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Durante décadas, Río Negro necesitó abrir sus puertas para construir su sistema educativo. Lo hizo, y lo hizo bien. Docentes de todo el país llegaron a una provincia joven, extensa y en formación, y fueron parte de ese proceso. Ese aporte es innegable y merece reconocimiento.
Pero ese tiempo ya pasó.
Hoy la provincia forma a sus propios docentes. Tiene institutos, universidades, carreras consolidadas y cientos de egresados cada año. Y, sin embargo, esos jóvenes profesionales se encuentran con una paradoja difícil de justificar: no logran acceder a cargos en su propia provincia porque compiten en desventaja frente a trayectorias construidas en otros sistemas.
Ahí es donde nuestro proyecto de ley de arraigo propone algo tan simple como razonable: reconocer a quienes se formaron y viven en la provincia.
Nuestro proyecto lo traduce en un sistema de puntaje que prioriza la residencia y la antigüedad dentro del sistema educativo provincial. Un mecanismo transparente, medible y perfectamente compatible con el mérito y la capacidad. No excluye a nadie, pero corrige una desventaja evidente.
Además, incorpora un componente clave como es el reconocimiento del trabajo en zonas rurales e inhóspitas. Allí donde hoy la rotación docente es alta y la continuidad educativa se resiente, la ley propone transformar ese esfuerzo en ventajas a la hora de construir una carrera. No alcanza con compensar económicamente, hay que incentivar la permanencia.
No se trata de cerrar el sistema ni de levantar barreras. Se trata de ordenar un criterio que hoy está ausente. Porque no es lo mismo quien elige vivir, formarse y proyectar su vida en Río Negro que quien llega circunstancialmente. No es lo mismo para la comunidad educativa, ni para la continuidad pedagógica, ni para la construcción de identidad en cada escuela.
Algunos dirán que esto atenta contra el principio de igualdad. En realidad, hace exactamente lo contrario, corrigiendo una desigualdad de hecho. Porque cuando se aplican reglas “neutrales” en contextos desiguales, el resultado es siempre que los que tienen más recorrido previo —aunque sea en otra jurisdicción— desplazan a los que recién empiezan en la propia.
Este proyecto también es coherente con las políticas de defensa del trabajo local con las que viene avanzando la provincia. Lo hizo al priorizar la mano de obra rionegrina en grandes obras de infraestructura. Lo hizo al promover el compre provincial en contrataciones públicas. Lo hizo al incentivar el desarrollo de empresas radicadas en el territorio.
La pregunta es obvia: ¿por qué no hacer lo mismo en educación?
Si entendemos que el desarrollo se construye fortaleciendo lo propio, no hay razón para que los docentes —que son, en definitiva, quienes forman el capital humano de la provincia— queden afuera de esa lógica. Defender el trabajo rionegrino no puede ser selectivo.
Porque la calidad educativa no depende solo de contenidos o programas. Depende también de la estabilidad, del vínculo con las familias, del conocimiento de la realidad local. Y eso se construye con tiempo, con permanencia, con compromiso.
En tiempos donde tantas decisiones empujan a irse, fomentar el arraigo docente no es solo una política educativa. Es una definición de futuro.
*Legislador provincial (PRO-Unión Republicana)
