En la antesala del debate por el Presupuesto 2026, el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir la aprobación de presupuestos con déficit fiscal y sancionar con hasta 6 años de prisión a los funcionarios que incrementen el gasto sin contar con los recursos correspondientes.
La iniciativa, anunciada este martes durante las sesiones extraordinarias del Congreso, también establece penas de hasta 10 años para quienes desde el Banco Central ordenen o promuevan la emisión monetaria irregular.
Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la norma “prohíbe el déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Central para financiar al Gobierno”.
El proyecto dispone que “queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario” y obliga al Poder Ejecutivo a abstenerse de solicitar adelantos del Banco Central para financiar el gasto primario.
La reforma incluye modificaciones al Código Penal que contemplan prisión de 1 a 6 años e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena para funcionarios que modifiquen o aumenten gastos sin financiamiento acreditado. Por su parte, quienes ejecuten emisión monetaria irregular podrían recibir entre 1 y 10 años de prisión.
Especialistas advierten que muchas de estas medidas ya se encuentran contempladas en leyes vigentes y cuestionan la credibilidad de la norma frente a la suspensión de reglas fiscales anteriores, como la Ley de Responsabilidad Fiscal. También cuestionan la coincidencia entre la propuesta y la baja de retenciones anunciada el mismo día, sin detallar su financiamiento.
El proyecto generó debate sobre la judicialización del gasto público y el impacto de sancionar penalmente decisiones económicas, un tema que ya generó controversia en gestiones anteriores por operaciones como el dólar futuro o los créditos del FMI.
Tras la presentación del informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, el Gobierno dio a conocer los principales lineamientos de los proyectos de ley que serán enviados al Congreso, entre ellos la reforma laboral y la modernización impositiva. La exposición estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló las bases del programa impulsado por el presidente Javier Milei. En este escenario, la CGT reaccionó con dureza: convocó de urgencia a su consejo directivo para definir un plan de acción y advirtió que se prepara para confrontar con el Ejecutivo por los cambios propuestos en el mundo del trabajo.
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Desde la sala de conferencias de Casa Rosada, el ministro coordinador explicó que los debates plasmados en el informe del Consejo se traducirán en iniciativas que el Poder Ejecutivo someterá a discusión en parte durante el periodo de sesiones extraordinarias y en el período legislativo de 2026. El extenso documento incluye el proyecto de reforma laboral y contempla las sugerencias planteadas por los integrantes del Consejo que no fueron tomadas, pero que estarán publicados en el sitio oficial Argentina.gov.ar.
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El Consejo de Mayo celebró su última edición de este 2025 antes de la formalización del informe final, sin la presencia del titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Entre los compromisos asumidos se encuentran la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional, según destacó el jefe de ministros.
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Con respecto a la modernización laboral, el informe contempla la derogación de normas consideradas obsoletas, como la Ley de Teletrabajo, surgida durante la pandemia, que según Adorni “no obtuvo el efecto deseado”. Sin embargo, el proyecto final aún no fue publicado debido a que se encuentra en plena redacción.
Este mediodía, el exvocero recibió a cinco de seis consejeros para discutir los últimos detalles del documento conjunto. Lo rodearon en la mesa del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los autores del proyecto de “modernización” laboral, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.
En el encuentro estuvo ausente el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. El dirigente faltó en un contexto de malestar se generado a raíz de la posibilidad de incluir la limitación de las cuotas solidarias de los sindicatos en el proyecto de reforma laboral, lo que afecta directamente el financiamiento de los gremios. Por ello, la Confederación General del Trabajo (CGT) tensó su postura.
Adorni se hizo eco de la ausencia y atribuyó el accionar a un problema de tiempos que le impidió al titular de la UOCRA dar el presente dado que, según precisó, se encontraba en viaje de retorno al país desde Washington, Estados Unidos.
El plan de acción de la CGT contra la reforma laboral
A la CGT le cayó mal el contenido del proyecto oficial de reforma laboral y la urgencia que la senadora libertaria Patricia Bullrich le quiere imponer al debate. “No nos van a llevar de las narices”, dijo un histórico sindicalista.. Bullrich pretende que la iniciativa que envió Milei comience a tratarse en el Senado esta misma semana y que se trate en el recinto antes de fin de año.
La estrategia de la CGT es abrir un canal de diálogo con gobernadores y legisladores de la oposición para intentar evitar que el proyecto avance en el Congreso. Hubo reuniones con los mandatarios de Provincias Unidas y con legisladores del PJ. Pero no hay optimismo en que el proyecto no avance en el Congreso, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó como la primera minoría y selló alianzas con otros bloques dialoguistas.
La central obrera no descarta activar un plan de lucha, que contemple presentaciones judiciales [consideran inconstitucional las limitaciones al derecho a huelga], pero que también se debata la posibilidad de una manifestación callejera o un nuevo paro general. La CGT ya le activó tres huelgas generales a la gestión de Milei, todas ellas con impacto dispar.
“El borrador del proyecto de reforma laboral que envió el Gobierno es regresiva, no protege al trabajador”, consideró un abogado laboralista que asesora a por lo menos cinco gremios de peso que integran la CGT.
El debate del jueves en la CGT se anticipa tenso y caliente, ya que será el primero con las diferentes tribus después de lo que fue el recambio de autoridades, que dejó a varios dirigentes disconformes con el reparto de poder interno.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso los proyectos debatidos en el Consejo de Mayo, en su mayoría para ser tratados durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno nacional.
Desde Casa Rosada, Adorni aseguró que “de los diez puntos propuestos en el Pacto de Mayo, se trabajaron ocho”, al tiempo que señaló que los dos restantes requieren “discusiones adicionales”: uno por involucrar la coparticipación federal y otro vinculado a la reforma laboral. El funcionario sostuvo que estas iniciativas “llevarán a un futuro de libertad y prosperidad”, y precisó que otras propuestas recién serán giradas al Congreso “durante el período legislativo 2026”.
Por otro lado, Adorni destacó que durante el primer semestre se realizaron seis reuniones plenarias, todas con asistencia completa salvo la última, en la que estuvo ausente el representante sindical Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA.
Entre las conclusiones alcanzadas, Adorni informó que el Consejo avanzó en la idea de liberar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y también en eliminar la prohibición de cambiar el uso productivo tras incendios, una disposición vigente desde una ley impulsada por Máximo Kirchner.
En materia fiscal, se acordó que Nación y provincias refuercen “el compromiso de no solicitar endeudamiento en caso de mantener déficit primario”, con excepción del refinanciamiento de deuda. También se trabajó una propuesta para la reforma educativa, que prevé mayor autonomía provincial y escolar. “El Estado fijará contenidos mínimos, pero cada institución podrá diseñar su propio plan de estudios”, afirmó Adorni. Además, se plantea habilitar modalidades a distancia, híbridas y comunitarias, bajo supervisión oficial.
El jefe de Gabinete confirmó que la reforma de la Ley de Glaciares será parte del temario extraordinario y que se revisará el régimen de zona fría, la Ley de Bosques, la de Acuicultura y normas de compre provincial y topes de mano de obra local.
Según Adorni, ante el crecimiento de la minería, el Consejo advierte sobre la necesidad de “integrar el mercado de factores a nivel nacional” para evitar restricciones sectoriales.
“Consultivo no vinculante”, pero con envío al Congreso
Adorni recordó que el Consejo de Mayo tiene carácter “consultivo no vinculante”, aunque la mayoría de los acuerdos se transformarán en proyectos legislativos. El Consejo estuvo integrado por Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo, Gerardo Martínez y Martín Rappallini, con reconocimiento especial a la labor previa del exjefe de Gabinete Guillermo Francos.
El Gobierno formalizó este martes las conclusiones que surgieron del Consejo de Mayo, traducidas en proyectos de ley que apuntan a un cambio del perfil sociopolítico y económico del país. Los ejes son la modernización laboral, las reformas en el plano fiscal e impositivo, y la consolidación de las garantías sobre los derechos de propiedad.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el informe luego de la última reunión del cuerpo, realizada este mediodía en la Casa de Gobierno. Las definiciones del Consejo son de carácter consultivo, pero no vinculantes, por lo que podrán sufrir modificaciones durante el proceso de debate y aprobación.
A la última mesa de debate, se sumaron, además de Adorni, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger; la Secretaria Técnica, Cecilia Domínguez; y los representantes Alfredo Cornejo (gobernadores), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Rappallini (industria). El representante del sector gremial, Gerardo Martínez, no participó, ya que se encontraba regresando de Estados Unidos, donde asistió a reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De los 10 puntos que constituían el Pacto de Mayo, se abordaron ocho. Quedaron pendientes una nueva Ley de Coparticipación, que requiere el aval de todos los gobernadores, y la reforma previsional, supeditada a la reforma laboral.
Pese a la foto de unidad, no hay pleno acuerdo en todos los puntos ni en la redacción de los proyectos. La Confederación General del Trabajo (CGT), por ejemplo, ya expresó su desacuerdo con varios aspectos de la reforma laboral. El sector industrial también planteó objeciones a algunos cambios impositivos.
Modernización laboral
El proyecto de reforma laboral ingresará mañana al Parlamento por la Cámara de Senadores. La iniciativa incluye modificaciones en las condiciones de contratación, la flexibilización de la jornada y el otorgamiento de vacaciones, y un recorte en las indemnizaciones. También busca eliminar la ultraactividad de los convenios e impulsa la negociación por empresas.
Cambios tributarios
La reforma tributaria se ejecutará por etapas. La primera se enfoca en la sanción del Proyecto de Inocencia Fiscal, que modifica el Régimen Penal Tributario. Se busca actualizar los umbrales monetarios para los delitos fiscales.
Uno de los cambios centrales es el mecanismo de extinción de la acción penal. La Administración Tributaria no presentará denuncia penal si el importe evadido (más intereses) se cancela de forma incondicional y total antes de la denuncia. Si la acción penal ya se inició, se extinguirá si se cancelan las obligaciones evadidas (más intereses) más un importe adicional del 50% de la suma total, dentro de los 30 días hábiles de la notificación.
Equilibrio fiscal
El Consejo de Mayo propuso la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Esta iniciativa prohíbe el déficit en el presupuesto nacional y exige que el Presupuesto General de la Administración Nacional proyecte un resultado financiero equilibrado o superavitario.
Se crea un mecanismo de ajuste automático: si hay una disminución de recursos o un incremento de gastos que ponga en riesgo el equilibrio, el Jefe de Gabinete deberá tomar medidas para restablecerlo, priorizando partidas sin monto mínimo de ejecución.
La propuesta tipifica como delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar al Gobierno. Se incorpora la figura de prisión e inhabilitación en el Código Penal para el funcionario público que incremente gastos sin recursos acreditados. Del mismo modo, se sanciona al funcionario del BCRA que ordene la emisión de moneda de curso legal violando las prohibiciones de su Carta Orgánica.
Se sugiere que el Presidente y los gobernadores refuercen el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, con excepciones para operaciones de rollover o en casos de riesgo crediticio superior al de la Nación. Adorni indicó que el Consejo sugirió que, para alinear incentivos, se excluya del acceso a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias que no adhieran o no cumplan las metas fiscales.
Garantías a la propiedad privada
El Consejo impulsará cambios a normativas clave para fortalecer la propiedad privada, como la Ley de Expropiaciones (Nº 21.499) y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La reforma de la Ley de Expropiaciones garantizará que la indemnización se limite al valor objetivo de mercado del bien y a los daños directos e inmediatos. Quedan excluidos valores afectivos, ganancias hipotéticas o el mayor valor conferido por la obra a realizar. Para proteger al expropiado de la desvalorización monetaria, el valor de mercado se calculará en una fecha anterior al anuncio y se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hasta el pago.
La «ocupación temporánea anormal» se restringe a un máximo de 60 días no prorrogables, y solo podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo, con la correspondiente indemnización. Se prohíbe específicamente esta ocupación sobre empresas, sociedades, acciones o bienes sujetos a expropiación. Las reformas también agilizan los procesos de desalojo.
En tierras rurales, se busca la liberación total para la compra por parte de privados extranjeros. Además, se deroga la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo (que regía por 30 a 60 años) tras un incendio, una norma que «atenta directamente contra la producción». No obstante, se mantienen límites a la titularidad y posesión para entidades gubernamentales extranjeras.
En horas del mediodía de este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó la presentación de los proyectos que enviará al Congreso, en la presentación del informe final 2025.
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El Consejo de Mayo se reunió a las 13.30 en Casa Rosada para dar un cierre y presentar el informe final que elevarán junto con los proyectos a tratar durante las sesiones extraordinarias, convocadas por el presidente Javier Milei.
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Adorni, destacó que “de los 10 puntos propuestos” en el Pacto de Mayo “se trataron 8” en el marco del Consejo de Mayo, y aclaró que “la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores” y “la reforma previsible requiere previamente modificaciones en el esquema laboral”.
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Por otro lado, el jefe de Gabinete explicó que los debates que se dieron en el marco del Consejo de Mayo se traducirán en iniciativas que el Poder Ejecutivo someterá a discusión durante el periodo de sesiones extraordinarias.
Entre los compromisos asumidos se encuentran la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional, según destacó el jefe de ministros.
El funcionario detalló que el texto sintetiza el trabajo de todas las mesas técnicas que operaron desde mitad de año: «Estamos presentando un informe final con los puntos tratados, un apéndice con los proyectos de ley y otro con los documentos de los consejeros. El Poder Ejecutivo enviará este informe al Congreso».
La intención del Ejecutivo, según establece el propio texto, es «fortalecer la calidad de los derechos de propiedad» mediante cambios que garanticen indemnizaciones justas, mayor celeridad en desalojos ante usurpaciones y apertura a inversiones extranjeras productivas.
El cierre del Consejo de Mayo reunió a cinco de sus seis integrantes en la mesa del Salón de los Escudos, en el Ministerio del Interior. Participaron el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, uno de los impulsores del paquete laboral; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo por Diputados; y el titular de la UIA, Martín Rappallini, como referente del sector empresario.
En el último encuentro estuvo ausente el titular de la UOCRA, Germán Martínez. El dirigente faltó en un contexto de malestar se generado a raíz de la posibilidad de incluir la limitación de las cuotas solidarias de los sindicatos en el proyecto de reforma laboral, lo que afecta directamente el financiamiento de los gremios. Por ello, la Confederación General del Trabajo (CGT) tensó su postura.
En la reunión pasada, el representante de la central había manifestado su disconformidad y anticipado el rechazo al primer borrador que circuló sobre la reforma laboral. Luego del intercambio subió al primer piso de Casa Rosada para visitar al asesor presidencial, Santiago Caputo, con quien mantiene un vínculo más fluido. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo en aquel entonces antes de retirarse de Balcarce 50.
Con el decreto que convoca a sesiones extraordinarias desde el 10 al 30 de diciembre, el Gobierno presenta este martes todas las reformas que busca aprobar en el Congreso. En una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo impulsará seis iniciativas vitales de cara a la segunda etapa de la gestión.
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Debido a su viaje a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el presidente Javier Milei no estuvo presente en el Consejo de Mayo que se desarrolló este mediodía para terminar de ultimar algunos puntos de los proyectos.
Quienes sí estuvieron presentes además de Adorni, según informó Infobae, fueron: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada (UCR; al diputado Cristian Ritondo (PRO); Gerardo Martínez, por la CGT; y el titular de la UIA, Martín Rappallini.
Luego de la reunión del consejo, Adorni encabeza una conferencia de prensa para presentar formalmente todas las iniciativas.
Como bien anticipó la semana pasada en sus redes sociales, el temario que debatirá el Congreso en sesiones extraordinarias es:
Presupuesto 2026.
Inocencia Fiscal.
Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.
Modernización laboral.
Reforma del Código Penal.
Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.
Los puntos más importantes del Consejo de Mayo
Minutos antes de las 14.30, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo de Mayo.
En primer lugar, Adorni repasó los puntos que firmaron 18 provincias en el Consejo de Mayo en el 2024, y anticipó que de cara a las sesiones extraordinarias se firmaron ocho que se trasladaron a las reformas mencionadas.
En este sentido, dijo que quedaron afuera de este llamado discutir la coparticipación y la reforma previsional: «El punto de la reforma previsional requiere previamente modificaciones en el esquema laboral», advirtió el jefe de Gabinete.
Por otra parte, comentó que otras de las iniciativas que no se tratarán en diciembre se enviarán al Congreso para el inicio de sesiones ordinarias el 1 de marzo de 2026.
Adorni acotó que todos los proyectos estarán subidos este martes en las páginas oficiales del Gobierno, y que incluirán las iniciativas propuestas por el Consejo de Mayo por fuera de La Libertad Avanza.
Aún así, adelantó que entre los puntos que se trataron el Consejo de Mayo:
Ley de expropiaciones: se va a disponer de una indemización al valor del mercado previo al anuncio, actualizado por IPC y determinada por tasadores independientes.
Desalojos: se dispondrá de la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión ó usurpación.
Regulación dominical en barrios populares: se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.
Tierras rurales: se libera la compra por parte de privados extranjeros.
Se elimina la ley de Bosque que prohibe la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio.
Ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.
Endeudamiento: las provincias no podrán solicitar autorizaciones de endeudamiento si la provincia tiene déficit primario (excepto roll over de deuda) o un riesgo crediticio superior al de la Nación.
Alcanzar el 25% del gasto primario real entre Nación, provincias y municipio.s
Reforma educativa: dar mayor autonomía a las provincias y dentro de ellas, a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos y comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudio y los padres van a «recuperar» un rol activo en la educación de sus hijos. No se prohibirá las modalidades a distancia o híbridas. Mejorar los sistemas de evaluación nacional.
Reforma tributaria: inaugurar un sistema de liquidación de impuestos a las ganancias simplificadas.
Régimen de incentivo a la formalización laboral: baja de cargas laborales por dos años, promoción del empleo registrado, reducción de cargas fiscales sobre el empleo (tanto para aportes como derivado a obras sociales).
Recursos naturales: se discutió la modificación de la Ley de Glaciares, del Régimen de Zona Fría, y eliminación de leyes de Compre Provincial y de Tope de Mano de Obra Local.
«Estos puntos son simplemente un ejemplo que nosotros consideramos que son cuestiones que nos van a llevar a un futuro de libertad y prosperidad», resaltó Adorni al cierre de la conferencia.
El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. El decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalla que solo se debatirán los proyectos incluidos en el anexo, todos vinculados a reformas estructurales que el oficialismo busca aprobar con su nueva mayoría en el Congreso.
El listado concentra iniciativas fiscales, penales, ambientales y laborales, además del Presupuesto General 2026, señalado como eje de la estrategia económica rumbo al próximo año.
Presupuesto 2026: equilibrio financiero como objetivo
Encabezando el temario aparece el proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.
Según la publicación oficial, el texto prevé un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario, alineado con la consolidación fiscal planteada por el Ejecutivo.
El envío del Presupuesto abre un nuevo round en el Congreso, donde las definiciones de gasto, asignaciones y metas económicas suelen generar tensiones, tanto dentro de la oposición como entre los sectores que monitorean el impacto social de los ajustes.
Reformas fiscales: nuevas reglas y cambios en criterios tributarios
Dos de los proyectos incluidos apuntan directamente al funcionamiento del sistema tributario:
Ley de Inocencia Fiscal
Propone redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia impositiva, una iniciativa que abre debate en sectores profesionales y productivos por su potencial impacto en litigios y fiscalización.
Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
Establece un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y restringir el financiamiento mediante emisión o endeudamiento.
Ambas iniciativas son vistas como parte clave del plan para sostener el equilibrio fiscal anunciado por el Ejecutivo.
Modernización laboral: cambios en regímenes y formas de contratación
Otro de los proyectos centrales es el de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso.
Según lo adelantado oficialmente, el texto incluye modificaciones en regímenes especiales, esquemas de indemnización y modalidades de trabajo, con la intención de adecuar la legislación a nuevas formas de empleo.
La iniciativa genera diferentes expectativas: mientras algunos sectores la consideran necesaria para dinamizar el mercado laboral, otros alertan por posibles retrocesos en derechos adquiridos.
Reforma del Código Penal: actualización integral
El paquete también incorpora una reforma integral del Código Penal, que será enviada por el Ejecutivo.
La iniciativa busca revisar la estructura normativa vigente y actualizar criterios para la tipificación de delitos, en un contexto de fuerte discusión pública sobre seguridad y persecución penal.
Glaciares y ambiente: modificaciones a la Ley 26.639
El temario de extraordinarias incluye además la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La revisión apunta a compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, especialmente en zonas cordilleranas con actividad extractiva. El debate promete tensiones entre sectores productivos y organizaciones ambientales.
Un diciembre decisivo
Con siete proyectos en agenda y una nueva mayoría parlamentaria, el Gobierno busca acelerar definiciones políticas y económicas antes de la feria judicial.
Las reformas generan malestar en parte de la sociedad, que teme el impacto de los cambios, mientras otro sector recibe con optimismo la posibilidad de avanzar en transformaciones consideradas imprescindibles.
Este martes es el último día para la mitad de los 257 diputados y para un tercio de los 72 senadores. Sus reemplazantes ya juraron y desde el miércoles formarán parte de la nueva composición de las dos cámaras del Congreso para los próximos dos años. También el estreno de la nueva mayoría que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados y las minorías, definidas por el achicamiento de los exsocios de Juntos por el Cambio, al calor del crecimiento libertario y la creciente fragmentación del Partido Justicialista entre kirchneristas y peronismos provinciales, que refuerzan y exploran nuevas líneas de negociación con la Casa Rosada.
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El estreno de La Libertad Avanza, con sus 95 bancas, será el foco político de las próximas semanas. Lo mismo con las 20 bancas del Senado. En ambos casos, es la triplicación de las que rigen hasta este martes y por eso, de ahora en adelante, comienza un examen para el Gobierno en la búsqueda de articular su nueva mayoría y conseguir que el nuevo Congreso apruebe los proyectos que elegidos para ser tratados en el período de extraordinarias que comenzará el próximo miércoles.
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El período 143 de sesiones ordinarias del Congreso está a un paso de concluir. El 144 se abrirá el 1 de marzo del año que viene, con una Asamblea Legislativa encabezada por el Presidente. El 143 está prácticamente terminado. Desde hace dos semanas ninguna comisión puede dictaminar y las juras para renovar un tercio de la Cámara Alta y la mitad de Diputados ya se concretaron.
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Durante el verano el Poder Legislativo puede volver a funcionar, pero la Constitución establece que sólo puede hacerlo a partir de una convocatoria del Poder Ejecutivo, que también definirá los temas que podrán ser tratados. Las apuestas de distintos presidentes para las extraordinarias han mostrado hasta donde el verano puede ser el aprovechamiento del viento de cola por las elecciones o una larga lista de temas para que casi ninguno pueda ser tratado por la vertiginosidad de la coyuntura veraniega.
Alberto Fernández, durante su mandato presidencial, convocó a extraordinarias extensas, aparentemente intensas y con largos temarios, pero terminaron casi sin temas tratados. Milei ha decidido este año hacer una aproximación minimalista, enfocada en conseguir la sanción del Presupuesto 2026 y también acelerar los trámites parlamentarios para otros proyectos que serían tratados en febrero.
En la Casa Rosada abordan los primeros puntos a cumplir. Para la Cámara Baja el principal objetivo del oficialismo será conseguir la aprobación del Presupuesto 2026. Para el Senado la atención estará puesta en obtener la media sanción del pryecto de Reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. La diferencia entre un tema y el otro, es que la apuesta oficial es conseguir la sanción del Presupuesto 2026 antes de fin de año, y la llamada «modernización laboral», afrontaría su primer camino en diciembre, con un interrogante hacia su llegada al recinto del Senado y su posterior giro a Diputados.
Para este verano el Gobierno eligió desdoblar el período de extraordinarias. Una primera parte será en diciembre y la segunda, de acuerdo a cómo prosperen los próximos 20 días, será a fines de enero y febrero. Por fuera de los temas, y a la luz de los sondeos que lleva el Gobierno con los gobernadores, la idea es cerrar el año con una victoria legislativa que le permita exhibirla como una expresión directa del resultado del 26 de octubre. Ese trofeo que la nueva mayoría oficialista quiere llevarse es el Presupuesto, como resultado de la reconfiguración de la mesa de negociaciones con los gobernadores que lleva, entre otros, el ministro del Interior, Diego Santilli.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó el viernes el contenido del decreto de este martes. Finalmente el presidente Javier Milei habilitó un tramo corto, de 20 días, y seis temas que, por lógica, no entran en el tiempo previsto. Además del plan de cuentas nacionales para el año que viene, el temario incluye el proyecto de Inocencia Fiscal, considerado un nuevo blanqueo; una ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, para penar la violación del déficit cero; la reforma del código penal, la laboral y la de la ley de glaciares.
El Consejo de Mayo
Después de la presentación que haga el Consejo de Mayo, comenzará el trámite parlamentario de la reforma laboral en el Senado, pero en Diputados comenzará el primer examen con el presupuesto. Será el primer cedazo para saber si las negociaciones que reseteó Santilli le permitirán al oficialismo contar con el respaldo de los gobernadores.
La idea del oficialismo es activar la comisión de Presupuesto a partir del jueves, retomar el dictamen de mayoría que había quedado firmado hace un mes y apuntar rápidamente a una sesión. Los más optimistas apuntan a llegar al recinto después del 16 y pasar al Senado para poder conseguir una sanción antes del 30, o el 30.
El margen es corto y sortearlo sólo será posible si el Gobierno cede a parte de los reclamos de los gobernadores: desde la redistribución de los ATN y la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos hasta los fondos para las cajas previsionales no transferidas por las provincias a la Nación. A eso se suma el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación federal y la pulseada con otras provincias que acumulan, como las demás, dos años de planteos presupuestarios sin respuestas.
Por eso los primeros días de este período de extraordinarias será determinante para saber si finalmente la Casa Rosada cedió para destrabar al presupuesto, o si la etapa de los buenos modales tenía nuevas luces, pero pocos fondos para reconfigurar la relación con las provincias. Casi como un dominó, la discusión presupuestaria puede ser la ventana para aceitar los siguentes proyectos o la ciénaga que los entrampe.
El Consejo de Mayo se reúne una vez más para ultimar los detalles de su informe final que incluye reformas que impulsa el Gobierno y que será enviado al Congreso Nacional. El encuentro está previsto para las 13.30 en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.
La reunión estará coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Consejo ha sesionado una vez por mes desde junio con el fin de convertir en proyectos de ley los diez puntos que se firmaron en el Pacto de Mayo.
Según lo revelado a Noticias Argentinas, todavía no se definió el formato final con el que se presentará la síntesis del debate. Pese a esto, la administración libertaria busca concretar la oficialización de las conclusiones que contemplarán las posturas de todos los sectores.
En tanto hay dos puntos del Pacto, la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional que debido a su complejidad, quedarán pospuestos para un próximo tratamiento.
Por el momento el objetivo del Gobierno quedó expuesto con el llamado oficial a sesiones extraordinarias. Según lo anunciado, los temas que tendrán prioridad, serán los siguientes:
El Presupuesto 2026.
Reformas laborales y del Código Penal.
La Ley de Glaciares.
Una iniciativa que busca «blindar» el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.
El Consejo de Mayo se reúne: quiénes participarán
La reunión de este martes será la última del año y según lo informado contará con la presencia de representantes de los distintos poderes y sectores sociales:
Poder Ejecutivo: Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación).
Provincias: Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza).
Poder Legislativo: Carolina Losada (senadora nacional, UCR) y Cristian Ritondo (diputado nacional, PRO).
Sindicalismo y Empresariado: Gerardo Martínez (CGT) y Martín Rappallini (presidente de la UIA).
El Gobierno nacional presentará este martes el texto definitivo de la reforma laboral ante el Consejo de Mayo, en una jornada clave para el oficialismo, que busca lograr una aprobación rápida en el Congreso.
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas y regulatorias impulsadas por la Casa Rosada, que incluyen cambios en la compra de tierras, el mercado de seguros, el transporte fluvial y el sistema de patentes.
Según confirmó el Ejecutivo, el proyecto incorpora modificaciones profundas en los aportes sindicales, un punto que había generado tensiones internas y negociaciones con las centrales gremiales.
Finalmente, prevaleció la postura de los ministros Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello, quienes defendían limitar las fuentes de financiamiento de los sindicatos.
Entre los cambios previstos, la reforma reducirá en un 6% los aportes a obras sociales a cargo del empleador, y al mes siguiente de su promulgación se aplicarán reducciones sobre los aportes patronales destinados a seguridad social, asignaciones familiares y otros subsistemas.
Presentación ante el Consejo de Mayo
A partir de las 13.30, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expondrá el proyecto ante los miembros del Consejo de Mayo: Cristian Ritondo (Diputados), Carolina Losada (Senadores), Martín Rappallini (UIA), Gerardo Martínez (CGT) y Alfredo Cornejo (gobernadores). También estarán presentes Federico Sturzenegger y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Indemnizaciones y cambios en la Ley de Contrato de Trabajo
Uno de los puntos centrales del proyecto apunta a clarificar criterios indemnizatorios y reducir la discrecionalidad judicial. El oficialismo busca evitar fallos que, según empresarios, generan indemnizaciones “exorbitantes”.
La nueva norma eliminará la posibilidad de reclamar daños y perjuicios sin justificación y trasladará al trabajador la carga de la prueba, cuando denuncie perjuicios derivados del despido.
El Gobierno sostiene que estas modificaciones permitirán incrementar la contratación, especialmente en regiones de menor desarrollo, donde se prevé adaptar convenios con salarios diferenciales, lo que podría elevar el empleo hasta un 17% en el noroeste del país.
Otras reformas en curso
El paquete de medidas que impulsa el Ejecutivo suma capítulos clave:
Compra de tierras por extranjeros
Se insistirá en flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, un obstáculo que —según el Gobierno— frena inversiones por unos USD 5.000 millones.
Mercado de seguros
El Presidente impulsa una reforma integral para expandir el sistema de seguros privados, bajo la premisa de que una mayor cobertura reducirá la demanda sobre el Estado.
Transporte fluvial
El Ejecutivo pretende volver a impulsar la desregulación del sector, frenada en el Congreso. La Casa Rosada afirma que eliminar trabas burocráticas podría bajar hasta 40% los costos de la marina mercante. La propuesta incluye el uso temporal de banderas extranjeras, lo que provocó críticas gremiales por supuesta precarización laboral.
Régimen de patentes
El Gobierno busca aprobar la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una herramienta que permitiría registrar invenciones en múltiples países mediante una sola solicitud.
La iniciativa cuenta con media sanción en el Senado, pero enfrenta resistencia de laboratorios nacionales. Desde el Ejecutivo argumentan que la falta de adhesión perjudica a investigadores argentinos, que deben registrar sus descubrimientos en otros países.
Expectativa oficial
En el Gobierno sostienen que estas reformas marcarán un punto de inflexión para sectores productivos y para la inserción comercial de la Argentina. Por cuestiones de confidencialidad, no se detallan aún las eventuales aperturas de mercado en Estados Unidos, aunque aseguran que significarán “un antes y un después” para varias economías regionales.
