Obispsos de la Iglesia Católica en la región patagónica cuestionaron el desarrollo de la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares y denunciaron irregularidades en la participación ciudadana durante el proceso convocado por la Cámara de Diputados de la Nación.
Según señalaron en un documento, el mecanismo que se utilizó para la audiencia pública repitió prácticas que ya habían sido observadas en instancias previas del tratamiento legislativo del proyecto de ley. También indicaron que la instancia de consulta presenta serias limitaciones en el acceso y también en la posibilidad de exposición de distintos sectores de la comunidad.
En ese contexto, los firmantes afirmaron que en el debate sobre los glaciares se aplicaron mecanismos que “cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto donde se desarrolla el debate, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista”, en referencia a lo ocurrido durante la instancia pública.
En el documento se describe también una serie de prácticas que se reiteran en distintas localidades cuando se abordan temas ambientales vinculados a proyectos extractivos, con presiones que incluyen aspectos económicos, laborales y sociales sobre las comunidades.
En relación con la discusión por la Ley de Glaciares, los obispos advirtieron que estas dinámicas afectan la participación democrática y señalaron: “Ya hemos visto la misma metodología desarrollada a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia cuando se trata algún tema ambiental que toca intereses de proyectos mineros”.
Además, en el tramo final del documento expresaron: “Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo” y cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la audiencia. El pronunciamiento fue firmado por autoridades de las diócesis de Bariloche, Neuquén, Viedma, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel y Alto Valle de Río Negro.
El senador nacional Pablo Cervi analizó el escenario político y económico actual, con foco en el impacto del fallo sobre YPF, la agenda legislativa y el desarrollo de Neuquén en el contexto energético global.
Durante una entrevista en el programa Entre líneas por AM Cumbre 1400, el legislador destacó que la decisión judicial vinculada a YPF evitó un impacto negativo tanto para el país como para la provincia.
En diálogo con los periodistas, remarcó que la petrolera tiene un rol central en la economía neuquina y que su situación influye directamente en el desarrollo de Vaca Muerta.
Según indicó, el fallo permitió despejar un escenario de incertidumbre que podía afectar la actividad energética y los ingresos provinciales.
Energía y oportunidad internacional
Cervi señaló que el contexto global abre oportunidades para Argentina como proveedor energético.
En ese marco, consideró que Neuquén tiene un rol estratégico en el abastecimiento de gas y petróleo hacia mercados internacionales.
Debate por los recursos naturales
En relación a la Ley de Glaciares, el senador sostuvo que la discusión debe centrarse en el reconocimiento del dominio de los recursos naturales por parte de las provincias.
Afirmó que la propuesta apunta a fortalecer la participación de las jurisdicciones en la toma de decisiones.
Desarrollo y desafíos
El legislador planteó que el crecimiento de los recursos provinciales representa una oportunidad para continuar fortaleciendo el desarrollo económico.
En ese sentido, remarcó la importancia de que los beneficios de la actividad energética se reflejen en distintas regiones de la provincia.
El desafío de ampliar el impacto
Uno de los ejes planteados fue la necesidad de que Vaca Muerta tenga un alcance más amplio.
Según explicó, esto implica generar condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo de nuevas actividades productivas.
Proyección política
En el plano político, Cervi indicó que se trabaja en la construcción de un espacio que pueda impulsar transformaciones en la provincia.
El objetivo, señaló, es avanzar en iniciativas que acompañen el crecimiento y el desarrollo de Neuquén.
El escenario energético y político ubica a Neuquén en un lugar central, con desafíos vinculados a cómo traducir ese crecimiento en oportunidades para toda la provincia.
La entrevista
Pablo Cervi, senador nacional por Neuquén, habló sobre la agenda legislativa en el Senado, el fallo por YPF, la Ley de Glaciares y el escenario político y económico de la provincia.
—Pregunta: ¿Qué expectativa tenés para este año legislativo? —Respuesta: Arrancamos con un presupuesto equilibrado, algo que no pasaba hace muchos años. También avanzamos en temas como el acuerdo Unión Europea-Mercosur y leyes importantes para generar empleo y dar señales claras hacia el exterior.
—Pregunta: ¿Qué impacto puede tener el contexto internacional en Neuquén? —Respuesta: Es muy importante porque Argentina puede transformarse en un proveedor confiable de energía, sobre todo para Europa. Neuquén tiene un rol clave en eso.
—Pregunta: ¿Qué lectura hacés del fallo sobre YPF? —Respuesta: Es una muy buena noticia. Se evitó un impacto muy fuerte sobre la economía y sobre Neuquén en particular, donde YPF tiene un peso enorme en la actividad.
—Pregunta: ¿Qué opinás de las críticas de sectores políticos a esa decisión? —Respuesta: Creo que deberían llamarse al silencio. Durante años frenaron el desarrollo energético y perjudicaron a la provincia.
—Pregunta: ¿Qué postura tenés sobre la Ley de Glaciares? —Respuesta: La modificación busca reconocer el dominio de los recursos naturales por parte de las provincias. Es una discusión importante y tiene que ver con la autonomía provincial.
—Pregunta: ¿Qué falta para que Vaca Muerta impacte en toda la provincia? —Respuesta: Generar condiciones para la inversión privada, bajar la carga fiscal y promover actividades productivas fuera del eje central.
—Pregunta: ¿Cómo es tu relación con el gobierno provincial? —Respuesta: Estamos abiertos al diálogo y trabajamos en lo que sea beneficioso para Neuquén.
—Pregunta: ¿Qué escenario político se proyecta? —Respuesta: Estamos construyendo un espacio competitivo en la provincia, alineado con las políticas nacionales, y luego se definirán las candidaturas.
Los bienes comunes del Sur se despojan por diseño. Agua, litio, datos y salud obedecen a una misma gramática: identificar lo colectivo, debilitar su protección jurídica y transferir su valor al capital. Argentina se ha convertido en el laboratorio más visible de esa operación.
El debate actual en Argentina sobre laLey de Glaciareses el caso testigo de una dinámica regional. Lo que ocurre hoy en los Andes argentinos —con el intento de desbloquear la frontera minera para favorecer la rentabilidad corporativa— prefigura una reorganización territorial que sacrifica vida por renta. Esta arquitectura de la escasez opera bajo una premisa única: producir carencia en lo público para habilitar la apropiación privada de recursos colectivos.
Mientras en Buenos Aires se denuncia un «ocultismo» en el trámite legislativo para silenciar una movilización ciudadana queya supera los 100.000 inscriptospara las audiencias, el Senado dio media sanción el 27 de febrero a una reforma querestringe la proteccióna las zonas con “función hídrica específica” y amplía el margen de decisión de provincias mineras como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.
El intento de frenar esa participación llegó hasta los tribunales:la Justicia rechazó la medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, al considerar que los inscriptos cuentan con vías alternativas de participación. El proceso continúa su curso.
Pendiente aún en Diputados,la hoja de ruta se terminó de trazar en el piso 15 de la torre delJPMorgan Chaseen Nueva York. Allí, ejecutivos de Rio Tinto, McEwen Mining y First Quantum Minerals plantearon sin rodeos que la protección de áreas periglaciares constituye un obstáculo para sus proyectos.
El panel fue moderado por Daniel González Casartelli, ex CEO deYPFy miembro del directorio deAdecoagro, empresa constituida en Luxemburgo: el mismo funcionario llamado a regular la actividad minera participó así en un foro financiero junto a corporaciones que presionan para flexibilizar la legislación ambiental.
Los glaciares son infraestructura hídrica: regulan cuencas, alimentan ríos y sostienen ecosistemas.Su destrucción no es efecto colateral del progreso sino el resultado directo de un modeloqueantepone la renta corporativa a la vida. Poblaciones indígenas y campesinas de la Puna, la Cordillera y la Patagonia sufren primero la escasez de agua provocada por la minería periglaciar. El cianuro y los químicos de lixiviación dejan impactos irreversibles.Esa es la química del despojo.
Del hielo a los servidores: la soberanía que nadie nombra
Glaciares, litio, datos y salud están unidos por una lógica de despojo que atraviesa recursos, información y cuerpos, y que concentra poder y valor en pocas manos.
El litio, denominado eloro blanco del siglo XXI, concentra esta tensión con especial claridad. En el triángulo que comparten Argentina, Bolivia y Chile se encuentramás del 60% de las reservas mundialesde este mineral, indispensable para la transición energética global. La extracción masiva en salares altiplánicos —ecosistemas frágiles, vinculados a acuíferos profundos— genera una presión hídrica sin precedentes sobre comunidades que ya enfrentan escasez.La transición verde del Norte Global se financiacon la desposesión hídrica y territorial del Sur.
Bolivia nacionalizó el litio vía Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), reorientando renta hacia el Estado e industrialización soberana. Un proyecto que, aunque enfrenta serias dificultades técnicas y financieras, interpela a la región:¿se puede recuperar la renta de bienes comunes sin reproducir la lógica extractiva que los destruye?
Audiencia pública ley de glaciares.
Foto: Prensa Diputados
Existe unadimensión del despojoque suele ser invisible: el control de las infraestructuras digitales. Los datos ambientales que monitorean el retroceso de un glaciar, los mapas de reservas de litio o las historias clínicas de millones de personas no viajan por un éter neutral. Se almacenan y procesan en servidores de Amazon, Google o Microsoft, fuera del alcance regulatorio de cualquier Estado latinoamericano. Es la nueva frontera extractiva:así como se extrae litio sin dejar el agua, se extraen datos estratégicos sin moverlos del territorio,pero su gobernanza y su valor quedan en manos extranjeras.Quien controla esa información decide, en última instancia,qué se sabe, qué se explota y qué cuerpos se atienden.
La intemperie sanitaria: donde el despojo llega al cuerpo
La misma lógica que avanza sobre los glaciares y los datos opera sobre los sistemas de salud.La crisis sanitaria en América Latinaes la expresión de una transformación estructural que convierte derechos sociales en mercancías. Una racionalidad neoliberal reorganiza el campo sanitario bajo criterios de rentabilidad y traslada progresivamente el costo de la atención hacia la población. Lo que emerge es una formasistemática de desposesión: la extracción de valor social desde los sistemas de cuidado hacia circuitos privados de acumulación. Esta dinámica opera mediante unaplusvalía sanitaria: El valor social que produce el sistema público de salud no retorna a él: se transfiere hacia circuitos privados de acumulación. Lo hacen los laboratorios con patentes que sostienen precios inaccesibles, las aseguradoras que lucran con la intermediación, y las empresas que tercerizan servicios esenciales pagando menos y cobrando más al Estado.
El Senado ya aprobó la modificación de la Ley.
Foto: Comunicación Senado
El caso argentino es el más nítido de la región. Con elDNU 70/23, lo que en otros países tomó años se comprimió en un solo instrumento legal: programas desfinanciados, medicamentos esenciales que dejaron de llegar y un sistema reconfigurado para favorecer a los operadores privados. No fue una respuesta de emergencia: fue una transferencia planificada de valor público al sector privado.
El resultado es unapedagogía del desgasteque naturaliza la escasez. La degradación instala en la vida cotidiana una narrativa conocida: no hay turnos, no hay insumos, no hay presupuesto. Bajo ese discurso se construye la idea de que el Estado es incapaz de sostener el derecho a la salud. Esta narrativa empuja a sectores de la población hacia soluciones privadas que, en la práctica, resultan inaccesibles para las mayorías. La expulsión del sistema público no integra a esos sectores al mercado: los deja expuestos a una verdaderaintemperie sanitaria.
La disputa es una sola
El desafío es revertir lo que el neoliberalismo fragmentó: restituir la salud como bien público, los glaciares como reservas estratégicas de la humanidad, el agua como derecho inalienable y el territorio como espacio de vida.La disputa es una solaporque el despojo es uno solo: opera en los cuerpos sin medicamentos, en los ríos que pierden caudal, en los suelos contaminados y en los datos estratégicos que se procesan fuera de toda soberanía. Recuperar esa plusvalía —sanitaria, hídrica, territorial, tecnológica— y ponerla al servicio de un proyecto colectivo de vida es la tarea política central de nuestra época. No hay transición posible sin justicia. El tiempo presente exige voluntad política capaz de redistribuir poder, recursos y condiciones dignas de existencia.
La Ley de Glaciares no avanza con la velocidad pretendida por el Gobierno, algunos gobernadores y las empresas mineras. Una vez finalizadas las audiencias públicas, el esquema que maneja el oficialismo es convocar a un nuevo plenario informativo con gobernadores el 1 o el 8 de abril antes de dictaminar. Con esos tiempos, el tratamiento en el recinto llegaría, en el mejor de los casos, recién a mediados de abril.
Así lo confió a este medio una fuente de La Libertad Avanza involucrada en el tema mientras avanzaba la segunda y última audiencia pública, con una presencia realmente escasa de diputados en la sala de reuniones. A diferencia de la primera jornada, que fue presencial y estuvo cargada de tensión, los expositores hablaron esta vez de manera virtual, por lo que bajó el nivel de expectativa.
Ante los insistentes cuestionamientos por las restricciones a la participación ciudadana, los libertarios aprovecharon para hacer una picardía: llegaron unos minutos antes a la sala de reuniones del Anexo C y se fotografiaron todos sentados, mientras del otro lado las sillas de la oposición lucían, en ese momento, prácticamente vacías. Luego, a lo largo de la jornada, las presencias fueron variando de uno y otro lado.
Ahora, el oficialismo trabaja para concretar un plenario de comisiones más antes de dictaminar, con la complicación logística que implican los próximos feriados de Semana Santa. Convocarán para el 1 o el 8 de abril y citarán a gobernadores: los interesados en la ley son los que integran la Mesa del Cobre (Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza) y la del Litio (las tres primeras provincias).
El más expectante es el sanjuanino Marcelo Orrego, quien envió a sus funcionarios a disertar a favor en las audiencias. La expectativa está puesta en el megaproyecto Vicuña, que prevé invertir US$ 7.100 millones en tres años para extraer cobre. Según denunció un abogado ambientalista, para cumplir con el objetivo utilizarán “2.000 litros de agua por segundo”.
En el caso de Catamarca, participantes de la audiencia denunciaron que 30 años de explotación de litio dejaron totalmente seco el Río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Desde Jujuy también se habló de más de 1.700 proyectos mineros con diferentes grados de avance en la región de la puna que utilizan miles de litros de agua por segundo.
“Otro que debe dar explicaciones es el gobernador (Alfredo) Cornejo. En Mendoza impulsa el proyecto megaminero San Jorge, en la cordillera, que enfrenta un fuerte rechazo social y masivas movilizaciones. En el último año, 32 ambientalistas fueron detenidos por su gobierno”, denunció la diputada de izquierda Myriam Bregman. Una de las detenidas, Valentina Spalenza, habló en las audiencias.
Judicialización asegurada
La Libertad Avanza confía en tener los votos para sancionar la ley a mediados del mes próximo, con ayuda de aliados del interbloque PRO-UCR-MID, bloques provinciales de Catamarca y San Juan y, probablemente, un puñado de peronistas de provincias mineras. Sin embargo, en el oficialismo saben que lloverán recursos en la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la futura ley.
Además de su contenido (según advierten la oposición y ambientalistas, viola el artículo 41 de la Constitución) van contra el formato de las audiencias públicas por impedir la participación oral de los más de 100.000 inscriptos. En ese punto reparó una de las expositoras de este jueves, la exdiputada justicialista Graciela Camaño.
Otra de las ponencias sobresalientes fue la de Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que tiene a su cargo la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares.
Para el funcionario, el proyecto “no representa una mejora respecto de la ley vigente porque deja áreas con hielo sin proteger; no elimina las ambigüedades planteadas sino que, por el contrario, genera nuevas ambigüedades; y desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades de cada provincia”.
“Desde el punto de vista glaciológico, todos los cuerpos de hielo cumplen con el rol tanto de reserva hídrica cuando el agua está congelada; de aporte cuando está derritiéndose; y de regulación hídrica en los procesos de congelamiento y descongelamiento”, especificó. En ese sentido, advirtió que habrá “subjetividad” a la hora de definir la “importancia hídrica” de una zona y la “afectación relevante” de los cuerpos de hielo.
En la vereda opuesta, Néstor Rigamonti, presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, dijo estar ante “una oportunidad única para mejorar la eficacia del régimen vigente”, ya que “la ambigüedad de conceptos normativos ha generado interpretaciones dispares, conflictos de competencia entre jurisdicciones e inseguridad jurídica”.
También dijo que la nueva ley “no implica una regresión ambiental” porque, a su criterio, “el núcleo de protección de mantiene intacto” y “se propone clarificar su alcance, no reducirlo”. Además, consideró que “las provincias, por su cercanía territorial y conocimiento específico, están en mejores condiciones de aportar información relevante para sus recursos” en lugar de la Nación.
La discusión por la posible modificación de la Ley de Glaciares volvió a instalar el debate sobre la protección del agua en Argentina, en medio de una audiencia pública que generó fuerte participación y cuestionamientos.
Durante una entrevista en el programa Nada sucede dos veces por AM Cumbre 1400, el director de programas de Greenpeace para Argentina, Chile y Colombia, Diego Salas, aseguró que el proceso no cumplió con las expectativas de participación ciudadana.
En diálogo con los periodistas, señaló que más de 100.000 personas se inscribieron para expresarse, pero solo una minoría pudo hacerlo, lo que calificó como un hecho histórico pero también preocupante.
Según indicó, la discusión de fondo no es solo legal, sino sobre el futuro del agua en el país.
Qué cambia en la ley
El eje del debate está en la modificación del criterio de protección.
Actualmente, la ley establece que los glaciares y ambientes periglaciares son reservas estratégicas de agua en base a criterios científicos.
La reforma propone que esa definición quede sujeta a decisiones políticas.
El rol del agua
Desde el sector ambiental advierten que estos ecosistemas son fundamentales para el abastecimiento hídrico.
Los glaciares y el ambiente periglacial garantizan el caudal de una parte importante de las cuencas del país.
Debate por el desarrollo
Uno de los puntos de conflicto es la relación entre la ley y las actividades productivas.
Desde Greenpeace sostienen que la norma no limita el desarrollo, ya que protege una porción mínima del territorio cordillerano.
Intereses y proyectos en espera
Según el análisis, existen proyectos mineros que podrían avanzar si se modifica la legislación.
Esto genera preocupación en organizaciones ambientales, que advierten sobre el impacto irreversible de intervenir estas zonas.
Un debate abierto
La discusión continúa en el Congreso, donde deberá definirse el futuro de la ley.
En paralelo, organizaciones y ciudadanos mantienen la presión para frenar cualquier cambio que reduzca la protección de los glaciares.
El debate por la Ley de Glaciares vuelve así al centro de la agenda, con el foco puesto en el equilibrio entre desarrollo y la preservación de un recurso clave como el agua.
La entrevista
Diego Salas, director de programas de Greenpeace para Argentina, Chile y Colombia, habló sobre la audiencia pública por la Ley de Glaciares, el intento de modificación y los riesgos para el agua en el país.
—Pregunta: ¿Qué evaluación hacen de la audiencia pública? —Respuesta: Para nosotros lamentablemente no tuvo nada de audiencia pública real. Fue más una formalidad. Se anotaron más de 100.000 personas con la expectativa de ser escuchadas, algo histórico, pero solo pudieron hablar unas pocas.
—Pregunta: ¿Qué fue lo más preocupante? —Respuesta: Que no se escuchó realmente a la ciudadanía. Fue un proceso muy limitado, con interrupciones y sin respeto en muchos casos. Eso deja una sensación negativa.
—Pregunta: ¿Qué está en juego con esta ley? —Respuesta: Lo que está en juego es el agua de Argentina. Los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce que alimentan un tercio de las cuencas del país.
—Pregunta: ¿Qué cambia con la modificación? —Respuesta: Hoy la ley protege esos ambientes en base a criterios científicos. La modificación busca que esa decisión pase a la política, lo que baja el nivel de protección.
—Pregunta: ¿Cuál es el argumento para modificarla? —Respuesta: Que no todos los ambientes periglaciares son importantes, pero eso es incorrecto. Si son periglaciares, tienen relevancia hídrica.
—Pregunta: ¿Es una ley antidesarrollo? —Respuesta: No. Protege solo el 1% de la cordillera. El 99% restante está disponible para actividades productivas.
—Pregunta: ¿Hay intereses detrás? —Respuesta: Sí, hay proyectos mineros esperando esta modificación para avanzar sobre esas zonas.
—Pregunta: ¿Cuál es el límite para ustedes? —Respuesta: El agua. No hay desarrollo posible si se pone en riesgo el agua. Es el recurso más importante.
—Pregunta: ¿Cómo sigue esto? —Respuesta: Vamos a seguir trabajando y acompañando a la ciudadanía. Creemos que la presión social puede frenar esta modificación.
La Cámara de Diputados de la Nación inició esta semana las audiencias públicas para discutir la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Este proyecto, que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, genera un clima de extrema tensión política y social.
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La magnitud del interés general demostrada con la inscripción de más de 102.000 personas interesadas en exponer, aunque se limitaron las intervenciones presenciales y virtuales a 200 oradores por jornada.
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Roberto Cacciola (CAEM) plantea que la minería del cobre requiere un nuevo marco normativo para atraer inversiones.
Voces en conflicto
Desde el sector productivo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) defiende la reforma como una pieza central para la previsibilidad económica. Roberto Cacciola, presidente de CAEM, sostuvo que la normativa actual posee «marcos rígidos» que impiden soluciones eficientes.
La industria minera proyecta que, de aprobarse la reforma, el sector podría traccionar inversiones superiores a los USD 33.000 millones. Además, estiman la creación de entre 180.000 y 200.000 empleos directos e indirectos hacia el año 2032. Cacciola enfatizó que «el 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva» para ser viables bajo estándares modernos.
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Las asambleas ciudadanas mantienen la guardia alta.
La resistencia al proyecto suma voces de peso internacional y local. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, denunció que «el agua no es una mercancía, es un derecho» y alertó sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas.
Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calificó la reforma como «inconstitucional y regresiva», señalando que otorga a las provincias la potestad política de decidir sobre un criterio que debe ser estrictamente científico.
La ciencia contra la «función hídrica efectiva»
El núcleo de la controversia radica en el cambio de criterio para la protección. El proyecto busca limitar el amparo legal únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una «función hídrica efectiva» para la recarga de cuencas. Actualmente, la ley protege de manera integral todos los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
Expertos y organismos técnicos aportan cifras preocupantes. El IANIGLA reportó en su última actualización de los Andes Desérticos una reducción del 17% en la superficie de glaciares y un 23% en los manchones de nieve perennes en solo una década.
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Protestas frente al Congreso durante la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares el 25 de marzo de 2026.
Asimismo, el instituto destaca que los glaciares de escombros, característicos del ambiente periglacial, contienen entre un 35% y un 70% de hielo en su interior, aportando entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en zonas áridas durante años de sequía.
Mientras el oficialismo de La Libertad Avanza busca acelerar el tratamiento para votar en el recinto el próximo 8 de abril, las asambleas ciudadanas mantienen la guardia alta.
El bloque legislativo Vamos con Todos intervino en la audiencia pública que se desarrolló en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analiza una posible reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional. La representación estuvo encabezada por la legisladora Magdalena Odarda de manera presencial.
Desde la bancada manifestaron una firme preocupación ante la posibilidad de modificar una norma considerada clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país, en un contexto de crisis climática y emergencia hídrica que afecta especialmente a la Patagonia.
Odarda llevó la posición mayoritaria de la Legislatura de Río Negro en defensa de la ley vigente y rechazó cualquier intento de modificación que altere su espíritu. Señaló que el proceso vulnera normas como el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT, al no garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.
La legisladora advirtió que la eventual reforma implicaría un fuerte retroceso ambiental y denunció que la discusión se da en el contexto de negociaciones que ponen en riesgo bienes naturales y el sistema federal. “Estamos hablando de recursos esenciales para las próximas generaciones. Si el agua queda en manos de intereses extractivos, lo que está en juego es la soberanía nacional”, afirmó.
Magdalena Odarda expuso en Diputados la defensa de la Ley de Glaciares y rechazó su reforma
Asimismo, señaló que “no estamos discutiendo solo una ley, estamos defendiendo una frontera ética frente a un modelo que pone el lucro por encima de la vida”. Además, rechazó la posibilidad de flexibilizar los presupuestos mínimos ambientales: “No hay federalismo si se rompe el piso común de derechos, ni hay futuro si se entrega el agua”.
“La protección de glaciares no es solo una política ambiental, sino una decisión basada en evidencia hidrológica, climática y económica. Su deterioro compromete la seguridad hídrica y genera costos irreversibles para el desarrollo regional. Defender los glaciares es defender el agua y el futuro. No vamos a permitir que se avance sobre uno de los principales bienes comunes de la Argentina”, concluyó.
En medio de denuncias de lobby, restricciones a los oradores y un fuerte operativo de seguridad, se realiza en la Cámara de Diputados la primera de las dos audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares que impulsan gobernadores cordilleranos para facilitar la explotación minera en la zona periglaciar. Las voces en contra dominan la jornada y los pocos apoyos provinieron de funcionarios de la provincia de San Juan.
Para hablar se anotaron alrededor de 105.000 personas, pero solo unas 360 fueron habilitadas para exponer oralmente (este miércoles de manera presencial, y el jueves, de forma virtual). El resto solo podrá publicar videos o enviar escritos. Diputados de la oposición impugnaron ante la Cámara baja este formato, definido por La Libertad Avanza, por “no cumplir requisitos básicos de participación ciudadana”.
Ante el aluvión de interesados y una manifestación frente al Congreso, en la zona se montó un estricto dispositivo de seguridad: a la habitual presencia de Gendarmería de cada miércoles por la protesta de jubilados se sumó un vallado en el perímetro del edificio. Además, se reforzaron los controles de ingreso a la sala de reuniones del Anexo C.
Puertas adentro, se sucedieron durante horas numerosos discursos en contra de la ley y hasta hubo una denuncia de lobby con nombres propios: el abogado ambientalista Enrique Viale reveló que detrás del negocio minero están las multinacionales Vicuña, Barrick Gold y Glencore. El proyecto Vicuña, en San Juan, es una megainversión que, según Viale, consumirá 174 millones de litro de agua por día.
Viale también anunció que denunciarán a la senadora Flavia Royón, representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz y uno de los votos a favor de la ley, por “incompatibilidad con la función pública y cohecho”. La acusó de trabajar para el gigante Río Tinto a través de una consultora. “No representa a Salta, representa a las mineras”, sentenció. Royón lo niega.
Otra de las exposiciones más contundentes fue la de Marta Maffei, exdiputada autora de la Ley de Glaciares vigente: dijo que es un proyecto “regresivo en los términos de las leyes y tratados vigentes” y puntualizó que, según un relevamiento de la Universidad de Zúrich, Argentina tiene “53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares”.
Maffei explicó que el proyecto viola entre otras cosas el artículo 41 de la Constitución, que faculta a la Nación a fijar presupuestos mínimos ambientales. Con la modificación, serán las provincias las que determinarán que zonas tienen relevancia hídrica y cuáles no: el temor es que la decisión que tome un distrito perjudique a otros con los que comparten cursos de agua.
“Este proyecto tiene una fachada de federalismo, pero hace que cada provincia haga lo que quiera con nuestros glaciares. Su pretexto del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) se decide que nuestra agua la utilizan como se les da la gana. No hay federalismo si el agua, que es interjurisdiccional, la administra la provincia que está cerca del glaciar y deja a todo el mundo río abajo en la seca”, lamentó Maffei.
Una vez terminadas las audiencias, el oficialismo convocará a un plenario informativo con representantes del Poder Ejecutivo. De esa manera buscarán equilibrar la balanza, ya que las únicas intervenciones a favor este miércoles fueron de funcionarios del gobierno de San Juan: el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno.
“San Juan es una provincia montañosa y desértica. Solo el 3% de su territorio pertenece a un oasis donde vive la población y la agricultura. Nadie mejor que nosotros está comprometido con la defensa del agua y de los glaciares. Pero la geografía nos define y la minería resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades”, argumentó el ministro Fernández.
La alerta por el agua
“Córdoba no tiene glaciares pero sabe lo que es quedarse sin agua”, alertó el activista ambiental Emiliano Depetris, un joven de 26 años que preside Acción Ambiental de Córdoba, una asociación civil que articula con otras cuatro de la provincia (Jóvenes por el Clima, Futuro Córdoba, Río Sustentable y Hablemos de Ciencia) para incidir en el rechazo a la reforma.
El colectivo de organizaciones ya mantuvo reuniones con las diputadas cordobesas Carolina Basualdo y Alejandra Torres, de Provincias Unidas, y Gabriela Estévez de Unión por la Patria, y busca acercarse a todos los diputados de la provincia (incluso los de La Libertad Avanza) para llevarles argumentos en contra del proyecto.
“Algunos pueden preguntarse qué tiene que ver Córdoba con los glaciares, y la respuesta es: todo. Córdoba no tiene glaciares pero sabe lo que es quedarse sin agua. Dependemos de nuestras cuencas, de nuestros ríos, de nuestros ciclos naturales. Sabemos lo que es atravesar sequías, ver nuestros ríos bajar, ver nuestros ecosistemas cada vez frágiles, el turismo que merma y la producción que decae”, describió Depetris.
En Córdoba crece el nivel de involucramiento con el tema. Las diputadas Basualdo y Estévez, junto con Juan Brügge, fueron los tres representantes de la provincia que firmaron la impugnación contra el formato restrictivo de las audiencias, junto con Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la massista Sabrina Selva y la jujeña de Provincias Unidas María Inés Zigarán, entre otros.
No obstante, la Justicia viene ya volteando distintos recursos de amparo en el mismo sentido. De hecho, poco antes de la audiencia se conoció que el juez Enrique Lavié Pico, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 7, rechazó una solicitud de Greenpeace y otras asociaciones civiles para ampliar la participación oral.
La Cámara de Diputados vivió una jornada cargada de tensión, gritos y cruces políticos durante la primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, donde predominaron las posturas en contra del proyecto, aunque también hubo férreas defensas de la actividad minera.
El debate, que comenzó a las 10 bajo la coordinación de José Peluc y Nicolás Mayoraz, reunió a 196 oradores en una jornada marcada por interrupciones y fuertes manifestaciones dentro de la sala del Anexo C. En varios momentos, el clima se volvió áspero. Expositores a favor de la minería fueron abucheados e interrumpidos, mientras que desde el público se escucharon consignas como “fuera la minería”, reflejando el rechazo de sectores ambientalistas.
El proyecto en discusión, ya aprobado por el Senado, propone modificar los límites de las zonas protegidas para permitir actividades de exploración y explotación en áreas periglaciares, lo que encendió el conflicto entre desarrollo económico y preservación ambiental. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Marcelo Arteaga, de Chubut, quien brindó un duro testimonio sobre el impacto ambiental en su región. “Los únicos arroyos que quedan están contaminados”, advirtió, y cuestionó la falta de beneficios locales de la actividad extractiva.
En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, defendió la minería como motor económico clave. “Es indispensable para nuestra provincia”, sostuvo, y aseguró que el consumo de agua del sector es mínimo en comparación con otros usos. También hubo voces en contra desde el ámbito institucional. La secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, rechazó la reforma y alertó sobre sus consecuencias: “El agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia”, afirmó, poniendo el foco en el impacto sobre provincias aguas abajo.
En paralelo, la sesión también registró cruces entre legisladores, como el enfrentamiento entre Sebastián Pareja y Mario “Paco” Manrique, en medio de cuestionamientos opositores por la limitación en la cantidad de oradores. Así, el Congreso avanza en un debate clave que expone una profunda grieta entre el desarrollo productivo y la protección ambiental, con una discusión que promete seguir escalando en los próximos días.
La Cámara de Diputados abre el debate público por la reforma de la ley de Glaciares, el proyecto que ya cuenta con la media sanción del Senado. La primera jornada de las audiencias públicas se desarrollará este miércoles e iniciará a las 10 con la presencia de 200 oradores, el jueves 25 se concretará la segunda jornada y será de manera virtual, también con 200 oradores.
Se abre el debate por la reforma de la ley de Glaciares
Las audiencias públicas tuvieron gran convocatoria: hubo más de 100 mil inscriptos, pero La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación y redujo el número de oradores a 400. El resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
La oposición presentó cautelares para suspender las reuniones públicas, pero la Justicia las rechazó. De igual manera quedó otra en suspenso que fue presentada por organizaciones ambientalistas, hasta este miércoles la cautelar no tenía resolución.
La limitación de los oradores y la cantidad de asesores por bloque, es un tema de polémica debido a que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda expresaron su intención de reclamar la extensión de las audiencias.
Sobre las audiencias, se informó que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico. Los oradores no podrán extenderse más de cinco minutos. La actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara de Diputados.
Ley de Glaciares: cuáles son los cambios que se debaten
La iniciativa busca redefinir los límites de protección ambiental mediante una transferencia de facultades hacia las provincias, permitiéndoles identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.
El eje del debate se centra en la modificación del criterio de protección para el ambiente periglacial, el cual pasará de una redacción considerada «laxa» a una que exige demostrar un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.
La propuesta radica en que las jurisdicciones provinciales sean las encargadas de identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo. Este cambio se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reafirmando que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias.
Aunque el Inventario Nacional (ING) seguirá bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre el impacto ambiental y la gestión quedará en manos de los estados provinciales.
A su vez la reforma busca corregir lo que los impulsores consideran una redacción «laxa» del ambiente periglacial que genera parálisis preventiva. El nuevo texto introduce un requisito técnico específico: para que un área sea protegida, deberá demostrarse un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.
Esto permitiría obtener factibilidad ambiental en zonas donde se certifique que la actividad no compromete significativamente la reserva de agua dulce.
El Gobierno sostiene que esta adecuación es la llave para destrabar proyectos de escala global, principalmente de cobre.
La urgencia responde a la necesidad de atraer divisas y generar empleo en las provincias cordilleranas, evitando que la ley funcione como una barrera burocrática en formaciones geológicas que no poseen un valor hidrológico real.
