Etiqueta: Estafas

  • Pagó más de 40 millones de pesos y nunca le entregaron la casa

    Pagó más de 40 millones de pesos y nunca le entregaron la casa

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    miércoles, febrero 11, 2026

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    Pagó más de 40 millones de pesos y nunca le entregaron la casa

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    La nueva denuncia contra una empresa de construcciones se conoció en las últimas horas.

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    Una nueva denuncia por presunta estafa contra la empresa Ruster Soluciones en Construcción salió a la luz esta semana. Estefanía Torres, vecina de Neuquén, relató en el programa Línea Abierta de LU5 que la constructora no cumplió con la entrega de su vivienda tras haber pagado 41 millones de pesos.

    El caso de Torres se suma al de Belén Saavedra, vecina de Plottier, quien en octubre del año pasado denunció en el mismo medio que la empresa no había cumplido con el contrato establecido. Saavedra había perdido 55 millones de pesos en pagos de alquiler y se vio obligada a vender su camioneta con la que repartía agua envasada.

    Según relató Torres, el contrato firmado el 29 de agosto contemplaba la construcción de una casa de 70 metros cuadrados semi-terminada, con un plazo de entrega de 90 días después de completar el pago total. “El 22 de diciembre nos tenía que entregar la casa y nunca lo hizo. Siempre nos decía, vamos a ir, vamos a ir, y no llegaba”, afirmó la damnificada.

    La denunciante explicó que el pago total se realizó el 22 de septiembre en efectivo, tal como exigía la empresa. “Así como llegamos con efectivo, era agarrada la plata y se la llevaba”, señaló Torres, quien agregó que al día de hoy la casa nunca se levantó y solo se colocaron “unas bases y un intento de desagüe”.

    Torres mencionó que el responsable de la empresa, Rodrigo Fernando Díaz, presentaba constantes excusas para justificar los retrasos: “Siempre con excusas, que se le quebró el capataz, se le quebró la novia, se enfermó la hija, se enfermó la secretaria que fue y también se la quebró”.

    La situación llevó a la damnificada y su pareja a contratar un abogado para asesorarse y buscar una solución. “Tuvimos que recurrir con mi pareja a buscar un abogado para que nos pueda asesorar y solucionar esto, porque realmente es una estafa la que nos hizo”, manifestó Torres durante la entrevista.

    La denunciante también reveló que la oficina que la constructora tenía en San Martín y Brown cerró sus puertas. Sin embargo, en su último contacto con Díaz, este le informó que “estaba terminando de firmar los papeles para su nueva oficina”, lo que sugiere que pretende continuar con sus operaciones.

    El caso generó preocupación en la comunidad, ya que según Torres, no solo hay personas afectadas por la no construcción de sus viviendas, sino también trabajadores a quienes la empresa no les pagó sus sueldos. “Es muchísima información la que me desborda ahora y con la que, por el momento, no sé qué hacer, porque yo lo único que quiero es que sea justicia”, concluyó la damnificada.

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  • Junín de los Andes: transfirió 240 mil pesos por Mercado Pago y el juez aclaró por qué no es delito

    Junín de los Andes: transfirió 240 mil pesos por Mercado Pago y el juez aclaró por qué no es delito

    Un hombre realizó una transferencia de dinero a través de Mercado Pago, pero se equivocó de destinatario. Éste se negó a devolverle el dinero por lo que fue denunciado por el delito de estafa. Sin embargo, un juez desestimó seguir adelante con la causa en el fuero penal porque ello “no constituye un delito” y sugirió la vía civil para recuperar el dinero.

    El sitio oficial del Poder Judicial, Jusneuquen, informó que el pasado viernes 6, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama, ratificó la decisión de desestimar una denuncia por estafa radicada por un vecino de Junín de los Andes, quien envió 240 mil pesos por error a través de Mercado Pago y la persona que los recibió se negó a devolver el dinero.

    En esa audiencia el magistrado le explicó al denunciante que el sistema penal «es la última forma de resolver los conflictos, la última ratio, la última herramienta que provee el Estado para solucionar conflictos”, por tal motivo argumentó que la maniobra realizada por Mercado Pago no constituye un delito.

    En referencia al caso particular, indicó que el delito de estafa requiere “cuatro elementos constitutivos: tiene que haber un ardid o engaño que provoque un error, y un desprendimiento patrimonial que signifique un perjuicio”.

    “Estos cuatro elementos deben estar, es una regla básica, si no se dan, como en este caso, entonces la resolución del Ministerio Público Fiscal es correcta: el hecho no constituye delito”, añadió Balderrama.

    Por último, manifestó que “está prevista en el Fuero Civil la posibilidad de que se reclame un enriquecimiento sin justificación o sin causa. En ese caso, corresponde al particular accionar de manera individual en el Fuero Civil si quiere reclamar”.

  • Fijate bien dónde la mandás: transferir dinero por error no configura delito penal según un fallo judicial

    Fijate bien dónde la mandás: transferir dinero por error no configura delito penal según un fallo judicial

    Un fallo judicial generó debate en Junín de los Andes tras la desestimación de una denuncia por estafa vinculada a una transferencia realizada por error. Un vecino había enviado 240 mil pesos a través de una billetera virtual y, ante la negativa del receptor a devolverle el dinero, acudió a la Justicia penal.

    La decisión fue ratificada el viernes en audiencia por el juez de garantías Juan Pablo Balderrama, quien confirmó la resolución del Ministerio Público Fiscal y explicó por qué el hecho no encuadra como delito en el fuero penal.

    El sistema penal como última instancia

    Durante la audiencia, el magistrado remarcó que el derecho penal debe utilizarse solo como último recurso: “El sistema penal es la última forma de resolver los conflictos, la última ratio, la última herramienta que provee el Estado para solucionar conflictos”, explicó ante el denunciante. En ese sentido, sostuvo que no todos los conflictos entre particulares pueden ni deben resolverse a través de una causa penal.

    Por qué no se configura el delito de estafa

    Balderrama detalló que el delito de estafa requiere la presencia de cuatro elementos constitutivos: un ardid o engaño, la generación de un error, un desprendimiento patrimonial y un perjuicio económico.

    Según explicó, esos requisitos deben darse de manera conjunta: “Si no se dan, como en este caso, entonces la resolución del Ministerio Público Fiscal es correcta: el hecho no constituye delito”, afirmó el juez.

    La transferencia errónea y la ausencia de engaño

    En el análisis del caso concreto, el magistrado indicó que no existió ningún engaño previo ni una maniobra destinada a inducir al error. La transferencia se produjo por una equivocación del propio remitente, sin intervención del receptor en esa decisión.

    Por ese motivo, el hecho no puede ser abordado desde el derecho penal, aun cuando exista un perjuicio económico, pero no por esto significa que el dinero esté perdido, ni avaló que quien lo recibió se lo quede. Lo que resolvió es que la Justicia penal no es el ámbito para este reclamo porque no hubo delito, pero hay otras instancias .

    La vía civil como alternativa

    Finalmente, Balderrama señaló que el ordenamiento jurídico prevé otras herramientas para este tipo de situaciones. Indicó que en el Fuero Civil existe la posibilidad de reclamar por enriquecimiento sin causa.

    En ese marco, aclaró que corresponde al particular iniciar una acción individual si desea recuperar el dinero, pero fuera del ámbito penal. En concreto, el fallo deja un mensaje claro: así como es clave revisar a quién se envía una transferencia, también lo es elegir el ámbito correcto para reclamarla.

  • Envió plata por error y no se la devolvieron: por qué la Justicia no lo consideró estafa

    Envió plata por error y no se la devolvieron: por qué la Justicia no lo consideró estafa

    La Justicia neuquina ratificó la decisión de desestimar una denuncia por estafa presentada por un vecino de Junín de los Andes que transfirió por error 240 mil pesos a través de Mercado Pago y cuya devolución fue rechazada por la persona que recibió el dinero. El juez de garantías Juan Pablo Balderrama explicó que el hecho no reúne los requisitos legales para ser considerado un delito penal y que, en todo caso, el reclamo debe tramitarse por la vía civil.

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    Durante una audiencia realizada el último viernes, el magistrado confirmó la resolución del Ministerio Público Fiscal que había considerado que la situación no constituía un delito de estafa. En ese marco, brindó una explicación detallada sobre los límites del derecho penal y las alternativas legales disponibles para el denunciante.

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    Balderrama explicó que el sistema penal no es la primera herramienta para resolver conflictos entre particulares. “El sistema penal es la última forma de resolver los conflictos, la última ratio, la última herramienta que provee el Estado para solucionar conflictos”, señaló el juez, en referencia a que solo se utiliza en los casos más graves y claramente tipificados como delitos.

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    En ese sentido, remarcó que no todas las situaciones injustas o conflictivas pueden resolverse mediante una denuncia penal, sino que existen otros ámbitos judiciales específicos para cada tipo de reclamo.

    Por qué no se consideró estafa el caso

    El magistrado detalló que el delito de estafa requiere la presencia de cuatro elementos fundamentales: un ardid o engaño, un error provocado en la víctima, un desprendimiento patrimonial y un perjuicio económico. “Estos cuatro elementos deben estar, es una regla básica; si no se dan, como en este caso, entonces la resolución del Ministerio Público Fiscal es correcta: el hecho no constituye delito”, afirmó.

    Según explicó, en la situación denunciada no existió una maniobra fraudulenta o engaño por parte de quien recibió el dinero, sino un error del propio denunciante al realizar la transferencia. Por ese motivo, no se configuran los requisitos que la ley penal exige para considerar que hubo una estafa.

    Balderrama también aclaró que el ordenamiento jurídico prevé otras herramientas para este tipo de casos. Indicó que en el Fuero Civil está contemplada la posibilidad de reclamar por “enriquecimiento sin justificación o sin causa”, una figura que permite exigir la devolución de un dinero recibido sin un fundamento legal válido.

    “En ese caso, corresponde al particular accionar de manera individual en el Fuero Civil si quiere reclamar”, sostuvo el juez, al señalar que la persona afectada puede iniciar una demanda civil para intentar recuperar la suma transferida.

    Qué significa el fallo para situaciones similares

    La decisión judicial no implica que quien recibe un pago erróneo pueda quedarse con el dinero sin consecuencias, sino que establece que el conflicto no debe resolverse por la vía penal. En estos casos, el camino adecuado es el fuero civil, donde se analizan las obligaciones de restitución y las posibles compensaciones.

    El fallo también hace hincapié en la importancia de verificar los datos antes de realizar transferencias electrónicas, dado que los errores pueden derivar en conflictos legales que, aunque no constituyan delitos, requieren procesos judiciales para su resolución.

    Con la ratificación de la desestimación, la causa penal quedó cerrada, y el denunciante deberá evaluar si inicia una acción civil para reclamar la devolución del dinero transferido por error.

  • La red de presos que extorsionaba con app de citas detrás de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

    La red de presos que extorsionaba con app de citas detrás de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

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    El misterio que rodeaba la muerte de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años hallado sin vida en la Quinta de Olivos en diciembre pasado, comenzó a esclarecerse este martes. El Gobierno Nacional confirmó que el joven fue víctima de una red criminal de extorsionadores que operaba desde la cárcel, presionándolo psicológicamente hasta el límite a través de una aplicación de citas.

    El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

    Tras 54 días de una investigación reservada, las autoridades desbarataron -lo que denominaron- una «PYME del delito».

    La organización estaba compuesta por reclusos alojados en los penales de Magdalena y Olmos, bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes utilizaban perfiles falsos de mujeres y suplantaban la identidad de policías para exigir dinero.


    La carta y la pista de «Evermatch»


    El caso se remonta al 16 de diciembre, cuando Gómez fue encontrado muerto en una de las casillas de guardia de la residencia presidencial. Si bien se determinó que el joven tomó la decisión de quitarse la vida, una carta hallada en el lugar fue la pieza clave para entender el porqué.

    «Se encontró una pista… me la sé de memoria», señaló Monteoliva. En el escrito, el soldado mencionaba la aplicación de citas Evermatch.

    La investigación reveló que las mujeres con las que la víctima creía chatear no existían: «Eran fotos bajadas de cualquier lado», detallaron los investigadores.

    En su carta de despedida, Gómez escribió: «Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Me trajo problemas legales y muchas deudas (…) Esto parece ser estafa, solo piden más y más plata».


    Cómo operaba la banda que extorcionaba desde la cárcel


    La modalidad de la banda era brutal. Primero, contactaban a la víctima mediante perfiles falsos. Luego, enviaban lo que las autoridades llamaron el «audio del terror»: un mensaje de una supuesta madre, «Gisela Daniela Cardozo», acusando al soldado de «degenerado» por chatear con su hija menor de edad, «Julieta Ayelén Cardozo».

    Inmediatamente después, entraba en escena la segunda fase de la estafa: el llamado de un supuesto policía de la Ciudad. Los delincuentes usurpaban la identidad de dos agentes reales (Matías Nahuel Contti y Carlos Arriola) y exigían dinero a cambio de «silenciar» la supuesta denuncia por pedofilia.

    El soldado, acorralado, realizaba transferencias a cuentas de mujeres (cómplices externas) que fueron detenidas en la madrugada del 8 de febrero. En total, hubo siete detenciones.


    El Gobierno sobre la red de extorciones: «El celular es un arma»


    Detrás de la maniobra había tres cabecillas de edades similares a la víctima (21, 24 y 29 años) que operaban con total impunidad desde sus celdas.

    «Sacamos a la luz una red criminal. Ahora van a estar en el federal de alto riesgo y les aseguro que no van a ver un teléfono por mucho tiempo. Hoy el teléfono celular es un arma dentro de la cárcel«, sentenció Monteoliva.

    Según el parte oficial que trascendió la Agencia Noticias Argentinas, además de la unidad penitenciaria, los operativos también se realizaron en domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande.

    Adorni sostuvo que “un celular en la mano, es efectivamente, permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede permitir tener una pyme del delito dentro de la cárcel”.

    Por su parte, la jueza Arroyo Salgado subrayó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.

    Participaron también de la presentación el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.


  • Quién es el jefe de la banda de estafadores detrás del suicidio del soldado de la Quinta de Olivos

    Quién es el jefe de la banda de estafadores detrás del suicidio del soldado de la Quinta de Olivos

    Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario del Ejército Argentino de 21 años, oriundo de Formosa, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza el 16 de diciembre pasado en la garita de seguridad de la Quinta de Olivos. Con el avance de la investigación, la Justicia federal determinó que detrás de su suicidio operó una banda dedicada a estafas y extorsiones, que actuaba desde penales bonaerenses utilizando aplicaciones de citas.

    La causa está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien encomendó la pesquisa a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. El expediente permitió identificar a Tomás Francavilla como el jefe de la organización criminal.

    La nota que dejó y el celular clave

    Junto al cuerpo de Gómez se halló una nota en la que el joven hacía referencia a deudas económicas y mencionaba a supuestos “policías corruptos”. Además, los investigadores secuestraron su teléfono celular, que fue peritado por un equipo forense especializado.

    Del análisis surgieron llamadas, mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencias, que permitieron reconstruir el circuito de extorsión y llegar rápidamente a los sospechosos.

    El engaño que terminó en extorsión

    Según la causa, todo comenzó cuando Gómez fue contactado a través de la aplicación de citas Evermatch por un perfil falso de mujer. Luego de varios intercambios, el joven recibió llamados de un supuesto policía que lo acusaba de mantener una relación con una menor de edad inexistente.

    La banda incluso usurpó la identidad de un policía porteño y llegó a enviarle audios simulando ser la madre de la menor, quien amenazaba con radicar una denuncia penal. A partir de allí, comenzó la extorsión.

    $1,4 millones en un día

    En las horas previas a su muerte, Gómez transfirió $1,4 millones de pesos en cuatro operaciones a distintas billeteras virtuales. Parte del dinero fue enviado a una cuenta que habría sido operada por Iara Cosentino, pareja de Francavilla, detenida como presunta cobradora de la banda.

    Según los investigadores, Cosentino y Francavilla mantenían contacto permanente, incluso mientras él se encontraba detenido.

    Quién es Tomás Francavilla

    Francavilla, de 22 años y oriundo de San Justo, cumple condena desde 2024 tras haber sido sentenciado a tres años y diez meses de prisión por robo a mano armada, con antecedentes por el mismo delito en 2022.

    En las últimas horas, la PFA realizó siete allanamientos en el oeste del conurbano bonaerense y en los penales de Magdalena y Olmos, donde fueron detenidos siete sospechosos, entre ellos Francavilla y otros internos de la Unidad N°36.

    Un doble comando desde prisión

    La investigación determinó que la banda funcionaba con un doble liderazgo. Además de Francavilla, aparece como segundo jefe Mauricio Duarte Areco, de 24 años, también preso en el penal de Magdalena y compañero de celda del principal acusado.

    Duarte cuenta con antecedentes desde menor de edad y una condena a cuatro años de prisión por robo de vehículo y tentativa a mano armada. Su pareja, Karen Cufré, fue detenida y señalada como una pieza clave en la logística de la organización. Un tercer interno del mismo penal también fue involucrado.

    Una red de estafas reiteradas

    Los investigadores detectaron otras víctimas, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una asociación ilícita dedicada a estafas reiteradas, que operaba desde prisión utilizando identidades falsas, perfiles apócrifos y amenazas judiciales para extorsionar a sus objetivos.

  • Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude y sobornos en la Agencia de Discapacidad

    Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude y sobornos en la Agencia de Discapacidad

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    El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy el procesamiento de Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de la gestión de Javier Milei. El magistrado lo acusó de ser uno de los jefes de una «asociación ilícita» montada para cobrar sobornos y cometer fraudes contra el Estado mediante licitaciones digitadas y sobreprecios.

    Según anticipó el diario La Nación, el fallo describe un «entramado de corrupción institucional» que operó durante los primeros meses del gobierno libertario. Para la justicia, la ANDIS fue «empleada como vía de enriquecimiento» por una banda mixta de funcionarios y operadores privados que actuaron «en claro desmedro de la finalidad pública» del organismo.

    La cúpula de la banda


    La resolución alcanza a un total de 19 personas. Además de Spagnuolo, Casanello procesó como jefes de la organización a:

    • Daniel Garbellini: exnúmero dos de la Agencia.
    • Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian: empresarios vinculados a droguerías y con pasado en la política, quienes habrían controlado el organismo «desde afuera».

    La máquina de contar billetes y el embargo récord


    Para dictar los procesamientos, el juez valoró pruebas contundentes halladas en los allanamientos. El dato más llamativo fue el secuestro de una máquina de contar billetes en la casa particular de Spagnuolo. Para Casanello, este elemento era «necesario para instrumentar la entrega y recibo de dinero», dado que la condición de funcionario público le impedía bancarizar las coimas.

    El golpe económico para los acusados es masivo: el juzgado trabó un embargo de 202.247 millones de pesos sobre los bienes del ex titular de ANDIS y montos similares para los otros cabecillas, una cifra que busca cubrir el daño patrimonial estimado.

    El «turnero» de las droguerías


    La resolución judicial desmenuza cómo funcionaba la estafa: se montó una «puesta en escena» de competencia de precios entre cuatro empresas (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta) que en realidad estaban complotadas. Según el fallo, las firmas se «turnaban» para ofertar y ganar las licitaciones de medicamentos de alto costo con sobreprecios, habiendo sido dadas de alta como proveedoras el mismo día y en tiempo récord.

    «Otro nivel de complicidades»


    Uno de los puntos más inquietantes del fallo es la advertencia del juez sobre los alcances de la maniobra. Casanello señaló que el esquema delictivo parece no agotarse en los hechos probados y sugirió que la impunidad con la que se manejaban —haciendo caso omiso a quejas de otros funcionarios o proveedores desplazados— indica que «no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades».

    «La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados», escribió el magistrado.

    Los audios y el factor político


    La causa se originó en agosto pasado tras una denuncia basada en la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, se mencionaba a «Lule» Menem como quien había «metido» a Garbellini en la Agencia «para chorear», y se aludía a un supuesto «3%» destinado a Karina Milei, asegurando que el Presidente estaba al tanto.

    Si bien las defensas pidieron la nulidad de la causa alegando el origen ilícito de esas grabaciones, Casanello rechazó hoy esos planteos. No obstante, el juez aclaró que no utilizó los audios como prueba directa para fundamentar estos procesamientos, basándose en cambio en la evidencia recolectada sobre las licitaciones y el circuito administrativo irregular.

    Con información de NA, La Nación e Infobae.


  • El soldado que se suicidó en Olivos fue víctima de una extorsión digital

    El soldado que se suicidó en Olivos fue víctima de una extorsión digital

    El Gobierno nacional y la Justicia Federal informaron este jueves los avances de una investigación que permitió establecer que el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue víctima de una red de extorsión digital que operaba desde cárceles bonaerenses. El joven, integrante del Regimiento de Granaderos, se quitó la vida el 16 de diciembre mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, residencia oficial del presidente Javier Milei.

    Los resultados de la causa fueron presentados en una conferencia conjunta encabezada por autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien tiene a su cargo la investigación. Allí se confirmó que el suicidio estuvo precedido por un proceso de extorsión que afectó también a otras personas y que se articulaba a través de aplicaciones de citas y el uso ilegal de teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios.

    Según se detalló, la maniobra comenzaba con la creación de perfiles falsos que entablaban contacto con las víctimas. Luego, los integrantes de la organización simulaban la intervención de familiares y supuestas autoridades policiales, con el objetivo de generar temor y exigir transferencias de dinero para evitar consecuencias judiciales. En el caso de Gómez, la extorsión incluyó un audio intimidatorio y un llamado de una persona que se hizo pasar por un efectivo de la Policía de la Ciudad, utilizando datos reales de un agente cuya identidad había sido usurpada.

    La investigación se inició a partir de una carta que dejó el soldado y de la necesidad de esclarecer las circunstancias de su muerte, ocurrida en un contexto de alta sensibilidad institucional. A partir de tareas de análisis digital, cruces de información y allanamientos, se determinó que la organización funcionaba como una estructura sistemática dedicada a estafas y extorsiones, con base en al menos dos cárceles de la provincia de Buenos Aires.

     

    Como resultado de los operativos realizados en las últimas horas, se concretaron detenciones de personas vinculadas a la banda y se secuestraron teléfonos celulares utilizados para cometer los delitos. Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó que el uso de dispositivos móviles en contextos de encierro representa un riesgo significativo, ya que facilita la comisión de delitos complejos a distancia.

    La jueza Arroyo Salgado explicó que la difusión pública de los detalles del caso también busca prevenir nuevas víctimas y alertar sobre esta modalidad delictiva. La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y el análisis del material secuestrado.

  • Un juez ratificó que transferir dinero por error no constituye un delito penal

    Un juez ratificó que transferir dinero por error no constituye un delito penal

    Junin de los Andes.- El juez de garantías Juan Pablo Balderrama ratificó la decisión de desestimar una denuncia por estafa presentada por un vecino de Junín de los Andes, quien había transferido 240 mil pesos por error mediante la aplicación Mercado Pago y no logró que el destinatario del dinero se lo devolviera.

    La resolución fue confirmada durante una audiencia realizada el viernes, en la que el magistrado avaló el criterio del Ministerio Público Fiscal al considerar que el hecho no configura un delito penal.

    Durante su exposición, Balderrama explicó al denunciante que “el sistema penal es la última forma de resolver los conflictos, la última ratio, la última herramienta que provee el Estado para solucionarlos”, y aclaró que no todas las situaciones conflictivas deben resolverse en ese ámbito.

    En relación con el caso concreto, el juez detalló que el delito de estafa requiere la presencia de cuatro elementos constitutivos: “un ardid o engaño que provoque un error, un desprendimiento patrimonial y un perjuicio”. En ese sentido, sostuvo que ninguno de esos requisitos se verificó en la situación denunciada.

    “Estos cuatro elementos deben estar presentes. Si no se dan, como ocurre en este caso, entonces la resolución del Ministerio Público Fiscal es correcta: el hecho no constituye delito”, afirmó.

    Finalmente, Balderrama señaló que el ordenamiento jurídico contempla una vía alternativa en el Fuero Civil, donde puede reclamarse un enriquecimiento sin causa. “Corresponde al particular accionar de manera individual en el ámbito civil si desea recuperar el dinero”, concluyó.

  • Dilemas de un pequeño productor que descargó su bronca en un video

    Dilemas de un pequeño productor que descargó su bronca en un video

    Las peras caen pesadas sobre la tierra. Grandes, verdes, perfectas. No están podridas ni golpeadas. No son descarte. Son frutas listas para cualquier verdulería de barrio, para cualquier mesa familiar. Pero nadie las va a comer. “Le voy a devolver a la tierra lo que la tierra me da”, dice el productor Horacio Vicci mientras sacude con fuerza el alambre de las espalderas. Cada movimiento desprende decenas de peras que se estrellan contra el suelo de su chacra en Lamarque, en el corazón del Valle Medio de Río Negro. La escena, registrada en un video que se volvió viral, no es un acto de locura ni de capricho: es el resumen brutal de un sistema que dejó de funcionar para los pequeños productores frutícolas.

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    Horacio se pregunta, mirando a la cámara, para qué trabajar si después los intermediarios del Mercado Central de Buenos Aires le pagan entre 250 y 300 pesos el kilo. La pregunta queda flotando en el aire caliente del verano patagónico. No tiene respuesta sencilla.

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    Porque esos 300 pesos, que al cruzar la General Paz se transforman en 4.000 en una verdulería, no llegan nunca en tiempo y forma. No son al contado. Pueden llegar a los 30, 60 o 90 días. O pueden no llegar nunca.

    El costo de producir y la trampa de vender

    Horacio Vicci no es solo productor. También es dirigente en su cámara. Conoce los números, los costos, las reglas no escritas del negocio. Se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana y trabaja hasta que el cuerpo aguanta. Recién cerca del mediodía, cuando vuelve a tener señal en el celular, puede atender la llamada del periodista de +P.

    “Hice el video para que la sociedad sepa un poco lo que les pasa a los productores”, explica. Y entonces aparece el dato que cambia el tono de la charla: el año pasado entregó toda su cosecha a un intermediario. Por necesidad. Por urgencia. Por esa fe casi irracional que todavía sostiene a muchos chacareros. Cobró apenas el 20 % de la fruta entregada. El resto nunca llegó. Hoy le deben cerca de 70 millones de pesos.

    “Con esos 300 pesos no cubrís los costos. Encima ni cubrís los costos”, repite, como si necesitara convencerse a sí mismo. “Si te pagaran de contado, más o menos podría ser. Comprás gasoil para el resto del año, le pagás a la gente. Pero acá tal vez cobrás a los tres o cuatro meses”.

    El problema no es solo el precio. Es el tiempo. La incertidumbre. La falta total de garantías.

    La decisión más dura

    Después de hacer cuentas, Horacio tomó una decisión que para muchos productores suena a derrota: toda la pera de su cuadro de tres hectáreas va directo a la industria juguera. No a la mesa. No al consumo fresco. “Nos pagan 100 pesos el kilo y pagan enseguida”, dice. La cifra duele. Pero al menos es real.

    En la chacra, una cuadrilla de nueve obreros termina de juntar la fruta que será sidra o jugo. “Estamos trabajando a planta pelada. Todo vamos a llevar. Lo de la planta y lo del suelo”, explica. No hay margen para seleccionar, para esperar, para especular.

    Esperar implicaría alquilar frío, asumir costos que no puede pagar y cruzar los dedos para que aparezca algún comprador. “No puedo afrontar ese gasto. Entonces preferí vender a la industria”, resume.

    El sueño del chancho flaco

    Después de la estafa del año pasado, Horacio volvió a apostar. Porque el productor, como dice él mismo, siempre vuelve a apostar. “El chancho flaco siempre sueña con maíz”. Vendió un auto para llegar a esta temporada. La cosecha se prefinancia: gasoil, mano de obra, insumos, mantenimiento. Todo se paga antes de vender una sola pera. La idea era recuperar el auto con la cosecha de este año. La realidad fue otra.

    “Con lo que están pagando no me alcanza ni para una bicicleta”, dice, sin dramatizar, como quien ya pasó todas las etapas del enojo.

    Horacio tiene otro cuadro, de dos hectáreas y media de manzanas. Lo está arrancando. Literalmente. Sacar las plantas es, para un productor frutícola, una de las decisiones más dolorosas que existen. Piensa en una reconversión, pero todavía es apenas un plan. Cada planta nueva cuesta entre 12.000 y 15.000 pesos. El dinero no está.

    La opción de sembrar alfalfa tampoco cierra. Tiene una hectárea y media en blanco. “Por el servicio de corte y enfardado te cobran entre el 50 y el 51 % de lo que sacás. Y encima te dicen que por esa superficie ni les conviene mover las máquinas”. El margen desaparece en cada alternativa.

    El intermediario como problema estructural

    “Acá el problema es el intermediario”, dice Horacio sin rodeos. Y vuelve a la cifra que resume todo: 300 pesos para el productor, 4.000 para el consumidor. No es un caso aislado. En el Valle Medio, cuenta, hay historias de chacareros estafados de las formas más absurdas y creativas. “El puestero siempre te miente”, afirma, todavía con bronca. Camiones que se llevan la fruta y no vuelven. Promesas de pago que se diluyen. Papeles que no valen nada.

    A pesar de todo, Horacio sigue. Porque no sabe hacer otra cosa. Porque esto no empezó ayer. “Esto viene de familia. Yo llegué a esta chacra cuando era todo monte. Tenía cinco años”, recuerda. Hoy está cerca de los 65. “Me duele todo el cuerpo”.

    Habla del pasado con una mezcla de nostalgia y resignación. “Cuando uno se pensaba que era Superman y le metía todos los días como un animal”. Las peras siguen cayendo al suelo. No es desperdicio. Es un gesto de protesta. Una forma de mostrar que el problema no es la producción, ni la calidad, ni el trabajo.

    El problema es que, en algún punto del camino entre la chacra y la góndola, la fruta dejó de valer para quien la produce. Y cuando eso pasa, no solo se pierden peras: se pierde una forma de vida.

    Fuente: Redacción +P.