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Oficialmente la reforma laboral del Gobierno ya está en marcha. El presidente Javier Milei promulgó la llamada Ley de Modernización Laboral que fue sancionada el 27 de febrero por la Cámara alta. Su entrada en vigencia fue confirmada con la publicación del Boletín Oficial.
Reforma laboral: ya rige la nueva ley del Gobierno
El texto aprobado, además de la eliminación del artículo 44, incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente como: disposiciones vinculadas a modalidad de contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de indemnizaciones, entre otras cosas. Conseguir el aval del Congreso, era una de las prioridades del Gobierno para este 2026.
Una semana después del logro del oficialismo en extraordinarias, el Gobierno publicó el Decreto 137/2026 para informar la promulgación de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.
La norma introduce cambios en el régimen laboral argentino que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.
La oficialización de la Ley fue firmada por Javier Milei, pero también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Las 10 claves para entender la reforma laboral
La reforma laboral es un tema sensible que se llevó la atención de todo el país durante las últimas semanas. Para la oposición, la norma que se aprobó atenta contra la derechos de los trabajadores, en tanto para el oficialismo, se trata de una «modernización necesaria» que, aseguran, beneficiará al sector.
Estas son las diez claves para comprender de qué trata la ley que promulgó Javier Milei:
- Indemnizaciones: La indemnización se calculará únicamente sobre el sueldo mensual habitual. Quedan fuera del cálculo el aguinaldo (SAC), las vacaciones y cualquier concepto que no se pague todos los meses. Se establece que esta indemnización es la única reparación económica por el despido; no hay lugar a otros reclamos adicionales por el mismo concepto. Las deudas laborales se ajustarán por inflación (IPC) + un 3% anual, reemplazando tasas anteriores que solían ser más altas.
- Banco de horas y vacaciones: se pueden compensar las horas extras con tiempo libre mediante un acuerdo escrito. La clave aquí es que se debe respetar el descanso legal entre jornadas. Aunque el periodo oficial sigue siendo de octubre a abril, ahora el empleado y el jefe pueden pactar de común acuerdo tomarlas en cualquier momento del año. Ya no es obligatorio tomarse todo el bloque junto; se permite dividir los días en tramos, siempre que cada segmento sea de al menos 7 días corridos.
- Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se propone la implementación de un sistema destinado a cubrir los costos de desvinculación. Este fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte será del 2,5%. El Poder Ejecutivo, con aval de la Comisión Bicameral, tendrá la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3% respectivamente.
- Implementación de fondos de cese por convenio: la reforma permite que los convenios colectivos establezcan fondos de cese laboral basados en aportes mensuales del empleador, reemplazando la indemnización tradicional por un sistema de capitalización individual que el trabajador cobra al desvincularse. Esta modalidad es opcional, debe ser acordada en paritarias y tiene como condición estricta no reducir los derechos ya adquiridos por los empleados.
- Ampliación del período de prueba: se extiende el período de prueba a seis meses para la mayoría de los trabajadores, pudiendo llegar a ocho meses en empresas de hasta cinco empleados. Durante este lapso, el empleador puede finalizar el vínculo sin pagar indemnización, siempre que haya registrado la relación y realizado los aportes de ley desde el inicio de la contratación.
- Eliminación de multas por falta de registro: se elimina las multas por trabajo no registrado con el fin de reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal. En su lugar, establece un régimen de blanqueo que permite a los empleadores regularizar a su personal sin pagar sanciones, siempre y cuando cancelen las deudas salariales y aportes previsionales correspondientes a cada trabajador.
- Incentivos a la inversión y reducción de cargas sociales: se introduce el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), cuyo fin es potenciar la tecnología y el crecimiento de las empresas. Para apoyarlo, se implementa una baja en las contribuciones patronales: del 1% para grandes compañías y del 2,5% para MiPyMEs. Además, estos beneficios podrían ampliarse hasta el 1,5% y 3% respectivamente, siempre que el Ejecutivo obtenga el aval del Congreso.
- Pago de sentencias judiciales en cuotas: la norma permite que las empresas paguen las sentencias judiciales en cuotas para aliviar su carga financiera: las grandes empresas podrán hacerlo en un máximo de 6 pagos mensuales, mientras que las PyMEs y empleadores individuales contarán con un plazo más extenso de hasta 12 cuotas.
- Regulación de aportes sindicales y patronales: se limita los aportes en las convenciones colectivas, estableciendo que las contribuciones patronales a cámaras empresarias no superarán el 0,5% y serán voluntarias desde 2028. Para las asociaciones sindicales, el tope de aportes (afiliados o no) se fija en el 2%, mientras que la cuota para obras sociales se mantiene en el 6%. Finalmente, se eliminó la retención automática de cuotas de afiliación por parte del empleador, exigiendo ahora la conformidad expresa del trabajador.
- Registro digital y pago bancarizado: se simplifica el registro laboral al centralizarlo exclusivamente en la ARCA, eliminando trámites ante otros organismos y otorgando plena validez legal a los libros digitales, los cuales deben guardarse por diez años. Asimismo, se establece que el pago de salarios queda restringido únicamente a cuentas bancarias o instituciones oficiales, prohibiendo formalmente el uso de billeteras virtuales para este proceso.
