La paritaria anual de los petroleros de la Cuenca Neuquina estableció un esquema de actualización salarial que compromete el poder adquisitivo de los trabajadores. La negociación, que derivó en un acuerdo tan desfavorable para los bolsillos de los trabajadores como incómodo para los líderes gremiales del sector, giró en torno al techo del uno por ciento mensual que impuso el gobierno de Javier Milei para las paritarias.

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Con su intervención en la negociación, el gobierno anuló la columna de la negociación constituida por la formulación de ofertas y contraofertas entre las partes hasta llegar al un punto en común. En la mesa salarial del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) se discutió en torno al techo del gobierno, sin lugar para plantar incrementos por encima, por más fundamentos que los sustentaran.

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El universo de trabajadores representados por el gremio de la Cuenca Neuquina es el más numeroso de la rama minas y canteras del país. Con Vaca Muerta dentro de su ámbito de representación, la masa de afiliados de la organización sindical liderada por Marcelo Rucci está en crecimiento, mientras en el resto de las cuencas la actividad está declive, con el costo que eso conlleva para el empleo.

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El poder adquisitivo petrolero, en vilo

En la paritaria, el gremio neuquino tiene como contraparte a la CEPH, integrada por las grandes petroleras que dominan la actividad en Vaca Muerta. El presidente de la entidad es Carlos Ormaechea, ejecutivo con trayectoria en Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint. La intervención del gobierno en la negociación facilitó el trabajo de los paritarios patronales, puesto que fijó el techo por debajo de la magnitud de la actualización que dejaba conformes a sus mandantes, las petroleras.

La negociación petrolera abordó dos ejes: una compensación por el desfasaje de la paritaria pasada contra la inflación, que implican subas del 1,8% en enero, 1,5% en febrero y 1% en marzo; mientras que la actualización anual para el periodo abril 2025 – marzo 2026 contempla un incremento del 12% al final del periodo, merced a cuatro subas de 3% escalonadas cada tres meses.

El parte de prensa del gobierno nacional sobre la paritaria de los petroleros neuquinos destacó que las subas de enero, febrero y marzo son menores a las registradas por el IPC.

La situación salarial del sector petrolero tiene alto impacto en la economía neuquina. La actividad emplea a dos de cada diez trabajadores registrados en las empresas de la provincia, liderando junto al comercio el ranking de generación de empleo. La trama de la negociación petrolera que acaba de concluir dejó evidencias de la intervención total de las paritarias privadas por parte del gobierno nacional con el fin de enfriar la remuneración del trabajo en el marco del plan desinflacionario.

El sector minas y canteras ostenta la remuneración promedio por trabajador más alta de la economía nacional, con una considerable diferencia respecto a los siguientes. En el siguiente gráfico se expresa la brecha entre el salario petrolero y el resto, en base a datos oficiales de 2024, con lo cual es probable que las cifras se hallan actualizado, pero la relación entre los ingresos de cada actividad se mantiene en términos similares.

Sus operaciones involucran un despliegue territorial incomparable, y su producción es clave para sectores estratégicos del país. En ese contexto, los sindicatos petroleros construyeron una fortaleza gremial superior a la de la mayoría, lo que les permitía negociar de manera sólida frente a la patronal y al gobierno. No obstante, esta vez esa posición de fuerza no se hizo notar.

Un logro para el Gobierno

El gobierno consiguió que la paritaria de los trabajadores de los hidrocarburos se resolviera en sus términos y sin grandes conflictos. No hubo excepciones a las reglas generales de las paritarias para el acuerdo salarial petrolero, a diferencia de lo que sucede en el diseño de la política para la actividad empresarial en los hidrocarburos, que contempla mecanismos diferenciales para el sector.

Anteriormente, la administración Milei había logrado que gremios poderosos, como Comercio y Camioneros, se allanaran a firmar acuerdos condicionados por el «techo». Mientras tanto, se desarrolla un conflicto creciente en la industria, donde la UOM, otro de los sindicatos más influyentes del país, está deliberando la fecha para un paro nacional.

El contexto alienta la conflictividad en la rama de las manufacturas, que soportó una contracción de la actividad inédita en diciembre de 2023 respecto al mes anterior, cayendo en una crisis de la que no logra salir. El último informe sobre el Estimador Mensual de la Actividad Económica publicado por el INDEC refleja la situación de marzo de este año. La actividad industrial se contrajo 20 por ciento respecto a marzo de 2023.

Bajar la inflación justifica casi todo

La intervención directa del Ejecutivo en la fijación del precio del trabajo condenó a la pata sindical de la paritaria a dos escenarios: firmar acuerdos perdedores frente a la inflación, o plantear un conflicto de final incierto con los salarios de sus representados congelados durante ese período.

Esta estrategia gubernamental no solo impacta en el poder adquisitivo, sino que también desdibuja el rol de la negociación colectiva en un contexto de alta inflación.

El modelo de fijación salarial en la legislación argentina se basa en la negociación colectiva libre por rama de actividad entre las representaciones empresariales y de los trabajadores, con la intervención del Estado como árbitro. El gobierno, por lo tanto, tiene la potestad de convalidar o rechazar los acuerdos alcanzados por las partes. Esta prerrogativa legitima la decisión de Milei de manipular las remuneraciones de los trabajadores, que responde a necesidades coyunturales del plan antiinflacionario, al igual que la subvaluación del dólar y la reticencia a comprar reservas, lo cual contradice el compromiso asumido con el FMI en la última renegociación.

La fortaleza de la cruzada contra la inflación en los próximos meses será clave para el poder electoral del presidente y su fuerza política. Los estrategas electorales del oficialismo consideran los costos de las medidas para mantener saludable el proceso de desinflación son ínfimos al lado del rédito de llegar a las urnas con los precios a la baja.