El intendente de Rawson, Damián Biss, dinamitó este lunes la alianza con el gobierno provincial tras lanzar duras críticas contra el gobierno que encabeza Ignacio Torres al que denunció de “asfixiarlo financieramente” y de “entorpecer su gestión con fines políticos”.
Este martes, consultado al respecto por diario RÍO NEGRO durante el acto por los 50 años del golpe de Estado de 1976, el jefe comunal de la capital de la provincia no quiso profundizar sobre sus declaraciones: “Ya dije todo lo que tenía que decir”, expresó.
La ruptura de la alianza entre Torres y Biss
El divorcio entre dos de los principales actores de la alianza que llevó a Torres a la gobernación en 2023 y terminó con 20 años de peronismo en Chubut fue anticipada por este medio cuando reprodujo las palabras de Biss al finalizar un encuentro de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Trelew. A propósito de la estampida del bloque oficialista de la Legislatura en la que se encuentra la exfuncionaria del municipio, la actual diputada Mariela Tamame, Biss había dicho: “El problema de la fractura del bloque no es un problema interno partidario sino un problema con el gobierno”.
Torres contestó rápidamente a las acusaciones. Dijo que “yo no tengo tiempo ni ganas de estar en dimes y diretes y en Rawson hay últimamente mucho de eso y yo me tengo que concentrar en la gestión; estoy para hablar de gestión y no de rosca” y agregó que “Rawson es de las ciudades que más inversión per cápita se está haciendo desde la Provincia y Biss puede venir a verme a la casa de gobierno cuando quiera. Está a una cuadra”.
Ambos dirigentes fueron clave en la conformación de la entonces alianza Juntos por el Cambio que reunió a dirigentes del PRO, al que pertenece Torres y de la UCR que tuvo a Biss como presidente. Fue en 2023 en las elecciones generales cuando Torres le arrebató, integrando la fórmula con el radical Gustavo Menna, el poder provincial al peronismo después de dos décadas.
Este lunes, Biss se despachó con todo lo que tenía guardado durante todo este tiempo en que su relación con Torres se fue esmerilando. “Quieren entorpecer mi gestión con fines políticos”, aseguró y dijo que “hay operaciones que llegan desde el gobierno provincial para entorpecer la gestión”. En este aspecto en las últimas horas, anunció que la Municipalidad de Rawson dejará de operar con el Banco del Chubut (manejado por el gobierno provincial) y lo hará con un banco privado. “Tenemos restricciones para acceder a herramientas del Banco del Chubut, lo que impacta directamente en el funcionamiento municipal”, denunció el jefe comunal.
De esta manera y con la interna desatada entre el gobernador de la provincia y el intendente de la capital chubutense, el futuro de la alianza con vistas a las elecciones generales de 2027 aparece como poco probable. La Unión Cívica Radical irá a elecciones internas para la nueva conducción el próximo 10 de mayo. Torres apoya a su delfín, el intendente de Trelew Gerardo Merino. Todavía no se sabe qué hará Biss, aunque sus relaciones extrapartidarias de los últimos tiempos hacen pensar que tomará otros rumbos.
Finalmente, y de manera inmediata, las declaraciones de Biss recibieron el apoyo del actual diputado nacional kirchnerista y rival de Torres en 2023 Juan Pablo Luque. Y también del exministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, un número puesto para ser candidato a intendente de Trelew en 2027 casi con seguridad por La Libertad Avanza.
En la tarde de este miércoles, la Cámara de Senadores realizó su primera sesión ordinaria del año con un acotado temario, pero con uno de ellos que resultaba interesante para Neuquén, la posible designación de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá.
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El expediente señala que «solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario a Carmen Lucila Crexell». Luego de la lectura del mismo, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel indicó que el pliego pasa a Comisión de Acuerdo para su tratamiento y que luego será votado de manera individual una vez que llegue al recinto, en una sesión que comenzó pasadas las 14 y finalizó a las 19.
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De esta manera, la posible designación de la exlegisladora fue ingresado formalmente para su tratamiento, en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición.
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Crexell había asumido su banca en el Senado en diciembre de 2019 tras haber sido elegida por la lista de Juntos por el Cambio en Neuquén. Durante su paso por la Cámara alta mantuvo posiciones diversas frente a distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo nacional.
Entre los documentos que se incorporaron al trámite parlamentario figura el pliego de Crexell, quien fue senadora por Neuquén y cuyo nombre fue propuesto por la Cancillería para ocupar la embajada argentina en la ciudad de Ottawa, en Canadá. La propuesta fue enviada formalmente el viernes pasado.
Los legisladores abordaron distintos temas administrativos y legislativos, entre ellos el ingreso de pliegos de ascensos militares y de representantes diplomáticos. Estos expedientes deberán ser analizados posteriormente en la Comisión de Acuerdos antes de llegar a una eventual votación en el recinto.
El tratamiento del expediente no implica todavía su aprobación definitiva, sino el inicio del proceso parlamentario que debe atravesar cualquier designación diplomática de alto rango. Sin embargo, desde sectores del bloque justicialista adelantaron que podrían expresar reparos a la propuesta cuando el tema avance en la Comisión de Acuerdos.
El antecedente de la votación de la Ley Bases
El episodio que volvió a colocar a Crexell en el centro de la escena política ocurrió durante el tratamiento de la llamada Ley Bases. En ese momento, la entonces senadora había expresado públicamente críticas al proyecto impulsado por el gobierno libertario y, hasta horas antes de la votación en el recinto, había manifestado que no estaba en condiciones de acompañarlo.
Sin embargo, cuando llegó el momento de votar, Crexell finalmente respaldó la iniciativa. Su decisión fue clave para el resultado de la sesión, ya que su voto positivo generó un empate de 36 votos a favor y 36 en contra.
Ese escenario obligó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en su rol de titular del Senado, a desempatar con su voto. La intervención de la vicepresidenta permitió que el proyecto quedara aprobado en la Cámara alta.
A partir de ese momento comenzaron a circular versiones dentro del ámbito parlamentario sobre una posible retribución política hacia la legisladora neuquina por su apoyo al proyecto del Ejecutivo.
De París a Ottawa
En aquel entonces, en los pasillos del Senado se mencionaba que el Gobierno podría proponer a Crexell como embajadora argentina ante la UNESCO, con sede en París. Esa posibilidad fue comentada durante semanas dentro del ámbito político, aunque finalmente no se concretó.
La nominación que finalmente envió la Cancillería al Senado plantea otro destino diplomático: la embajada argentina en Canadá. De aprobarse el pliego, Crexell asumiría funciones en la sede diplomática ubicada en la ciudad de Ottawa.
Canadá es un país oficialmente bilingüe, donde conviven el inglés y el francés como idiomas oficiales, y mantiene relaciones diplomáticas y comerciales de larga data con Argentina.
La posible designación de la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá se perfila como uno de los temas que podría generar debate político en el Senado durante la primera sesión ordinaria del año. El pliego de la exlegisladora será ingresado formalmente para su tratamiento, en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición.
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La Cámara alta inaugurará este miércoles el período de sesiones ordinarias con una reunión prevista para las 14, en la que los legisladores abordarán distintos temas administrativos y legislativos, entre ellos el ingreso de pliegos de ascensos militares y de representantes diplomáticos. Estos expedientes deberán ser analizados posteriormente en la Comisión de Acuerdos antes de llegar a una eventual votación en el recinto.
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Entre los documentos que se incorporarán al trámite parlamentario figura el pliego de Crexell, quien fue senadora por Neuquén y cuyo nombre fue propuesto por la Cancillería para ocupar la embajada argentina en la ciudad de Ottawa, en Canadá. La propuesta fue enviada formalmente el viernes pasado y ya generó repercusiones dentro de distintos bloques del Senado.
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El tratamiento del expediente no implica todavía su aprobación definitiva, sino el inicio del proceso parlamentario que debe atravesar cualquier designación diplomática de alto rango. Sin embargo, desde sectores del bloque justicialista adelantaron que podrían expresar reparos a la propuesta cuando el tema avance en la Comisión de Acuerdos.
Las críticas se centran principalmente en el contexto político en el que surgió la nominación. Algunos legisladores opositores consideran que la designación sería parte de un acuerdo político entre el gobierno nacional y la exsenadora neuquina.
Crexell había asumido su banca en el Senado en diciembre de 2019 tras haber sido elegida por la lista de Juntos por el Cambio en Neuquén. Durante su paso por la Cámara alta mantuvo posiciones diversas frente a distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo nacional.
El antecedente de la votación de la Ley Bases
El episodio que volvió a colocar a Crexell en el centro de la escena política ocurrió durante el tratamiento de la llamada Ley Bases. En ese momento, la entonces senadora había expresado públicamente críticas al proyecto impulsado por el gobierno libertario y, hasta horas antes de la votación en el recinto, había manifestado que no estaba en condiciones de acompañarlo.
Sin embargo, cuando llegó el momento de votar, Crexell finalmente respaldó la iniciativa. Su decisión fue clave para el resultado de la sesión, ya que su voto positivo generó un empate de 36 votos a favor y 36 en contra.
Ese escenario obligó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en su rol de titular del Senado, a desempatar con su voto. La intervención de la vicepresidenta permitió que el proyecto quedara aprobado en la Cámara alta.
A partir de ese momento comenzaron a circular versiones dentro del ámbito parlamentario sobre una posible retribución política hacia la legisladora neuquina por su apoyo al proyecto del Ejecutivo.
De París a Ottawa
En aquel entonces, en los pasillos del Senado se mencionaba que el Gobierno podría proponer a Crexell como embajadora argentina ante la UNESCO, con sede en París. Esa posibilidad fue comentada durante semanas dentro del ámbito político, aunque finalmente no se concretó.
La nominación que finalmente envió la Cancillería al Senado plantea otro destino diplomático: la embajada argentina en Canadá. De aprobarse el pliego, Crexell asumiría funciones en la sede diplomática ubicada en la ciudad de Ottawa.
Canadá es un país oficialmente bilingüe, donde conviven el inglés y el francés como idiomas oficiales, y mantiene relaciones diplomáticas y comerciales de larga data con Argentina.
El diputado nacional Miguel Pichetto describió este martes con pormenores la operatoria del programa nacional de viviendas Techo Digno ante el tribunal que encabeza el juicio por presuntas irregularidades atribuidas a la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini y dijo que no advirtió “la comisión de ningún delito”.
Entre 2013 y 2015, cuando se definieron y acordaron esas obras, Pichetto era presidente del bloque del PJ en el Senado y también un activo gestor de programas y beneficios para los municipios de Río Negro, mientras hacía campaña para acceder a la gobernación, que perdió con Alberto Weretilneck.
Pichetto declaró de manera remota, aclaró que pudo hacerlo por escrito pero no quiso usar ese derecho y su testimonio rompió por completo la medianía de otros anteriores. No se limitó a relatarlo que recordaba sobre la gestión del plan de viviendas sociales -”el último que existió, después no hubo más”, según subrayó-, sino que una y otra vez se desmarcó de las preguntas que le formularon para incluir consideraciones políticas.
En el juicio están imputados por defraudación a la administración pública Martini y el exinspector municipal de obras Alfredo Milano, bajo la acusación de certificar y pagar obras por encima de lo realmente ejecutado, en favor de las empresas Alusa SA y Oriente Construcciones. Las diferencias en algunos casos superaban el 40%.
Además, Martini también está acusada del delito de peculado por desviar parte de los fondos del mismo programa a otra cuenta municipal y constituir plazos fijos.
Pichetto dijo que Techo Digno nació para dar respuesta a la necesidad habitacional en un momento en el que “no había construcción de viviendas con financiamiento de las provincias”. Admitió como“atípico” que la contratación y las transferencias de fondos fueran directas desde Nación a los municipios, “sin ninguna intermediación”.
Señaló que por ese mecanismo se adjudicaron 55.000 viviendas en todo el país, en la última etapa de la presidencia de Cristina Fernández, y subrayó que a pesar de los atrasos y dificultades de implementación “en Río Negro fueron todas terminadas”. En Bariloche fueron en total 825 unidades.
Pichetto cuestionó la decisión de iniciar juicios contra Martini y contra otros intendentes rionegrinos por la supuesta sobreestimación de obras en las certificaciones. Sembró dudas frente a una situación en la que “17 intendentes som juzgados por lo mismo: todos usaron a los inspectores de obra para enriquecer a empresarios”.
A su entender, las incongruencias sobre las que pusieron el foco los fiscales se explican por “el contexto inflacionario” de aquellos días y reconoció, al pasar, que los registros del “instituto nacional” (por el Indec) se quedaban cortos.
El diputado rionegrino Miguel Pichetto declaró por zoom en la audiencia que se hizo este martes, en Bariloche. (Alfredo Leiva)
Abundancia de datos y también de opiniones
El diputado desplegó una secuencia argumentativa propia de un alegato de parte. El abogado defensor Sebastián Arrondo y luego el fiscal Martín Lozada se vieron en problemas para acotar su despliegue verbal y buscar respuestas puntuales.
Incluso en algún tramo Pichetto pareció amonestar a Lozada al opinar sin rodeos que no existió peculado en la constitución de plazos fijospor parte del gobierno municipal. En un juicio anterior el fiscal ya acusó por el mismo delito al exintendente Gustavo Gennuso, quien terminó absuelto. Ahora insiste con Martini. “No quiero discutir con usted, pero veo que esta figura tiende a desaparecer”, le dijo Pichetto al fiscal.
Según indicó, la intendenta Martini no pudo iniciar las obras del segundo plan de viviendas porque la dirección provincial de Bosques negó autorización en el terreno elegido, y entonces “puso en conocimiento al Concejo Municipal, se tomó la decisión de naturaleza política de preservar los recursos asignados a la obra y se los colocó a plazo fijo”.
Pichetto también incluyó recomendaciones al Tribunal que preside la jueza Romina Martini.“El plan Techo Digno no era solo construir una casa en un terreno. Para el tribunal es muy importante entender este tema -aconsejó-.Las obras implicaban en cada caso otro contrato para generar un barrio y complementar las viviendas. Para eso no llegaron los recursos”.
Luego remitió a los jueces a tomar nota de una acordada de la Corte Suprema de 2017 en la que fijó pautas para la construcción de obras que estaban bajo su responsabilidad, cuando los presupuestos resultaban superados por efecto de la inflación. “El tribunal tiene que tener en claro que la construcción de edificios judiciales vivió la misma situación. Es importante entender el tiempo histórico, se actualizaban los precios con cierta discrecionalidad”, dijo Pichetto.
La exintendenta peronista María Eugenia Martini está imputada, junto con el exfuncionario Alfredo Milano. (foto Alfredo Leiva)
Los privilegios del municipio de Viedma
El diputado de origen peronista habló durante 45 minutos e introdujo un dato que parece llamado a incidir en todas las causas de Techo Digno cuando atribuyó intencionalidad política al trato favorable que el gobierno nacional dedicó a partir de 2016 al exintendente de Viedma José Luis Foulkes por pertenecer “a Juntos por el Cambio”.
Dijo que cuando Mauricio Macri asumió la presidencia acordó con un Viedma un segundo contrato para las obras complementarias destinadas a urbanizar los barrios de Techo Digno, algo que no ocurrió con los intendentes opositores al gobierno nacional. Muchos de ellos enfrentan hoy causas judiciales como la de Martini.
Dijo también que si las viviendas no se terminaron a tiempo fue por la dificultad para redeterminar los costos, y sostuvo que “no existe ningún tipo de perjuicio”.
Aunque luego se convirtió en socio político y candidato a vicepresidente en fórmula con Macri, Pichetto criticó el trámite que dio su gobierno al programa Techo Digno y cuestionó las denuncias penales efectuadas al comienzo de esa gestión desde la secretaría de Vivienda.
Reconoció que antes de finalizar el gobierno de Fernández se tansfirieron desde Nación el 100% de los fondos de Techo Digno a los municipios, y que en esa decisión “pudo haber un componente discrecional”. Pero aclaró que “con ese 100% del valor nominal igual no se iban a terminar los barrios que estaban encomendados”, debido al atraso en los valores.
“Usted conoce la ley pero tiene que tener también un mínimo conocimiento de la realidad económico social y de los procesos de inflación y de destrucción de los valores de las viviendas –le dijo Pichetto al fiscal-. Eso tiene que estar en los componentes de la acusación. Mínimamente usted lo debe valorar“.
Aseguró además que Techo Digno “no era un contrato típico de obra pública, era un contrato de subsidio directo de la Nación a los municipios”. Señaló que las certificaciones, a diferencia de las de obra pública clásica, eran “de carácter provisorio” y no eran negociables con un banco, “no se podían vender ni transferir”.
Sostuvo que si hubo diferencia entre las certificaciones de obra municipales y las que luego efectuó el IPPV fue “por una cuestión técnica”. E insistió en que se considere “lo que hizo el presidente Macri en el caso de Viedma, donde no hubo denuncia alguna. Y lo que ocurrió con los intendentes de otros municipios, a los que se terminó denunciando”.
Picheto ahondó en esa diferencia y señaló que al asumir Macri “había en todo el país 55.000 viviendas interrumpidas, no completadas, de distintos planes, y certificadas en el estado en el que se encontraban”, a pesar de lo cual solo en Río Negro derivaron en causas penales. Y citó un único caso más, en Corrientes, donde un intendente realizó un aprovechamiento personal de los fondos.
Tras dos semanas de inactividad, el Senado volverá a sesionar este miércoles a las 14 para darle ingreso a una serie de pliegos de jueces, militares y diplomáticos. Aunque se trata de un mero trámite formal, será la puerta de entrada a una nueva polémica: el listado incluye la postulación de una exsenadora de un partido provincial que votó a favor de la Ley Bases y ahora es promovida por el Gobierno para ocupar la Embajada en Canadá.
La candidata es la neuquina Lucila Crexell, quien fue senadora hasta diciembre y representaba un voto clave para el oficialismo desde el monobloque que conformaba. El jueves pasado, su pliego fue enviado al Senado con las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. Ahora, la Cámara alta debe darle estado parlamentario para iniciar la discusión en la Comisión de Acuerdos.
El escándalo en torno a Crexell se desató cuando, un día antes de la sesión por la Ley Bases, se filtró un documento interno de la Cancillería (entonces a cargo de Diana Mondino) dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, en el que se solicitaban los antecedentes jurídicos de Crexell para ser nombrada como embajadora, en ese caso ante la UNESCO, en París.
En aquel momento, Crexell negó cualquier tipo de soborno y aclaró que su voto había sido acordado entre el Gobierno nacional y el mandatario de su provincia, Rolando Figueroa. Además, sostuvo que ya venía negociando su nombramiento en el exterior con Patricia Bullrich, a quien apoyó como candidata presidencial por Juntos por el Cambio.
“Esta es una negociación que viene de mucho tiempo antes. El año pasado (por 2023) existió la posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich. Cuando ella perdió (la elección presidencial), nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio”, explicó Crexell en ese momento.
Y continuó: “En abril se retomó la posibilidad y me ofrecieron un lugar en la UNESCO. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria y toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional. Es verdad que hubo una oferta y una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases”.
Lo cierto es que, ante el manto de sospechas que tendió la oposición kirchnerista, el pliego de Crexell fue frenado. Y, ahora que la neuquina ya no es más senadora, el Gobierno lo reflotó con destino a Canadá. La decisión no hizo más que alimentar las sospechas acerca de un acuerdo espurio con la gestión mileísta.
El Senado debatirá el pliego del papá del ministro de Justicia
Además de la postulación de la embajadora, el Senado le dará ingreso a otros pliegos para las Fuerzas Armadas y para cubrir vacantes en el Poder Judicial, una tarea que se puso al hombro el ministro Juan Bautista Mahiques. El dato es que entre esos pliegos figura el de su padre, Carlos Alberto Mahiques.
El Senado debe volver a prestar acuerdo a Mahiques porque el próximo 1 de noviembre el camarista cumple 75 años, la edad límite fijada por la Constitución. Por eso, buscarán prorrogar por cinco años su puesto de vocal de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, el tribunal penal de mayor jerarquía antes de la Corte Suprema.
Una vez que ingresen este miércoles, todos los pliegos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos, que preside el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, cercano a los Menem. Allí deberán presentarse los candidatos para exponer en audiencia pública antes de la firma de los dictámenes y del tratamiento en el recinto.
El concejal de Plottier Pablo Scialabba cuestionó el funcionamiento del sistema de fotomultas en la ciudad y sostuvo que existen dudas sobre su implementación, luego de que el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad una ordenanza para suspender temporalmente el mecanismo y solicitar información al Ejecutivo municipal.
El edil se refirió al tema durante una entrevista en el programa “Entre Líneas” por AM Cumbre 1400, donde explicó que la decisión del cuerpo legislativo surgió a partir de un pedido de informes que buscaba conocer los detalles administrativos y legales del sistema.
En diálogo con Santiago Poo y Julian Henríquez, Scialabba señaló que uno de los problemas detectados fue que varias notificaciones de multas llegaron a los domicilios de vecinos con fecha vencida, lo que implicaba la aplicación automática de intereses.
Scialabba integra el bloque de Juntos por el Cambio en Plottier (Foto: Concejo Plottier)
Según indicó, en algunos casos a los vecinos se les sugería comunicarse con un número de WhatsApp que llevaba el escudo municipal, aunque correspondería a la empresa privada encargada de gestionar el sistema.
El concejal remarcó que el Concejo Deliberante no contaba con información previa sobre la implementación del esquema de control electrónico de infracciones y que todavía se desconoce el contrato firmado con la empresa prestadora del servicio.
La ordenanza aprobada establece la suspensión del sistema y exige al Departamento Ejecutivo Municipal que informe aspectos clave del mecanismo, como la empresa contratada, el proceso de selección utilizado, el procedimiento de notificación de las multas y el destino de los fondos recaudados.
La decisión fue adoptada en una sesión que contó con la presencia de vecinos autoconvocados que reclamaban explicaciones sobre el funcionamiento del sistema y el monto de algunas infracciones.
La norma deberá ahora ser promulgada o vetada por el intendente Luis Bertolini, quien tiene un plazo de diez días para definir si la ordenanza entra en vigencia.
En ese contexto, Scialabba también se refirió a la relación institucional entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal y señaló que en el último tiempo se redujo la participación de funcionarios del municipio en las comisiones legislativas.
El edil sostuvo que el Concejo representa las demandas de los vecinos y advirtió que cuando las ordenanzas sancionadas no se implementan o no se reglamentan, se genera una distancia entre las decisiones institucionales y las necesidades de la comunidad.
La entrevista
El concejal de Plottier Pablo Scialabba, integrante del bloque Juntos por el Cambio, habló sobre la decisión del Concejo Deliberante de suspender el sistema de fotomultas en la ciudad, el pedido de informes al Ejecutivo municipal y el debate institucional que se generó en torno a su implementación.
—Pregunta: ¿Qué resolvió finalmente el Concejo Deliberante respecto al sistema de fotomultas en Plottier? —Respuesta: Lo que se aprobó fue la suspensión del sistema a partir de la sesión del jueves. Nosotros habíamos presentado inicialmente un pedido de informes para conocer cómo se implementó el sistema, cuál es el contrato, cuál es el basamento legal y a dónde va el dinero que se recauda con las multas. En el trabajo en comisión con los concejales se resolvió avanzar además con la suspensión.
—Pregunta: ¿Esa suspensión ya está vigente? —Respuesta: No todavía. La Carta Orgánica establece que el Ejecutivo municipal tiene diez días hábiles desde que es notificado de la ordenanza para promulgarla o vetarla. Recién cuando se promulga la norma empieza a ser operativa.
—Pregunta: ¿Qué irregularidades detectaron que motivaron el pedido de informes? —Respuesta: Uno de los problemas que detectamos es que muchas notificaciones de fotomultas llegaron a los vecinos con fecha vencida. Al llegar vencidas ya tenían intereses aplicados, lo que generó mucha confusión y reclamos.
—Pregunta: ¿Cómo se gestionaban esas situaciones con los vecinos? —Respuesta: En algunos casos se les indicaba que se comuniquen a un número de WhatsApp que tiene el escudo de la municipalidad, pero que corresponde a una empresa privada. Ahí se generaba una especie de negociación sobre el interés aplicado.
—Pregunta: ¿El Concejo tenía información previa sobre el sistema? —Respuesta: No, la verdad que no. No teníamos información sobre los criterios de aplicación, ni sobre la empresa que presta el servicio, ni sobre el porcentaje de la recaudación que corresponde al municipio y cuál a la empresa.
—Pregunta: ¿Qué se espera ahora del Ejecutivo municipal? —Respuesta: Lo que esperamos es que brinde la información administrativa y legal sobre todos los pasos que se dieron para implementar el sistema. Esa es la base del pedido de informes.
—Pregunta: ¿Cómo describiría hoy la relación institucional entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal? —Respuesta: Siempre tratamos de mantener el diálogo porque el Concejo es una caja de resonancia de las demandas de los vecinos. Pero en el último tiempo ese diálogo institucional se fue debilitando.
—Pregunta: ¿En qué se refleja esa situación? —Respuesta: Por ejemplo, los funcionarios del Ejecutivo dejaron de asistir con frecuencia al Concejo Deliberante cuando se los convoca a comisiones para trabajar proyectos o brindar información.
—Pregunta: ¿Qué consecuencias tiene eso para el trabajo legislativo? —Respuesta: Genera un problema grande porque el Concejo sanciona ordenanzas que después el Ejecutivo debe implementar. Si ese diálogo se corta, muchas veces las normas terminan sin aplicarse.
—Pregunta: ¿Dónde se ubica hoy el bloque de Juntos por el Cambio en el escenario político local? —Respuesta: Nosotros seguimos en el mismo lugar que cuando fuimos a la elección de 2023: representando determinadas ideas y defendiendo la voluntad popular. Lo que pedimos es diálogo y respeto por las normas que sanciona el Concejo.
El Gobierno nacional envió al Senado el pliego para designar a la ex senadora neuquina Lucila Crexell Sapag como embajadora plenipotenciaria en Canadá.
El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, tomará estado parlamentario en la sesión del miércoles 18.
Tras ese paso formal, la nominación deberá ser analizada por la Comisión de Acuerdos del Senado, que evaluará los antecedentes de la candidata antes de emitir un dictamen para su eventual votación en el recinto.
Como parte del proceso, Crexell deberá presentarse ante la Comisión para defender su postulación y responder preguntas de los senadores.
La trayectoria política de Lucila Crexell
Lucila Crexell fue senadora nacional por Neuquén entre 2019 y 2025.
Había quedado primera candidata en la lista luego del fallecimiento del ex intendente de Neuquén Horacio Quiroga durante la campaña electoral. En ese período integró el bloque de Juntos por el Cambio hasta 2023.
Hija de Luz Sapag y nieta de Elías Sapag, Crexell pertenece a la familia histórica de la política neuquina.
Qué falta para que sea embajadora
Para que la designación se concrete, el proceso debe cumplir varias etapas institucionales:
Si obtiene el respaldo de la Cámara alta, Lucila Crexell será oficialmente designada embajadora argentina en Canadá.
El gobierno de Javier Milei reactivó el proceso para designar a la neuquina Lucila Crexell como embajadora y envió finalmente su pliego al Senado, en medio del antecedente de polémicas por una posible nominación diplomática. Según trascendió, sería destinada a Canadá y no a la Unesco, como se había mencionado inicialmente.
El Ejecutivo impulsa la designación diplomática de Lucila Crexell
Crexell asumió su mandato en diciembre de 2019 tras integrar la boleta de Juntos por el Cambio en Neuquén. Ocupaba el segundo lugar en la lista, pero accedió a la banca luego del fallecimiento de Horacio ‘Pechi’ Quiroga, quien encabezaba la fórmula.
La senadora había formado parte previamente del Movimiento Popular Neuquino, aunque luego se integró a Juntos por el Cambio, interbloque del que participó hasta 2023. Con la llegada de Milei al Poder Ejecutivo y la reconfiguración del mapa político en el Congreso, Crexell conformó un monobloque propio que posteriormente se sumó al interbloque Las Provincias Unidas, recordó El Parlamentario.
Su nombre había quedado en el centro de cuestionamientos cuando, durante el debate de la Ley Bases impulsada por el oficialismo, trascendió que su respaldo a la iniciativa podía estar vinculado a una eventual designación diplomática en la Unesco. Esa posibilidad generó críticas desde distintos sectores políticos.
Ahora, con el envío formal del pliego por parte del Poder Ejecutivo, el trámite deberá seguir el circuito institucional del Senado: primero será analizado por la Comisión de Acuerdos y luego deberá ser votado en el recinto para definir si se aprueba su nombramiento como embajadora en Canadá.
El Poder Ejecutivo Nacional solicitó formalmente al Senado de la Nación Argentina el acuerdo correspondiente para designar a Carmen Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Argentina.
A cuatro meses de vencer su mandato en la Cámara alta, ingresó el pliego para nombrar embajadora ante la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) a Lucila Crexell en el Senado. La sede se encuentra ubicada en la capital de Francia, París, desde la conformación del organismo en 1945.
El pedido fue enviado mediante el mensaje oficial MEN-2026-19-APN-PTE, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de marzo de 2026, y fue ingresado a la Dirección de Mesa de Entradas del Senado el 13 de marzo.
En el documento, el presidente Javier Milei solicita al cuerpo legislativo el acuerdo correspondiente para avanzar con el nombramiento, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.
La comunicación señala que se adjuntan copia del Documento Nacional de Identidad y el currículum vitae de la persona propuesta para ocupar el cargo diplomático.
El mensaje también lleva la firma del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien acompaña el trámite institucional necesario para que el Senado evalúe la designación.
El nombramiento deberá ser tratado por la Cámara alta, que tiene la facultad constitucional de otorgar o rechazar el acuerdo para la designación de embajadores argentinos en el exterior.
La exlegisladora asumió su último mandato en el Senado en diciembre del 2019 luego de integrar la boleta de Juntos por el Cambio en Neuquén.
Cabe recordar que era la segunda en la lista, pero se quedó con la banca por el fallecimiento del radical Horacio “Pechi” Quiroga a pocos días de llevarse a cabo las legislativas de ese año.
El funcionario provincial explicó cómo sigue el trámite a nivel provincial. La norma ya fue promulgada por el intendente Javier Murer. Además, se refiriró a la creación del quinto año de turismo en el CPEM N°68 y de los reclamos por obras pendientes en el Jardín de Infantes N°82.
El Concejo Deliberante de Villa La Angostura sancionó este jueves la ordenanza que desafecta del dominio público municipal el terreno donde funciona el CEF N°7, con el objetivo de permitir la construcción de nuevos establecimientos educativos en ese espacio.
La medida fue aprobada por cinco votos positivos, una abstención y un voto negativo. Acompañaron la iniciativa María Eugenia Cerazo (Primero Angostura), Tomás Andrade (Avanzar Neuquén), Héctor Venica (Juntos por el Cambio) y los concejales oficialistas Sebastián Raymundo y Noelia Figueroa (Comunidad).
“Era muy necesario contar con nueva infraestructura”
En diálogo con FM Andina, el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, Omar Lara, celebró la decisión del Concejo Deliberante que sancionó este jueves la ordenanza que desafecta del dominio público municipal el terreno donde funciona el CEF N°7, con el objetivo de permitir la construcción de nuevos establecimientos educativos en ese espacio.
Según explicó, el crecimiento demográfico de la localidad hizo imprescindible ampliar la infraestructura educativa.
“Las instituciones no podían esperar más tiempo. La demanda y el crecimiento demográfico de Villa La Angostura hacen muy necesaria la infraestructura tanto para nivel primario como medio”, afirmó.
Lara también destacó que la aprobación permite avanzar con un proceso que ya tenía licitación iniciada confinanciamiento nacional, lo que obligaba a cumplir determinados plazos administrativos.
“Había cierta incertidumbre porque faltaba que el Concejo transfiriera la tierra a la provincia. Si no se avanzaba con los papeles, existía el riesgo de perder la obra”, señaló.
Cómo continúa el proceso
Tras la aprobación de la ordenanza que establece que el inmueble pase del dominio público al dominio privado municipal, se supera el impedimento legal que hasta ahora frenaba el avance de la obra educativa.
El funcionario explicó que ahora el municipio debe formalizar el paso del predio a dominio privado municipal y luego cederlo a la provincia, que deberá registrarlo en catastro provincial.
Una vez completado ese trámite, se destraba el proceso para iniciar las obras, que ya cuentan con licitación realizada.
Cabe señalar que ayer mismo la ordenanza votada por los concejales fue promulgada por el intendente Javier Murer, y de esa manera se allanó el camino para continuar el proceso iniciado con la licitación de las obras.
En ese predio está prevista la construcción de la Escuela Primaria N°361 y de la Escuela Técnica para la localidad.
Debate político
Durante la discusión del proyecto surgieron críticas y tensiones políticas. Lara interpretó que algunas resistencias tuvieron una lectura partidaria.
Según señaló, hubo sectores que cuestionaban que la construcción de las escuelas pudiera quedar asociada políticamente al actual gobierno municipal. “Uno tiene que tener una mirada más amplia. La prioridad debe ser la escuela y las necesidades educativas”, sostuvo.
Situación en el CPEM 68
Durante la entrevista también se abordó la situación del CPEM N°68, donde padres de alumnos reclamaron por la falta de apertura del quinto año de la orientación en turismo.
Lara explicó que el tema será tratado en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación hoy viernes y que, una vez aprobado, se iniciará el proceso de designación de docentes con lo cual la situación se espera que la situación se regularice.
La expectativa es que la semana próxima se realicen los llamados para cubrir los cargos y así garantizar el inicio de las clases.
Reclamos por el Jardín 82
Otro de los temas planteados fue la situación del Jardín de Infantes N°82, ubicado en el barrio El Mallín.
Docentes y familias denunciaron que aún no se completaron obras perimetrales del patio, lo que genera problemas de seguridad y limita el espacio para recreos.
El vicepresidente del CPE adelantó que se pondrá en contacto con el área de mantenimiento escolar para analizar las intervenciones necesarias y avanzar en la resolución de esos reclamos.
