Apenas puso un pie en tierra argentina, Javier Milei tenía previsto usar la lapicera. Lo hizo en el VIP de Aeroparque, en una escena improvisada, inspirada en las pomposas ceremonias que el mandatario norteamericano Donald Trump protagoniza en el Salón Oval de la Casa Blanca cuando firma una decisión ejecutiva. Con el mismo mameluco de YPF que usó antes de volver de Oslo, Noruega, el presidente le puso la firma al proyecto de ley de reforma laboral, que ingresó por el Senado.
,
La escena incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y esta vez no fue para rubricar un decreto más, sino un proyecto de ley. No fue un gesto menor, porque la decisión también impactó en la interna que surca al Gabinete, entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y una lista creciente de funcionarios.
,
Milei laudó a favor del «Coloso», como lo llama al ministro, y abrió una nueva pulseada, de final incierto, con todas las organizaciones sindicales del país.
,
Frente a Sturzenegger hay una lista nutrida de detractores o de funcionarios que se resisten a su predicamento sobre Milei. Algunos le recriminan su rol como titular del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri. Otros esperaban que se fuera después de impulsar la Ley Bases y los decretos más ambiciosos de la gestión.
Alrededor del «Coloso», hay un cúmulo de cuestionamientos, envidias, desconfianzas y reencuentros agrios. Desde el secretario de Trabajo, Julio Cordero, hasta el asesor presidencial, Santiago Caputo. Buena parte de los interlocutores libertarios de la CGT, a pesar de sus coincidencias políticas, han transitado las decisiones de Sturzenegger como un peso o un problema que podría haber sido evitado. Sucedió con el primer intento de introducir una parte de la reforma laboral en el DNU 70/23 y fue totalmente frenado por la Justicia, pero aumentó el nivel de tensión con las centrales sindicales.
Ese cable pelado volvió a lanzar chispazos desde este jueves, con la presentación de un texto que reabre varios frentes con las centrales sindicales e incluso retoma la declaración de «servicios esenciales» para limitar el derecho a huelga que estaba en el DNU 70/23. La CGT cerró la semana con una convocatoria para movilizar frente al Congreso el próximo jueves. Las dos CTA también adhirieron. El cegetismo no llamó a un paro y difícilmente lo haga en medio del verano.
En la reunión que concretó esta semana la conducción sindical para definir los pasos a seguir, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, definió a Sturzenegger como un «perverso» y consideró que el Gobierno está jugando sucio. «Tarde se dio cuenta», confió a LM Neuquén uno de los participantes. La ironía refleja también la desconfianza que algunos sindicalistas le dedican al líder del gremio de la construcción, pero al mismo tiempo todos sabían que iba a formar parte del Consejo de Mayo desde el primer semestre.
Al menos un amplio sector de la CGT sabe hace meses que la estrategia del Gobierno iba hacia una reforma laboral recargada. Martínez siempre dice que el tema laboral era uno de los desacuerdos y que así quedaría plasmado. Quienes escucharon las explicaciones de Martínez y lo respetan opinan que no iba a hacer algo distinto a lo que hizo, pero que «peor era quedarse afuera». Con suerte, el jefe de la UOCRA alcanzó a zafar de la foto final, junto al Coloso, pero en ningún momento renunció al Consejo ni tampoco impulsó que la CGT lo repudie.
La reforma laboral arranca en el Senado
Antes de convocar a la movilización, el cegetismo fue recibido en el Senado por los bloques del peronismo en las dos cámaras. El compromiso fue confrontar en los dos recintos y evitar que prospere una eventual aprobación. Los tiempos no acompañan a las aspiraciones del Gobierno, que decidió acelerar. El foco por ahora estará puesto en el Senado.
El Ejecutivo decidió que ingrese por esa cámara. Será la arena legislativa donde Patricia Bullrich estrenará su banca. El martes próximo habrá reunión de labor parlamentaria en la Cámara Alta para elegir a las autoridades de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, las dos que recibieron el giro del proyecto que entró este jueves.
De ahí en adelante comienza un proceso que no cuadra, al menos por ahora, con los 18 días que le quedan a extraordinarias y mucho menos con los 10 días hábiles, porque en el mismo lapso de tiempo el oficialismo quiere conseguir la sanción del Presupuesto 2026.
Por lo pronto, el tema puede escalar en la Justicia. El legislador socialista Esteban Paulón, de Provincias Unidas, advirtió al Gobierno que el texto tendría que haber ingresado por Diputados, porque tiene cambios en aportes patronales y cargas sociales, dos temas tributarios. Según la Constitución Nacional, la Cámara Baja es originaria para temas fiscales y podría ser un escollo que también estire los tiempos.
