El Gobierno nacional anunció este miércoles que enviará una serie de proyectos para modificar las leyes de financiamiento en discapacidad y educación, porque considera que las vigentes atentan contra las cuentas públicas.
El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que el actual esquema “conduce a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza”.
“Vamos a dar los aumentos necesarios pero haciendo el sistema sustentable”, agregó el funcionario.
Cabe recordar que ambas leyes fueron sancionadas el año pasado con el rechazo del oficialismo y sufrieron dos vetos presidenciales que no pudieron ser confirmados en el Parlamento.
Milei había prometido que tras las elecciones y la conformación del nuevo Congreso intentaría derogar esas leyes que, según su entender, atentan contra el equilibrio fiscal.
Las leyes de financiamiento en discapacidad y educación fueron sancionadas en la previa a las elecciones legislativas de octubre, en momentos en que la disputa entre la Casa Rosada y los gobernadores estaba en su punto más álgido.
Luego del triunfo de La Libertad Avanza en todo el país, el clima cambió radicalmente y ahora muchos de los gobernadores que habían apoyado estas leyes, podrían modificar su postura y aceptar los cambios que proponga Milei.
Nombramiento de jueces y más flexibilidad para vender tierras a extranjeros
En otro orden, el Gobierno nacional también anunció el envío al Senado nacional de los pliegos para el nombramiento de 60 jueces en diferentes fueros sobre un total de casi 350 estrados vacantes.
Adorni precisó que el Ministerio de Justicia ya tiene confeccionado el listado que en los próximos días será remitido a la Cámara Alta.
Poco después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que aprobó el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”, un paso decisivo para las postulaciones.
La iniciativa propone una reorganización del proceso de selección de magistrados, cuyo resultado final es la terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo.
Mediante el mencionado reglamento, el máximo tribunal propone una serie de modificaciones para que sean consideradas por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de llevar a cabo los concursos.
En la Acordada que aprobó el proyecto, se destaca que la Corte es la “cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina”.
En otro orden, Adorni también indicó que el Gobierno trabajará con el Congreso “en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos migratorios”.
El jefe de Gabinete dijo que todas estas propuestas son parte de la agenda de reformas que anunció el presidente en la apertura de sesiones ordinaras del Congreso el 1° de marzo.
En esa línea, informó que el Gobierno destinará el 10% de lo que obtenga por la privatización de bienes públicos para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, anunció un paquete de normas cuyo objetivo será el fortalecimiento de la propiedad privada. Entre ellas, se incluirán una Ley de Desalojo que facilite una vía sumarísima a los procesos para evacuar a los infractores y restituir los inmuebles al propietario en menos de 5 días; una Ley de Expropiaciones; un nuevo marco normativo a la Ley de Fuegos y modificaciones a la Ley de Tierras Rurales que permitirán “levantar las restricciones de venta a extranjeros”.
El funcionario resaltó que la Argentina “tenía el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo” y destacó que el Gobierno avanzará en la promulgación de la Ley de Glaciares, que “le devolverá a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no”.
A todo eso se sumó la licitación del emblemático complejo hotelero de Chapadmalal.
Con este paquete legislativo, el Gobierno busca modificar la discusión pública y correr el foco de las acusaciones sobre Adorni.
