exige capacidad institucional y presupuestaria, y planteó que el desafío es encontrar un equilibrio entre seguridad ciudadana, responsabilidad institucional y ampliación de derechos, sin optar entre protección o firmeza, sino articulando ambas dimensiones.
Sobre el cierre de su intervención, Maureira advirtió que una política pública y una ley de estas características “no puede limitarse a discutir la edad de punibilidad sin contemplar la realidad”, y sostuvo que también debe garantizarse el acompañamiento a las víctimas para evitar la reiteración de los hechos.
“Deseo que cada vez sean menos los niños, niñas y adolescentes perdidos en el crimen en nuestro país”, expresó la diputada neuquina, al plantear que el debate debe orientarse no solo a la respuesta penal, sino también a la prevención y a la construcción de herramientas que reduzcan la conflictividad juvenil.
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Tolosa Paz pidió “más seriedad y menos marketing”
La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó el proyecto de Ley Penal Juvenil del oficialismo y más seriedad, menos marketing y menos eslóganes” a la hora de abordar el problema del delito adolescente.
Al intervenir en el recinto como miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar “una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.
“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.
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En su carácter de miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense destacó que la propuesta del peronismo considera que “los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años y la pena máxima será de 10 años”.
Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.
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El oficialismo consiguió quórum en Diputados
Con 129 legisladores presente, la Cámara de Diputados se prepara para debatir la baja de la edad de imputabilidad. La Libertad Avanza tiene el apoyo de la UCR, el PRO, el MID y bloques provinciales.
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“Listos los leones”: el tuit de LLA antes de la sesión
Previo a iniciar la sesión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, publicó una foto junto a todos los legisladores oficialistas minutos antes de ingresar al recinto.
“Listos los leones para salir a la cancha”, escribió en sus redes sociales. Y aseguró que este jueves “El Congreso más reformista de la historia pone quinta a fondo”.
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Qué propone el oficialismo
El texto reduce la edad mínima de imputabilidad penal a 14 años para delitos considerados graves, como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. La versión original del Ejecutivo planteaba fijar el límite en 13 años, pero fue modificada tras negociaciones con aliados parlamentarios.
La iniciativa establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión, sin posibilidad de condena perpetua. También dispone que los adolescentes no podrán compartir lugares de detención con adultos y contempla sanciones alternativas a la prisión para delitos cuya escala penal sea inferior a 10 años.
Entre esas medidas se incluyen amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir vehículos y para salir del país. El objetivo, según el oficialismo, es establecer un sistema con herramientas diferenciadas según la gravedad del delito.
martin menem
Uno de los puntos centrales del debate fue el financiamiento del nuevo régimen. El dictamen oficial incorporó una partida presupuestaria de $23.739.155.303, de los cuales $20.607.158.518 se asignarán a la Defensoría General de la Nación y $3.131.996.784 al Ministerio de Justicia.
En el proyecto inicial, el Ejecutivo planteaba cubrir los gastos mediante reasignaciones presupuestarias, lo que generó cuestionamientos de gobernadores que reclamaban garantías de financiamiento nacional. La nueva redacción busca despejar esa objeción.
El proyecto también crea la figura de “supervisores”, responsables del seguimiento individual de los adolescentes imputados. Entre sus funciones se incluye mantener entrevistas semanales, controlar la evolución del proceso y supervisar las condiciones de detención.
Infraestructura y plazos de adecuación
La reforma establece un plazo de 180 días para adecuar la infraestructura necesaria. Según datos oficiales citados en el debate, existen alrededor de 100 establecimientos especializados en el país, concentrados principalmente en Buenos Aires y Santa Fe. En 17 provincias hay tres o menos unidades y Tierra del Fuego no cuenta con ninguna.
Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtieron que muchos establecimientos no cumplen estándares mínimos de alojamiento y presentan condiciones similares a cárceles tradicionales, con rejas y aislamiento.
reforma penal juvenil
Qué plantean los dictámenes opositores
Durante el plenario de comisiones se firmaron cinco dictámenes alternativos. Dos rechazan de plano la iniciativa: uno del Frente de Izquierda y otro del diputado Sebastián Nóblega. Otros proyectos fijan la edad de imputabilidad en 14 años, como el presentado por Provincias Unidas y el Frente Renovador, que acompaña esa reducción en línea con la propuesta impulsada por Sergio Massa en 2015.
El dictamen mayoritario de Unión por la Patria mantiene la edad de imputabilidad en 16 años y propone un tope de 10 años de prisión, habilitando la libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena y limitando la prisión preventiva a casos excepcionales.
El interbloque Unidos también propone fijar la punibilidad en 14 años, pero con un régimen especializado y establecimientos dirigidos por civiles, por fuera del sistema penitenciario tradicional.
El oficialismo cuenta con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales, lo que le permitiría alcanzar el quórum y avanzar hacia la media sanción.
Sin embargo, algunos sectores anticiparon que impulsarán modificaciones vinculadas al financiamiento y a las garantías para que los menores no compartan espacios con adultos. El debate se desarrolla en un contexto de fuerte discusión política y social sobre el alcance del nuevo régimen y su impacto en el sistema penal juvenil.
