El conflicto entre el Gobierno de Neuquén y cuatro comunidades mapuches que reclaman su personería jurídica no tiene una salida clara, luego de una fallida reunión con el ministro de gobierno, Jorge Tobares, y una posterior vigilia frente a Casa de Gobierno. Se busca una apertura al diálogo, pero la propuesta de obtener las personerías a corto plazo, no pasaría el filtro del gobierno.
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Se trata de las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragnilew Cárdenas, que aseguran haber completado todos los trámites ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para lograr el reconocimiento formal.
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Eso fue durante la anterior gestión de gobierno provincial, donde hubo una promesa política de inscribir a estas cuatro comunidades, que están en la estratégica zona de Vaca Muerta. En su momento se sacó la ley de la consulta previa, libre e informada, y otra del registro de las comunidades. Pero se fue el gobierno de Omar Gutiérez y esta comunidad no fueron inscriptas.
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La situación cobra especial sensibilidad por un motivo trascendental para Neuquén y su sustento: las comunidades están asentadas en zonas de fuerte actividad hidrocarburifera, en el corazón de Vaca Muerta. Hay empresas como YPF, Tecpetrol, TGS y otras, que conviven con estas comunidades, con conflictos por daño ambiental y un tratamiento como “superficiarios”.
Mapuches y las personerías: un trámite difícil y político
Según fuentes consultadas por LMNeuquén, el Ejecutivo neuquino no estaría dispuesto a otorgar nuevas personerías jurídicas públicas en esos territorios.
La razón, admiten en reserva desde despachos oficiales, es que habilitar nuevos reconocimientos podría desatar una crisis política y judicial con las petroleras, que ya han manifestado preocupación por la inseguridad jurídica que implicaría una ampliación del reconocimiento territorial.
En un comunicado oficial, el gobierno dijo que está dispuesto dialogar. “El diálogo con las comunidades está abierto, pero debe darse en el marco del respeto a la legalidad, la propiedad privada y los canales institucionales que garantizan la convivencia democrática».
Pese a esta afirmación, el reclamo no encuentra canal de resolución. Las comunidades, luego del fracaso del encuentro en Tratayén -que había sido promovido por el propio Tobares como articulador político- decidieron endurecer su postura y apuestan a visibilizar su demanda acampando en el centro del poder neuquino, con una ocupación frente a Casa de Gobierno.
Detrás de la puja, hay un entramado territorial muy complejo, quie tiene como telón de fondo un territorio donde se extrae el 42% de los recursos de la provincia, con la explotación de gas y petróleo.
La comunidad Fvta Xayen, por ejemplo, reconoció en un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal -que involucró al fiscal general José Gerez- que parte de la zona en disputa en Tratayén es propiedad privada, de un grupo de productores. Eso fue en el contexto de una salida alternativa, por una causa por usurpación. Para evitar la condena, reconocieron la propiedad privada. Eso dejó a esa comunidad en offside, y sin la posibilidad del reconocimiento territorial.
Aun así, en el mismo acuerdo, se habría logrado que algunos empresarios (Formaro) cedan una franja de tierra para que los integrantes puedan desarrollar actividades ganaderas. Además, también se les habría reconocido un lote escriturado cercano a Añelo, aunque esto no satisface el reclamo integral de las comunidades.
Temor a la escalada
En el gobierno hay una doble preocupación sobre este conflicto, que viene desde hace años y atravesó la gestión de gobierno de Gutiérrez y ahora la de Figueroa. Por un lado, que la escalada derive en acciones directas como cortes de rutas, accesos a yacimientos o tomas de tierras; por el otro, que se instale un modelo de fraccionamiento dentro de las comunidades para multiplicar personerías jurídicas, lo que complicaría aún más el mapa legal y político sobre las tierras de Vaca Muerta.
Durante los gobiernos anteriores -el de Jorge Sapag y el de Omar Gutiérrez- se avanzó en algunos reconocimientos en contextos igual de tensos, no por ello menos polémicos.
El caso paradigmático es el de los Campo Maripe en Añelo, que obtuvieron personería jurídica en medio de fuertes disputas con operadoras petroleras, sobre todo con YPF en Loma Campana, el yacimiento de petróleo no convencional más grande del país. Era un momento de despegue de Vaca Muerta en el acuerdo con Chevron, y el gobierno accedió a reconocer a esos mapuches.
Hoy, en cambio, la postura del gobierno de Figueroa es otra, más allá de que hubo una puerta de diálogo. Si bien formalmente se afirma que el diálogo continúa con el trámite de esas personerías de las comunidades de Vaca Muerta, en los hechos las fuentes oficiales coinciden en que no habría voluntad de firmar nuevos reconocimientos.
Tema sensible a privado y al sustento de Neuquén
“Es un tema muy sensible, y no vamos a avanzar en decisiones que comprometan la seguridad jurídica o la propiedad privada”, señaló una fuente que está muy cerca de esos expedientes.
El gobierno tampoco se desentendió del tema mapuche por complejo, pese al cambio de época que trajo el gobierno de Javier Milei. En Villa La Angostura, donde sí hay reconocimiento territorial y personerías activas, se multiplicaron las denuncias judiciales entre los dueños de tierras y campos, y el reclamo mapuche. Provincia intervino y pudo frenar una orden de desalojo, que no es poco.
El conflicto, por ahora, no encuentra una salida. Y en la medida que se instale en el corazón político de la provincia, el riesgo de que escale hacia un escenario más complejo parece cada vez más latente.
