El diputado provincial Andrés Blanco (PTS – FITU) presentó un proyecto de declaración repudiando el tratamiento anti-democrático del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Convocó a la movilización que se realizará este miércoles desde las 18:30hs en el Monumento a San Martín.
El diputado del PTS, Andrés Blanco, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para repudiar el tratamiento express de la modificación de Ley de Glaciares en el Congreso: “Una ley tan nociva como ésta, pretende ser aprobada de forma completamente antidemocrática. No cumplieron con los requisitos de una verdadera Audiencia Pública, impidiendo la participación de más del 99% de las 105.294 personas inscriptas, incluídas 3149 de la Provincia de Neuquén. Hay senadores denunciados penalmente por responder directamente a las mineras, que no deberían ni haber opinado sobre esta ley”, expresó el diputado.
El proyecto presentado también expresa la necesidad de que se garantice la participación real de la totalidad de las y los inscriptos en la instancia de Audiencia Pública ante la reforma de la Ley de Glaciares, tal como establece la Ley General de Ambiente y el Acuerdo de Escazú, así como los procesos de Consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT y el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
Sobre el contenido de la reforma, Blanco afirmó: “Los glaciares y ambientes periglaciares son reservas de agua estratégicas, de importancia fundamental en todo el país. Hay más de 7 millones de personas que dependen directamente del agua de fusión de los glaciares. Los glaciares ya vienen retrocediendo por efecto del cambio climático. En muchas cuencas hay crisis hídrica. Esta ley es absolutamente criminal, responde a los intereses de un puñado de transnacionales mineras que sólo buscan saquearnos y llevarse los dólares afuera ”.
El diputado manifestó su preocupación y la necesidad de movilizarse en las calles: “Neuquén no está exenta de las consecuencias de esta ley. Las cuencas de los ríos Neuquén y Limay también cuentan con glaciares. Y si bien la megaminería fue resistida de forma ejemplar, como en Loncopué y Las Coloradas, no podemos descartar que en este contexto de profundización del extractivismo, no quieran volver a intentar. Tenemos que ser miles en las calles, en todo el país. Sin agua no hay vida. Hay que parar esta reforma”.
El Gobierno busca aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión que se anticipa extensa y cargada de tensión política. El objetivo del oficialismo es lograr la sanción definitiva de los cambios para eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales.
La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría tras haber sido tratada en un plenario de comisiones donde el oficialismo se impuso con el respaldo de aliados. En contraposición, distintos bloques opositores firmaron dictámenes de rechazo, dejando planteado un escenario de fuerte confrontación en el lugar.
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Debate en Diputados por la Ley de Glaciares
La sesión de este miércoles se perfila como un punto clave para el Gobierno que busca recuperar iniciativa política con la aprobación de una ley considerada estratégica, aunque atravesada por cuestionamientos ambientales y una fuerte disputa en el plano legislativo.
Según estimaciones parlamentarias, el bloque gobernante tendría asegurados los votos necesarios para aprobar la reforma. El respaldo parte de miembros del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales, además de apoyos parciales de sectores opositores.
La modificación a la Ley de Glaciares es apurada por el oficialismo. Foto: NA.
Fuentes dentro de los partidos señalan que el oficialismo podría alcanzar entre 135 y 140 votos afirmativos, lo que le permitiría avanzar sin mayores sobresaltos en la aprobación del proyecto. Esta mayoría se consolidó tras acuerdos con legisladores de provincias vinculadas a la actividad minera.
La reforma propone cambios clave en el alcance de la ley vigente, entre ellos la posibilidad de habilitar actividades mineras en zonas periglaciares bajo determinados criterios. Además, redefine qué áreas deben ser consideradas protegidas y otorga mayor poder de decisión a las provincias.
La postura de la oposición contra Adorni y su causa judicial
El debate previo en comisiones estuvo marcado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Funcionarios nacionales defendieron la iniciativa, mientras que legisladores opositores denunciaron posibles conflictos de intereses y advirtieron sobre las consecuencias ambientales de la reforma.
En paralelo, la oposición planea utilizar la sesión para cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un escándalo patrimonial que impacta en el clima político. Se espera que las críticas se concentren en la primera parte del debate, antes de la votación del proyecto.
Fuera del Congreso, organizaciones ambientalistas y sociales convocaron a movilizaciones en rechazo a la iniciativa, alertando que los cambios podrían reducir la protección de los glaciares y afectar recursos hídricos estratégicos.
A primera hora de la mañana de este miércoles, activistas de Greenpeace realizaron una intervención con carteles en un monumento frente al Congreso de la Nación, en el marco de una posible aprobación de la Ley de Glaciares este miércoles.
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La puesta en escena de la organización ambiental se desarrolló cerca de las 7 de la mañana frente al Monumento a los Dos Congresos y generó un amplio despliegue policial, intervención de bomberos y tensión en pleno centro porteño para sacarlos del lugar.
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Según indicó personal de Policía de la Ciudad, alrededor de nueve activistas ingresaron al área habiendo escalado un cerco con el fin de colocar una bandera que rezaba: «Diputados: no traicionen a los argentinos», mientras que la otra indicaba «La Ley de Glaciares no se toca».
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En la base del monumento, que se encuentra permanentemente cerrado con rejas, otros siete activistas permanecían sentados en el suelo, rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares. Todos los activistas fueron detenidos.
Además de esta intervención, se espera una concentración mayor a partir de las 17 horas en diversos puntos del país. Sectores ambientales y opositores llamaron a una marcha frente al Congreso para expresar el rechazo a la sanción de la ley.
Un mes atrás, miembros de la organización activista lograron ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros.
En aquel momento, varios de ellos se sentaron en los inodoros con una pancarta que decía: «Senadores: no se caguen en el agua. La Ley de Glaciares no se toca».
Sobre la posible aprobación de la Ley de Glaciares
Este miércoles a las 15 horas, el oficialismo lleva a Diputados la modificación de esta ley. Previamente, este martes se llevó a cabo el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, donde se dictaminó el proyecto después de escuchar a funcionarios nacionales, provinciales y a gobernadores integrantes de la Mesa del litio y el cobre, que pidieron la sanción de esta ley.
El dictamen de mayoría reunió 37 firmas con apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. En tanto, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, junto a otras propuestas de rechazo impulsadas por distintos espacios.
Entre las principales críticas, legisladores opositores advirtieron sobre el impacto ambiental de la reforma. Sostienen que podría afectar reservas estratégicas de agua dulce y habilitar actividades extractivas en zonas sensibles.
En contraste, gobernadores de provincias mineras y funcionarios nacionales respaldaron la iniciativa. Argumentan que permitirá impulsar el desarrollo productivo con base en criterios científicos y mayor participación provincial.
La sesión de este miércoles fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni; de la UCR, Pamela Verasay; de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz, José Luis Garrido; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de Innovación Federal, Alberto Arrúa.
El oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación logró este martes firmar dictamen de mayoría para laLey de Glaciaresen el marco del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. La iniciativa se tratará este miércoles desde las 15 en el recinto. El oficialismo contaría con 140 votos para convertirla en ley, mientras que los opositores preparan presentaciones judiciales.
El texto ya tiene sanción del Senado. En el plenario de comisiones de la Cámara Baja contó con 37 firmas de un total de 66. El bloque de Unión por la Patria presentó dictamen de rechazo propio y, pese a que tiene integrantes que forman parte de provincias mineras, podría votar sin fisuras en la sesión. Por su parte, los 4 diputados de Provincias Unidas también firmaron uno propio.
Durante el encuentro la oposición cuestionó -y pidió- que se retire el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero por “incompatibilidad” debido a sus vínculos con empresas mineras. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro solicitó que se excuse de exponer en su rol de funcionario “como lo hizo en el 2025” ya que “fue abogado de más de diez mineras”.
“El señor secretario de Minería no está participando como un mero actor del poder ejecutivo. En el 2025, por haber pertenecido a un estudio de abogados y asesorando a más de una decena de empresas mineras, él le solicitó al propio ministro Caputo excusarse de las decisiones administrativas respecto de proyectos mineros puntuales. Le pedimos que se excuse y no participe de este proceso que ya está bastante viciado por la presión y por el lobby escandaloso”, manifestó el diputado.
En el mismo sentido se expresaron las diputadas de izquierda Romina del Pla y Miriam Bregman, así como también Sabrina Selva de Unión por la Patria.
Del Pla denunció: “Mineras y los funcionarios a sueldo de las mineras son los que han tomado por asalto este plenario de comisiones. Es un plenario de comisiones al servicio de lobby minero y, por lo tanto, en contra de la mayoría de la población de este país. El lobby minero se quiere apropiar de los recursos y bienes comunes, quiere destruir los glaciares y el área periglacial para beneficiar a unos pocos y dejar el pasivo ambiental”.
Por su parte, Selva señaló que “la reforma de la Ley de Glaciares no tuvo el consenso de todas las provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente y casualmente ninguna de las que se opuso fue invitada”. “Tenemos hoy un funcionario del gobierno nacional que se tuvo que abstener de participar de procedimientos en el Poder Ejecutivo y viene a hablar con el resto de los funcionarios, que vienen a hacer lobby minero”, afirmó.
Ferraro criticó que se haya invitado solamente a representantes y gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos actuales o futuros de desarrollo minero. “Como si el dominio originario establecido en el 124 de la Constitución de los recursos naturales solamente fuera el de las provincias cordilleranas”.
Previamente, al inicio del encuentro, gobernadores y funcionarios de provincias mineras defendieron la iniciativa en el marco de un plenario de comisiones de carácter informativo que se realizó durante la tarde.
El descargo de Lucero
Tras las acusaciones, el secretario de Minería, Lucero, respondió: “Estoy muy orgulloso de decir que he trabajado con mineras”. Y explicó que como abogado asesoró a empresas “por más de 30 años” y justificó la elección del gobierno de convocarlo a ocupar su cargo. “Parece razonable buscar a alguien que tiene experiencia en el tema”. Durante su exposición, criticó la utilización de imágenes del Glaciar Perito Moreno al manifestar que “los argentinos se van a quedar sin agua”. “El agua dulce no es un verdadero problema. Tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”, indicó.
Planteó que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”. “¿Cómo se puede decir que vamos a dejar que las provincias manejen su agua?”, se preguntó, y consideró que la oposición buscó “instalar miedo”. Además aclaró que “por diversas razones, la búsqueda de este proyecto cooperativo es el intercambio de información”.
El único gobernador que defendió el proyecto fue el de San Juan, Marcelo Orrego, pese a que estaban invitados todos los integrantes de la mesa del litio y cobre. El resto de los mandatarios provinciales envió a sus funcionarios como el caso de Mendoza y Catamarca. En ese marco, se mostró nuevamente a favor del texto impulsado por el oficialismo, pero además manifestó taxativamente su compromiso con la Ley de Glaciares y con la geoforma del ambiente periglacial. “Lo dice una persona que vive en una provincia con 83% de montañas, imagínense el significado que tiene el agua para nosotros”, agregó.
Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.
Orrego también expresó que “la minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo e indirecto, una cadena de proveedores locales. No sólo se desarrolla en una provincia, sino que se precisa, por ejemplo, la industria metalmecánica en Córdoba o Santa Fe”. Asimismo, señaló: “Esta ley no viene a delegar facultades a las provincias viene a reconocer los verdaderos dueños de los recursos naturales son las provincias.
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, este miércoles. El encuentro forma parte del diálogo que el funcionario retomó con las provincias con el objetivo de sumar apoyo para la ambiciosa agenda parlamentaria que posee el oficialismo.
Se prevé que el jujeño aproveche la oportunidad para hablar de la situación que atraviesa su distrito, necesitado de fondos.
Reunión clave de Santilli con el gobernador de Jujuy
Como ya se mencionó, esta reunión forma parte de una serie de diálogos que está sosteniendo Santilli con los gobernadores. El ministro en cada cita, repasa a necesidad que tiene el Gobierno de contar con la modificación a la Ley de Glaciares que cuenta con media sanción del Senado, la ley que fortalece la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otros proyectos.
Ante los reclamos económicos a los que se enfrentó en cada visita, el ministro ya ofreció fondos extra de coparticipación aunque hay mandatarios que anticipan que no serán suficientes para hacer frente a las obligaciones que tienen.
Por su parte el dirigente de la Unión Cívica Radical emitió un decreto dedicado al ajuste donde señaló: «Dictamos un decreto donde estamos planteando un control de los gastos». Esto lo hizo para referirse a la medida que apunta a ordenar las finanzas y afrontar la caída de recursos.
Sadir explicó que el principal objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos y afirmó: «Hoy lo primero que hay que hacer es eficientizar el gasto, ver de qué manera se pueden optimizar las erogaciones que tiene el Estado». A su vez aclaró que existen áreas donde el ajuste tiene límites.
«Hay gastos que son impostergables, que se tienen que hacer sí o sí, porque tienen que ver con la prestación de servicios esenciales como salud, educación y seguridad», remarcó.
Urgido por ponerle fin a los cuestionamientos sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo buscará anotarse un triunfo parlamentario con la nueva Ley de Glaciares, que habilita la minería en zonas periglaciares actualmente protegidas. La Libertad Avanza tendría asegurados los votos para sancionar este miércoles la reforma, que continuará su recorrido en tribunales.
Los libertarios y aliados del PRO, la UCR y bloques de San Juan, Catamarca y Misiones se alzaron este martes con el dictamen de mayoría en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, con 37 firmas de las 66 que componen el plenario. Presentaron dictámenes de rechazo Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
La modificación central de la ley consiste en darle a las provincias la potestad de definir qué áreas cumplen una función de reserva hídrica estratégica y cuáles no. La oposición advierte que el cambio es regresivo en términos ambientales porque invierte la lógica de los presupuestos mínimos nacionales y permite a un distrito tomar decisiones que pueden perjudicar cuencas enteras.
Con ese argumento, que se suma a la impugnación a las audiencias públicas por impedir la participación oral de más de 100.000 inscriptos en supuesta violación al Acuerdo de Escazú, distintos sectores ya planean ir a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la futura norma.
El plenario donde se firmó dictamen sumó una nueva polémica: los presidentes de las comisiones, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, solo invitaron a exponer a los gobernadores que impulsan la ley (integrantes de la Mesa del Cobre y del Litio) y excluyeron al resto. Sin embargo, de todos los mandatarios citados, solo estuvo uno: el sanjuanino Marcelo Orrego. El resto envió a funcionarios.
Interesado en distintas inversiones mineras, entre las que se destaca el megaproyecto Vicuña, Orrego habló por Zoom y expresó su “compromiso taxativo” con el proyecto de ley. “Lo dice una persona que vive de una provincia donde el 83% son montañas; imagínense el significado que tiene el agua para nosotros”, dijo.
El mandatario sostuvo que “la minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo e indirecto, y en la cadena de proveedores locales”. También destacó que se necesita de la industria que se desarrolla en provincias no mineras, como “la metalmecánica en Córdoba o Santa Fe”.
Conflicto de intereses
La Asociación de Abogados Ambientalistas denunció penalmente al secretario de Minería, Luis Lucero, “por su directa intervención en asuntos que benefician a empresas con las que tuvo vínculos previos”. Advierten que formó parte del estudio Marval O’Farrell Mairal, donde asesoró a empresas mineras del rubro como Xstrata, AngloGold Ashanti y Rio Tinto.
El propio Lucero solicitó en 2025 al Ministerio de Economía excusarse de las decisiones administrativas respecto de proyectos mineros puntuales, reconociendo su rol de asesoramiento legal a empresas. “Me abstuve en expedientes de mis clientes”, admitió al ser acorralado este miércoles por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Pese a esto, Lucero defendió la nueva ley y rechazó las críticas. “Decirnos que por esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua es una mentira. Tratan de generar miedo en la gente que solamente lee un título de un diario o escucha al pasar un comentario periodístico. No es el agua algo que queramos atacar”, retrucó el funcionario.
Además de la denuncia contra Lucero, los abogados ambientalistas ampliaron evidencias en la Justicia por presunto conflicto de intereses de la senadora salteña Flavia Royón, representante del gobernador Gustavo Sáenz y uno de los votos a favor de la ley. También la acusan de trabajar para empresas mineras.
En el mismo sentido, advirtieron por nota a diputados que identificaron más casos de conflicto de intereses. “incluyendo participación en calidad de accionistas o socios, proveedores del sector, tenedores de activos de distinto tipo o familiares de estas personas”. Entre los apuntados figuran Nicolás Massot (Encuentro Federal) y el mendocino Emir Félix (Unión por la Patria).
La postura de los cordobeses
Como adelantó este medio, la mayoría de los cordobeses bajo el ala del gobernador Martín Llaryora votará en contra del proyecto. Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Carolina Basualdo fueron los primeros en adoptar esa posición, tal como hizo en el Senado Alejandra Vigo.
“Queremos inversiones en las provincias para hacer realidad el federalismo productivo. Lo que no queremos es que se convierta en el Caballo de Troya en contra de la fuerte dependencia institucional de estas provincias inducida durante años por el centralismo nacional para asegurar, con rigor técnico, los estudios de impacto ambiental que garanticen la sostenibilidad de los proyectos”, fundamentó Gutiérrez.
Y agregó: “Con el agua no se juega. La Constitución no obliga a elegir entre producir y preservar. Lo que sí exige es la conservación del ambiente para las próximas generaciones. Tratar esto con apuro e inmadurez institucional sólo conducirá a la judicialización de la cuestión”.
Alejandra Torres también objeta el proyecto. Aunque aún no blanqueó su voto en contra, advierte que los proyectos mineros avanzan hoy en día sin la reforma, y que además las decisiones de las provincias necesitan alguna validación científica externa. El cordobés restante, Ignacio García Aresca, no respondió a la consulta de este medio y mantiene la incógnita.
En un plenario atravesado por tensiones políticas, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitieron dictamen favorable al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que será tratado este miércoles en el recinto.
El despacho de mayoría obtuvo 37 firmas, con respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el Pro, sectores de la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y bloques provinciales. Entre los acompañamientos se incluyó también el de la diputada Fernanda Ávila.
En paralelo, la oposición presentó tres dictámenes de rechazo. Uno fue impulsado por Unión por la Patria, otro por el interbloque Provincias Unidas y un tercero por la Coalición Cívica.
El debate en comisión comenzó con cuestionamientos por parte de legisladores opositores, que objetaron la convocatoria de funcionarios y representantes de provincias con actividad minera. El diputado Maximiliano Ferraro señaló que la decisión de invitar a esos actores condicionó el desarrollo del plenario. La postura fue acompañada por otros integrantes de la oposición.
El proyecto será tratado este miércoles desde las 15 en el recinto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertir en ley la reforma. El resultado dependerá del nivel de acompañamiento de los bloques dialoguistas y de la correlación de fuerzas en la votación.
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Este martes el oficialismo intenta avanzar de forma exprés con la reforma de la Ley de Glaciares, ya que busca obtener este martes el dictamen y llevar el proyecto el miércoles a Cámara de Diputados.
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A las 14 horas tendrá lugar el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde se buscará firmar dictamen y dejar la iniciativa lista, ya que se trata del único proyecto de La Libertad Avanza que quedó pendiente de las sesiones extraordinarias.
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La inciativa, que cuenta con media sanción desde febrero, fue sometida a dos audiencias públicas solicitadas por la oposición y se llevaron adelante el 25 y 26 de marzo pasado. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron los métodos de selección de participantes y pidieron la nulidad de las mismas.
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La sesión de este miércoles fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni; de la UCR, Pamela Verasay; de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz, José Luis Garrido; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de Innovación Federal, Alberto Arrúa.
Inversiones mineras para explotar el recurso glaciar
El proyecto busca fomentar inversiones mineras en provincias del norte y de Cuyo, en el marco del régimen de incentivos incluido en la Ley de Bases, a pedido de gobernadores aliados. Entre ellos se destacan Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo.
Con esta ley se busca redefinir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, y otorga mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben ser consideradas dentro de esas categorías en sus territorios.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La ley en sí no presenta mayores inconvenientes, salvo un artículo específico que propone eliminar el financiamiento estatal directo a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, obligándolos a sostenerse con recursos propios.
Poroteo para la votación de la ley
Desde el oficialismo se muestran confiados en alcanzar el quórum de 129 diputados y reunir entre 130 y 134 votos para convertir en ley la reforma. Para eso, cuentan con una base propia cercana a los 94 votos y el respaldo de bloques aliados y provinciales.
Entre estos últimos se destacan espacios vinculados a gobernadores de provincias con actividad minera, como Catamarca y San Juan, que impulsan la reforma como una herramienta para atraer inversiones.
Cuestionamientos a las audicencias públicas por la Ley de Glaciares
El tratamiento del proyecto llega luego de una audiencia pública realizada a fines de marzo, que se extendió durante dos jornadas y tuvo una convocatoria masiva: más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 pudieron exponer de manera presencial o virtual.
Según trascendió, en ese espacio predominaron las posturas en contra de la modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010 para proteger los glaciares y el ambiente periglacial.
Organizaciones ambientales y particulares ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si el proyecto se convierte en ley. Cuestionan, entre otros puntos, la validez de la audiencia pública y sostienen que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente.
El proyecto de ley de Glaciares que busca convertir en ley este miércoles la Cámara de Diputados busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras. La iniciativa no está exenta de controversias.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024. Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.
Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Senado es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
De qué trata la ley
La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.
Qué dicen las voces en contra
Una de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.
Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación.
La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas pidieron una sesión especial para este miércoles a las 15 para debatir el proyecto de reforma de la ley de Glaciares, y así cumplir con el pedido de gobernadores aliados que buscan con esta norma captar nuevas inversiones mineras.
La sesión especial fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, de la UCR, Pamela Verasay, de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz José Luis Garrido, de Producción y Trabajo Nancy Picón Martínez, y de Innovación Federal Alberto Arrúa.
También firman el pedido los libertarios y titulares de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, de Peticiones Poderes y Reglamento, Giselle Castelnuovo, la secretaria parlamentaria de la LLA, Silvana Guidici, y el macrista Javier Sanchez Wrba.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los gobernadores aliados para fomentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.
Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.
Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.
En comisiones
Pero para tratar el proyecto en el recinto de sesiones, el oficialismo y sus aliados deben conseguir un dictamen de mayoría este miércoles en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, que fue citado para las 14.
Para poder tener despacho de comisión, LLA y aliados deberán tener 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, lo cual lo tiene garantizado junto a sus aliados provinciales, de la UCR y el PRO.
En primera instancia habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluirían a gobernadores de provincias, y en segundo término se pasará a la firma de los dictámenes.
La reunión de la comisión se hará luego de haber realizado el 25 y 26 de marzo las Audiencias Públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.
El punteo del oficialismo
La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y al menos entre 130 y 134 votos convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado.
La Libertad Avanza tiene 94 votos —ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar— y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio-que integran la UCR, PRO, Por Santa Cruz.
También acompañarán el proyecto los tres legisladores de Independencia, y por lo menos 2 cordobeses y el bonaerense Nicolas Massot, respaldarán el proyecto del Gobierno.
