El último 2 de Abril se cumplió un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. La reivindicación de los soldados que fueron a las Islas y quienes cayeron en combate se repitieron en cada cancha del fútbol argentino. Entre los reconocimientos, estuvo la Primera Nacional, segunda categoría de AFA.
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El programa de ESPN que repasa la información de cada fecha se llama F Nacional y es conducido por Pablo Ferreyra. El periodista sorprendió cuando al presentar el partido entre Midland y Temperley lanzó una frase inesperada.
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«Y ya estamos con este saludo, por supuesto acá también el homenaje. Las Malvinas son argentinas, lo pensamos todos. Y no, Margaret Thatcher no es ídola de nadie. De nadie en sus cabales, pero bueno», dijo Ferreyra, ante el silencio cómplice de sus compañeros.
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La referencia es evidente y hace mención a los dichos del presidente Javier Milei, quien tanto desde la campaña como durante su gestión reivindicó a quien fuera primera mandataria británica durante la guerra.
La insólita comparación del presidente
En el debate contra Sergio Massa, Milei comparó a Thatcher con figuras del fútbol como Kylian Mbappé, sosteniendo que se puede reconocer el talento de un rival sin que eso implique falta de patriotismo.
Milei manifestó que su identificación con Thatcher se basa en sus políticas de privatización de empresas estatales y la reducción del poder de los sindicatos, alineándose con su visión libertaria.
Veteranos de Malvinas repudiaron aquellas expresiones del Presidente recordándole que Thatcher fue quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano, acto en el que murieron más de 300 soldados argentinos en las Malvinas y que es considerado un crimen de guerra.
En cuanto a la frase de Pablo Ferreyra resultó llamativa e inesperada porque en ESPN los comentarios de índole político suelen ser evitados por los comunicadores. Cada vez que hay un tema controversial o que puede llevar a cuestionar al gobierno nacional, los conductores llevan las conversaciones o presentaciones para un lugar neutral o intransigente.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, buscará oxigenar su gabinete a partir de la segunda quincena de abril. Y si bien hay algunos nombres que ya están prácticamente confirmados en las últimas horas hubo una sorpresa: la posibilidad que Sergio Wisky regrese al gobierno del joven mandatario chubutense y otra vez como secretario de Salud, cargo que ya ocupó desde el inicio de la gestión hasta en mayo de 2025 en que renunció de manera sorpresiva.
Wisky acaba de renunciar a su cargo de viceministro del área en el gobierno de Río Negro. Se supo que lo hizo por un conflicto relacionado con las horas extras del personal. Consultadas fuentes del gobierno por diario RÍO NEGRO aseguraron que “algunos contactos hubo”.
El ahora exfuncionario rionegrino es nacido en la localidad chubutense de El Maitén, pero desarrolló la mayor parte de su carrera política en Río Negro donde llegó a ser diputado nacional. Cuando asumió Torres lo convocó para su gabinete donde también ocupó el cargo de presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros.
Pero los cambios serán más. Y el de más peso será el del Ministerio de Economía puesto que dejará Miguel Arnaudo para que asuma Gustavo Paz, actualmente en la Municipalidad de Trelew. La actual intendenta de Camarones Claudia Loyola, que supo militar en el Frente Renovador que conduce a nivel nacional Sergio Massa será la nueva subsecretaria de Asuntos Municipales en lugar de Genaro Pérez.
Según las informaciones habría cambios en el Ministerio de Educación, pero no en las primeras líneas. Y quien pende de un hilo es el actual ministro de Turismo Diego Lapenna, quien ya fue mencionado en otros recambios ya que Torres intentaría darle un giro a la conducción del área, clave en la provincia de Chubut.
De esta manera, el gobernador vuelve a mover el tablero. Estos cambios estaban pensados para el comienzo del año, pero los incendios en la cordillera primero, después el desplazamiento de un cerro en Comodoro Rivadavia que dejó a cientos de familias sin su vivienda, y chispazos con la justicia, que en algunos casos se convirtieron en escándalos, demoraron las decisiones.
Torres tratará de darle mayor volumen político a su gabinete con estas incorporaciones. Por otro lado, deberá batallar más que en los primeros dos años en la Legislatura teniendo en cuenta que sufrió el éxodo de dos de los integrantes de su bloque (mayoritario en la casa de las leyes) tras un conflicto con el empresariado pesquero. El oficialismo se quedó con 14 legisladores de un total de 16. Y si bien tiene asegurada la mayoría con otros monobloques, la tarea más compleja será lograr los dos tercios para leyes que así lo requieran.
Por ahora, las expectativas del mandatario están centradas en la aprobación de un proyecto de ley que limitaría el uso de celulares en las cárceles. El Ejecutivo ya lo envió a la Legislatura y este martes comenzó su análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Se descuenta la aprobación. Al respecto el gobernador aclaró que la ley “no les quita a los presos el contacto con sus familiares. Pero se establecerá un mayor control para evitar que proliferen las estafas virtuales que generalmente salen de las cárceles”. Las reuniones de las comisiones legislativas sobre el proyecto continuarán el próximo miércoles 8 de abril.
Patria Grande, la fuerza que lidera Juan Grabois a nivel nacional, inició un proceso de ordenamiento interno en busca de obtener la personería jurídica antes de avanzar en el pedido de reconocimiento en Río Negro para poder participar en las elecciones de 2027.
La fuerza tiene un ancla importante en la provincia luego de liderar, con la figura de la científica Adriana Serquis, la lista de diputados nacionales de la alianza Fuerza Patria, que el año pasado compitió y consiguió su lugar en el Congreso.
Ahora el partido está abocado a consolidarse internamente “para poder ampliar el espacio de representación institucional”, admitió ante Diario RÍO NEGRO Juan Manuel Sosa, referente de Patria Grande en la provincia.
Primeras elecciones de la fuerza de Grabois en Río Negro
La fuerza habilitó el llamado a las primeras elecciones internas para elegir sus autoridades provinciales por un mandato de 3 años, que se concretaría el 13 de abril aunque se aspira a conformar una lista de unidad antes del 6 de ese mes, fecha que vence el plazo de presentación de candidatos.
Patria Grande tiene actualmente unos 2.800 afiliados y debe elegir 20 miembros titulares y 10 suplentes de la Coordinación General; 7 titulares y 2 suplentes de la Mesa Ejecutiva; 3 titulares y un suplentes de la Junta de Disciplina.
El cronograma electoral establece el plazo de presentación de listas hasta el 6 de abril a las 18 y luego de período de impugnaciones, si no hay competidores la Junta Electoral podría promulgar a las nuevas autoridades.
Reorganización interna en Patria Grande
“La idea es poner en orden el partido, veníamos trabajando en paralelo en la constitución de la herramienta electoral que se conformó con otras fuerzas y ahora estamos en la reorganización interna”, señaló Sosa.
El dirigente dijo que actualmente Fuerza Patria tiene presencia consolidada en diez ciudades de Río Negro y aspira a seguir insertándose.
Cuando Grabois fue precandidato presidencial en 2023, quecompitió en las PASO contra Sergio Massa, el dirigente obtuvo en Bariloche el mejor resultado del país, con el 13,2% de los votos, ubicándose en cuarto orden de las propuestas que llegaron a las urnas.
La conmemoración por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 volvió a exponer la grieta política. Mientras una multitud se movilizó hacia la Plaza de Mayo, el Gobierno nacional cuestionó la magnitud de la convocatoria y denunció un “uso político” de la jornada. Desde la administración de Javier Milei estimaron que participaron alrededor de 100 mil personas, una cifra muy por debajo de la difundida por los organizadores, que hablaron de cerca de un millón de asistentes en distintos puntos del país.
La diferencia no fue solo numérica. También marcó el tono de la jornada: mientras sectores opositores calificaron la movilización como “histórica” y de fuerte contenido social, en el oficialismo buscaron restarle impacto y evitar que se traduzca en un golpe político.
Durante el día, el Presidente optó por no participar de actividades públicas y permanecer en la Quinta de Olivos, al igual que varios de sus ministros, en una señal de distancia frente a la convocatoria. La Casa Rosada, en tanto, se mostró sin actividad y con un despliegue de seguridad en sus alrededores.
En paralelo, el Gobierno difundió un video institucional titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, en el que refuerza su postura sobre lo que denomina “Memoria Completa” y vuelve a cuestionar el número de 30.000 desaparecidos que sostienen los organismos de derechos humanos.
Las críticas oficiales también apuntaron directamente a dirigentes opositores que participaron de la movilización. Figuras como Sergio Massa y Axel Kicillof fueron señaladas como parte de una “politización” del acto.
Desde el oficialismo, incluso, hubo cuestionamientos hacia agrupaciones como La Cámpora y sectores de izquierda, a quienes acusaron de “banalizar” la fecha con consignas partidarias y utilizar la movilización con fines políticos.
En esa línea, el diputado Damián Arabia consideró que la marcha estuvo “completamente politizada” y cuestionó la presencia de consignas contra el Gobierno en una fecha que, según planteó, debería centrarse en la defensa de la democracia.
A pesar del volumen de la movilización, en Balcarce 50 aseguran que el impacto político será limitado y relativizan su alcance en medio de una semana compleja para el oficialismo, atravesada por cuestionamientos judiciales y tensiones internas.
El nombre de Manuel Adorni comenzó a quedar en el centro de las especulaciones políticas, en medio de versiones que apuntan a un posible recambio dentro del Gobierno. Uno de los periodistas en sostener este escenario fue Marcelo Longobardi, quien sostuvo que “hay un desgaste evidente en su figura” y planteó que su posición “se fue debilitando en el tiempo”.
En paralelo, empezaron a sonar posibles reemplazos. Entre ellos, el diputado Diego Santilli, la ministra Sandra Pettovello y el empresario José Luis Manzano, este último con vínculos con Sergio Massa.
La aparición de estos nombres en el debate público refleja una situación interna delicada, en la que el funcionario habría perdido parte del respaldo político necesario para sostenerse.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es el rol que ocupa. “El cargo exige un volumen político que no termina de consolidarse en su caso”, señalaron, marcando la dificultad de sostener una función de alta exposición.
En ese escenario, su desempeño queda bajo observación permanente, incluso en contextos de menor conflictividad, lo que refuerza la percepción de fragilidad.
“Si esto no mejora, me quedan fondos para cinco meses más”, advierte Ariel Molina, el intendente de la localidad de Corcovado, ubicada en el departamento de Futaleufú, en Chubut, unos 90 kilómetros al sur de Esquel y a poco más de 25 del límite con Chile.
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Molina lleva una década en el cargo y en 2023 ganó las elecciones integrando el Frente Renovador de Sergio Massa pero luego rompió con ese espacio peronista y se acercó al gobernador Ignacio Torres.
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Según relató, debido a la abrupta caída en los ingresos por coparticipación, tiene que echar mano a un “fondo anticíclico” municipal para pagar los salarios, pero que a ese fondo le queda poco.
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El jefe comunal trazó una línea divisoria entre octubre de 2023 y lo que vino después. Hasta aquel momento, con una de las cuatro partidas de coparticipación que recibía mensualmente abonaba los sueldos, y con las otras tres cubría los servicios y ejecutaba obras.
Ahora, en cambio, la suma de las cuatro no le alcanza para completar los haberes de los trabajadores del municipio, según le aseguró al diario Jornada, y dijo que esto se debe al “tremendo ajuste a nivel nacional, que recae en la Provincia y pasa a los municipios”.
«El municipio está fundido»
“Atravesamos un momento muy difícil, con una fuerte caída del consumo, porque la gente cobra el sueldo y no le alcanza -indicó-. Es una locura lo que sucede, pero no echemos la culpa al gobernador ni a los intendentes: se trata de un gobierno nacional que tiene un proyecto del país, en el que no está incluido el trabajador. El único culpable se llama Javier Milei”.
Corcovado tiene alrededor 1.700 habitantes y 110 empleados municipales: 45 de planta y 65 contratados. Ya en noviembre pasado, durante la discusión de paritarias, Molina había advertido: «El municipio está fundido«, y comenzó las conversaciones con el sindicato con una frase descorazonadora: «No me pidan aumento porque no lo puedo dar».
Con cierto enojo, Molina subrayó que a los vecinos hay que decirles “votá bien” y remarcó que “han votado a Milei, que es un presidente anti-Estado, y después van a golpear la puerta a un intendente porque no tienen alimentos ni pueden pagar la luz”.
Apoyo al gobernador de Chubut
Con el gobierno nacional coincidió en apuntar al equilibrio fiscal y el déficit cero, pero enfatizó en “ver a quién se ajusta, no sacrificar al trabajador”, y dijo que a la gente le va peor que antes, pero “el presidente Milei no la ve”.
“Después hay elecciones y gana. Tal vez la estamos viendo mal nosotros”, se lamentó.
En lo que respecta a la política local, confirmó su apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. “Estoy haciendo todo lo posible para que le vaya bien en este momento muy difícil”, aseguró.
Más allá de su prédica anti-Milei, el intendente tampoco ahorró críticas al peronismo y dijo que ni Cristina Kirchner, ni Axel Kicillof ni Sergio Massa representan para él una alternativa de solución.
“No quiero más de lo mismo, algo tiene que aparecer, tenemos que buscar un equilibrio -expresó. No tienen que volver los que estaban; hay que buscar otra alternativa, porque los que gobernaron hicieron todo para que aparezca este hombre de la nada y gane la Presidencia. Los culpables con los que no hicieron bien las cosas”.
La interna de los árbitros tuvo otro capítulo que se dirimió en la Justicia. El Juzgado Civil N°33 condenó a Sergio Pezzotta, líder de UADA (Unión de Árbitros Deportivos de Argentina), a reparar con 337 millones de pesos a Guillermo Marconi, secretario general del SADRA (Sindicato de Árbitros de la República Argentina) por daño moral. La sentencia agrega 70 millones de pesos de costas, actualizado con intereses. El rosarino no es el único que tendrá que pagar esta suma actualiza; también, Carlos Mihura y Juan Carlos Del Fueyo, quienes todavía están en actividad.
La historia viene de larga data. Mihura, habitual AVAR en cada fecha del fútbol argentino, y Del Fueyo, asistente número 2 en los partidos de Primera División, habían denunciado a Marconi el 2 de julio de 2019 por sus manejos en el gremio y presentaron como pruebas “dichos de Pezzotta”. Siete meses después, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 requirió el sobreseimiento del encargado del SADRA fundado en que “los hechos que se le imputaron no existieron”.
Marconi solicitó que se lo indemnice como consecuencia de la infundada denuncia que se le formulara en el Fuero en lo Penal. Mihura y Del Fueyo estaban afiliados al SADRA y fueron dos de los 900 árbitros que abandonaron el sindicato en el medio de la sangría que impulsó la AFA a través de su tesorero, Pablo Toviggino, hoy investigado por la Justicia. Los tres condenados, apelarán la medida del juez Horacio Alejandro Liberti.
No todo termina en el juicio por reparación
Aquellos referís que permanecieron en el sindicato que encabeza Marconi habían dejado de ser designados para los partidos de las distintas categorías. El ex árbitro de 78 años presentó varias denuncias en el Fuero Laboral y hasta en el ex INADI por “discriminación de los árbitros” del exterior. AFA perdió juicios millonarios por esa razón.
Pezzotta, que podría terminar embargado, llegó a UADA gracias al apoyo de Toviggino durante la gestión de Alberto Fernández. Recibió el reconocimiento del Ministerio de Trabajo kirchnerista en agosto de 2023. La mano derecha de Claudio Tapia en la AFA tenía como objetivo debilitar al gremio de Marconi. Entre las principales autoridades del sindicato que dirige el rosarino está Andrés Merlos, uno de los referís de Primera División más cuestionados, en el rol de secretario gremial. También integran el directorio Pablo Echavarría, Jorge Baliño y Silvio Trucco, entre otros.
En noviembre, SADRA denunció a la AFA por “arbitrajes manipulados” e “irregularidades”. Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, además es el secretario general de la Asociación Argentina de Arbitros (AAA). Se trata de un hombre del riñón de Tapia y Toviggino, la pata política del silbato, el que designa los jueces para cada fecha de los campeonatos argentinos. También, un sujeto de investigación por la importación de zapatos que se realizó a través del polémico SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) durante la administración de Sergio Massa y Matías Tombolini al frente del Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio, respectivamente.
Una nueva encuesta nacional confirmó la mirada crítica que mantiene buena parte de la opinión pública argentina sobre la dirigencia política. El estudio evaluó a 15 referentes del oficialismo y la oposición y ninguno logró cerrar con saldo positivo de imagen: todos terminaron con más valoración negativa que positiva, aunque con diferencias marcadas entre los mejor y peor posicionados.
El relevamiento que adelanta Clarín fue realizado por la consultora Management & Fit entre el 9 y el 24 de febrero, sobre 2.200 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 2,1%. La firma trabaja, entre otros, para los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el exmandatario cordobés Juan Schiaretti.
Economía y clima social
En cuanto a la situación económica del país, el 27,3% la calificó como positiva y el 49,2% como negativa. Un 42,5% expresó expectativas de mejora a futuro, tres puntos menos que en diciembre.
Respecto de la economía personal, el 34,2% la consideró negativa y el 31,8% positiva. La inflación encabeza el ranking de principales problemas (22,8%), seguida por la inseguridad (18,4%) y la corrupción (15,6%).
Sobre la gestión nacional, el presidente Javier Milei registró una aprobación del 46,8%, mientras que la desaprobación alcanzó el 50,7%. El nivel de confianza se ubicó en 47,2%, frente a un 52,8% de desconfianza.
Además, el 49% de los encuestados afirmó tener dificultades para cubrir los gastos del mes y el 79,4% dijo haber cambiado hábitos de consumo por la crisis. En relación con el IPC, el 48,3% sostuvo que el dato del INDEC no refleja la realidad de precios en su vida cotidiana.
El ranking de imagen
En el ranking de dirigentes, ninguno logró saldo positivo. El mejor posicionado fue Javier Milei, con un diferencial de -6,6 puntos (39,8% positiva y 46,4% negativa).
Lo siguió la ministra y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con -6,7 de saldo (38,9% positiva y 45,6% negativa). En tercer lugar apareció el jefe de Gabinete y vocero, Manuel Adorni, con -8,9 puntos.
Entre los oficialistas también figuraron el diputado Diego Santilli (-10,9) y el ministro de Economía Luis Caputo (-17,4).
En la mitad superior se ubicaron también los gobernadores Maximiliano Pullaro, Juan Schiaretti e Ignacio Torres, todos con diferenciales cercanos a los -18 puntos.
La parte baja del ranking estuvo dominada por dirigentes opositores, con una excepción: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien quedó en el puesto 14°, con 17,7% de imagen positiva y 53,2% de negativa.
El peor diferencial fue para el exministro Sergio Massa, con casi 40 puntos en contra (57% negativa y 17,1% positiva). Muy cerca quedaron el expresidente Mauricio Macri, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el cordobés Martín Llaryora.
El estudio refleja así un escenario de fuerte desgaste de la dirigencia en general, donde incluso los mejor posicionados no logran revertir el saldo negativo de imagen ante la opinión pública.
La ciudad de Marcos Juárez atraviesa por estas horas uno de los momentos más delicados de los últimos años. El conflicto desatado en la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor encendió una alarma que no sólo impacta en el plano productivo y laboral, sino que amenaza con colarse de lleno en el escenario político local, en un año marcado por la elección municipal.
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Este viernes, trabajadores de las plantas que la firma posee en Marcos Juárez y en Noetinger decidieron iniciar un paro de actividades tras denunciar el pago incompleto de la primera quincena de febrero y la falta de cancelación total de la segunda. La medida de fuerza visibilizó una crisis que venía gestándose desde hace semanas y que ya había tenido como síntoma la circulación de cheques rechazados por montos millonarios, generando preocupación en proveedores y en el entramado comercial de la región.
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Una crisis industrial con impacto regional
La situación inquieta especialmente al sudeste cordobés, donde la industria metalmecánica vinculada al agro es uno de los motores económicos centrales. En el caso de Metalfor, entre ambas plantas trabajan alrededor de 600 empleados directos. Si se consideran los puestos indirectos, la cifra crece significativamente, afectando talleres, transportistas, comercios y servicios que dependen del movimiento que genera la fábrica.
El panorama guarda similitudes con lo ocurrido recientemente en Pauny, la histórica cooperativa que produce tractores en Las Varillas. Allí, unos 500 trabajadores —que se convierten en cerca de 800 si se suman empleos indirectos— enfrentan también dificultades vinculadas al contexto económico nacional. Sin embargo, en el caso de Metalfor se suma un elemento que genera desconcierto: casi en simultáneo con el inicio de la crisis, la empresa anunció la obtención de un crédito internacional por 50 millones de dólares otorgado por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
La coexistencia entre un financiamiento de esa magnitud y los problemas para afrontar salarios abre interrogantes sobre la administración de recursos, los tiempos de desembolso y las prioridades financieras de la compañía. Mientras tanto, el malestar entre los operarios crece y el temor a suspensiones o despidos comienza a instalarse en una comunidad que depende en gran medida de la estabilidad del sector agroindustrial.
El factor electoral y el voto agro
El impacto político no es menor. En Marcos Juárez, la intendenta Sara Majorel se juega la reelección en un contexto que se torna cada vez más complejo. De origen en el PRO y con pasado cercano al larretismo, Majorel migró primero hacia el esquema de Patricia Bullrich y luego recaló en La Libertad Avanza, espacio que lidera el presidente Javier Milei. Con ese sello buscaría renovar mandato frente a una oposición que se reconfigura.
La cuenca productiva del sudeste cordobés ha mostrado históricamente un comportamiento electoral particular. Si bien en el plano provincial acompañó en distintas oportunidades al peronismo cordobesista, en elecciones nacionales optó por alternativas enfrentadas al PJ. Primero respaldó a Cambiemos y, en 2023, Milei arrasó en el balotaje frente a Sergio Massa, obteniendo en el departamento Marcos Juárez cerca del 75% de los votos.
La tendencia se consolidó también en las legislativas del año pasado, cuando la lista libertaria encabezada por Gonzalo Roca y apadrinada por Gabriel Bornoroni superó por 20 puntos al armado de Provincias Unidas que lideró el exgobernador Juan Schiaretti. Ese resultado marcó un cambio profundo en el mapa político local y dejó a la intendenta alineada con el espacio que hoy capitaliza buena parte del voto agro.
Sin embargo, la crisis en la industria metalmecánica podría alterar ese equilibrio. Un deterioro prolongado del empleo y del poder adquisitivo podría erosionar el respaldo que hasta ahora mostró el electorado hacia las opciones libertarias, especialmente en una región donde el “voto agro” suele reaccionar con rapidez ante señales económicas adversas.
En ese contexto, la próxima edición de ExpoAgro aparece como un punto de inflexión. “Si esto no mejora después de ExpoAgro se complica”, reconoció un intendente de la zona tras dialogar con un empresario del sector agropecuario. La expectativa está puesta en que la muestra funcione como termómetro de inversiones, ventas y financiamiento para un sector que necesita señales de reactivación.
Mientras tanto, en las calles de la ciudad crece la incertidumbre. Comerciantes atentos a la merma del consumo, familias preocupadas por la estabilidad laboral y dirigentes políticos recalculando estrategias conforman un escenario donde economía y política se entrelazan. Lo que comenzó como un conflicto salarial en una fábrica emblemática amenaza con convertirse en un factor decisivo en el único test electoral cordobés de 2026.
Fuente: La Política Online con aportes de Redacción +P.
La Libertad Avanza se anotó su segunda victoria parlamentaria al hilo. Tras aprobar la reforma laboral en el Senado, el oficialismo y sus aliados avalaron en la Cámara de Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14. El proyecto ahora fue girado al Senado, que podría tratarlo el 26 de febrero, al filo de las sesiones extraordinarias.
Hubo 149 votos a favor, de La Libertad Avanza, sus aliados del PRO, la UCR y el MID, el interbloque Unidos (que incluye a Provincias Unidas) y otras fuerzas locales. Entre los apoyos estuvo el del cordobés Juan Schiaretti, en su debut.
Los rechazos fueron 100, de Unión por la Patria, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), el bloque Elijo Catamarca que responde al gobernador Raúl Jalil, y el Frente de Izquierda.
El avance de la iniciativa fortaleció aún más el protagonismo de Patricia Bullrich, quien acaba de conseguir la media sanción de la “modernización” laboral pero también impulsó como ministra de Seguridad la baja de la edad punible. Su proyecto original establecía 13 años, pero el oficialismo volvió a ceder ante el arco dialoguista en pos de lograr el objetivo.
El trasfondo del debate de la nueva Ley Penal Juvenil en Diputados
El debate se cargó de sensibilidad con la presencia de algunos familiares de víctimas, como los padres de Joaquín Sperani, asesinado en 2023 en Laboulaye por otro menor de edad declarado inimputable. “Como cordobés, puedo decir en nombre de los padres de Joaquín el dolor que se siente perder a un hijo y después ver a esa persona caminando por la calle como si no le hubiera pasado nada”, dijo el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
También presenció la sesión Romina, madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en diciembre pasado por un grupo de menores en Santa Fe. Ese caso fue el que motivó la reapertura del debate en Diputados, luego del intento fallido en 2024.
“La ley actual a todas luces ha sido ineficiente: no previene, no resocializa al menor, no repara ni da soporte a las víctimas para sentir que la impunidad ha acabado”, sentenció la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), quien abrió el debate como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
Tras recordar que el régimen vigente data de la dictadura militar, la legisladora sostuvo que “todos” los especialistas que expusieron en el debate de 2024 coincidieron en que “entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, y por lo tanto “debe pagar con una pena racional por el hecho cometido”.
Rodríguez Machado aceptó algunas modificaciones finales al dictamen, donde se reforzó la exigencia de alojar a los menores que delinquen en institutos diferenciados de las cárceles de adultos, con el fin de promover una adecuada resocialización.
Los cordobeses alineados al gobierno de Martín Llaryora, que sumaron a sus filas a Juan Schiaretti, votaron todos a favor. “Somos partidarios de que hay que bajar la edad porque le evidencia nos lleva a ver que se cometen delitos donde participan menores”, explicó el diputado democristiano Juan Brügge, y agregó que los 14 años están “en armonía normativa con la región”.
Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres proponían establecer un esquema escalonado de penas según la edad del menor: planteaban que los adolescentes de 14 años tengan una reducción de la escala penal a la mitad; los de 15 años, una reducción de un tercio; mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se aplique la escala completa, con un tope máximo de 15 años de prisión.
Por otra parte, el “cordobesismo” calificó como “insuficiente” el presupuesto otorgado para financiar los nuevos institutos de detención y los profesionales que deberán supervisar a los menores. Será un monto total de alrededor de $23.700 millones; para tener dimensión, Brügge precisó que el costo del complejo “Papa Francisco” en Córdoba, para alojar a aproximadamente 150 jóvenes, es de $18.000 millones.
«Han sido las provincias las que han tomado la posta en materia de reinserción, cuidado, educación y tratamiento del menor en conflicto con la ley penal. Las provincias han hecho un esfuerzo presupuestario muy grande, porque la Nación no puso un peso”, advirtió Brügge.
El proyecto incorporó una cláusula que indica que “la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.
Los argumentos en contra de Ley Penal Juvenil
Natalia De la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba, votó en contra y lamentó que “es un día triste en el recinto”. “Si estamos discutiendo esta ley es porque el Estado falló, y falló la sociedad argentina en su conjunto, y falló la política toda”, consideró. También sostuvo que “esto no previene la inseguridad” porque “el número del delito juvenil es ínfimo”; según interpretó, el objetivo es solo “buscar un título rimbombante”.
Unión por la Patria admitió que es necesario un nuevo Régimen Penal Juvenil, pero rechazó en conjunto el proyecto de Milei. No obstante, el peronismo no podía evitar una división interna: parte del Frente Renovador defendió la baja de la edad a 14 años, en línea con una vieja posición del partido de Sergio Massa.
“Vengo a sostener esa idea: creo que una persona que ha tomado la decisión de lastimar, dañar o matar a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso en el lenguaje en el que yo he sido formado se llama delito y el delito debe tener consecuencias”, sentenció el diputado massista y ex juez Ramiro Gutiérrez.
Entre las voces en contra del kirchnerismo sobresalió la de la cordobesa Gabriela Estévez. “No les importan las víctimas del delito ni rescatar a los jóvenes, sino poner más herramientas para seguir reprimiendo a un pueblo hambreado. Los criminales más peligrosos están adentro de la Casa Rosada”, denunció.
La diputada de La Cámpora también enfatizó que “el debate llega en el peor momento político e institucional de nuestro país desde la recuperación de la democracia”, entre otras cosas por el “desmantelamiento de todas las políticas de protección de los derechos de las niñeces”.
El proyecto pasará ahora al Senado, donde Bullrich tiene previsto tratarlo el 26 de febrero, para terminar el período extraordinario con la ley bajo el brazo. En esa posible sesión también se discutiría la nueva Ley de Glaciares y el acuerdo de comercio e integración entre el Mercosur y la Unión Europea.
