La fiscalía neuquina logró la condena de nueve personas que integraban una banda dedicada a la venta de drogas en la ciudad de San Martín de los Andes. Siete de ellos cumplirán prisión efectiva. Los detalles del acuerdo de responsabilidad al que arribaron las partes con los imputados.

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Los términos de las condenas fueron presentados el jueves por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura durante una audiencia en la ciudad cordillerana, y los avaló el juez de garantías Ignacio Pombo. Representan la sentencia más significativa conseguida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en cuanto a cantidad de integrantes de una banda, desde que la provincia asumió la competencia para investigar el microtráfico de drogas en febrero del año pasado.

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Cómo operaba la banda

En primer lugar, el acuerdo dio por probado que David Ángelo Argel, tuvo a disposición sustancias estupefacientes con finalidad de comercializarlas. Esto porque el 13 de mayo de 2025, aproximadamente a las 11:05, se allanó una casilla irregular que habitaba en el barrio Gobernadores Neuquinos de San Martín de los Andes donde se halló droga, dinero en efectivo, envoltorios, sustancias de estiramiento, soportes de papel con anotaciones varias vinculadas al comercio de estupefacientes y un arma de fuego sin aptitud para el disparo.

Por esto, se lo acusó de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, en calidad de autor.

También se tuvo por acreditado que Luis Fernando Tarraga, Santiago Alejandro Cruces, Mauricio Jairo Zalazar, David Ángelo Argel, Hugo Orlando Reucán, Juan Alberto Lefimán, Maximiliano Manuel Barrera y Martín Miranda, al menos desde el 25 de junio y hasta el 20 de agosto de 2025 participaron en actividades vinculadas al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes en la localidad de San Martín de los Andes.

En el caso de Luis Fernando Tarraga, desde su celda en la Comisaría Quinta de Centenario enviaba a Santiago Alejandro Cruces, y a su hermano Mauricio Jairo Zalazar a entregar sustancias estupefacientes a David Ángelo Argel que se encontraba en San Martín de los Andes, y a ejecutar los cobros por el pago de la provisión de sustancias. David Ángelo Argel tenía el señorío sobre el kiosco de drogas que funcionaba en la casilla precaria ubicada en el B° Gobernadores Neuquinos, lugar donde de manera personal y a través de Maximiliano Manuel Barrera entregaba la sustancia estupefaciente que comerciaba y recibía los pagos en cuentas digitales propias y de Hugo Orlando Reucán. Este último, participó aportando su cuenta de Mercado Pago para el ingreso de fondos.

Juan Alberto Lefimán recibía estupefacientes para comerciar con los mismos de manos de David Ángelo Argel y tenía vínculo directo con Santiago Alejandro Cruces y Mauricio Jairo Zalazar. Contaba además con un punto de venta de drogas en el barrio Chacra 30.

Martín Alejandro Miranda, desde un rol fungible hacía entregas de estupefacientes que adquiría y rendía cuentas por separado a Argel y Cruces.

Asimismo, se atribuye penalmente a David Ángelo Argel y Juan Alberto Lefimán, que el 31 de julio de 2025, a las 15 horas aproximadamente, tenían bajo su esfera de custodia y con fines de comercialización, un envoltorio que contenía 31,09 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 173,79 dosis, el cual fue hallado en el interior de una bombilla de luz en la casilla del barrio Gobernadores Neuquinos.

Además, la imputada Carola Videla, facilitó su casa en Gobernadores Neuquinos, al menos desde el 31 de julio al 20 de agosto de 2025, para que Santiago Alejandro Cruces, Mauricio Jairo Zalazar y otras personas no identificadas lleven a cabo actos de almacenamiento y comercio de estupefacientes.

El delito atribuido a Luis Fernando Tarraga, Santiago Alejandro Cruces, Mauricio Jairo Zalazar, David Ángelo Argel, Juan Alberto Lefimán, fue tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio en calidad de coautores.

Respecto a Maximiliano Manuel Barrera, Martín Miranda y Hugo Orlando Reucán en el carácter de partícipes secundarios.

En el caso de David Ángelo Argel y Juan Alberto Lefimán, de manera ideal con el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y en calidad de coautores, y en el caso de Carola Isabel Videla, facilitación de un lugar para cometer delitos vinculados al tráfico de estupefacientes en calidad de autora.

Amenazas, intento de robo y más

Sin embargo, esto no fue todo. Saliendo de la comercialización de estupefacientes, se tuvo por probado que el 7 de agosto de 2025 a las 10:55 horas, en la sede del juzgado de faltas de San Martín de los Andes, ubicado en la planta alta de la terminal de ómnibus, Argel amenazó al juez de faltas Carlos Fernando Sánchez Galarce.

En dichas circunstancias, el condenado se presentó en las oficinas con la finalidad de hacer su descargo luego de que dicho juez clausurara preventivamente la casilla del barrio Gobernadores Neuquinos. Primero dialogó con el secretario del Juzgado, a quien le preguntó si era el juez de faltas, a lo que éste le respondió que no y a continuación le expresó “menos mal”, para luego hacer un gesto amenazante, con su brazo, como quien golpea a otro.

Luego, y sin autorización, ingresó al despacho del juez de faltas para entregarle un escrito que formaba parte de su descargo. Le expresó que si tiraba la casilla abajo, él se quedaba sin lugar para habitar. Le dijo: “Le queda poca vida”. Luego de ello se retiró del Juzgado de Faltas. Por esto se le atribuyó el delito de amenaza simple.

Asimismo se le atribuyó a Mauricio Jairo Zalazar, Santiago Alejandro Cruces y Juan Alberto Lefimán, que el 20 de agosto de 2025 alrededor de las 20.30 y en la vivienda de Carola Isabel Videla del barrio Gobernadores Neuquinos de esta ciudad, de manera conjunta y premeditada, privaron de la libertad a un hombre, al retenerlo contra su voluntad mediante el uso de violencia y le causaron lesiones con ensañamiento, inmovilizándolo y sometiéndolo a un padecimiento deliberado para causarle un dolor profundo e innecesario, cesando su accionar dado que la víctima pudo huir del lugar al arrojarse por la ventana de la habitación, desde una altura de 3,80 metros y dirigirse hasta su vivienda donde pidió auxilio. Esto lo hicieron en compañía de un adolescente de 15 años.

La víctima estaba en la vivienda junto a la mujer. Por la tarde llegaron al lugar Zalazar, Cruces, Lefimán y el adolescente, quienes fueron recibidos por ella. Al atardecer, la víctima fue al baño y, de manera sorpresiva y sin previo aviso, lo golpearon con la culata de un arma de fuego tipo revólver en la cabeza. Al intentar pararse, lo volvieron a golpear y comenzó una golpiza grupal en la cual fue agredido por las cinco personas que se encontraban en la casa. Para ello, utilizaron distintas armas blancas, tipo carnicero y Tramontina. Recibió cortes y puñaladas en distintos sectores del cuerpo, como son el pecho, el abdomen, los dos brazos, pierna izquierda y glúteo izquierdo.

Posteriormente, en el baño de la casa, llenaron la bañera con agua fría, lo introdujeron a la misma y lo intentaron inmovilizar al atarlo con un cable.

El hombre logró escapar y fue hacia su casa, lindera a la vivienda en la que estaba, donde pidió auxilio. Los varones que lo tenían secuestrado se dieron a la fuga en un auto Volkswagen Vento.

Por este hecho, fueron acusados de privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia y lesiones calificadas por ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas, agravados por la intervención de un menor de 18 años de edad, todos ellos en concurso real entre sí y en calidad de coautores respecto de Lefimán, Zalazar y Cruces; y de partícipe secundario en el caso de Videla.

Por otro lado, se le imputó a Juan Alberto Lefimán que el 21 de agosto de 2025, entre las 00:10 y las 18:25, recibió una motocicleta marca Mondial, modelo RD 150, que fue hurtada en la calle Belgrano. Fue hallada ese mismo día tras un allanamiento en el barrio Chacra 30, donde vive el condenado.

Se lo acusó por encubrimiento por receptación, en calidad de autor.

Por último, se le atribuyó a Hugo Orlando Reucán que el 15 de octubre de 2025 intentó robar pertenencias en un domicilio del barrio Villa Paur, sin lograrlo por razones ajenas a su voluntad. Fue alrededor de las 16:20 horas, cuando junto a otro individuo, ingresaron al interior de la vivienda tras romper un vidrio y una vez adentro comenzaron a guardar en bolsas notebooks, un micrófono, una consola, auriculares, una pedalera de guitarra y herramientas, entre otros objetos.

La Policía fue alertada y al llegar el personal policial, Reucán y el segundo sujeto salieron del domicilio, intentaron huir y fueron detenidos.

Reucán fue acusado por robo simple en grado de tentativa.

Condenas, delitos y multas

Como parte del acuerdo pleno, se establecieron las siguientes penas y multas económicas, calculadas según la gravedad de los hechos y el grado de participación de cada imputado:

Luis Fernando Tarraga: fue condenado por tráfico de estupefacientes, en carácter de coautor (se dedicaba al comercio). Cumplirá una pena única de 7 años y 6 meses de prisión efectiva (se unifica con otra condena que ya está cumpliendo) y pagará una multa de $5.400.000.

Mauricio Jairo Zalazar: fue condenado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio en calidad de autor y lesiones leves calificadas por el ensañamiento y el concurso premeditado de 2 o más personas, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de la violencia, ambas agravadas por la participación de un menor de 18 años todo en concurso real y en calidad de autor. Cumplirá 6 años de prisión efectiva y pagará una multa de $5.400.000.

Santiago Alejandro Cruces: fue condenado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio en calidad de autor y lesiones leves calificadas por el ensañamiento y el concurso premeditado de 2 o más personas, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de la violencia, ambas agravadas por la participación de un menor de 18 años todo en concurso real y en calidad de autor. Cumplirá 6 años de prisión efectiva y pagará una multa de $5.400.000.

Juan Alberto Lefimán: fue condenado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización en calidad de autor, lesiones leves calificadas por el ensañamiento y el concurso premeditado de 2 o más personas, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de la violencia, ambas agravadas por la participación de un menor de 18 años, y encubrimiento por receptación, todo en concurso real y en calidad de autor. Cumplirá 6 años de prisión efectiva y pagará una multa de $5.400.000.

David Ángelo Argel: fue condenado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización en calidad de autor – 2 hechos -, tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio en calidad de autor y amenazas simples en calidad de autor, todo en concurso real. Cumplirá 4 años y 6 meses de prisión efectiva y pagará una multa de $5.400.000.

Maximiliano Manuel Barrera: fue condenado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio en calidad de partícipe secundario. Cumplirá 3 años de prisión efectiva y pagará una multa de $2.700.000.

Hugo Orlando Reucán: fue condenado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio en calidad de partícipe secundario y robo simple en grado de tentativa y en calidad de coautor. Cumplirá 3 años de prisión condicional y pagará una multa de $2.700.000.

Martín Alejandro Miranda: fue condenado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio en calidad de partícipe secundario. Cumplirá 3 años de prisión condicional y pagará una multa de $2.700.000.

Carola Isabel Videla: fue condenada por facilitar un lugar para llevar adelante acciones de tráfico de estupefacientes en calidad de autora y lesiones leves calificadas por el ensañamiento y el concurso premeditado de 2 o más personas, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de la violencia, ambas agravadas por la participación de un menor de 18 años todo en concurso real y en calidad de partícipe secundario. Cumplirá 3 años de prisión efectiva y deberá pagar las costas del juicio.