Por momentos, la política argentina parece moverse en ciclos previsibles: promesas de renovación, construcción de relatos épicos, acumulación de poder, desgaste y, finalmente, cuestionamientos que horadan aquello que se presentaba como inquebrantable. Sin embargo, lo que hoy atraviesa el gobierno de Javier Milei tiene una particularidad que lo distingue de experiencias anteriores: su principal activo no fue únicamente económico o técnico, sino moral. Y cuando lo moral se resquebraja, el impacto no es lineal, sino exponencial.
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El corazón del proyecto libertario se asentó en una premisa contundente: la ruptura con la “casta”. Ese concepto —tan repetido como efectivo— sintetizaba décadas de frustración social frente a una dirigencia percibida como privilegiada, distante y, muchas veces, corrupta. La promesa no era solo administrar mejor la economía, sino transformar la lógica del poder. Elevar la vara ética hasta niveles inéditos.
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Hoy, esa vara comienza a tambalear. Argentina es una sociedad exigente en términos éticos, pero también profundamente pragmática cuando las circunstancias económicas lo requieren. Durante décadas, la ciudadanía toleró desvíos, privilegios y contradicciones en la dirigencia política, siempre y cuando existiera cierta estabilidad o bienestar. Sin embargo, cuando se pide un esfuerzo —ajuste, recorte, sacrificio— la legitimidad moral se vuelve condición indispensable.
Ese fue el contrato implícito del actual gobierno: aceptar medidas duras a cambio de un cambio profundo en las reglas del juego. El problema es que ese contrato comienza a mostrar fisuras.
Cuando un gobierno se presenta como moralmente superior, no puede permitirse errores que otros sí podrían sortear con mayor facilidad. Porque no se trata solo de lo que se hace, sino de lo que se prometió no hacer nunca más.
El escándalo que involucra a Manuel Adorni no es un episodio más. Es, en términos simbólicos, un golpe directo al corazón del relato oficialista. No solo por la naturaleza de las acusaciones —que incluyen presunto enriquecimiento ilícito y posible recepción de dádivas— sino por el contexto en el que se producen: un gobierno que hizo de la transparencia y la austeridad su bandera central.
Los datos son elocuentes. El nivel de conocimiento del caso alcanza al 85% de la población, en distintos grados. La imagen del funcionario se ha deteriorado de manera abrupta, con una caída de aproximadamente 35 puntos en el último mes entre imagen positiva y negativa. Más contundente aún: cerca del 70% de la sociedad considera que debería renunciar.
Frente a esto, la decisión del presidente fue clara: sostenerlo. Pero sostener no es sinónimo de blindar indefinidamente. En la lógica del poder, significa administrar los tiempos. Javier Milei parece decidido a no ceder ante la presión mediática ni social, reservándose el control del momento en que, eventualmente, Adorni deba dar un paso al costado. Esa estrategia tiene sentido político, pero también implica riesgos. Porque cada día que pasa sin definiciones claras, el costo reputacional se acumula.
Desde el oficialismo se insiste en la existencia de una doble vara. Funcionarios cercanos al poder argumentan que situaciones similares en gobiernos anteriores —especialmente durante el kirchnerismo— no generaron el mismo nivel de indignación. El argumento, aunque comprensible, es débil. No porque sea falso que existieron episodios cuestionables en el pasado, sino porque la comparación no resulta funcional al presente. El gobierno actual no fue elegido para parecerse a lo peor de sus antecesores, sino para ser radicalmente distinto. Compararse con aquello que se prometió superar es, en sí mismo, una admisión de fracaso parcial.
Sin embargo, el caso Adorni aún no alcanzó su punto máximo de tensión. La eventual profundización de la investigación judicial podría abrir nuevos frentes, especialmente si se avanza sobre el rol de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Las miradas están puestas en sus ingresos y en las empresas con las que tuvo vínculo en los últimos años. De confirmarse irregularidades, el impacto político sería aún mayor, porque ampliaría el espectro del escándalo y lo volvería más difícil de contener. El gobierno lo sabe. Y por eso mide cada paso con extrema cautela.
La grieta entre discurso y práctica
Si el caso Adorni golpea el relato desde lo individual, el escándalo de los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación lo hace desde lo estructural. La revelación de que al menos una docena funcionarios y legisladores del oficialismo accedieron a préstamos por más de $2.500 millones en condiciones preferenciales genera una contradicción difícil de explicar.
Los datos, surgidos del cruce con el Banco Central de la República Argentina y difundidos por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, muestran una realidad incómoda: mientras gran parte de la sociedad enfrenta enormes dificultades para acceder a la vivienda, sectores del poder parecen beneficiarse de condiciones privilegiadas.
¿Es ilegal? Eso deberá determinarlo la Justicia. ¿Es ético? Esa es la pregunta que ya se hace la sociedad. Porque incluso en ausencia de delito, la percepción de privilegio es suficiente para erosionar la confianza. En política, muchas veces, lo que parece importa tanto como lo que es. “La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo”. La frase, repetida hasta el cansancio, cobra hoy una vigencia ineludible.
En medio del silencio generalizado, una decisión marcó una diferencia: la reacción de Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras su vinculación con el escándalo de los créditos. La medida fue rápida, directa y sin matices.
Más allá del caso puntual, el gesto tiene un valor político significativo: reconoce implícitamente que existe un problema y que la respuesta no puede ser la inacción. Sin embargo, la falta de una postura similar en otros sectores del gobierno refuerza la sensación de inconsistencia.
Uno de los rasgos más llamativos del actual contexto es el silencio del Ejecutivo. A diferencia de otras etapas, donde la confrontación mediática era parte central de la estrategia, hoy los funcionarios evitan el contacto directo con la prensa. Las explicaciones son escasas, fragmentadas y, en muchos casos, defensivas. Esa ausencia de narrativa oficial deja un vacío que es rápidamente ocupado por la crítica, la sospecha y la especulación. En política, el silencio rara vez es neutral. Y en momentos de crisis, suele interpretarse como debilidad o falta de argumentos.
Paradójicamente, mientras el gobierno enfrenta estos cuestionamientos, los datos económicos comienzan a mostrar algunas señales positivas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la pobreza descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo en siete años. La caída es significativa: 3,4 puntos respecto del semestre anterior y casi diez puntos en comparación interanual. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó este resultado al crecimiento económico, la desinflación y el refuerzo de programas sociales sin intermediarios.
En otro contexto, estos números habrían sido celebrados con intensidad, convertidos en eje central de la comunicación oficial. Hoy, pasan casi desapercibidos. No porque carezcan de importancia, sino porque el clima político los eclipsa. Ningún funcionario puede hablar de economía sin ser interpelado por los escándalos. La agenda pública está dominada por la ética, no por los indicadores.
En este contexto, el gobierno enfrenta un problema clásico pero crítico: la pérdida de control sobre la agenda. Intentos por introducir nuevos temas —incluso algunos de alto impacto como denuncias de espionaje internacional— no logran desplazar el foco de atención. La discusión sigue girando en torno a Adorni, los créditos y la coherencia del discurso oficial.
En política, quien fija la agenda tiene una ventaja decisiva y hoy el oficialismo parece haber cedido ese control.
El riesgo de la desilusión
Quizás el mayor peligro no sea el escándalo en sí, sino la desilusión que puede generar. El votante que acompañó a Javier Milei no lo hizo únicamente por su programa económico, sino por su promesa de ruptura. La expectativa no era solo mejorar indicadores, sino cambiar las reglas del juego.
Cuando esa expectativa se ve defraudada, la reacción puede ser más intensa que frente a un gobierno tradicional. Porque no se trata solo de un error, sino de una contradicción. El interrogante central es cuánto daño puede absorber el gobierno antes de que su capital político se vea comprometido de manera estructural.
La respuesta no es sencilla. Por un lado, la economía comienza a mostrar señales alentadoras, lo que podría actuar como amortiguador. Por otro, la pérdida de credibilidad en el plano ético puede socavar la base misma del proyecto. Pero también hay que señalar que el oficialismo no tiene enfrente —aún— una oposición que pueda capitalizar todos estos desatinos.
La historia política argentina muestra que los gobiernos pueden sobrevivir a crisis económicas, pero difícilmente lo hagan cuando pierden legitimidad moral en un contexto donde esa legitimidad fue su principal bandera.
Todo indica que el presidente está apostando al tiempo. Esperar, observar, dejar que los hechos evolucionen y tomar decisiones en el momento que considere más conveniente. Es una estrategia válida, pero no exenta de riesgos. Porque el tiempo no siempre juega a favor. A veces, profundiza las heridas.
El relato de la “nueva política” fue, sin duda, uno de los fenómenos más potentes de los últimos años en Argentina. Logró canalizar el hartazgo social y transformar esa energía en poder político. Pero los relatos, como los equilibrios, son frágiles. Y cuando se construyen sobre la promesa de superioridad moral, su caída puede ser abrupta.
El gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo, de tomar decisiones que reafirmen su compromiso con la ética y la transparencia. Pero para ello necesita algo más que silencio o comparaciones con el pasado. Necesita coherencia. Porque en política, al final del día, no alcanza con decir que se es distinto. Hay que demostrarlo.
