Hay escándalos que no matan a un gobierno de un golpe. Lo desangran. El caso Adorni es de ese tipo: cada nueva revelación judicial, cada conferencia de prensa cancelada, cada foto que no convence, suma a un goteo que ya lleva más de un mes y que, según los datos más recientes, empieza a lastimar algo que Javier Milei siempre consideró su tesoro mejor guardado: la percepción ciudadana de que su gobierno es distinto.
La encuesta de Zuban Córdoba y Asociados —1.200 casos, trabajo de campo del 30 de marzo al 1 de abril, margen de error de +/- 3,1%— no deja margen para interpretaciones benévolas. El 66% de los argentinos tiene hoy una imagen negativa de Manuel Adorni. En enero de 2024, ese número era del 50,3%. La caída libre se aceleró en las últimas semanas: en febrero de 2025, la imagen positiva era todavía del 42,7%. Hoy es del 21,5%. En poco más de un año, el otrora vocero presidencial perdió la mitad de su capital de imagen.
Pero los números más reveladores del sondeo no son los de imagen: son los de legitimidad. El 77,9% de los encuestados cree que Adorni, en tanto funcionario público, debe explicar cómo financia sus viajes. Y el 70,4% considera que debería renunciar. Estos no son números de oposición. Son números de una sociedad que internalizó el discurso anticasta y ahora lo aplica con coherencia —y con dureza— al propio gobierno que lo proclamó.
Lo que se investiga y lo que falta explicar
El epicentro del escándalo es un inmueble de casi 200 metros cuadrados en la calle Miró, en el barrio de Caballito, adquirido por 230.000 dólares, de los cuales el 87% fue financiado por dos mujeres particulares, entre ellas una jubilada que declaró a la prensa no conocer al funcionario.
La investigación, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, examina también dos vuelos privados a Punta del Este facturados a nombre del periodista Marcelo Grandio y su empresa, Imhouse. Aunque Adorni aseguró haber pagado su parte del viaje, no existen registros de transferencias bancarias que lo respalden. La situación se complicó con el testimonio de una empleada del broker aeronáutico Jag Aviation, quien denunció hostigamiento para anular facturas y emitir notas de crédito, confirmando que los pagos se realizaron en efectivo.
Además, datos de la Dirección Nacional de Migraciones contradicen las declaraciones públicas del funcionario: mientras sostenía que su única salida recreativa fue a Uruguay, los registros oficiales muestran viajes a Perú y Ecuador, con sospechas de un destino final en la isla de Aruba.
Ante el avance judicial, Adorni contrató al penalista Matías Ledesma para elaborar su estrategia de defensa en las dos causas que tramitan ante el juez federal Ariel Lijo: una por presunto enriquecimiento ilícito y otra por las circunstancias del viaje a Punta del Este. La defensa judicial reemplazó a la defensa pública: las conferencias de prensa se cancelan, el silencio se administra como estrategia.
El gobierno en loop
A un mes del viaje maldito, el gobierno repite el libreto y apuesta a que el paso del tiempo ordene las cosas. Adorni repite a sus allegados que no lo van a quebrar. Milei lo ratificó públicamente en múltiples oportunidades. El problema es que ese libreto ya no convence ni a los propios. Cerca del funcionario reconocen que está mal que viaje en aviones privados, que no se condice con el relato.
La encuesta de Zuban Córdoba captura ese desajuste con precisión clínica. Ante la pregunta de qué hubiera aconsejado a Adorni durante la crisis, la respuesta más elegida —con el 31,6%— fue que mostrara documentos y comprobantes públicamente. El 70,2% cree que la defensa del gobierno fue una estrategia para tapar, distraer y demorar el tema, esperando que la sociedad se olvide. Solo el 15,3% la consideró una respuesta transparente y correcta.
El costo sistémico: cuando el escándalo cambia la percepción de todos
Lo que más preocupa en la Casa Rosada no es Adorni en sí mismo: es el efecto contagio. El analista Eduardo Fidanza, de la consultora Poliarquía, advirtió sobre un cambio de percepción que su firma registra en encuestas: la proporción de ciudadanos que cree que «ninguno» o «pocos» funcionarios del gobierno son corruptos está migrando hacia la categoría «todos son corruptos«. Es el peor de los mundos para un gobierno que construyó su identidad sobre la impugnación moral de la política tradicional.
La consultora CB Consultores detectó una caída de 17 puntos en la aprobación de Adorni entre diciembre y marzo: pasó del 44% al 27%. En la misma medición, la imagen positiva de Milei descendió 4,5 puntos respecto de febrero.
El cuadro que devuelven estas consultoras es claro: el caso Adorni lastima y erosiona el discurso moral del oficialismo, pero lo que está reconfigurando el humor social de fondo es la sensación de que el ajuste ya no se compensa con una expectativa firme de mejora. El escándalo es la chispa; la pólvora es otra.
La trampa del relato
Hay una paradoja que el gobierno de Milei todavía no logró resolver: cuanto más se aferra al relato anticasta para justificar medidas de ajuste que golpean a sectores medios y populares, más cara resulta políticamente cualquier conducta de sus propios funcionarios que contradiga ese relato. Adorni no es solo un jefe de Gabinete con problemas judiciales. Es el ex vocero que durante dos años habló en nombre del gobierno ante la prensa, con el tono de quien representa una ruptura ética con el pasado. Esa exposición acumulada amplifica el daño.
El verdadero problema que enfrenta el oficialismo es que no sabe a quién poner en su lugar en caso de que las causas judiciales sigan escalando y la situación se torne insostenible. Los nombres que circulan —Martín Menem, Diego Santilli, Pilar Ramírez— tienen cada uno sus propias complicaciones políticas internas. La crisis de Adorni reveló también una crisis de banquillo.
Mientras tanto, la encuesta muestra que el 72% de los encuestados escuchó «algo» o «bastante» sobre las denuncias de corrupción. El tema circula, se instala, se sedimenta. Y en año electoral —con Adorni perfilado como candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires—, el tiempo no juega necesariamente a favor del libreto presidencial de esperar y ver.
El espejo que el gobierno le mostró a la sociedad durante dos años tiene hoy una grieta muy visible. Lo que está en juego no es solo el futuro de un funcionario, sino la consistencia de un proyecto político que hizo de la ética pública su principal argumento de legitimidad.
