Luego del cierre de alianzas de este jueves, se conoció, por ejemplo, cómo será la composición del Partido Justicialista en para las elecciones legislativas de octubre, que renovarán bancas en Diputados y el Senado. El peronismo acordó competir en 14 provincias con la alianza Fuerza Patria, lote en el que aparecen Neuquén y Río Negro.
Según informó Noticias Argentinas hoy viernes, además de los dos distritos patagónicos, el partido presentó la coalición en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, Catamarca, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y Jujuy.
En las 10 provincias restantes, los dirigentes justicialistas no llegaron a un entendimiento y el espacio se presentará como Partido Justicialista a secas. Estas son San Juan, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Formosa, San Luis, Santa Cruz, La Pampa y Chubut.
Fuerza Patria, el acuerdo entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof
El nombre de la alianza surgió del acuerdo entre la titular del partido, la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Afuera había quedado, de momento, el Patria Grande que conduce Juan Grabois, aunque en su entorno aseguran que se seguirán negociando hasta el 17 de agosto, en el que deberán presentarse la lista de candidatos nacionales.
Las tratativas también seguirían hasta último momento con otros sectores, con el objetivo de no dividir el voto opositor en los primeros comicios nacionales con Javier Milei de presidente.
Con una negociación hasta último momento de los partidos de Fuerza Patria, finalmente cuatro alianzas se conformaron en Río Negro para las elecciones nacionales del 26 de octubre y ahora empieza la cuenta regresiva para la definición de candidaturas que deberán presentarse en diez días ante el juzgado federal con competencia electoral.
Ayer venció el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas, según el cronograma electoral, y se terminaron de dilucidar las estrategias de las fuerzas que unificarán sus propuestas.
Las presentaciones se realizaron de manera virtual, con la documentación firmada por los apoderados de cada fuerza integrante de las sociedades electorales.
La mayor incertidumbre estaba centrada en el bloque anti Milei que lidera el Partido Justicialista por una discusión que en las últimas semanas se había incrementado con las autoridades provinciales del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa.
Alejandro Ramos Mejía, el presidente a nivel provincial, había advertido horas antes del cierre que un desplante del PJ lo llevaría a impugnar el sello de la alianza si no se acordaba en Río Negro. Rechazaba la integración de Patria Grande de Juan Grabois y principalmente el espacio en la lista que hasta el momento se le concedió, con el primer lugar de Diputados para la científica Adriana Serquis.
Trascendió que las conversaciones se dieron en las más altas esferas del Frente Renovador. Finalmente el acuerdo se cerró cerca de las 21 y varios de los dirigentes celebraron en la sede del PJ en Viedma, entre los que se encontraba el presidente del PJ Sergio Hernández y el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros.
Además del PJ y Frente Renovador, la fuerza está integrada por Frente Grande, Kolina, Parte y el Partido Socialista. Patria Grande también está integrado, según confirmaron desde la fuerza aunque no figuraría como integrante de la alianza porque no tiene reconocimiento todavía. Los adherentes son 11 partidos más y en total firmaron 17 fuerzas por la alianza Fuerza Patria Río Negro.
Tres fuerzas y una formalidad
El oficialismo provincial, un día antes del vencimiento del plazo, constituyó su nueva alianza electoral en Cipolletti bajo la denominación Juntos Defendemos Río Negro, que integran como partidos de base Juntos Somos Río Negro, la fuerza que conduce el gobernador Alberto Weretilneck, la UCR y la Coalición Cívica ARI, dos fuerzas de carácter nacional que ya trabajan como aliados del gobierno provincial y una decena de partidos provinciales y municipales.
El lanzamiento oficial fue en un encuentro cerrado a la prensa y ayer comenzó a circular un spot con la presentación, con una voz en off de Weretilneck, en la que se pone el énfasis en la defensa de los intereses de Río Negro en el Congreso, donde se admite la dualidad que otros partidos le achacan: “Cuando hay que negociar, negociamos; cuando hay que cambiar, cambiamos”, afirmó el mandatario en el video.
El sector libertario que comulga con el proyecto nacional del presidente Javier Milei se consolidó en la alianza Libertad Avanza en Río Negro, sin sigla, para distinguirse del nombre del partido violeta.
La coalición también se terminó de conformar un día antes del plazo, en Buenos Aires. Allí confluyeron los representantes de La Libertad Avanza, Creo Río Negro, PRO y Republicanos Unidos para firmar el acta que luego presentaron en el juzgado electoral a través del apoderado nacional Santiago Viola.
La diputada y presidenta de LLA en Río Negro, Lorena Villaverde, marcó el eje troncal de la estrategia en el mensaje que difundió en sus redes sociales junto a la imagen de la firma del acuerdo: “Vamos por el verdadero enemigo: el kirchnerismo y sus aliados provinciales”.
En la izquierda también se unieron en la estrategia para reeditar el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad que ya integraron en 2023 el Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Obrero, Izquierda Socialista y Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Ayer por la tarde, los apoderados de las fuerzas se reunieron para firmar el acta y presentarse formalmente como una coalición para competir en octubre.
El justicialismo de Río Negro ultima el frente antimilei en Río Negro mientras observa el cierre del armado nacional. El presidente del PJ provincial, Sergio Hernández, reconoció que sus dos cuestiones pendientes -qué pasará con la integración del Frente Renovador y Patria Grande- dependerán de la conformación final del frente Fuerza Patria.
Este jueves concluirá el plazo para la inscripción de alianzas electorales para las elecciones parlamentarias del 26 de octubre. El 17 de agosto será el cierre de las listas de candidatos.
La conducción provincial del PJ no habla con los dirigentes del FR porque “no son genuinos referentes” y “están condicionados” -según Hernández- en referencia a su relación con JSRN entonces el diálogo es con su líder Sergio Massa.
Luego, el titular del FR rionegrino, Alejandro Ramos Mejía afirmó que Hernández “miente y miente», negó que hable con Massa, anticipó «oposición judicial» y afirmó que ese partido presentará una propuesta en Río Negro si no participa de la alianza.
Sergio Hernández apura el trámite para la presentación de la alianza Fuerza Patria en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa
Inicialmente, este miércoles, en un diálogo radial, Hernández abordó el cierre de la alianza liderada por el PJ donde confirmó la integración del Frente Grande, Kolina, Parte y también el Socialismo. Aseguró que adoptará el nombre de Fuerza Patria. “Se compartirá el nombre y los partidos con reconocimiento en los distritos”, explicó.
Apartó, en cambio, la situación del Frente Renovador y el Patria Grande porque “el armado en Río Negro tiene que ver también con lo nacional” y “estamos esperando si confirman, cierran y se integran a nivel nacional”. Dijo estar esperanzado en que sea así y aceptó, por ejemplo, que si no se suma Patria Grande (Juan Grabois) se caería la inclusión de Adriana Serquis como primera candidata a Diputados. Valoró a ella, pero remarcó que “no es una cuestión individual”.
Reconoció que la conducción del PJ provincial no está hablando con el FR rionegrino. Entendió que no tienen “referentes” aunque “algunas personas ostentan la representatividad. Hablamos con el compañero Sergio Massa. Yo lo hice dos veces”.
Manifestó que los representantes renovadores están “condicionados para cualquier tipo de negociación y representatividad” y no son “referentes genuinos”. Aceptó que el nombre del FR en la alianza daría más “fortaleza política”.
El exlegislador Alejandro Ramos Mejía preside el Frente Renovador en Río Negro. Foto Archivo
Esa eventual adhesión en Río Negro requerirá de las firmas de las autoridades del Frente Renovador en la Provincia. Hernández aceptó ese trámite, pero se desligó del mismo y entendió que “eso exigirá la intervención de Massa y de quienes conducen el partido en Río Negro”.
Después de la entrevista, Ramos Mejía respondió a Hernández en las redes, asegurando que “miente y miente una vez más”.
Consigna cinco “aclaraciones”, empezando que el “nombre de la alianza Fuerza Patria no va a poder ser utilizado por ninguna alianza en Río Negro sin que el Frente Renovador lo integre” y luego indica que no es cierto el diálogo de Hernández con Massa.
Agrega que el “Frente Renovador Distrito Río Negro es un Partido de Distrito y tiene sus referentes jurídicamente legitimados y políticamente electos” y anticipa que, si no integra la alianza habrá oposición en sede judicial por “la utilización de un nombre que podría generar confusión en el electorado”.
Manifestó que “Patria Grande no tiene conformación distrital en Río Negro”, “no puede suscribir alianzas, a excepción de simbólica figura de la «adhesión»”.
Finalmente, reitera que el FR “ofrecerá una propuesta” con “sus propios candidatos” si no integra la alianza y cierra que “siempre la mentira tiene patas cortas (a veces, demasiado cortas)”.
En medio del juicio millonario por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino confirmó que no entregará mensajes de Luis Caputo ni de Sergio Massa y que avanzará con una nueva apelación en la Justicia de Estados Unidos.
La decisión responde a la orden de la jueza Loretta Preska, quien había requerido información privada de funcionarios, exfuncionarios y activos argentinos en el marco del discovery.
La Procuración General del Tesoro sostendrá la negativa en la audiencia de este martes con la magistrada y con los fondos demandantes. En la Casa Rosada aseguran que “de ninguna forma” se entregará información privada y remarcan que la jueza “excedió su jurisdicción”.
No obstante, reconocen que la postura podría derivar en multas diarias si se considera incumplimiento. La estrategia oficial es clara: “apelar hasta la última instancia”, incluso hasta la Corte Suprema de EE.UU. en caso de ser necesario.
Mientras tanto, el Gobierno espera la definición de la Corte de Apelaciones, que debe resolver si suspende la entrega de acciones mientras se estudia la apelación formal. Las audiencias orales por la sentencia de fondo fueron fijadas para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas del 26.
Los fondos demandantes, que ya obtuvieron un fallo favorable por US$16.100 millones, buscan demostrar que YPF y la Argentina “son lo mismo” para identificar activos y embargarlos. Desde Nación remarcan que no habrá negociación con los litigantes.
Un dato clave: la administración de Donald Trump se presentó como amicus curiae en apoyo de la estrategia argentina, lo que fortalece la expectativa oficial frente a la Corte de Apelaciones.
En medio del juicio por YPF, el Estado de Argentina le solicitó a la jueza Loreta Preska que reconsidere su pedido de entregar mails y otro tipo de comunicaciones de funcionarios de las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. El pedido incluía -entre otros- a Sergio Massa y Luis Caputo.
«La República Argentina pide a la Juez Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos porque no les pertenecen», informó en su cuenta de X Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien cubre los juicios contra el país en el exterior.
Según tradujo La Nación de la notificación de la Procuración del Tesoro, el Estado puntualiza en que la República no tiene la «autoridad» para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios.
«La legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, responden a Preska por sus decisiones tomadas en la audiencia de discovery el pasado 29 de julio.
Juicio por YPF: por qué los fondos extranjeros insisten en conseguir los mails de funcionarios argentinos
Este proceso judicial involucró desde el 2024 una lista con 27 nombres que desde entonces el Gobierno intenta reducir en una contrapropuesta. Sin embargo, la jueza de Nueva York tomó una decisión similar a que la de septiembre del año pasado con el fin de acelerar el embargo que impulsan Burford y Eton Park contra la Argentina por YPF.
“La República argumenta que debería poder resistir pedidos que no pueden conducir a la identificación de activos ejecutables y solicita una aclaración urgente para encauzar las negociaciones entre las partes y evitar discovery abusivo. En subsidio, solicita que se reconsidere la decisión por haber desatendido jurisprudencia relevante”, añadió.
Mientras tanto, los fondos buscan demostrar que entidades como el BCRA, YPF ó Enarsa funcionan como un «alter ego» del Estado argentino y que no tienen independencia operativa y legal.
“Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos —entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa— usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos”, explicó Maril a La Nación.
En medio del juicio por YPF, el Estado de Argentina le solicitó a la jueza Loreta Preska que reconsidere su pedido de entregar mails y otro tipo de comunicaciones de funcionarios de las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. El pedido incluía -entre otros- a Sergio Massa y Luis Caputo.
«La República Argentina pide a la Juez Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos porque no les pertenecen», informó en su cuenta de X Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien cubre los juicios contra el país en el exterior.
Según tradujo La Nación de la notificación de la Procuración del Tesoro, el Estado puntualiza en que la República no tiene la «autoridad» para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios.
«La legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, responden a Preska por sus decisiones tomadas en la audiencia de discovery el pasado 29 de julio.
Juicio por YPF: por qué los fondos extranjeros insisten en conseguir los mails de funcionarios argentinos
Este proceso judicial involucró desde el 2024 una lista con 27 nombres que desde entonces el Gobierno intenta reducir en una contrapropuesta. Sin embargo, la jueza de Nueva York tomó una decisión similar a que la de septiembre del año pasado con el fin de acelerar el embargo que impulsan Burford y Eton Park contra la Argentina por YPF.
“La República argumenta que debería poder resistir pedidos que no pueden conducir a la identificación de activos ejecutables y solicita una aclaración urgente para encauzar las negociaciones entre las partes y evitar discovery abusivo. En subsidio, solicita que se reconsidere la decisión por haber desatendido jurisprudencia relevante”, añadió.
Mientras tanto, los fondos buscan demostrar que entidades como el BCRA, YPF ó Enarsa funcionan como un «alter ego» del Estado argentino y que no tienen independencia operativa y legal.
“Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos —entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa— usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos”, explicó Maril a La Nación.
El Gobierno argentino se negó a entregar mensajes y documentos de los actuales y exfuncionarios, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, en el marco del juicio que se desarrolla en Estados Unidos por la expropiación de YPF. La decisión fue comunicada durante una audiencia este martes ante la jueza Loretta Preska, quien había ordenado la entrega de información en el proceso de discovery iniciado por los fondos demandantes.
La Procuración del Tesoro, que representa jurídicamente al Estado argentino, defendió la postura oficial de no aportar los datos requeridos. Desde la Casa Rosada aseguran que “de ninguna forma” entregarán información privada de funcionarios en ejercicio ni de exfuncionarios, y acusan a la magistrada de excederse en su jurisdicción.
El Ejecutivo sostiene que cumplir con la orden judicial implicaría exponer datos sensibles del país y de su estrategia legal, en un litigio que ya tiene una sentencia en contra por US$16.100 millones. El fallo autoriza a los demandantes a embargar activos argentinos, incluida la transferencia de acciones de YPF.
El conflicto con Preska y la estrategia oficial
El Gobierno teme que el incumplimiento de la orden pueda derivar en sanciones económicas, como la imposición de multas diarias. Sin embargo, la línea trazada desde el entorno del presidente Javier Milei es clara: «apelar hasta la última instancia».
“Eventualmente sucederá si nos piden cosas que no vamos a dar”, admiten fuentes oficiales. Por ahora, la Procuración trabaja en los escritos que presentará para sostener la negativa argentina ante el tribunal.
Los fondos demandantes buscan demostrar que el Estado y la petrolera son una misma entidad jurídica, para así justificar el embargo de bienes argentinos en el exterior. En ese marco, exigen acceso a comunicaciones y documentos que, según la administración argentina, son confidenciales y no deben formar parte del expediente.
Próximos pasos judiciales
El Gobierno también espera la definición de la Corte de Apelaciones sobre el pedido para suspender la entrega de acciones mientras continúa el proceso de apelación. El tribunal debe decidir próximamente qué sala tratará el caso. En tanto, las audiencias orales por la apelación del fallo de fondo están previstas para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas.
En caso de un nuevo revés, la Argentina ya anticipó que está dispuesta a llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Un elemento relevante en la estrategia legal fue el respaldo de la administración de Donald Trump, que se presentó como amicus curiae en apoyo a la posición argentina en instancias anteriores, lo que aún podría tener peso en la decisión de la Corte de Apelaciones.
Por ahora, la Argentina busca resistir el avance del proceso sin comprometer información ni activos clave, en medio de uno de los litigios más costosos de su historia judicial internacional.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo tras la revelación de supuestos informes internos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre la actividad de dirigentes de la oposición y otros sectores sociales, como jubilados y gremios. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner entre los observados.
La situación activó las alarmas en el Congreso. Según difundió el Diario La Nación, el diputado radical Pablo Juliano anunció que buscará coordinar con el resto de los bloques opositores para avanzar con un pedido de interpelación a Sergio Neiffert, el jefe de los espías y hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
Desde el peronismo, dirigentes como Axel Kicillof y Eduardo «Wado» de Pedro analizan con sus equipos de abogados la posibilidad de presentar denuncias ante la Justicia.
En el Senado, el titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), Martín Lousteau (UCR), confirmó que en los próximos días convocará a una reunión para tratar el tema.
Por su parte, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, también integrante de la comisión, anticipó su intención de impulsar una investigación. En su red social X, Moreau escribió: «Los argentinos estamos hartos de los insultos de Milei, de la represión que lleva adelante la mercenaria de la violencia Patricia Bullrich y del espionaje y de la persecución política”.
Respuesta de la oposición y alarma en el Congreso por supuesto espionaje del Gobierno de Javier Milei
El diputado Facundo Manes se sumó a las críticas, calificando el hecho de “gravísimo”. En un diálogo con La Nación, sentenció: “Espiar a quienes piensan distinto es una práctica propia de las peores tradiciones de poder que decían venir a combatir”.
La información revelada, que señala que el reporte fue elaborado en la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) —una de las dependencias que conforman la SIDE tras la reestructuración—, ha levantado dudas sobre si la SIDE cumple con el marco legal vigente.
De hecho, la Ley 25.520 establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales».
Sobre este punto, la exfiscal Cristina Caamaño y el exinterventor de la AFI, Agustín Ross, coincidieron en que se trata de una “violación flagrante de la Ley de Inteligencia”, según informó Página 12.
La lista de personas supuestamente monitoreadas es extensa e incluye a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y a senadores como Guadalupe Tagliaferri, además de movimientos de las centrales gremiales CGT y CTA, y de distintos sindicatos y organizaciones.
La SIDE en el centro de la polémica
La SIDE, que fue reestructurada por un decreto de Javier Milei, ha estado en el ojo de la tormenta en otras ocasiones. A finales de mayo, se publicó una directiva firmada por el jefe de Operaciones del organismo que disponía el monitoreo de grupos sociales vulnerables, lo que llevó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a presentar una denuncia judicial.
Estos hechos se enmarcan en un clima de alta conflictividad y señalamientos mutuos. El Gobierno ha utilizado en repetidas ocasiones el concepto de “sedición” para referirse a protestas masivas, como la ocurrida durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso.
Para aMyriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, «es una práctica habitual que gobiernos que se encuentran en crisis, con internas y con una oposición social creciente se recuesten sobre el espionaje político».
El escándalo de la supuesta vigilancia ilegal se produce en un momento de tensión política, con las listas para las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires ya inscriptas y con una fuerte interna en el oficialismo que habría motivado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a tomar el control de la estrategia de campaña.
La denuncia por espionaje político agrega un nuevo capítulo a un escenario de fuerte polarización y confrontación.
“Agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas campeón”. Con esas palabras ironizaba hace solo 30 días el ministro de economía Luis Caputo acerca del insistente análisis de los especialistas en relación al atraso cambiario que atraviesa desde hace al menos un año la economía.
La arenga tuvo lugar el pasado 2 de julio durante la exposición de Caputo en el Summit IAE. Desde ese día, el tipo de cambio oficial (BNA) aumentó $135 (+10,8%). La primera impresión, es que miles de “campeones” hicieron caso al consejo financiero del ministro.
Naturalmente, existen otros fundamentos más reales y consistentes para explicar la presión que experimentó la cotización de la divisa durante el último mes. La primera y principal es la convulsión que generó en el corto plazo el cambio en la política monetaria por el final de las LEFI, el instrumento del Banco Central (BCRA) con el que los bancos estructuraban hasta el mes pasado su operatoria diaria de liquidez.
La intención del equipo económico estuvo clara desde el inicio: que el BCRA deje de fijar una tasa de interés de política monetaria, y pase a fijar agregados monetarios, permitiendo que la tasa de interés se determine de forma endógena.
En la teoría, se trata de un esquema más consistente con una economía de mercado. En la práctica, la transición a un modelo semejante requiere de una sintonía fina que a todas luces no existió en la implementación.
El equipo económico cometió un error de diagnóstico en relación a la estrategia de los bancos ante el final de las LEFI, suponiendo que se daría un reemplazo natural por LECAPs, algo que finalmente no sucedió. Hubo un evidente fallo en la estrategia de comunicación hacia y con los bancos. El corolario fue exceso de pesos en circulación y volatilidad de tasas de interés (ahora libres).
El contexto de incertidumbre resultante, culminó con la Secretaría de Finanzas necesitando convalidar esta semana tasas de interés de hasta el 65% anual para renovar vencimientos de deuda en pesos por $11,8 Billones que operaban el martes. Ni siquiera eso logró evitar que el tipo de cambio mantuviera su tendencia alcista.
La Secretaría de Finanzas convalidó tasas de interés de hasta el 65% anual para renovar vencimientos de deuda en pesos por $11,8 Billones que operaban el martes. Logró renovar solo el 76%, y $2,8 Billones quedaron «sueltos».
Pero si la mirada se eleva un poco más allá del alboroto financiero de las últimas tres semanas, lo cierto es que hay elementos un poco más profundos que explican la presión sobre el dólar. Al igual que desde hace meses, allí sigue estando la escasez de reservas del BCRA, o la incertidumbre propia de un año electoral en el que se especula con cambios de política económica después de octubre. Allí sigue estando el final de la liquidación de la cosecha gruesa del campo. Allí sigue estando el atraso cambiario.
Pese al denodado esfuerzo oficial por negar una y otra vez el retraso real del tipo de cambio, sobra evidencia empírica para demostrarlo. Sorprendentemente, el grueso de esa evidencia nace de las usinas oficiales de estadística.
El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que publica el BCRA, mide con Base 100 en diciembre de 2015 la evolución nominal de la cotización del peso argentino relativa a las monedas de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.
El día en que Caputo lanzó su arenga a principios de julio, el ITCRM registraba 90,25. La marca es 45% más baja que los 162,18 en que se ubicaba tras la devaluación de diciembre de 2023, y casi idéntica al 90,23 de octubre de 2023 en pleno “plan platita” de Sergio Massa. La traducción es sencilla: el dólar está tan atrasado como lo estaba antes de la devaluación aplicada por la propia gestión Milei.
Tras la corrección cambiaria de estos días, el ITCRM registró 97,95 el último día de julio. Equivale a decir que pese a la suba de las últimas tres semanas, el atraso continúa. Existen no obstante otros dos datos oficiales que revelan el delicado desequilibrio acumulativo que genera el atraso cambiario.
Más que nunca, dólar colchón
La flexibilización de los controles cambiarios implementada en el mes de abril junto al anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue parcial. El acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue liberado para personas físicas, pero sigue vedado para que las empresas puedan enviar remesas y pagos al exterior.
Al mes siguiente de relajar el cepo, el gobierno lanzó una batería de medidas de desmantelamiento en los controles de ARCA sobre el origen de los fondos, con el objetivo de que los argentinos sacaran “los dólares del colchón”, y se animaran a utilizar sus ahorros (incluso aquellos sin declarar), sin temor a ser perseguidos por el fisco en relación a los impuestos adeudados. Además envió al Congreso una serie de proyectos de ley (que aún no han sido tratados), para garantizar a futuro la seguridad de los ahorristas en el uso de los fondos.
El resultado no fue el esperado. A diferencia del exitoso blanqueo de 2024 que logró la exteriorización de unos US$ 19.000 millones, el ingreso de divisas al sistema formal tras los anuncios de mayo fue magro en esta ocasión.
Una lectura lineal pero necesaria, permite afirmar que casi 8 de cada 10 de los US$ 12.000 millones que el FMI desembolsó en abril, se fueron al atesoramiento del 2,5% de la población.
Pero no solo ello, sino que los datos oficiales muestran que el “dólar colchón” está más vivo que nunca. El BCRA publicó esta semana su Balance Cambiario correspondiente al mes de junio. De allí surge que la Formación de Activos Extranjeros llegó a los US$ 4.051 millones en el sexto mes de 2025. El grueso de ese renglón del balance corresponde a la compra de divisas de personas físicas en el MULC.
El dato de junio se suma a los US$ 3.226 millones que “salieron” por el mismo ítem en mayo, y a los $2.010 millones de abril. En total, durante el primer trimestre de flexibilización del cepo, los argentinos metieron al colchón US$ 9.287 millones. Según el BCRA, poco más de un millón de personas son las que compraron dólares en el MULC durante el mes de junio.
Una lectura lineal pero necesaria, permite afirmar que casi 8 de cada 10 de los US$ 12.000 millones que el FMI desembolsó en abril, se fueron al atesoramiento del 2,5% de la población. Dos elementos explican semejante salida. El primero es el incremento natural de la demanda de divisas tras la flexibilización de los controles, luego de cinco años de cepo. El segundo está a la vista: ahora no solo se puede comprar, sino que además está barato.
Miami, allá vamos
El Indec publicó esta semana las “Estadísticas de Turismo Internacional” de junio. El dato saliente es que ese mes, la cantidad de turistas que ingresaron desde el exterior cayó un 4,3% interanual, mientras que la cantidad de residentes argentinos que salieron del país creció un 28,6% respecto al mismo mes de 2024. La tendencia se verificó también en todos los meses previos de este año.
La señal es inequívoca. El precio en dólares del hospedaje o la comida en las playas de Río, los mares turquesa del Caribe o bajo las palmeras de Miami, es muy similar al de una estadía en Bariloche, Las Leñas o Mar del Plata. Un eufemismo para el mismo diagnóstico: atraso cambiario.
Nuevamente, el Balance Cambiario del BCRA correspondiente al mes de junio le pone números a la creciente salida de argentinos para viajar por el mundo. De allí surge que solo en junio la balanza turística arrojó un saldo negativo de US$ 862,5 millones.
En el acumulado de los primeros seis meses del año, el turismo generó salida de divisas por US$ 5.264 millones. La suma es equivalente a los US$ 5.688 millones que salieron en total en los 12 meses del año pasado. Dicho de otra forma, en solo un semestre de 2025 se fue por turismo la misma cantidad de divisas que en todo el año 2024.
Interrogantes
Tras el vencimiento de deuda en pesos del pasado martes donde la Secretaría de Finanzas logró un roll over del 76% dejando “en el aire” $2,9 Billones de pesos, la duda era si esos pesos comenzarían a ejercer todavía más presión sobre el tipo de cambio. En los días subsiguientes, efectivamente se verificó una aceleración del dólar oficial (+6,2% en tres ruedas).
Streaming. La modalidad elegida por el gobierno para brindar su mirada sobre el escenario cambiario.
La reacción del equipo económico en la noche del jueves (día de mayor presión cambiaria), fue visitar dos canales de streaming para esbozar una respuesta oficial. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo fueron ambiguos.
El ministro le quitó importancia al salto del tipo de cambio y señaló que el movimiento registrado el jueves, es parte de la operatoria natural dentro de las bandas cambiarias, dentro de las cuales el dólar “flota”. Minutos después, y con el ministro presente a su lado, el presidente eligió en cambio una explicación menos técnica: acusó a la vice presidenta Victoria Villarruel de una conspiración para generar una “corrida”.
Según datos oficiales, el atraso cambiario significó una salida de divisas de US$ 14.551 millones por turismo y atesoramiento en la primera mitad de 2025.
Lo cierto es que los propios datos oficiales anticipan que el escenario monetario y cambiario, sigue siendo complejo. Tal como sucedió el pasado martes, en el mes de agosto vencen otros $30 Billones. Si el roll over se ubicara en el 76% al igual que el martes, quedarían “sueltos” otros $7 Billones este mes. Implica que episodios cambiarios como los de esta semana, vuelven a ser muy probables.
De inmediato surgen una serie de interrogantes. El primero es hasta cuando podrá el gobierno insistir en la ausencia de atraso cambiario pese a la enorme cantidad de evidencia al respecto. El segundo es que sucedería si el tipo de cambio oficial se acercara definitivamente a la banda superior de flotación, ubicada desde agosto en $1.456. ¿Debería acaso el BCRA comenzar a vender las reservas que no tiene o se implementaría una corrección extraordinaria de las bandas de flotación?
Dos interrogantes son los posibles cambios de política económica tras las elecciones, y en el corto plazo, el posible paso a precios de la corrección cambiaria.
Llegados a ese punto, otro interrogante es si hacía falta esperar a que el atraso cambiario se llevara US$ 14.551 millones en un solo semestre antes de tomar medidas. También huelga preguntar si no convenía al BCRA acumular reservas comprando “dentro de las bandas” cuando el tipo de cambio “navegaba” los $1.180/$1.200 en lugar de hacerlo cuando “flota” en torno a $1.380.
Pero el mayor interrogante entre empresarios, inversores o agentes económicos (y el principal rector de las expectativas), radica en los potenciales cambios de política económica luego de las elecciones de octubre. La forma en que crece ese interrogante y el margen de maniobra para contener la presión en el mercado cambiario, son inversamente proporcionales.
Dicho eso, las pantallas revelan que el dólar subió 11,7% a lo largo de julio, frente a una inflación que cerró junio en 1,6%. La pregunta del millón es si comenzará a registrarse durante agosto, el paso a precios de la corrección cambiaria.
Frente de gobernadores de cara a las elecciones 2025. Foto X.
Como en un menú de pasos los cinco gobernadores que presentaron un frente electoral -que no se identifica ni con La Libertad Avanza ni con el kirchnerismo- avanzarán en la presentación de una marca y sello nacional, en la búsqueda de ampliación del grupo a provincias como San Juan, San Luis , Río Negro y Neuquén y finalmente en la composición de un bloque de diputados y senadores nacionales aunque esa parte del plan se pospone para después del 10 de diciembre.
El quinteto conformado por Ignacio Torres (Chubut); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Martín Llaryora (Córdoba); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) tendieron puentes y conversaron con Alberto Weretilneck y también con Rolando Figueroa que por ahora prefieren una estrategia circunscripta a la región del Comahue, propia y sin ataduras a otros armados que visualizan beneficiando más a grandes provincias que a las más chicas. Es el caso de Córdoba y Santa Fe con Llaryora y Pullaro que comparten incluso esquema de comunicación y se ayudarán mutuamente en los procesos electorales con visitas y recorridas recíprocas. Y quizás en los próximos días viajen a Corrientes a acompañar a Gustavo Valdés que prometió ser parte del grupo después de enfrentar la elección más difícil: este mes se renueva gobernador y el correntino promovió a su propio hermano el actual intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.
Probablemente en la Norpatagonia también se mantenga una cuota de desconfianza frente a la permanente audacia del chubutense con quien ya ha habido idas y vueltas.
“Nadie quiere recibir ninguna esquirla” justificó a DIARIO RIO NEGRO uno de los impulsores del frente sobre las razones por las que Juntos Somos Río Negro y La Neuquinidad, como también el salteño Gustavo Sáenz, entre otros, se preservan. El diálogo existe y en la Casa de Chubut, donde se hizo el anuncio esta semana, aseguraban que otros gobernadores tienen intención de sumarse pero no en medio del proceso electoral y mucho menos en estos últimos días de definiciones cuando La Libertad Avanza negocia con el PRO y con una parte del radicalismo para presentar listas conjuntas. Temen a las represalias o a incentivar acuerdos que les jueguen en contra.
Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, los gobernadores de Neuquén y Río Negro. Foto: Matías Subat.
Al sur del Río Colorado negaron cualquier posibilidad de entendimiento y en cambio apuntaron al fortalecimiento de las estrategias en espejo entre el gobierno rionegrino y el de Neuquén.
“Es un nuevo eje de poder, no lo llamamos un camino del medio pero para defender a las provincias hace falta un anclaje nacional”, describió uno de los operadores que más trabajó para el anuncio de mitad de semana que tiene la ambición de consolidar una estructura que se ofrezca como alternativa para el año 2027. Según cuál sea el resultado de la legislativa de octubre, en diciembre buscarían armar un interbloque que no sería cien por ciento antiMilei pero que en cambio defendería intereses federales como los recursos y las obras de infraestructura que restringió o canceló el Gobierno nacional.
Aunque el lema primario fue buscar una voz federal en el Congreso algunos callan ese grito a la espera del resultado en provincia de Buenos Aires donde LLA y el PRO polarizarán con Axel Kicillof y el peronismo unido. Sin embargo en este turno se prueba la eficacia de una nueva tercera vía integrada por radicales, peronistas no K, vecinalistas y hasta por los disidentes del PRO. En la Cuarta Sección ese esquema tiene 19 intendentes jugando en ese espacio, varios de ellos como integrantes de las listas. El grupo tiene algunas coincidencias con el armado de los gobernadores como la presencia de Juan Schiaretti que en Córdoba podría encabezar la lista de candidatos para el 26 de octubre contra la alianza que constituyan los libertarios que aún definene si suman al macrismo y a los radicales del jefe del bloque de diputados Rodrigo de Loredo. El peso de los intendentes bonaerenses es equiparable al rol político de algunos gobernadores y en este caso a los de sellos provinciales que buscan autonomía del poder central sea Axel Kicillof o para todos por igual el presidente Javier Milei.
La génesis del bloque
La idea la venían amasando hace tiempo algunos dirigentes que impulsaban un recambio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y postulaban reemplazar a Ignacio Lamothe por Sebastián García de Luca, un dirigente del PRO que impulsó el armado bonaerense Somos que entre otras figuras integran Facundo Manes y una parte de la UCR, Emilio Monzó y, entre otros vecinalistas y peronistas distanciados de Sergio Massa y de La Cámpora. García de Luca es muy amigo del entrerriano Rogelio Frigerio pero a diferencia del gobernador -que está a punto de pactar con La Libertad Avanza- cree que los gobernadores deben garantizar y garantizarse gobernabilidad pero que al mismo tiempo hay una oportunidad: en los partidos tradicionales pierden predicamento sus conducciones nacionales como Cristina Kirchner o Martín Lousteau que dejará el Senado. Frente a ese escenario hasta los gobernadores de la UCR o del peronismo pueden asumir su propia voz.
En aquel momento el grupo que impulsó a García de Luca desistió de la batalla entre otras razones porque Lamothe sumó el apoyo de Rolo Figueroa y de Weretilneck que inclinaron la balanza a su favor.
Tres tercios
Como La Libertad Avanza, también los gobernadores que se lanzaron desde la Casa de Chubut apuestan a diviDir el electorado en tercios muy especialmente en las ocho provincias donde, como Neuquén y Río Negro, eligen senadores. Las razones son distintas: para los mandatarios es un nuevo mapa de poder político y para el Gobierno la llave que ayude a blindar leyes, vetos y le ponga un cepo a la agenda parlamentaria.
En el supuesto de que el kirchenirsmo pudiera quedar en tercer lugar sin acceso a bancas ni por la mayoría ni la primera minoría, lo que hoy es el interbloque de Unión por la Patria bajaría a 25 o 26 senadores nacionales, uno o dos más del tercio de 72 integrantes.
La Libertad Avanza, sostienen en Grito Federal, subiría de seis propios a unos 19 o 20 según como sea el acuerdo de alianzas. El resto de los escaños se repartirían entre el PRO, la UCR y los provinciales. En ese caso, los mandatarios apuestan a que gran parte de los senadores del PRO -como los radicales que queden con una banca- ya no serían del esquema leal al Gobierno porque los ‘peluca’ quedarían integrados como propios en sus listas vía acuerdos previos que se gestan esta semana. En esa ecuación, el Grito Federal quiere ser la primera minoría después del peronismo y hacer valer su posición parlamentaria.
