Por alguna razón, que hasta ahora no tiene mucha explicación, ya no se puede nombrar a los testigos que declaran en el juicio por la estafa con los planes sociales, por decisión del tribunal compuesto por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita. En este caso, el de una funcionaria de alto rango que trabajó 36 años en el gobierno provincial, y que estuvo en los gobiernos de Jorge Sapag, Omar Gutiérrez y parte del actual de Rolando Figueroa. Hoy está jubilada.
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La testigo ocupaba el cargo alto en la Contaduría General de la Provincia, y si bien se hizo hace días el anuncio que iba a declarar, no será posible nombrarla ni poner su foto para esta nota. El pedido fue por parte de la defensa, el abogado Alfredo Cury, y todos estuvieron de acuerdo. Su testimonio ayudó a aportar cómo funcionaban los engranajes del cobro de cheques de los funcionarios, y cómo se justificaban las rendiciones para las “emergencias”. Es decir, los conflictos con desocupados, las tomas de edificios, los cortes de ruta y hasta mujeres en situación vulnerable que no tenían para comer.
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Se trataba de esos «cheques globales» del exministerio de Desarrollo Social, que eran gastos para los funcionarios, que debían rendir luego a la Contaduría General. Sin embargo, ese procedimiento nunca estuvo claro desde lo legal, pero se usó por años para descomprimir conflictos en la provincia de Neuquén y algo más.
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La exfuncionaria sostuvo que cuando se conoció la denuncia por la estafa con planes sociales en septiembre de 2023, ella misma pidió volver a auditar la cuenta de los Subsidios por Desocupación Laboral y el Subsidio Social Transitorio y hasta los Subsidios de Familia, tras el escándalo en la prensa. Los dos primeros son los que tenía a cargo su auditor, Julio Arteaga, imputado en la causa y cuyo juicio se postergó por enfermedad.
Planes sociales: «Los sistemas no fallan, fallan las personas»
En ese momento, según los testigos que declararon en el juicio, el auditor omitió pasos, y no advirtió (sabía o ya estaba naturalizado en el sistema) que los mismos empleados de Desarrollo Social eran los que cobraban subsidios de 49.500 pesos, y que figuraban en la nómina de beneficiarios.
“Los sistemas no fallan, fallan las personas. Si yo cargo un proceso, o cargo un cheque, la culpa no es del papel, sino de la persona. Es una cuestión humana y no mecánica», sentenció la contadora, quien tuvo un buen contrapunto con el fiscal Pablo Vignaroli.
La contadora se defendió en su tarea y sostuvo que era imposible de controlar cada proceso. Dijo como ejemplo que si un empleado cargaba al sistema «productos en el depósito», se supone que para el mundo administrativo eso era cierto. Pero no significaba que los productos estén efectivamente en el depósito. «Siempre puede suceder, si hay personas con malas intenciones del otro lado. Los procesos administrativos no cometen los fraudes, sino las personas”, explicó.
Y acotó: “Que yo firmara algo al lado del auditor, significaba que así se cierra el expediente. En esta causa me llamó el fiscal Vignaroli para saber cómo era el manejo administrativo”.
La exfuncionaria entró a la Sala 12 de sesiones en Ciudad Judicial, como en su casa, con un gesto adusto y de confianza y en tono campechano, como si conociera a todos los integrantes en la audiencia. De hecho, sí los conoce, tanto a Vignaroli -quien la llamó para declarar dos veces en la previa de la causa (aunque no quedó filmada su declaración, según dijo ella misma o que no la recordaba)- y también al representante del fiscal de Estado, Gustavo Kohon.
Explicó en detalle cómo funcionaban los procesos internos y aseguró que las irregularidades detectadas no fueron fallas del sistema, sino de las personas que intervinieron. “Controlamos todo lo que se invierte, la Contaduría General, la auditoría y lo contable, y dirigía todo el equipo”, comenzó en su declaración.
Indicó que cuando estalló la causa, se hizo una revisión exhaustiva que comenzó en agosto de 2023, cuando el tema tomó estado público en los diarios, y que luego la Fiscalía solicitó revisar años anteriores, incluso 2022.
Se cruzaron bases de datos y comenzaron a detectar irregularidades. “Nos dimos cuenta de que en diferentes programas había empleados públicos que cobraban subsidios”, relató. Al mismo tiempo, explicó que se revisaron las actuaciones, se modificaron procesos y hasta se cambió al auditor responsable. En este caso, Julio Arteaga, y que quedó al mando de todo Claudia Jara. Esta última, en principio, tenía la responsabilidad de auditar los subsidios de Familia, que eran por situaciones de vulnerabilidad, violencia de género y otros conflictos.
La exfuncionaria señaló que nunca desconfiaba de su equipo de trabajo porque debía sostener un sistema de confianza en el trabajo cotidiano. “Yo no desconfío de mis auditores, él hacía su trabajo. Si yo trabajara con personas que sé que no hacen su tarea, los echo», sostuvo en tono firme. Y acotó: «Yo nunca revisé expedientes, salvo que alguien dijera que estaba pasando algo”.
Sostuvo que en la Contaduría General de la Provincia «teníamos un formato de trabajo de puertas abiertas, se arman los informes con un formato definido. Se confía en el equipo de trabajo»
“Yo no desconfío de mis auditores, él hacía su trabajo. Si yo trabajo con personas que sé que no hacen su tarea, los echo» – exfuncionaria que pidió no ser nombrada. “Yo no desconfío de mis auditores, él hacía su trabajo. Si yo trabajo con personas que sé que no hacen su tarea, los echo» – exfuncionaria que pidió no ser nombrada.
«Venía un golondrina (trabajador), recibía un subsidio y se volvía a Tucumán. Lo que se trataba siempre era de evitar la intermediación porque, en el caso de los cheques, se le podría pagar hasta un muerto sin ser detectado», dijo.
Cheques a funcionarios: ¿Se rendían o iban a la caja azul?
La contadora reconoció que se pagaban alrededor de 50 cheques a funcionarios para rendir a desocupados. Justamente el que debía rendirlos era Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, acusado de ser la cabeza de la organización. Pero esos cheques no iban al pago de desocupados, y tampoco se rendían. Según la investigación, se cobraban e iban a parar a la «caja azul», ligada a gastos de la política.
La contadora remarcó que el problema nunca estuvo en los sistemas de control y que en varias oportunidades le dijo a Tomás Siegenthaler (imputado y coordinador del exministerio de Desarrollo Social) que tenía que bancarizar todo, «porque era imposible trabajar de esa manera», en relación con el sistema Admix, de impresión de cheques, exclusivo de esa cartera.
“Los sistemas no fallan, fallan las personas. Si yo cargo un proceso o cargo un cheque, la culpa no es del papel, sino de la persona. Es una cuestión humana y no mecánica”.
Uno de los tramos más tensos de la audiencia se dio durante el diálogo con el fiscal Vignaroli en torno a la figura de los llamados “cheques globales”. Este mecanismo fue muy utilizado hasta mediados de la década pasada, antes de que se avanzara en la bancarización de los beneficiarios, y consistía en la emisión de cheques a nombre de funcionarios que luego repartían el dinero entre los desocupados. Funcionaba en los pueblos donde no estaba el Banco Provincia de Neuquén (BPN).
La ex contadora fue categórica y dijo que “para nosotros no existe el término ‘cheques globales’, es un anticipo de fondos a un funcionario, que después debía rendirse con nóminas de beneficiarios”.
Debate de por qué se pagaban cheques a funcionarios
El contrapunto con el fiscal quedó registrado en un cruce entre la contadora y el fiscal.
—¿Cuál es la norma por la cual se pagaban esos «cheques globales»?, preguntó.
—“La norma 18, que hoy es la 40, permite adelantar fondos”, explicó la ex contadora.
—“Pero no habla de cheques esa norma…”, retrucó Vignaroli.
—“¿Y de qué otra manera se puede hacer?”, preguntó la exfuncionaria.
—“Con transferencias…”, sugirió el fiscal.
—“¿Y a qué cuenta?”, repreguntó la testigo.
La discusión reflejó la polémica sobre los llamados cheques globales, y más allá de las denominaciones, lo cierto es que en las auditorías posteriores muchas de esas rendiciones de cuentas fueron rechazadas. En algunos casos, se detectó que los subsidios se habían entregado incluso a beneficiarios fallecidos.
Eran planes sociales, por eso no rendían los «cheques globales»
Incluso el fiscal Vignaroli dijo que en el caso del argumento de la testigo, de sacar cheques a funcionarios, igual los debían haber rendido, algo que no pasó. Es más, el 30 de septiembre de 2022, Ricardo Soiza firmó una certificación de cheques de funcionarios y empleados. “Son empleados del Estado, se supone que deben haber rendido el dinero con el informe», dijo Vignaroli. Pero esto no ocurrió y se terminó la discusión.
La ex contadora agregó que hubo situaciones excepcionales en las que se autorizaba a un funcionario a recibir un cheque para atender casos de urgencia. Contó un ejemplo. “Un sábado me llama una contadora y me dijo que una madre no tenía para comer. Le dije que meta la mano en su cartera y le diera dinero, que después lo rindiera. Esas situaciones pasan”, finalizó.
