El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos, 27 negativos y 1 abstención.
Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.
Victoria Cruz, familiar de Juan Carlos Cruz, asesinado en Morón, y Liliana Ledezma, familiar de Manuel, asesinado en Tres de Febrero.
Martín Soria dijo que la reforma es “mala” y le dejó un mensaje a los gobernadores
El senador de Unión por la Patria Martín Soria consideró que el texto que busca la reforma de la Ley Penal Juvenil es “malo” y señaló que “comparar y castigar como un adulto a un menor solo va a generar nuevos delincuentes”.
“Yo también me tengo que preguntar qué pensarán los gobernadores que, por la promesa de un ATN, mandan a aus senadores y senadoras a votar esta ley. ¿Qué pensarán? ¿Qué van a votar esta ley pese a la opinión de los expertos?”, se preguntó.
Y añadió: “Esta ley no tiene estructura: no están dadas las condiciones para que un chiquito de 14 o 15 esté alojado en un lugar. Y con esta ley le delegan el problema a los gobernadores”, insistió.
El Gobierno: “Es la primera vez que el Senado sesiona tres veces en una semana”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el ritmo de trabajo que mostró el Senado esta semana y afirmó que es la primera vez en la historia que le Cámara alta sesiona tres veces en una semana.
Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en el Senado.
El martes se llevó a cabo la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del cuerpo para el período parlamentario 2026. El jueves, aprobó la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Losada: “No podemos decir que un chico no es responsable si mata a alguien”
La senadora de la UCR Carolina Losada planteó este viernes que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”.
“Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga», puntualizó.
Luis Juez: “Los narcos se adueñaron de nuestros hijos”
El senador cordobés Luis Juez, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad.
“Los delitos cometidos por los menores son delitos de altísimo nivel de violencia. Las bandas utilizan a esos menores inimputables para que cometan delitos con altísimo nivel de violencia. Quien quiera ignorarlo, que lo ignore. Esto nos pasa en todas las provincias, en todas las ciudades. Los narcos se adueñaron de nuestros hijos y nosotros queremos contestarles con romanticismo”, expresó.
María Orozco: «Con orgullo voy a acompañar esta ley»
La legisladora María Emilia Orozco (LLA) expresó de manera contundente su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad: “Con mucho orgullo voy a acompañar esta ley. Está carroñando con el dolor de la gente, así que voy a redoblar la apuesta porque acá muchos tienen hijos: pónganse en sus zapatos (de los familiares de víctimas), suena el teléfono y te dicen: ‘Tu hijo fue asesinado de 20 puñaladas’“, recordó en referencia al caso de Jeremías Monzón.
Las posturas de LLA, la UCR y el PJ
Uno de los principales temas de debate es la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de poco más de 23.700 millones de pesos.
El costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.
“Nosotros creemos en la dignidad humana y en que la sensibilidad social de las políticas públicas constituyen la base para garantizar objetivos. Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, sostuvo Jorge Capitanich (PJ).
“El Régimen Penal Juvenil es el producto final de un proceso social que se viene dando hace larga data y que exige respuestas concretas por parte del Estado. Este proyecto es urgente e impostergable, la sociedad demanda con énfasis su tratamiento y sanción”, Belén Montero (LLA).
“Esta es una reforma trascendental que moderniza el Régimen Penal Juvenil de la Argentina. Parte de un principio básico: el adolescente que comete un delito debe asumir su responsabilidad pero también debe contar con todas las garantías legales”, Gabriela Valenzuela (UCR).
Reforma laboral
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.
La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.
Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.
Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.
La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.
Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.
En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.
En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.
También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.
Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.
Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.
Ley Penal Juvenil
La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
