El presidente Javier Milei mantuvo una reunión de más de dos horas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos y ratificó su continuidad en el cargo, en un contexto marcado por investigaciones judiciales y versiones de renuncia.
Según informó Presidencia, el encuentro tuvo como eje el seguimiento de la agenda legislativa y la planificación de la segunda etapa de gobierno. Como señal política, ambos funcionarios volverán a mostrarse juntos en el acto oficial por el 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
En la Casa Rosada sostienen que no está en discusión la permanencia de Adorni, pese a que en las últimas semanas se intensificaron las investigaciones en su contra. Entre los avances judiciales, se destaca la citación como testigo de la escribana que intervino en la compra de un departamento en el barrio de Caballito, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Además, surgieron cuestionamientos sobre el financiamiento de viajes personales y operaciones inmobiliarias. En particular, se investiga la adquisición de una propiedad valuada en torno a los USD 230.000, financiada mayormente mediante un préstamo privado otorgado por los vendedores, lo que abrió interrogantes sobre el origen de los fondos.
Dentro del oficialismo, reconocen que el caso genera desgaste político y que las próximas semanas serán determinantes. La exposición pública de Adorni se redujo, incluyendo la suspensión de conferencias de prensa, mientras se espera la evolución de la causa en los tribunales federales.
Pese a este escenario, el entorno presidencial sostiene una estrategia de respaldo explícito y evita cambios en el gabinete sin una definición judicial. En ese marco, el Gobierno busca contener el impacto político del caso y sostener la estabilidad interna en una etapa clave de la gestión.
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvieron una reunión de trabajo en la Residencia de Olivos para avanzar en la planificación de la segunda etapa de gestión, en medio de un escenario atravesado por denuncias contra el funcionario.
Durante el encuentro, ambos dirigentes repasaron la agenda legislativa y comenzaron a delinear los principales ejes de acción para el período 2026/2027, con foco en ordenar prioridades y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno.
Como parte de esa estrategia, Adorni iniciará una serie de reuniones con ministros y equipos técnicos para evaluar la planificación y ejecución de cada cartera. El objetivo es establecer metas concretas y mejorar la eficiencia en la implementación de políticas públicas.
Las primeras reuniones ya tienen fecha: el 6 de abril en el Ministerio de Seguridad, el 7 en Salud y el 8 en Defensa. Estos encuentros buscarán generar un diagnóstico integral del funcionamiento del Gabinete y proyectar los próximos pasos de la gestión.
El avance de esta agenda se produce en un contexto marcado por denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales contra Adorni, lo que elevó la tensión política y derivó en presentaciones judiciales impulsadas por sectores de la oposición.
Desde el oficialismo, sin embargo, minimizaron el impacto de las acusaciones y aseguraron que el jefe de Gabinete cuenta con el respaldo pleno del Presidente. En esa línea, Adorni rechazó las imputaciones y afirmó que no tiene “nada que ocultar”.
El Gobierno Nacional publicó un Boletín Oficial para confirmar un bono y sumas extras para fuerzas de seguridad federales. En el documento remarcó que ambos corresponden a un adicional que se cobrará por única vez y se abonará junto a los salarios correspondientes del mes de abril 2026.
Bono y extras para fuerzas federales: quiénes son los beneficiarios
Mediante la publicación del Decreto 216/2026, el Poder Ejecutivo informó que las fuerzas se recibió un bono general de $40.000 y una suma extra de hasta $300.000.
El carácter del pago de no remunerativo y no bonificable, además de excepcional. Es decir, se paga por única vez y de percepción única por persona. Los mismos se depositarán junto a los haberes del cuarto mes del año.
Nación detalló que la suma adicional (los $300.000) es variable ya que el monto dependerá del grado o jerarquía. Esta medida se detalle en el Anexo I del decreto.
En el argumento de la entrega de estos montos extras, se informa que es para «reconocer la capacidad y dedicación del personal, buscando impactar positivamente en su capacidad adquisitiva».
El documento remarca que el beneficio abarca al personal en actividad (y en algunos casos alumnos) de las siguientes instituciones:
Gendarmería Nacional Argentina.
Prefectura Naval Argentina.
Policía Federal Argentina.
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Servicio Penitenciario Federal.
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (perteneciente al Ministerio de Seguridad).
También se informa que el gasto será cubierto por el presupuesto del Ministerio de Seguridad Nacional (Jurisdicción 41). La medida lleva la firma del Presidente Javier Milei, junto con los ministros Manuel Adorni, Alejandra Susana Monteoliva, Luis Andrés Caputo y Federico Sturzenegger
El próximo miércoles 8 de abril, Adriana Nechevenko deberá asistir a Comodoro Py para declarar por las propiedades que compró Manuel Adorni desde que entró al Estado. La escribana tiene un historial de visitas a Casa Rosada y hasta habia participado en un megajuicio de una banda narco que había contratado sus servicios.
Nechevenko certificó la compra de Adorni de una casa en un country Indio Cua en noviembre de 2024 y un departamento en Caballito en 2025 por US$230.000.
Con respecto al departamento, está ubicada en una zona de alto valor inmobiliario del ejido urbano porteño, y consiste en una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a lo que se suma también la cochera de la planta baja del edificio.
Desde Clarín resaltaron que, a pesar del monto elevado, la transacción tiene un desfasaje con los valores habituales del mercado. El funcionario de Milei pagó casi US$1.155 el metro cuadrado, lo que significa casi la mitad del valor frecuente (US$2.000).
Para la adquisición de la vivienda que el propio jefe de Gabinete reconoció en conferencia como su actual hogar, el funcionario utilizó dos préstamos no bancarios de dos señoras de 64 y 72 años, que le habrían prestado US$100.000 cada una, lo que cubre el 87% del total. Desde La Nación lograron contactarse con una de ellas, quien sostuvo no concer a Manuel Adorni.
Las dos mujeres figuraban como dueñas en partes iguales desde el 30 de abril de 2025. El anterior dueño había sido Hugo Alberto Morales, un exfutbolista que jugó en Huracán y Lanús.
Además, en el historial de la vivienda se detectó una orden de embargo en el año 2011, que fue levantado recién el 5 de febrero de 2026, es decir, con Adorni y Angeletti ya como dueños (aunque, según consta en el registro, ya estaba prescripto).
La escribana que certificó las compras de Adorni visitó 7 veces Casa Rosada
Según informó Letra P, la escribana Nechevenko acudió a Casa Rosada unas siete veces para visitar a Manuel Adorni.
La primera vez que ingresó por la entrada de Balcarce 24 fue el pasado 30 de julio de 2024 para acudir a la oficina de Vocería. El propio Adorni autorizó su ingreso.
Las otras visitas ese mismo año fueron el 19 de agosto, 7 de octubre y 26 de diciembre, cuando la familia Adorni ya había logrado adquirir su casa en un country.
En el 2025, mientras tanto, la escribana fue a Casa Rosada en tres oportunidades: el 27 de mayo, el 14 de julio y el 15 de septiembre. En lo que va de este año, no se reportaron visitas por parte de Nechevenko.
La escribana de Adorni había trabajado para una banda de narcos
Según informó Clarín, hace 12 años Nechevenko tuvo que declarar en un juicio oral para describir sus tareas para una banda que terminó condenada por narcotráfico.
Se trataba de un grupo de hombres vinculados a laboratorios fantasmas que compraban efedrina de la India y que presentaban solicitudes ante la Sedronar para ser autorizados a importar la droga para la industria farmaceútica. En esos expedientes aparece la firma de la escribana Nechevenko.
Los pedidos los hacía Guillermo Manfredi, quien trabajaba en una sociedad con Josué Fuks y Alfredo Abraham a través de la firma Farmacéuticos Argentinos S.A. Entre 2007 y 2008, la empresa importó 9.800 kilos de efedrina en un periodo de 10 meses.
En su declaración judicial, la escribana admitió haber trabajado para Fuks y Abraham durante varios años y se limitó a reconocer que certificaba las firmas de las personas allí imputadas. Además, sostuvo que, a pedido de sus clientes, intervino en la creación de sociedades en menos de 24 horas para tener más vías de importación de efedrina.
Aquellas importaciones excedían al menos seis veces la demanda regular que tenía la industrial local en ese momento: para tener dimensión, con un solo kilo se podrían producir un millón de pastillas antigripales.
El excedente, según dicta la sentencia, se iba hacia el narcotráfico para la elaboración de metanfetaminas. Este negocio operó hasta agosto de 2008, cuando ocurrieron fusilamientos y secuestros por parte de carteles de droga.
Por los crímenes, quedó apuntado como autor intelectual Ibar Pérez Corradi, quien en su teléfono tenía más de mil llamadas telefónicas con Fuks, el hombre para quien trabajaba la escribana de Adorni.
En aquel juicio, Nechevenko evitó identificar a otro involucrado de la banda, quien resultó ser Guillermo Ascona: un vendedor ambulante que pasó de ser remisero a figurar como importador ante la Sedronar de casi 2.000 kilos de efedrina. Ascona era el testaferro del grupo, a quien Nechevenko le certificaba la firma.
La escribana Nechevenko declaró en el juicio como testigo y la mayoría con los que trabajaba terminaron condenados a prisión por narcotráfico por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Néstor Costabel.
El único que no logró ser condenado fue Fuks, figura clave en la estructura en la que trabajaba Nechevenko, quien hasta el día de hoy se encuentra prófugo. Desde Clarín reportaron que la principal hipótesis de la Justicia es que se encuentra en Israel.
El presidente Javier Milei se reúne este miércoles en la Quinta de Olivos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un momento atravesado por cuestionamientos que no dejan de acumularse.
El encuentro fue confirmado como parte de la agenda oficial, pero se produce inmediatamente después de la suspensión de la conferencia de prensa prevista en Casa Rosada, en un contexto donde las explicaciones empiezan a ser reclamadas desde distintos frentes.
Una reunión en medio del ruido
La reunión en Olivos llega cuando el nombre de Adorni aparece en el centro de una serie de cuestionamientos que incluyen su situación patrimonial y viajes al exterior.
En las últimas semanas, se puso bajo la lupa su participación en un viaje a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial y otro a Punta del Este en un avión privado.
A eso se suma una investigación por propiedades que no figurarían en su declaración jurada.
Miles de preguntas que esperan respuesta
El escenario se amplifica en el Congreso. Diputados de la oposición ya enviaron cerca de 5.000 preguntas que el jefe de Gabinete deberá responder antes de presentarse el 29 de abril.
El volumen de consultas no es casual: gran parte apunta directamente a su patrimonio, sus gastos y la evolución de sus bienes.
Entre los pedidos más concretos, la diputada Myriam Bregman solicitó que detalle la cantidad de propiedades a su nombre y al de su esposa, con fechas de adquisición, valores y origen de los fondos.
También pidió precisiones sobre los costos de los viajes oficiales, incluyendo el uso del avión presidencial, hoteles, traslados y gastos de toda la comitiva.
Denuncias y pedidos de investigación
En paralelo, diputados como Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro avanzaron con una ampliación de la denuncia contra Adorni.
El planteo incluye sospechas de enriquecimiento ilícito, posibles inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de gastos, y el financiamiento de viajes al exterior.
En esa presentación también solicitaron medidas de prueba, entre ellas la citación de la escribana que intervino en operaciones inmobiliarias vinculadas al entorno familiar.
El informe que todavía no llegó
El artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe presentarse mensualmente en el Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno.
Sin embargo, Adorni aún no cumplió con esa obligación desde que asumió.
Ahora, su próxima exposición está prevista para el 29 de abril, con un informe que deberá responder no solo sobre la gestión, sino también sobre su situación personal.
Un contexto que se acumula
La reunión con Milei se da en un momento donde los cuestionamientos no aparecen de manera aislada, sino que se superponen: viajes, propiedades, denuncias y miles de preguntas que todavía no tienen respuesta pública.
Mientras tanto, el encuentro en Olivos se realiza sin exposición pública y con una conferencia suspendida que dejó más interrogantes abiertos que certezas.
En un miércoles marcado por el hermetismo, el centro del poder libertario se desplazó de Balcarce 50 a la Quinta de Olivos. Manuel Adorni decidió apagar los micrófonos y suspender su conferencia de prensa en la Casa Rosada para trasladarse a la residencia presidencial.
Según indicaron fuentes oficiales, el exvocero presidencial participará “reuniones de agenda” con el presidenteJavier Milei.
La decisión de suspender su conferencia de prensa fue luego de que diputados nacionales de la oposición ampliaron la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y solicitaron nuevas medidas de prueba vinculadas a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
El refugio de Olivos frente a la ofensiva de la oposición
Mientras el Jefe de Gabinete se resguardaba junto al Presidente, la presión en los tribunales sumó un nuevo capítulo de tensión. Los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron la denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito e incompatibilidades, aportando datos que complican la justificación de sus bienes:
La «brecha» de Caballito: La lupa está puesta en la compra de su departamento por 230.000 dólares. Según la denuncia, el valor de mercado real ascendería a 340.000 dólares, lo que genera una inconsistencia de 110.000 dólares que la Justicia busca desentrañar.
Hipotecas bajo sospecha: La investigación apunta a la «hipoteca privada» de 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas que negaron conocerlo, y a la propiedad en el country Indio Cuá Golf Club a nombre de su esposa.
Una señal de fortaleza en medio del silencio
El traslado a Olivos no es solo un movimiento logístico, sino un mensaje de supervivencia política: Adorni sigue siendo parte del núcleo duro de Milei. El mandatario busca dar una señal de respaldo manteniéndolo cerca de su círculo de confianza en las horas más bajas del funcionario desde que asumió la gestión.
A pesar de que el Jefe de Gabinete no dará la conferencia en Casa Rosada, la cumbre en Olivos sirve de preparación para su reaparición pública este jueves.
Se espera que Adorni acompañe a Javier y Karina Milei en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Retiro. Esa foto será el termómetro definitivo para medir la sostenibilidad del funcionario tras una semana de estricto silencio mediático.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó hoy una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de forma inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión de la Sala III ratifica la vigencia de la norma, que había sido suspendida administrativamente por el Gobierno tras su sanción por insistencia en el Congreso.
Al iniciarse las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo envió un proyecto consensuado con algunos recortes de universidades como vía de escape para eludir la ley sancionada, que finalmente no llegó a ser tratado.
Incluso durante la controvertida conferencia de prensa de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, insistió en que el gobierno avanzará en una nueva ley de financiamiento educativo porque la actual “pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas”.
La ilusión del gobierno es cambiar la ley que se sancionó el año pasado, dada la nueva conformación del Parlamento y los acuerdos tejidos con los gobernadores.
Esta nueva decisión judicial se suma a la cadena de fallos adversos que sumó la reforma laboral, lo cual marca un freno de la justicia a cambios que quiere realizar el gobierno sobre temas estructurales.
Al igual que con la reforma laboral, el gobierno planea apelar ante la misma Cámara, con expectativa menor, y luego ir a la Corte Suprema.
En lo que refiere a la práctica, se cumplirá con la ley en forma mensual, sin una consolidación anual de ese presupuesto, con la expectativa de poder sancionar una nueva ley.
El fallo en contra del Gobierno por el financiamiento universitario
El fallo, firmado este martes por los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, rechaza el recurso de apelación presentado por el Estado Nacional y ordena la actualización urgente de los salarios docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación acumulada.
La disputa judicial se inició luego de que el Congreso aprobara en agosto de 2025 la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
Tras un veto total por parte del Poder Ejecutivo mediante el decreto 647/25, ambas cámaras legislativas ratificaron el proyecto con la mayoría especial de dos tercios de los votos, cumpliendo el mecanismo de insistencia previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
A pesar de este mandato legislativo, el Gobierno emitió el decreto 759/25, en el cual promulgó la ley pero, simultáneamente, suspendió su ejecución.
El argumento oficial se basó en el artículo 5° de la Ley 24.629 de administración financiera, que exige que toda ley con impacto en el gasto público deba especificar de antemano su fuente de financiamiento.
Ante esta parálisis, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades presentaron una acción de amparo colectivo.
El tribunal de alzada analizó si el Ejecutivo podía utilizar una ley anterior de administración financiera para bloquear una ley posterior aprobada por insistencia parlamentaria.
En su resolución, los magistrados aplicaron el principio de que «ley posterior deroga a la anterior».
La Cámara sostuvo que la Ley de Administración Financiera no posee una jerarquía superior al resto de las normas dictadas por el Congreso.
Por lo tanto, el Poder Legislativo no está «vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones» y puede dictar leyes especiales que exceptúen normas generales de gasto.
El fallo subraya que la insistencia de las cámaras legislativas impone al Poder Ejecutivo una «obligación de hacer» que no admite dilaciones administrativas.
El tribunal calificó la postura oficial como una pretensión de suspender la vigencia de una norma de igual jerarquía bajo el «ropaje del principio de juridicidad», lo cual consideró inviable en un sistema republicano.
Uno de los puntos centrales del debate fue la afectación del interés público y el equilibrio fiscal. El Estado Nacional alegó que la medida ponía en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, la Justicia se remitió a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el costo de la ley en un 0,23% del PBI.
Para los jueces, esta cifra representa un «ahorro poco significativo» para el presupuesto nacional en comparación con la afectación de derechos fundamentales.
El fallo destaca que el incumplimiento de la ley lesiona el derecho a enseñar y aprender y advierte sobre la naturaleza alimentaria de los salarios y becas en un contexto de alta inflación.
La resolución de la Cámara obliga a la implementación inmediata de los siguientes artículos de la Ley 27.795:
Actualización Salarial (Art. 5°): Se debe recomponer el salario de docentes y no docentes universitarios considerando el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Esta actualización debe realizarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y debe ser remunerativa y bonificable.
Becas Estudiantiles (Art. 6°): Ordena la recomposición de programas como Progresar y Manuel Belgrano, ajustándolos por la variación acumulada de la inflación desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
El Estado Nacional intentó frenar el avance de la causa recusando a los jueces por su condición de docentes universitarios, argumentando una supuesta falta de imparcialidad.
La Cámara desestimó estos planteos por considerarlos extemporáneos y señaló que el debate sobre la integración del tribunal ya estaba agotado procesalmente.
Los magistrados indicaron que la condición de docente no otorga un beneficio económico personal que justifique las sospechas de parcialidad, sino que el objetivo de la sentencia es garantizar la vigencia de la ley y el funcionamiento del sistema educativo nacional.
Finalmente, el tribunal recordó que las medidas cautelares tienen naturaleza provisional y buscan evitar que la demora del proceso judicial torne ineficaz la sentencia definitiva.
Con esta confirmación, el Poder Ejecutivo queda obligado a reasignar las partidas necesarias para el sistema universitario de manera inmediata.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo este martes un encuentro en Casa Rosada con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en un contexto atravesado por la ampliación de una denuncia judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas irregularidades en el financiamiento de viajes al exterior.
Entre la polémica judicial y la agenda del agro: Manuel Adorni recibió a la Sociedad Rural
La reunión, difundida por la entidad rural y por el propio Gobierno a través de redes sociales, tuvo como eje las crecientes preocupaciones del sector agropecuario frente al aumento de los costos operativos. Durante el encuentro, Pino planteó la necesidad de avanzar con medidas que mejoren la competitividad y aporten previsibilidad a las inversiones.
Según la SRA, se abordaron “las principales preocupaciones de los productores”, en especial el impacto del encarecimiento de insumos clave en un año que calificaron como “desafiante”. En ese sentido, el dirigente rural remarcó la importancia de establecer “reglas claras” para sostener la actividad.
Entre los factores que más inquietan al sector figuran la suba del gasoil y de los fertilizantes, que presionan sobre la rentabilidad y podrían condicionar decisiones productivas de cara a las próximas campañas.
El encuentro se produjo en paralelo a la decisión de los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, del interbloque Unidos, de ampliar la denuncia contra Adorni. Los legisladores sostienen que existen inconsistencias entre el nivel de gastos del funcionario, sus ingresos declarados y su evolución patrimonial, además de posibles incompatibilidades en el ejercicio de su cargo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió la conferencia de prensa luego de que diputados nacionales de la oposición ampliaron la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y solicitaron nuevas medidas de prueba vinculadas a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
La presentación fue realizada por los legisladores Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes pidieron que se cite a declarar a la escribana Adriana Nechevenko. La profesional intervino tanto en la compra del departamento como en la adquisición previa de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.
Según la denuncia, el departamento fue adquirido en noviembre del año pasado, apenas dos semanas después de que Adorni asumiera su cargo, y escriturado por un valor de 230 mil dólares, pese a que su precio original rondaba los 340 mil.
Uno de los puntos que genera sospechas es el financiamiento de la operación: la compra se habría concretado mediante una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares otorgada por las propias vendedoras del inmueble, dos jubiladas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario o haberle prestado dinero.
Para los denunciantes, este mecanismo podría haber sido utilizado para justificar una adquisición que no se condice con los ingresos declarados. “Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, sostuvo Paulón.
El inmueble, ubicado sobre la calle Miró, cuenta con casi 200 metros cuadrados y cochera, en una de las zonas más cotizadas del barrio.
La causa se suma a otras controversias que involucran al jefe de Gabinete, entre ellas viajes al exterior, el uso de vuelos privados y la existencia de una propiedad en un country que no habría sido incluida en su declaración jurada.
Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación para determinar la evolución patrimonial del funcionario y si existieron irregularidades.
Desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y aseguran que no hay inconsistencias. El funcionario sostiene que su patrimonio es producto de más de dos décadas de actividad en el sector privado y que toda la documentación está a disposición de la Justicia.
La denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que diputados nacionales ampliaran la presentación judicial y solicitaran la citación de la escribana que intervino en la compra de su departamento en Caballito. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a la evolución de su patrimonio.
Los legisladores Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro pidieron que declare la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó tanto la adquisición del inmueble como otra operación previa vinculada a la familia del funcionario. Según indicaron, buscan esclarecer posibles inconsistencias en las transacciones.
El foco está puesto en la compra de una propiedad de casi 200 metros cuadrados, escriturada por USD 230.000, un valor significativamente inferior al precio original de publicación. Además, la operación se realizó mediante una hipoteca no bancaria, otorgada por las propias vendedoras, lo que generó sospechas.
Otro de los puntos que genera dudas es que las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca aseguraron no conocer al funcionario. Para los denunciantes, esto podría indicar una maniobra de simulación financiera para justificar la adquisición del inmueble.
La presentación judicial también menciona otros movimientos patrimoniales, como la compra de una propiedad en un country y viajes al exterior, que formarían parte de un esquema bajo análisis. En ese marco, la Justicia busca determinar si existe una incompatibilidad entre ingresos declarados y nivel de gastos.
Desde el entorno de Adorni rechazaron las acusaciones y sostienen que no hay irregularidades. El funcionario afirma que sus bienes provienen de su actividad privada y que toda la documentación está en regla y a disposición de la Justicia.
