La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo frente que apunta directamente al estilo de vida del funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita puso la lupa sobre las costosas remodelaciones realizadas en el lote 380 del exclusivo Indio Cuá Golf Club, la propiedad que el ministro coordinador adquirió a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024.
Para descular la ingeniería financiera de la obra, la Justicia citó a declarar para el próximo 24 de abril a Matías Tabar, responsable de la empresa “Grupo AA” y contratista principal de la vivienda, indicó Infobae.
Chats y pagos: el cerco sobre el contratista de Manuel Adorni
La citación a Tabar no es un trámite formal. El fiscal le ordenó presentarse con toda la documentación que respalde su vínculo comercial con el matrimonio Adorni-Angeletti:
- Trazabilidad del dinero: deberá entregar facturas, órdenes de trabajo y comprobantes de pago, especificando si los desembolsos fueron en efectivo, transferencias o cheques.
- Peritaje de comunicaciones: en un requerimiento inusual, la Justicia le exige el acceso a sus chats de WhatsApp y correos electrónicos mantenidos con el Jefe de Gabinete o su esposa para identificar quién daba las órdenes y negociaba los precios.
El misterio de la tasa de ingreso y las expensas del country Indio Cuá
La Justicia también apunta contra la administración del barrio privado por la presunta falta de colaboración. Pollicita reiteró el pedido para identificar el origen de los 5.000 dólares que se pagaron como «tasa de ingreso» al club a fines de noviembre de 2024, manifestó el mismo medio.
El fiscal sospecha que el flujo de fondos destinado no solo a la obra, sino al mantenimiento mensual y al pago de expensas en un club que ofrece golf, hípica y seguridad las 24 horas, podría ser incompatible con los ingresos declarados por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
La conexión Caballito y el peritaje de celulares
El avance sobre la casa de campo se produce en paralelo al levantamiento del secreto fiscal ordenado por el juez Ariel Lijo. El cerco judicial se extiende también al departamento de 230.000 dólares en Caballito, donde Adorni consiguió que los vendedores le financiaran casi el 90% del valor sin intereses.
En este punto, la fiscalía fue un paso más allá: citó a los antiguos dueños del inmueble y a sus familiares, quienes no solo deberán justificar su patrimonio ante la ARCA (ex AFIP), sino que deberán entregar sus teléfonos celulares para ser peritados.
¿Hacia dónde va la causa?
La premisa de Pollicita es clara: determinar el origen real de los fondos. Si las comunicaciones revelan que las obras se pagaron con dinero no declarado, o si los contratistas admiten pagos «en negro», la situación procesal de Adorni pasará de la investigación patrimonial a un posible procesamiento por lavado de activos o enriquecimiento ilícito.
Por ahora, el Jefe de Gabinete mantiene el silencio, mientras sus proveedores y acreedores empiezan a desfilar por Comodoro Py entregando sus teléfonos a la Justicia.
