Etiqueta: Jorge Sapag

  • Cambios en los juicios civiles y de familia en Neuquén: «Parece que llegamos», la expectativa de diputados

    Cambios en los juicios civiles y de familia en Neuquén: «Parece que llegamos», la expectativa de diputados

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    «Parecía imposible, pero parece que llegamos». Con una Legislatura cada vez más metida en la campaña electoral por las bancas que se pondrán en juego en octubre, la reforma del Código Procesal Civil, Comercial y de Familia parece haber encontrado un lugar en la agenda. El diputado y presidente de la Comisión Especial, Ernesto Novoa (Comunidad), aseguró que el trabajo «está avanzado en un 70%» y hay chances de que se pueda aprobar antes de fin de año.

    El debate se inició hace ya una década, en la última gestión de Jorge Sapag, se intentó retomar en el estertor de la administración de Omar Gutiérrez y fue Rolando Figueroa quien la recuperó este año con nuevo plazo: seis meses que se cumplirán en octubre.

    La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, quien tiene a cargo la redacción del Código Procesal de Familia, mantendrá hoy un segundo encuentro con los integrantes de la comisión interpoderes para presentar los avances sobre el articulado.

    Su par Gustavo Calvinho ya adelantó tres entregas y solo resta la última, según detalló Novoa a Diario RÍO NEGRO. «Era algo impensado, pero estamos en un 70%. Recorrimos toda la provincia, trabajaron todos los colegios de abogados, la universidad. Parece que llegamos», se entusiasmó.

    La Comisión Especial que integran los tres poderes del Estado contrató a los juristas Calvinho y Kemelmajer de Carlucci para que se encarguen de la redacción, aunque se aclaró que no serán códigos «enlatados», sino «a la neuquina». A ambos expertos se les asignó un monto mensual de alrededor 3 millones de pesos para el asesoramiento.

    «Simplificar procesos judiciales»


    Novoa aseguró que el nuevo Código Procesal Civil, Comercial y de Familia contiene «herramientas que van a simplificar los procesos judiciales», entre ellos, cambios en las notificaciones (como intimaciones de pago de cuota alimentaria por Whatsapp), la posibilidad de litigar sin gastos, procesos más acotados en el tiempo y la sanción de la «mala fe». «Se va a sancionar a los abogados que hagan un culto a estirar los procesos», afirmó el diputado.

    Dijo que la oralidad «va a tener una impronta, pero en los casos donde sea necesario». «Lo que necesitamos es que el juez se dedique a dictar sentencias y que la gente no esté entre seis y 10 años esperando un juicio», planteó Novoa.

    A los diputados les quedan diez sesiones antes de que finalice el período ordinario. En octubre hay programadas dos reuniones para el 1 y 2 y, luego, habrá un espacio de tres semanas hasta que vuelvan a sesionar, justo luego de las elecciones legislativas del 26.


  • La deuda de Neuquén tocó su stock más bajo en una década: «De una provincia quebrada a una con superávit»

    La deuda de Neuquén tocó su stock más bajo en una década: «De una provincia quebrada a una con superávit»

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    La provincia de Neuquén alcanzó en agosto un stock de deuda pública de 877 millones de dólares, el número más bajo desde el 2014. El gobernador Rolando Figueroa dijo que, en lo que va de la gestión, se redujo en un 31% «la herencia recibida» y planteó que esa redistribución del dinero se volcó a infraestructura. «Hoy somos una provincia en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha», destacó.

    Según informó este jueves el gobierno, en un año y nueve meses, la Provincia logró bajar el stock de deuda un 31%, al reducirla en 390 millones de dólares. Así surge de la comparativa de datos registrados en agosto de 2025, donde el stock de deuda pública asciende a 877 millones de dólares, frente a 1.267 millones de dólares que tenía en noviembre de 2023.

    En total, el gobierno pagó en lo que va de mandato 508 millones de dólares por deuda (incluyendo intereses, amortización de capital y otros gastos asociados) «y volcó más del 10% de los ingresos a obras públicas e infraestructura, en su mayoría con recursos propios», se informó.

    Figueroa sostuvo que se pasó «de una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, a una provincia con superávit, en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha».

    La deuda de Neuquén en una década: cómo fue la reducción


    Fuente: ministerio de Economía de Neuquén.

    El dato del stock de deuda difundido hoy por el gobierno es más bajo de la última década. Neuquén pasó de un stock 880 millones de dólares en 2014 a unos 1.280 millones en 2021, el año récord.

    La gestión que mayor incremento generó fue la de Omar Gutiérrez con la emisión de bonos internacionales y la ampliación de un préstamo con el Credit Suisse que había tomado originalmente la de Jorge Sapag. En 2021 tuvo que hacer una reestructuración con los bonistas para evitar el default, en un contexto de acumulación de capital e intereses de deuda que coincidió con la caída de recursos que generó la pandemia.

    En lo que va de la gestión de Figueroa, no hubo emisión de nuevos bonos, sino que solo acudió a créditos con organismos multilaterales como el BID y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).


  • ¿Sapag vuelve?

    ¿Sapag vuelve?

    La política neuquina, parece volver una y otra vez sobre sus viejos protagonistas. A dos años de la derrota histórica del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en manos de Rolando Figueroa, el partido provincial que supo gobernar con mano firme durante seis décadas se encuentra en un estado de hibernación, casi un letargo existencial. Y en medio de ese sopor, surge una pregunta que incomoda y entusiasma a la vez: ¿Jorge Sapag vuelve?

    La sola posibilidad de que el exgobernador -tres veces en funciones de responsabilidad institucional y heredero político de una dinastía que moldeó Neuquén- retome la escena abre un abanico de lecturas. Para algunos, sería el intento de rescatar un legado frente al avance de un Figueroa que, paradójicamente, nació y creció dentro del MPN antes de dinamitarlo desde adentro y hoy intentar apropiarse de sus restos. Para otros, puede parecer que la vuelta de Sapag sería apenas una maniobra que busca evitar la colonización de un partido que no logró renovar cuadros ni actualizar su discurso frente a la sociedad.

    Mientras tanto, el actual gobernador parece disfrutar del fuego amigo: fogonea la reaparición de Jorge Sobisch, aquel exmandatario marcado a fuego por la represión y el asesinato de Carlos Fuentealba en 2007, a lo que se le suma la causa por la » Zona liberada» en Plaza Huincul, las irregulariades durante su campaña presidencial y la denuncia por «intento de coima» para conseguir Quórum en la legislatura provincial realizada por el entonces diputado Jorge Taylor, entre otros «logros«.

    Figueroa deslizó hace un par de semanas la idea en una charla con militancia en Junín de los Andes, habló de homenajes adeudados a Jorge Sobisch y de la necesidad de rescatar al MPN, «tenemos que buscar un candidato de peso para que presida el MPN» dijo.

    Como si la historia no hubiera dejado heridas abiertas, Sobisch es presentado ahora como un “político con peso propio”, en un juego de espejos que dice mucho sobre la falta de oxígeno y de evolución en la política neuquina.

    La pregunta, entonces, no es solo si Sapag vuelve, sino qué Neuquén vuelve con él. ¿Aquel de la obra pública como motor de legitimidad? ¿El de la política paternalista y la «paz social«, el que aparecía como el impulsor de un “modelo neuquino y  constructor de un Felipismo renovado? ¿O un Sapag adaptado a un escenario donde Vaca Muerta es la verdadera usina de poder, y el federalismo ya no se mide en discursos sino en quién controla el flujo de gasoductos, oleoductos y dólares?

    El MPN enfrenta un dilema que va más allá de los apellidos. Si su recuperación depende de reciclar viejas figuras, corre el riesgo de confirmar que su tiempo histórico pasó. Pero si logra reencontrar en ese ADN original la capacidad de ser y de reinventarse -como lo hizo en 1961 tras la proscripción del peronismo, o en los 80 tras la dictadura-, todavía podría sorprender.

    Neuquén, tierra de retornos y rupturas, se debate entre la memoria y la necesidad de futuro. La vuelta de Sapag puede ser el símbolo de un renacimiento o la muestra más clara de que el partido que dominó la provincia durante 60 años quedó prisionero de su propio pasado. La autocrítica hacia la militancia y hacia los neuquinos en general, (de un dirigente en el que todavía algunos deposítan sus esperanzas para evitar la muerte o desaparición del MPN), debería ser el primer paso obligado antes de cualquier retorno a la arena política, sea con la intención que sea. 

    Por ahora son solo rumores apagados, apenas perceptibles, pero en política todos sabemos que algunas intenciones son como bolas de nieve y que «cuando el río suena» hay que abrir bien los ojos y estar atentos a las novedades. 

  • Estafa con planes sociales en Neuquén: el tribunal analiza la megacausa en su etapa final

    Estafa con planes sociales en Neuquén: el tribunal analiza la megacausa en su etapa final

    El tribunal integrado por Juan Guaita, Juan Manuel Kees y Luciano Hermosilla evalúa las pruebas contra 12 imputados por la estafa en Desarrollo Social. La fiscalía reclama condenas, las defensas piden absoluciones y el veredicto se conocerá en pocos días.

    La cuenta regresiva ya empezó. En la Ciudad Judicial de Neuquén, los jueces Juan Guaita, Juan Manuel Kees y Luciano Hermosilla deliberan sobre una de las causas más resonantes de los últimos años: la estafa con planes sociales que derivó en un extenso proceso contra 12 funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social.

    El juicio oral, que se extendió por más de 30 audiencias, cerró la semana pasada con las últimas palabras de los imputados. Desde entonces, el tribunal analiza cada prueba y testimonio bajo el régimen de “deliberación secreta”, un mecanismo excepcional que, en este caso, se extenderá hasta diez días por la complejidad del expediente.

    La fiscalía pidió condenas para los 12 acusados, mientras que las defensas solicitaron la absolución de diez de ellos. La definición está prevista para el 24 de septiembre, aunque no se descarta que el veredicto se anticipe al 23.

    Los magistrados que deciden

    • Juan Ignacio Guaita: marplatense de origen y con una extensa trayectoria en la administración pública neuquina. Fue subsecretario de Justicia en tiempos de Jorge Sapag y trabajó en el Consejo Provincial de Educación. Llegó a juez en 2023 tras pasar por la Oficina Judicial Penal.

    • Juan Manuel Kees: preside el tribunal. Con experiencia en la justicia federal, fue querellante en juicios de lesa humanidad y abogado de Zainuco. Ha sido una figura controvertida por fallos en temas sensibles como hábeas corpus por la crisis carcelaria.

    • Luciano Hermosilla: el más joven, nacido en Cutral Co. Se formó en la defensoría federal y ofició como juez técnico en el jurado popular que condenó a los autores del crimen de la Autovía Norte. “Ser juez es una decisión de vida”, expresó en su entrevista de selección.

    Una causa que marcó agenda

    La investigación comenzó en 2022 y puso en la mira la utilización irregular de fondos públicos destinados a planes sociales. El caso generó un fuerte impacto político y derivó en el señalamiento a un exministro, además de funcionarios y empleados de Desarrollo Social.

    El proceso fue declarado causa compleja, lo que habilitó un juicio más extenso de lo habitual y plazos extraordinarios de deliberación.

    Con la sentencia a punto de conocerse, la expectativa en Neuquén es máxima. Lo que resuelvan Guaita, Kees y Hermosilla no solo definirá la suerte de 12 imputados, sino que también sentará un precedente clave en la lucha contra la corrupción en la administración pública provincial.

    (Foto Jueces integrantes del tribunal/Crédito Diario Río Negro)

  • Estafa con planes sociales en Neuquén: quiénes son los jueces que dictarán la sentencia

    Estafa con planes sociales en Neuquén: quiénes son los jueces que dictarán la sentencia

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    En septiembre de 2023, Neuquén era un hervidero político. En la Ciudad Judicial, la fiscalía formulaba cargos contra un exministro, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social por la estafa con planes sociales, una investigación iniciada un año antes. Al mismo tiempo en el piso 11 del Consejo de la Magistratura, tres abogados competían en un concurso para convertirse en jueces.

    Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla ocuparon, en ese orden, los tres primeros puestos en el concurso múltiple 216 y los designaron magistrados el 30 de noviembre con votos de todos los bloques presentes salvo la izquierda. Fue uno de los últimos actos de la Legislatura que acompañó la gestión de Omar Gutiérrez.

    Dos años después son ellos quienes deben dictar el veredicto en el juicio contra 12 imputados por aquella estafa. Casi desconocidos fuera del círculo judicial, aquí se ofrece un breve perfil de cada uno.

    Recorrido por la función pública


    Nacido en Mar del Plata y recibido en la Universidad Nacional de esa ciudad: Juan Guaita. (Matías Subat)

    Juan Ignacio Guaita es el que tiene mayor recorrido público. Es posible que mucho de lo que escuchó en las 32 audiencias del juicio oral le haya resultado familiar porque conoce la administración provincial desde adentro: fue subsecretario de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Jorge Sapag. En esa época el área dependía de la ministra Zulma Reina y el subsecretario de Gobierno era otro conocido, Mariano Gaido.

    También fue director General de Coordinación de la Asesoría General de Gobierno y director de Asuntos Jurídicos y apoderado para asuntos judiciales del Consejo Provincial de Educación, todo entre 2010 y 2015. En junio del 2020 asumió como director de la Oficina Judicial Penal de la I Circunscripción Judicial, y en 2023 como juez.

    En febrero dictó la absolución del exsubsecretario de Ambiente provincial, Juan de Dios Lucchelli, que fue ratificada por el Tribunal de Impugnación.

    La condena y el hábeas


    Presidente del Tribunal durante las 32 audiencias, un récord para la provincia: Juan Kees. (Matías Subat)

    Juan Manuel Kees es el presidente del Tribunal, un cargo que se decidió minutos antes de que comenzara el juicio. Al ambiente político le cuesta encasillarlo: recibió con cautela los 18 años de prisión que le impuso al docente del Jardín 31 de Neuquén y un sector lo cuestionó cuando hizo lugar a hábeas corpus por la crisis carcelaria.

    Como sucedió hace poco con el caso del juez Maximiliano Bagnat, hubo legisladores que pisaron el límite que separa a los poderes.

    Con buena parte de su carrera en la justicia federal, en un concurso del Consejo de la Magistratura de la Nación quedó primero para ocupar una vacante en el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Su pliego, como el de decenas de candidatos, quedó estancado.

    Se desempeñó como querellante por la APDH en juicios por delitos de lesa humanidad y como abogado de Zainuco. Lo tomaron de rehén en la Unidad 11; a partir de ese episodio a la organización que representa los derechos de las personas detenidas le prohibieron el ingreso a la cárcel.

    Una decisión de vida


    Nació en Cutral Co, es el más joven de los tres: Luciano Hermosilla. (Matías Subat)

    Vivir la experiencia de ser tomado de rehén -aunque en otra cárcel- es algo que también conoce el tercer juez del tribunal, Luciano Hermosilla, otro surgido del semillero de la defensoría federal de Neuquén.

    Trabajó en la defensoría federal de la víctima y en la defensoría de ejecución penal, lo que lo mantuvo en contacto con la población carcelaria.

    A fines del año pasado se desempeñó como el juez técnico del jurado popular contra los autores del asesinato de Lucas Telmo, un caso conocido como el crimen de la Autovía Norte.

    «Ser juez es más que un trabajo, es una decisión de vida«, expresó durante la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura provincial.

    Tiempo de deliberar


    El pasado miércoles 10 terminó el juicio con las palabras finales de algunos de los imputados. A partir de ese momento los jueces pasaron a la deliberación secreta: se trata, en lo formal, de una o más reuniones en las que intercambian puntos de vista sobre toda la prueba producida y esbozan el primer borrador del veredicto.

    El caso de la estafa con planes sociales fue declarado asunto complejo y el juicio se extendió más de 30 días, de modo que el plazo de la deliberación es igual de extraordinario: 10 días. Es la primera vez que se aplicará el inciso 4 del artículo 224 del Código Procesal Penal que concede esos tiempos.

    De todos modos trascendió que la intención del Tribunal es dar a conocer el veredicto el miércoles 24 de septiembre, y si es posible un día antes.


  • Planes sociales, el final y la confesión del mediático abogado: “Yo soy un enemigo de este gobierno”

    Planes sociales, el final y la confesión del mediático abogado: “Yo soy un enemigo de este gobierno”

    A Alfredo Cury le molestó hace un tiempo una frase del fiscal Juan Manuel Narváez, en el alegato de clausura, cuando dijo en tono de arenga «el pueblo de Neuquén tiene derecho a saber…» sobre los detalles de la causa por estafa con planes sociales, como si se tratara de una tribuna. Y en el turno de su defensa -este miércoles con el cierre del juicio- se despachó con todo. Por momentos con contradicciones, y anécdotas personales, que generaron un hartazgo en el tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita. En 10 días podrían dar el veredicto.

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    Dijo, además, que no tiene expectativas de la justicia, ya que el poder político lo tomó como «un enemigo» desde que le reformularon los cargos, por asociación ilícita y defraudación al Estado, por el cobro de siete cheques planes sociales, en concepto de asesoramiento jurídico. Indicó que no sabía que los cheques tenían esa condición y con altanería dijo deslizó que jamás podría haber integrado una asociación ilícita.

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    «No sabía que estaba cobrando un subsidio para desocupación, y son tan malas las contadoras de la fiscalía por Agustina Martínez y Melissa Benítez Jaccod). Es humillante lo que me hicieron, ¿ustedes creen que necesito un subsidio para la desocupación? Trabajo por todos lados y con ambientes complejos», sostuvo Cury.

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    En esa línea dijo que reconoció haber cobrado cheques, pero que devolvió el dinero y, además, pidió una actualización. «Yo devolví la plata y ofrecí devolverla con la actualización, 498.200 pesos, y ofrecí 3 millones más. ¿Saben cuánto es el monto de esos cheques que cobré en relación con los que dice de los 153 millones de pesos de monto histórico? Es el 0,0319% de lo que puso la fiscalía», indicó.

    El mediático abogado ejerció su defensa y la de Ricardo Soiza, principal acusado de asociación ilícita y defraudación al Estado, y también la de sí mismo, con el apoyo del defensor oficial Juan Pablo Piombo. Este último pidió la absolución del Cury, pero fue más sintético y fue al grano.

    Planes sociales: Piombo pidió la absolución de Cury

    «El asunto es que a él le pagaron con cheques y trabajó. La situación del doctor Cury es diferente, porque no trabajaba en el Estado, sino como abogado, y lo que está el juego es el derecho al trabajo y no nos afectaría solo al doctor Cury sino a todos los abogados. ¿Es deber del abogado saber de dónde viene el dinero de los honorarios?», dijo Piombo.

    Piombo dijo que quedó demostrado que había un vínculo exclusivo entre Cury y Soiza, por casos particulares que le daban Desarrollo Social en nombre del gobierno provincia, para gente que no podría pagar un abogado. Además, que en 2022 cuando estalló la causa de los planes sociales, el mismo Cury fue el abogado inicial de algunos de los imputados, y también de los “arrepentidos”: los cuatro exempleados que ofrecieron pruebas para ser sobreseídos e incriminar a sus compañeros de trabajo. Sorbe todo a Soiza, Pablo Sanz y Marcos Osuna, los más complicados y con prisión preventiva.

    El defensor que también es de Marcos Osuna, pero que (en esta última audiencia lo defendió a Cury), descartó la idea de la asociación ilícita, como el resto de los defensores. El abogado indicó que «no puede ser condenado por administración fraudulenta, y requiere una calidad especial que tiene que tener el cuidado de bienes, y no tenía esa condición. Debe ser absuelto por ese delito», explicó.

    Una de las características para que se dé este delito, es haber generado «conmoción social», y no sucedió con el tema de los planes sociales. Nadie sabía nada, ni estaba aterrado en pandemia, salvo cuando se ventiló el caso por lo medio de comunicación. «No se demostró que Cury haya querido conmocionar la sociedad, por eso solicito que se lo absuelva», dijo.

    Cury protagonizó un alegato cargado de críticas políticas y jurídicas y buscó despegarse de las imputaciones, sobre todo de haber intervenido en la administración de expedientes y apuntó contra la fiscalía y por lo que consideró una “causa mediatizada” y direccionada.

    Recordó que, tras la reformulación de cargos, él no estaba en el radar del Ministerio Público Fiscal, hasta que el MPN pierde las elecciones en abril de 2023. «Empiezan las reuniones con el doctor José Gerez. Supuestamente, desde el gobierno habían dado la orden que si no se aceleraba el juicio, nadie se va a jubilar. «Ahí aparecemos otros imputados, como Tomás (Siegenthaler), Julieta Oviedo y yo”, expresó.

    “Si hubiera sabido algo, habría cantado”

    El letrado insistió en que nunca manejó expedientes administrativos y que su vínculo con la causa se limita al cobro de honorarios. “Si hubiese sabido algo, habría cantado, pero no tengo nada, solo cobré los cheques que fueron mis honorarios”, expresó. En ese sentido, remarcó que “jamás manejé un expediente administrativo, tampoco lo manejó Pablo Sanz, ni Ricardo Soiza ni Isabel Montoya. Esa premisa de la fiscalía es mentira”.

    También negó haber tenido trato con personal de la oficina vinculada a los planes sociales. “No existió. No tenía trato con nadie de esa oficina, sí con Ricardo Soiza”.

    Cury comparó su situación con una anécdota relatada en el juicio por la Contadora General de la Provincia, quien dijo haberle pedido a una empleada dinero de su cartera para asistir de urgencia a una mujer vulnerable, que luego fue reintegrado con un cheque. El dijo que había entendido lo mismo, que las causas penales son de urgencia, y que el cobró los cheques de sus honorarios, pero que no se fijó si realmente eran de planes sociales.

    El abogado justificó el depósito de los cheques que cobró en su propia cuenta, la mayoría de montos bajos. “Eran cheques por 49 mil pesos. Si yo hubiese querido ocultar eso, firmaba el cheque y lo depositaba otra persona en otro banco. Pero no vi nada malo”, aseguró.

    Sobre la acusación de haber retirado fondos en “ráfagas”, cuestionó. “La extracción en ráfagas en qué conducta penal entra, no es delito, no hay ningún artículo del Código Penal que indique sanción a ese comportamiento”, recordó.

    También enfatizó que no fue objeto de las medidas más habituales en investigaciones de corrupción. “Ni siquiera estaba en el radar de la fiscalía. Si era sospechoso, ni me allanaron la casa, ni me intervinieron el teléfono”, dijo.

    En varios tramos de su alegato, Cury apuntó contra la politización del proceso judicial. “El gran problema de esta causa es la mediatización. Se les informó a toda la sociedad lo que pasaba. Hablan de reservar a las personas, pero expusieron a toda la sociedad”, señaló.

    Fue más allá y se definió como opositor del oficialismo. “Hay un dicho que dice, ‘al amigo todo, al enemigo nada’. Y yo soy enemigo de este gobierno. En una reunión con intendentes sostuvo que desde el gobierno habrían dicho. ‘No me conformo con la sangre de Ricardo, los quiero a todos presos. Por eso Abel Di Luca se asustó’”, indicó.

    También mencionó la existencia de la llamada “caja azul”, que -según su alegato- no quedó debidamente acreditada en la acusación fiscal. y sostuvo que se tergiversó el tema. «Caja azul hay en todas las oficinas de la administración pública», en relación que la Fiscalía jugó con el doble significado de «azul», por la línea del MPN que fundó el exgobernador Jorge Sapag.

    “¿Me van a juzgar socialmente o jurídicamente?”

    Cury cerró su alegato con un planteo fuerte sobre la legitimidad del proceso y el alcance de las acusaciones. “Me van a juzgar socialmente o jurídicamente. Si hay algo por encima de mí tiene que ser la ley, no una persona”, sostuvo.

    Cuestionó, además, que la acusación se base en la supuesta complicidad de miles de beneficiarios: “No había posibilidad de cometer el delito sin la complicidad de los beneficiarios. Y no hay manera de que vayan 9.300 personas presas, no hay cárceles. La sanción la establece la ley argentina y no el pueblo de Neuquén”.

    En ese marco, advirtió que no se puede sostener que haya actuado de manera ilícita, indicó el abogado. “Yo ayudé a gente, y eran urgencias, y el derecho penal se trata de eso”, agregó.

    Para el abogado, el proceso estuvo signado por la presión política y la exposición pública. “Más de 4 mil empleados cobraron cheques de los planes sociales, según un informe del Tribunal de Cuentas, pero el único culpable soy yo”, concluyó.

    «Soy abogado, defiendo gente, no llevaba expedientes a ningún lado. Trabajé hasta en la privada de Jorge Sapag. No necesito pedirle nada a nadie, soy autosuficiente y no me va a poner cara de buenito y de simpático. En este caso concreto, no hice nada. En este juicio ninguno se animaba de hablar en contra, sobre el ojo acusador de la sociedad, y cuando uno llega hasta este punto y piden respeto… a mí no me han respetado», dijo el abogado.

    Y cerró: «No vine acá a ser amigo de nadie, sino para que se aplique la ley».

  • Quedó preso en Chile: el exdiputado de Neuquén fue arrestado por ingresar con balas ocultas

    Quedó preso en Chile: el exdiputado de Neuquén fue arrestado por ingresar con balas ocultas

    El paso internacional Pino Hachado volvió a ser escenario de un hecho resonante que cruzó política y justicia. El exdiputado de Neuquén, Edgardo Della Gáspera, fue demorado el viernes pasado por autoridades chilenas al intentar ingresar con 50 municiones calibre .22 ocultas en su camioneta, sin declararlas en Aduana. La investigación lo había mantenido con medidas cautelares menos gravosas, hasta que la Corte de Apelaciones de Temuco avaló un pedido de la Fiscalía y quedó arrestado bajo prisión preventiva.

    El caso generó un escándalo político y judicial en la región, ya que el exlegislador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) terminó con prisión preventiva, una medida cautelar que refleja la gravedad que la legislación trasandina le otorga al contrabando aduanero y a la internación ilegal de municiones.


    El operativo en Pino Hachado


    El episodio ocurrió el viernes 29 de agosto, cerca de las 9 de la mañana. Della Gáspera, domiciliado en Loncopué, viajaba en una Toyota Hilux junto a otras personas. En el control chileno, agentes de Aduana y Carabineros le consultaron si transportaba bienes prohibidos o sujetos a declaración. El exdiputado aseguró que no y ratificó esa negativa en una declaración jurada.

    Sin embargo, una inspección detallada reveló la presencia de una caja con cincuenta proyectiles Orbea calibre 22 largo, escondida en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor. El hallazgo desató la denuncia formal y dio inicio a la causa judicial.


    Reconocimiento de responsabilidad


    De acuerdo con el acta oficial, Della Gáspera reconoció de inmediato su responsabilidad y admitió que sabía que estaba infringiendo la norma. La fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal ordenó que la munición quedara bajo custodia de Carabineros, en tanto se avanzaba en la investigación.

    Inicialmente, el tribunal dispuso medidas cautelares menos estrictas: arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en territorio chileno. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión y solicitó prisión preventiva.


    La Corte de Apelaciones endureció la medida


    Este lunes 1 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Temuco dio lugar al pedido fiscal y resolvió que el exdiputado permanezca en prisión preventiva mientras avanza la causa. El tribunal argumentó que la «internación ilegal de municiones y el contrabando aduanero son delitos graves en Chile», con penas que pueden derivar en condenas de cumplimiento efectivo.

    Esto implica que Della Gáspera deberá esperar el desarrollo del proceso judicial en una unidad carcelaria, sin posibilidad de regresar a Argentina hasta que se resuelva su situación legal.


    Un dirigente con trayectoria en el MPN


    Edgardo Della Gáspera fue diputado provincial por el MPN en dos períodos. Entre 2012 y 2015, durante la gestión del gobernador Jorge Sapag, y en 2016, cuando asumió en reemplazo del fallecido Luis Sapag. Su carrera política estuvo vinculada a la línea azul del partido y a dirigentes como el exgobernador Omar Gutiérrez.

    La noticia de su detención y prisión preventiva repercutió en Neuquén, donde distintos sectores políticos y judiciales siguieron con atención el caso, que podría derivar en un proceso judicial de largo camino en territorio chileno.


  • Video  Prisión en Chile: el giro en la causa contra el exdiputado de Neuquén que ingresó balas por Pino Hachado

    Video Prisión en Chile: el giro en la causa contra el exdiputado de Neuquén que ingresó balas por Pino Hachado

    El escándalo que estalló en el paso internacional Pino Hachado con la detención del exdiputado de Neuquén Edgardo Della Gáspera sumó un capítulo decisivo en las últimas horas. Según información exclusiva a la que accedió Diario RÍO NEGRO, la situación procesal del neuquino se complicó. Tras una audiencia inicial en la que se habían dispuesto medidas cautelares menos severas, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar esa resolución y decretar prisión preventiva. Ahora, deberá cumplir el arresto en un centro penitenciario por los siguientes tres meses.

    Según resolvieron tres magistrados de la Corte de Apelaciones, la medida implica que el exlegislador provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN) permanecerá recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Curacautín mientras se desarrolla la investigación, fijada en un plazo de tres meses.


    Cómo fue la detención en Pino Hachado


    El episodio ocurrió el viernes 29 de agosto, cuando Della Gáspera intentó cruzar a Chile a bordo de una Toyota Hilux acompañado de otras personas. En el control fronterizo chileno, agentes de Aduana y Carabineros le consultaron si transportaba elementos sujetos a declaración. El exdiputado respondió que no, incluso lo ratificó en una declaración jurada.

    La revisión detallada del vehículo reveló lo contrario: en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor se halló una caja con 50 proyectiles Orbea calibre 22 largo. El hallazgo derivó en la denuncia inmediata y en la apertura de la causa por contrabando aduanero e internación ilegal de armas sujetas a control, delitos graves bajo la legislación chilena.


    Qué estableció la primera resolución judicial


    El sábado 30 de agosto, el Juzgado de Garantía de Curacautín, bajo la dirección del magistrado Eduardo Antonio Pérez Yáñez, analizó el caso en audiencia de control de detención. El fiscal Miguel Velásquez imputó formalmente a Della Gáspera por los delitos de contrabando aduanero y vulneración de la Ley de Control de Armas. La defensa estuvo a cargo de la abogada Carolina Sandoval.

    El tribunal unipersonal reconoció la existencia de pruebas suficientes para formalizar cargos, pero desestimó en un primer momento el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva. Argumentó que, si bien el ingreso de municiones al país sin declarar es un ilícito sancionado, no revestía la misma peligrosidad que el tráfico de armas de fuego.

    En ese marco, dispuso medidas cautelares alternativas: arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país. Además, el imputado debía fijar un domicilio dentro de Chile en un plazo de 48 horas.


    Cómo fundamentó la fiscalía el pedido de prisión


    La fiscalía no se conformó con esa decisión. Durante la misma audiencia, el fiscal Velásquez interpuso un recurso verbal de apelación, sosteniendo que la libertad de Della Gáspera constituía un peligro para la seguridad pública. Argumentó que el delito era de mera actividad y se configuraba solo con el hecho de ingresar las municiones sin declararlas.

    «Entendemos que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad (…) sobre el particular, debemos considerar que el artículo quinto del Código Penal es sumamente claro que la ley penal es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluyendo los extranjeros. Precisamente del límite internacional a Chile, aunque sea el papa, está obligado a cumplir la ley chilena», dijo la fiscalía en un fragmento de los alegatos que terminaron en la decisión judicial.

    También enfatizó que, en caso de condena, la pena mínima sería efectiva, lo que hace improbable la aplicación de sanciones sustitutivas. “Aunque sea el presidente, un diputado o un estanciero, todos están obligados a cumplir la ley chilena”, remarcó el Ministerio Público Fiscal en otro pasaje del alegato, destacando además que el país se encuentra bajo un estado de excepción constitucional, en parte por la circulación de armas y municiones.


    La decisión de la Corte de Temuco


    El pasado lunes 1 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar la medida del tribunal de Curacautín. Con el voto de la ministra Cecilia Aravena López, el ministro José Héctor Marinello Federici y el abogado integrante Roberto Contreras Eddinger, la sala consideró que no estaba acreditado que el imputado tuviera arraigo en Chile.

    La defensa había intentado sostener que Della Gáspera tenía domicilio en Loncopué, en Neuquén, junto a su esposa e hijas, pero no presentó documentación suficiente para demostrar residencia dentro del territorio chileno. Para el tribunal, esa falta de arraigo aumentaba el riesgo de fuga.

    En consecuencia, la Corte determinó que la medida adecuada era la prisión preventiva. La resolución fue comunicada de inmediato al CDP de Curacautín, donde el exdiputado quedó alojado.

    «Todas las circunstancias hacen que, para asegurar los fines del procedimiento, sea necesaria la privación de libertad del imputado, por ahora, razón por la cual se revoca la resolución del Juzgado de Garantía de Curacautín», explicó el fallo al que tuvo acceso este medio.


    Los plazos del proceso


    El Ministerio Público de la Región de La Araucanía informó que el plazo de investigación -y prisión preventiva- se fijó en tres meses, tiempo durante el cual la defensa podrá presentar pruebas y alegar atenuantes. La fiscalía, en tanto, avanzará en el análisis de la documentación incautada y de los testimonios de los funcionarios que intervinieron en el procedimiento.

    En Chile, la «internación ilegal de municiones» sin autorización es sancionada por la Ley de Control de Armas (Ley 17.798) y la Ley de Aduanas (20.780). Dependiendo de la calificación jurídica, la pena podría superar los cinco años de prisión efectiva.


    Un exlegislador con pasado político en Neuquén


    Edgardo Daniel Della Gáspera tuvo una carrera política en el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Fue diputado provincial entre 2012 y 2015, durante la gestión de Jorge Sapag, y asumió nuevamente en 2016 tras el fallecimiento de Luis Sapag. Su militancia estuvo vinculada a la histórica “línea azul” del partido y a figuras como el exgobernador Omar Gutiérrez.

    En la provincia, el caso se sigue con atención no solo por el perfil público del detenido, sino también por la posibilidad de que enfrente una condena de cumplimiento efectivo fuera del país.


    El escenario judicial abierto


    El proceso judicial recién comienza. La defensa de Della Gáspera podría insistir en atenuar la medida cautelar y buscar alternativas a la prisión preventiva, aunque la Corte ya dejó en claro que la falta de arraigo nacional y la gravedad del delito justifican la privación de la libertad.

    Mientras tanto, el exdiputado permanecerá en el Recinto Penitenciario Centro de Detención Preventiva de Curacautín, a la espera de las próximas audiencias y de un juicio que podría definir su futuro legal.


  • Preventiva para el exdiputado neuquino que fue detenido con 50 municiones en Pino Hachado

    Preventiva para el exdiputado neuquino que fue detenido con 50 municiones en Pino Hachado

    La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la prisión preventiva del exdiputado neuquino Edgardo Della Gáspera, acusado de contrabando aduanero ilegal de municiones. El hecho ocurrió el viernes 29 de agosto de 2025, cuando intentó cruzar el paso Pino Hachado hacia Chile con 50 proyectiles Orbea calibre 22 largo ocultos en su camioneta Toyota Hilux.

    La medida fue adoptada luego de que el Ministerio Público chileno solicitara endurecer las cautelares que inicialmente consistían en arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

    Cómo fue el operativo en la frontera

    Según el acta oficial, alrededor de las 9 de la mañana, agentes de Aduana y Carabineros de Chile preguntaron al exlegislador si transportaba elementos prohibidos. Della Gáspera declaró que no llevaba nada y firmó la documentación requerida.

    Durante la inspección, los oficiales hallaron la caja con 50 municiones en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor. Ante el hallazgo, el exdiputado reconoció su responsabilidad y afirmó que era consciente de la infracción.

    La fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal dispuso que la munición quedara bajo custodia de Carabineros.

    Trayectoria política de Della Gáspera

    Edgardo Della Gáspera, domiciliado en Loncopué, fue diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) en dos períodos: de 2012 a 2015, durante la gestión de Jorge Sapag, y en 2016, tras reemplazar al fallecido Luis Sapag. Estuvo vinculado a la línea azul del partido, cercana al exgobernador Omar Gutiérrez.

    Qué sigue en la causa

    La prisión preventiva implica que el exdiputado permanecerá en una unidad carcelaria chilena mientras avanza la investigación por contrabando aduanero e internación ilegal de municiones, delitos que la legislación trasandina considera de gravedad.

  • Prisión preventiva para el exdiputado neuquino detenido con municiones al querer cruzar a Chile

    Prisión preventiva para el exdiputado neuquino detenido con municiones al querer cruzar a Chile

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    La Corte de Apelaciones de Temuco dictó prisión preventiva para el exdiputado neuquino Edgardo Della Gáspera, quien fue detenido días atrás en el Complejo Fronterizo Pino Hachado, en la comuna de Lonquimay, cuando intentaba ingresar a Chile con una caja de municiones calibre 22 largo que contenía 50 proyectiles.

    En un primer momento, el Tribunal de Garantía de Curacautín había dispuesto medidas más leves: arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en Chile, imputándolo por los delitos de contrabando aduanero e internación ilegal de municiones. Sin embargo, la Fiscalía apeló verbalmente dicha resolución, y la Corte decidió finalmente endurecer las medidas cautelares al considerar la gravedad del hecho y el riesgo procesal.

    El fiscal del Ministerio Público en Curacautín, Iván Isla, explicó que la apelación se basó en los antecedentes del procedimiento de control. En la revisión vehicular realizada por personal de Aduanas, se constató que, pese a que el exlegislador había declarado portar únicamente equipaje en su camioneta, en el apoyabrazos del rodado se encontró la caja de municiones. Este hallazgo fue determinante para la Fiscalía, que solicitó la prisión preventiva como medida proporcional a la conducta atribuida.

    Della Gáspera, figura política vinculada históricamente a la línea azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN), fue legislador provincial durante los gobiernos de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez. En su trayectoria política tuvo notoriedad dentro del partido, aunque en los últimos años había mantenido un bajo perfil.

    El caso ha generado repercusión tanto en la provincia de Neuquén como en la región chilena de La Araucanía, no solo por la figura política involucrada, sino también por el contexto fronterizo en el que se produjo la detención. El proceso judicial continuará bajo la jurisdicción chilena, y la situación procesal del exdiputado dependerá de los avances de la investigación y de las audiencias que la Fiscalía de Curacautín lleve adelante.

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