El cerco político se ha ido cerrando en torno a Manuel Adorni, y la reacción del oficialismo revela más que cualquier declaración pública. La instrucción de Karina Milei de imponer silencio a los funcionarios frente a las preguntas incómodas no solo busca contener daños: expone una lógica de poder que privilegia el control del relato por sobre la rendición de cuentas. En política, el silencio rara vez es neutral; suele ser una estrategia defensiva que confirma la gravedad del momento.
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El Gobierno atraviesa, sin matices, uno de sus períodos más delicados. No únicamente por la aparición de presuntos hechos de corrupción que involucran a figuras centrales, sino por la contradicción estructural que estos generan respecto de su narrativa fundacional. Javier Milei y su entorno más cercano construyeron su legitimidad política sobre la promesa de una regeneración ética de la vida pública, en abierta confrontación con lo que denominaron “la casta”. Esa vara moral no solo era alta: era el núcleo de su identidad política. Hoy, esa misma vara se vuelve un instrumento de medición incómodo para quienes la levantaron.
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La paradoja es evidente. Mientras dirigentes con trayectoria en gestiones anteriores —aquellos señalados durante años como parte del problema— no aparecen en el centro de las denuncias actuales, son precisamente los cuadros “nuevos”, sin experiencia política previa, quienes quedan más expuestos. Nombres como Adorni o figuras cercanas al círculo presidencial encarnan una contradicción difícil de disimular: la renovación no garantizó transparencia, y la inexperiencia no fue sinónimo de integridad.
En este contexto, la reacción oficial no ha sido la apertura ni la explicación, sino el repliegue y la radicalización discursiva. Lejos de promover investigaciones claras o asumir una actitud proactiva frente a las sospechas, el Gobierno parece optar por reforzar una lógica binaria: quienes cuestionan son enemigos, quienes apoyan son aliados. Esta concepción, que encuentra eco en las ideas de Carl Schmitt, reduce la política a una disputa existencial entre bandos irreconciliables. Bajo ese prisma, la moral deja de ser un criterio universal para convertirse en un arma táctica.
Sin embargo, este enfoque tiene costos profundos. Cuando la política se concibe como un campo de batalla permanente, el espacio para el diálogo se reduce drásticamente. La cooperación legislativa se vuelve improbable, el consenso desaparece como horizonte y la confrontación se transforma en un fin en sí mismo. En ese escenario, la ética pública no se fortalece; se degrada. Y lo hace de una manera particularmente peligrosa: se invoca la moral para deslegitimar al adversario, mientras se relativiza cuando afecta a los propios.
La historia reciente argentina ofrece antecedentes que deberían servir como advertencia. Durante los años de gobierno del matrimonio Kirchner, la justicia avanzó sobre múltiples casos de corrupción que involucraban a las más altas esferas del poder. Aquella experiencia dejó una huella profunda en la sociedad, alimentando el descreimiento y el hartazgo ciudadano. Que un nuevo gobierno, surgido precisamente como reacción a ese ciclo, enfrente cuestionamientos similares en tan poco tiempo no solo es preocupante: es un síntoma de que los problemas estructurales persisten más allá de los discursos.
A esto se suma un elemento central de la política contemporánea: la comunicación. Las redes sociales han amplificado la velocidad y el impacto de los escándalos, convirtiéndolos en fenómenos de alto voltaje reputacional. Las filtraciones, las denuncias y las operaciones mediáticas moldean percepciones en tiempo real, muchas veces sin mediaciones institucionales claras. En ese ecosistema, la tentación de controlar el mensaje —o directamente silenciarlo— es comprensible, pero profundamente riesgosa. La opacidad no protege: erosiona la confianza.
El Jefe de Gabinete, señalado en las últimas semanas, es un ejemplo de cómo estos procesos afectan no solo a individuos, sino al conjunto del sistema político. Cada escándalo suma una capa más de desconfianza, alimentando la percepción de que “todos son lo mismo”. Y en ese terreno fértil para el cinismo, prosperan las figuras que hacen de la confrontación su principal herramienta.
El problema es que esa lógica, llevada al extremo, termina legitimando un modelo de poder donde la ausencia de escrúpulos se convierte en virtud. Si la política es solo combate, entonces ganan quienes mejor combaten, no quienes mejor gobiernan. Y en esa dinámica, la sociedad queda atrapada en una falsa disyuntiva: elegir entre la ineficiencia moralizada o la eficacia sin ética.
Esa es, en definitiva, la falacia central. La idea de que la dureza, la confrontación permanente y la ausencia de límites morales pueden conducir a una sociedad mejor es insostenible. Por el contrario, ese camino conduce al deterioro progresivo de las instituciones, al debilitamiento del Estado de derecho y a la naturalización de prácticas autoritarias.
La Argentina ya ha transitado ciclos donde la política se alejó de su dimensión ética, con consecuencias visibles en la calidad democrática. Repetir ese camino, bajo nuevos nombres y discursos, no hará más que profundizar los problemas existentes. La regeneración moral de la política no se logra con consignas ni con enemigos imaginarios, sino con transparencia, responsabilidad y una vocación genuina de rendir cuentas.
Hoy, más que nunca, el desafío no es ganar la batalla del relato, sino recuperar el sentido de la política como espacio de construcción colectiva. Porque cuando el diálogo desaparece, lo que queda no es una política más fuerte, sino una democracia más débil.
Crece la economía, crece la desocupación
La economía argentina atraviesa una de esas paradojas que, lejos de ser excepcionales, parecen haberse convertido en una marca registrada de su funcionamiento. Mientras los indicadores macroeconómicos exhiben señales de expansión e incluso niveles récord de actividad, el mercado laboral envía una señal opuesta: el desempleo crece. No se trata de una percepción ni de una anomalía estadística menor. Es un fenómeno concreto que interpela el sentido mismo del crecimiento económico.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos son elocuentes. La tasa de desocupación trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, desde el 6,4% del mismo período del año anterior. En términos absolutos, esto implica que cerca de 1,7 millones de argentinos no tienen trabajo, unos 230.000 más que un año atrás. Si se toma el recorrido completo del gobierno de Javier Milei, el incremento es aún más significativo: del 5,7% al 7,5%.
Lo verdaderamente inquietante no es solo la suba del desempleo, sino el contexto en el que se produce. No ocurre en medio de una recesión profunda ni de un colapso productivo generalizado. Por el contrario, la economía cerró el año con niveles de actividad elevados, impulsados por sectores dinámicos que muestran cifras contundentes. Esta disociación entre crecimiento y empleo rompe con una de las premisas más arraigadas de la teoría económica tradicional: que una economía en expansión debería generar más trabajo.
La explicación de este desacople radica en la estructura misma del crecimiento. Como ha señalado Daniel Schteingart, economista y director de FundAR, el problema no es que la economía no crezca, sino cómo lo hace. Los sectores que hoy empujan el Producto Bruto Interno no son los que históricamente han generado empleo masivo. La agricultura, por ejemplo, registró un salto interanual notable, impulsada por una campaña excepcional. La minería, favorecida por la demanda global de recursos estratégicos como el litio, el oro y la plata, también consolidó su protagonismo exportador. Y el sector financiero, en un contexto de tasas elevadas, mostró niveles de actividad destacados.
A este conjunto se suma el fenómeno de Vaca Muerta, que se ha convertido en un polo de dinamismo económico con impacto positivo en regiones específicas. Allí, la actividad hidrocarburífera genera empleo, inversión y desarrollo local. Sin embargo, su capacidad de traccionar el empleo a escala nacional es limitada. Se trata de sectores intensivos en capital, no en mano de obra.
En el otro extremo, los sectores que tradicionalmente sostienen el empleo —la industria, la construcción y el comercio— atraviesan un presente mucho más complejo. La industria manufacturera cayó, afectada por la contracción de algunos segmentos clave como el automotriz. La construcción apenas mostró signos de estancamiento, y el comercio, reflejo directo del consumo interno, continúa en retroceso. A esto se suma un dato preocupante: el consumo de bienes y servicios inició 2026 en baja, acumulando varios meses consecutivos de caída.
El resultado es una economía de “doble velocidad”. Por un lado, sectores altamente competitivos, integrados al mercado global y beneficiados por precios internacionales favorables. Por otro, ramas productivas orientadas al mercado interno, con menor dinamismo y mayor capacidad de generación de empleo, que aún no logran recuperarse. Esta dualidad no es nueva, pero en el contexto actual se ha profundizado de manera evidente.
El problema de fondo es que el crecimiento económico, en estas condiciones, deja de ser inclusivo. Puede mejorar indicadores agregados, aumentar exportaciones o fortalecer reservas, pero no necesariamente se traduce en mejoras en la calidad de vida de amplios sectores de la población. El empleo, en este sentido, es el puente fundamental entre la macroeconomía y la realidad cotidiana. Cuando ese puente se debilita, el crecimiento pierde legitimidad social.
La pregunta que emerge entonces es incómoda pero inevitable: ¿de qué sirve crecer si ese crecimiento no genera trabajo? O, en términos más precisos, ¿qué tipo de crecimiento está construyendo la Argentina? Uno que depende de enclaves productivos altamente eficientes pero poco integradores, o uno que logre articular dinamismo con inclusión. No hay respuestas simples. La reconversión productiva es un proceso complejo, que implica cambios tecnológicos, reconfiguración de cadenas de valor, adaptación del mercado laboral y un tiempo prudencial.
El actual esquema presenta límites evidentes. Una economía que crece sin generar empleo suficiente corre el riesgo de profundizar desigualdades, aumentar la informalidad y erosionar el tejido social. La paradoja, entonces, no es solo económica: es política y social. Porque el crecimiento, en ausencia de empleo, deja de ser una promesa de progreso y se convierte en una estadística vacía para quienes quedan al margen. Y en ese vacío, inevitablemente, crecen la frustración y el desencanto.
Argentina enfrenta el desafío de resolver esta tensión. El Gobierno pide tiempo, pero no alcanza con celebrar los números del PBI si, al mismo tiempo, aumenta la cantidad de personas que no encuentran trabajo. El verdadero termómetro de una economía no es solo cuánto produce, sino cuántas oportunidades genera. Sin ese equilibrio, cualquier recuperación será, en el mejor de los casos, incompleta.
