Este martes, un joven argentino fue detenido tras ser acusado de una estafa millonaria contra Aerolíneas Argentinas. Según indicó la Justicia, habría realizado una manipulación informática para «hackear» la web de la empresa y viajó gratis por el mundo. Entre los destinos se encuentra Estados Unidos, Europa y Cancún.
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La detención se concretó tras un allanamiento ordenado por el fiscal Guillermo Marijuan, en el marco de una causa por «defraudación contra la administración pública». La investigación estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello y se investiga a otras 50 personas por una posible manipulación.
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La causa se inició tras la denuncia presentada por la empresa, que alertó sobre una supuesta alteración sistemática del sistema informático del programa «Aerolíneas Plus» entre diciembre de 2023 y enero de 2025. Según la hipótesis fiscal, la maniobra consistió en modificar parámetros técnicos para comprar millas a valores muy inferiores a los reales.
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La documentación que se incorporó al expediente, indica que a Juan Ignacio Veltri se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. El monto que habría abonado, en contraste, sería de 205.680 pesos.
Con estas millas, el ahora detenido habría viajado de forma gratuita a destinos como Estados Unidos, Madrid, Roma y Cancún, lo que para los investigadores evidencia un uso intensivo y planificado del beneficio obtenido de manera irregular.
En esta misma causa otras 50 personas se encuentran bajo análisis por su eventual participación en la maniobra, ya sea como coautores, partícipes o beneficiarios de las millas presuntamente obtenidas de forma fraudulenta.
La Justicia busca determinar el alcance total del perjuicio económico, la posible existencia de una estructura organizada y la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.
Una estafa en un viaje soñado terminó con una condena millonaria
Lo que debían ser unas vacaciones familiares en Cancún se transformó en una larga pesadilla judicial. Tras denunciar una estafa cometida por un empleado de la agencia de viajes, una mujer logró un fallo favorable que obliga a la empresa a pagar casi 20 millones de pesos, entre el monto de la reserva y una indemnización, al considerarla responsable frente a la damnificada.
El fallo fue dictado por el juez en lo Comercial 14, Pablo Frick, tras una demanda iniciada por la damnificada contra Ola S.A. hace casi diez años.
Según surge del fallo, la mujer relató que en noviembre de 2014 se contactó con un asesor de ventas de la agencia llamado N.W. para comprar los pasajes de Buenos Aires a Cancún a ser utilizados en julio de 2015. Luego, recibió en su correo distintas opciones de tickets aéreos y sus precios, siendo el valor total de la alternativa elegida $84.000.
El asesor le informó que el pago debía hacerse un 50% en efectivo y un 50% mediante tarjeta de crédito, por lo que concurrió a las oficinas de la empresa en el microcentro porteño, donde entregó $42.000 en efectivo y su tarjeta de crédito MasterCard por el saldo, que abonó en tres pagos.
Sin embargo, en mayo de 2015, al comunicarse para corroborar ciertos datos de los vuelos, el gerente de la firma le explicó que había sido víctima de una estafa por parte de un empleado infiel que había sido despedido.
El diputado provincial se refirió al proceso de renovación partidaria y a la impugnación presentada ante la Justicia Federal.
A dos semanas de las elecciones internas del Partido Justicialista en Neuquén, el diputado provincial Darío Martínez analizó el escenario partidario, se pronunció sobre la competencia entre listas y advirtió sobre la relación de algunos sectores con el Ejecutivo provincial.
El exsecretario de Energía de la Nación planteó que el proceso debe resolverse con participación de los afiliados y sostuvo que el resultado “será lo que definan los compañeros” en las urnas, tanto para el Consejo Provincial como para el Congreso Partidario.
Interna abierta y disputa judicial
Tras la oficialización de las listas por parte de la Junta Electoral, una de las nóminas presentó una impugnación ante el Juzgado Federal de Neuquén, lo que introdujo un nuevo capítulo en la contienda.
Las listas en competencia son Frente Peronista, con César Godoy como candidato a presidente; Peronismo para la Victoria, que postula a Javier Linares; y Peronismo Territorial, encabezada por José Assad.
La impugnación fue promovida por el sector referenciado en el exsenador Oscar Parrilli, que cuestionó la validación de otras candidaturas. El juez federal Gustavo Villanueva solicitó documentación sobre el proceso de oficialización, aunque fuentes partidarias indicaron que el cronograma electoral continúa vigente.
Debate sobre identidad y conducción
En sus declaraciones, Martínez planteó la necesidad de preservar la identidad partidaria y diferenciar el proyecto del justicialismo respecto del gobierno provincial.
Además, destacó la participación de la militancia y consideró que la elección interna representa una instancia de reorganización del espacio político de cara a los próximos desafíos electorales.
Agenda legislativa
En paralelo al debate interno, el legislador anticipó que el bloque Unión por la Patria impulsará proyectos vinculados a estafas virtuales y a la actividad hidrocarburífera.
Entre las iniciativas mencionó propuestas para fijar precios mínimos de referencia en el cálculo de regalías sobre gas y petróleo, con el objetivo de asegurar recursos provinciales en futuros contratos vinculados al GNL y a la producción de crudo.
Las elecciones internas del PJ neuquino están previstas para el 15 de marzo, a la espera de eventuales definiciones judiciales.
Un mecánico de 50 años quedó en el centro de una causa judicial tras denunciar el robo de su vehículo. Días después, la investigación policial reveló que el asalto nunca ocurrió y que todo formaba parte de un presunto intento de estafa para obtener el dinero del seguro.
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El episodio expone no solo un caso puntual, sino también el funcionamiento de los controles policiales y judiciales ante denuncias que despiertan sospechas desde el inicio. La intervención de distintas áreas permitió reconstruir los hechos y desmontar la versión presentada ante las autoridades.
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Todo comenzó el 22 de febrero, cuando el hombre se presentó en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora para denunciar el supuesto robo de su camioneta Peugeot Partner, color bordo. Según su relato, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan José Paso y Verdi.
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En su exposición aseguró que delincuentes le sustrajeron el vehículo en esa zona. Sin embargo, algunos detalles de la declaración generaron dudas entre los efectivos policiales. Las inconsistencias en la descripción del hecho y ciertas imprecisiones en el horario y la modalidad encendieron alertas.
Frente a ese panorama, la policía dispuso tareas investigativas para verificar la veracidad de la denuncia. Participó personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en el área señalada.
Cómo descubrieron el engaño del mecánico
El análisis de las grabaciones resultó determinante. Las imágenes no mostraron ningún episodio compatible con el robo denunciado. Tampoco se registró movimiento sospechoso en el horario indicado por el mecánico.
Con esos elementos, los investigadores avanzaron hacia una nueva hipótesis: el denunciante habría simulado el robo para cobrar la indemnización del seguro. La línea de trabajo apuntó entonces a reconstruir el destino real del vehículo.
Según fuentes vinculadas a la causa, la principal sospecha es que el acusado, dueño de un taller mecánico, habría desarmado la camioneta para respaldar su versión y evitar que el rodado pudiera ser hallado en condiciones normales. De esa manera, buscaba sostener la narrativa del robo y facilitar el cobro del seguro.
La maniobra encuadra en el delito de tentativa de estafa, sumado al de falsa denuncia, figuras previstas en el Código Penal. La investigación permitió reunir indicios suficientes para avanzar con la imputación formal.
Detención, imputación y libertad
En las últimas horas, el hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial donde había radicado la denuncia. Allí quedó imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa. Tras cumplir las primeras diligencias judiciales, recuperó la libertad, aunque la causa continúa abierta.
El expediente está en manos de la UFI N°8 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Grieco, quien deberá profundizar la investigación para determinar con precisión cómo se desarrolló la maniobra y si existen otros elementos involucrados.
La Justicia buscará establecer si el auto fue efectivamente desarmado, si hubo participación de terceros y cuál fue el alcance del perjuicio potencial para la compañía aseguradora. También se analizará la documentación presentada y las comunicaciones mantenidas por el acusado en los días previos a la denuncia.
En la Argentina urbana, la infancia ya no se conecta: vive conectada. Así lo muestra el informe “Niñas, niños y adolescentes conectados – Kids Online Argentina 2025”, elaborado por UNICEF y UNESCO, que revela que el 96% de chicos y adolescentes de entre 9 y 17 años tiene acceso a internet en su hogar y el 95% cuenta con celular propio con conexión. La edad promedio de acceso al primer smartphone es de apenas 9,6 años.
La fotografía digital es contundente: la tecnología ya es parte estructural de la vida cotidiana desde edades cada vez más tempranas. Pero el diagnóstico del estudio va mucho más allá del dato de conectividad: estar conectado no es lo mismo que estar protegido, incluido o preparado.
El informe muestra una paradoja central: mientras el acceso a Internet se volvió casi universal, las desigualdades sociales siguen operando con la misma fuerza de siempre. Más de la mitad de las infancias argentinas viven en hogares pobres y una porción significativa en pobreza extrema. En ese contexto, la tecnología no funciona como igualadora automática: reproduce las brechas existentes.
Uno de los datos más claros es el acceso desigual a computadoras: solo el 31% de los chicos de sectores socioeconómicos bajos tiene una computadora disponible para uso escolar, frente al 91% en los sectores altos. La conectividad existe, pero la calidad del acceso, los dispositivos disponibles y las condiciones de uso no son las mismas.
El celular se consolida como el dispositivo dominante: es la principal puerta de entrada al mundo digital, a la educación, al entretenimiento, a la información y también a los riesgos. La infancia argentina se forma digitalmente, en gran parte, a través de una pantalla chica, portátil y permanente.
Pero el estudio también desarma uno de los mitos más instalados: el de los “nativos digitales”. Las habilidades digitales no surgen de manera automática por usar tecnología. Se aprenden. Y su desarrollo depende del contexto familiar, escolar, social y económico.
El informe advierte que sin acompañamiento adulto, sin educación digital sistemática y sin políticas públicas activas, el entorno digital puede convertirse más en un espacio de riesgo que de oportunidades. Entre los principales peligros relevados aparecen la exposición a contenidos dañinos, el contacto con desconocidos, las estafas digitales, las apuestas online y el uso problemático de Internet.
Frente a este escenario, el rol de los adultos es clave. No desde la lógica del control absoluto, sino desde la mediación activa: acompañar, educar, enseñar criterios, construir pensamiento crítico y hábitos de autocuidado digital. El informe es claro: prohibir no educa, y controlar sin formar no protege.
La conclusión es contundente y política: la digitalización no es solo un fenómeno tecnológico, es un fenómeno social. Y como todo proceso social, sin regulación, educación y políticas públicas, amplifica desigualdades en lugar de reducirlas.
La infancia argentina ya vive en un ecosistema digital. La pregunta ya no es si deben estar conectados, sino en qué condiciones, con qué herramientas, con qué protección y con qué acompañamiento.
Porque el verdadero derecho digital no es solo el acceso a Internet, sino el derecho a un entorno digital seguro, formativo, equitativo y humano.
El gobernador Rolando Figueroa dio una conferencia de prensa con los medios presentes luego de la inauguración a través de su discurso de un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Neuquén. Habló sobre la relación con el Gobierno nacional, el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y los anuncios sobre viviendas.
“Todavía no tenemos terminado el proyecto de ley sobre el Gas Natural Licuado, estamos en proceso de negociaciones con YPF. Venimos desde hace tres meses viendo de qué manera podemos llegar a un buen acuerdo, tenemos el 95% del convenio cerrado. La idea es que crezca el empleo en la Provincia y también un Fondo de Infraestructura con las áreas que se destinarán a YPF, y el impacto será en Cutral Co y Plaza Huincul. Ojalá que esté terminado en marzo”, expresó Figueroa en primer lugar.
En ese sentido continuó: “El fideicomiso es la continuidad de lo que hemos firmado con la industria, tenemos un documento en el que avanzamos, hay muchas rutas involucradas, la 51, la 7, la 8. Eso genera un mapa de redistribución del tránsito que libera a Añelo por ejemplo. La idea es lograr una infraestructura acorde que pueda generar efectos positivos en la economía”.
Sobre la estafa de los planes sociales en Neuquén aclaró: “Eso ocurrió antes de las elecciones, la sociedad pedía Justicia, es un caso que afectó a la gente más humilde. Dejamos actuar libremente a la Justicia y se determinó una tipificación determinada. Instruimos a la Fiscalía de Estado a una apelación, creemos que hubo una asociación ilícita. Llevaremos todas las apelaciones para probar que existió ese delito. Quiero que sigan investigando, yo represento al Estado que ha sido estafado”.
Acerca de los anuncios sobre viviendas, Figueroa manifestó: “Los créditos hipotecarios se encaran con la separación de viviendas sociales de las que no, cuánto puede pagar cada usuario. Creemos que vamos a tener 17.000 viviendas, eso va al Fondo Neuquino de la Vivienda, se aplicarán $450 millones de dólares, las soluciones van desde la posibilidad de hacer un baño, servicios, o mediante un fideicomiso construir viviendas, esto va a ser con préstamos bancarios, y la Provincia va a tener una herramienta que será el ADUS, que participará desde lo crediticio hasta conexiones de gas”.
Además agregó: “Viajamos a interesar a muchos inversores a Estados Unidos esta semana, hay una agenda propia y participaremos de eventos importantes, van a vernos muchas empresas. Estamos presentando un nuevo Código, creemos que debe crecer la producción pero cuidar el ambiente. Donde vamos a salir más rápido es con la licitación de la mina de Andacollo, estaba trabada con un litigio judicial muy extraño, había vinculaciones con el narcotráfico. La pudimos recuperar para licitarla”.
En relación a los anuncios en materia de salud añadió: “Debe existir más competencia en las prestaciones médicas. Todas las clínicas ofrecen determinado servicio, el de la obra social puede ir a una u obra clínica. Lo que sucede es que el paciente no sabe qué tecnología tiene cada clínica. Tenemos que tener un Comité Específico que evalúe eso”.
“Las empresas vienen porque probamos que tenemos una roca de primera clase. Hay una zona libre de conflictos y sustentabilidad social. El único lugar que crece es Neuquén, trazado una estrategia. Somos resilientes a la baja de petróleo, debemos ser prudentes cuando ocurren ciertas situaciones (por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán)”.
Finalmente se refirió a la aprobación de la reforma laboral en el Congreso: “Creíamos que había que modernizar la ley laboral, votamos en contra y nos abstuvimos en varios puntos. Marcamos diferencias con el banco de horas, Julieta Corroza expresó que el Artículo 44 estaba mal (licencias médicas). Las implicancias en la industria (hidrocarburífera) se analizará con el andar, hay que ver cosas en la práctica”.
El gobernador Rolando Figueroa dejó inaugurado este 1 de marzo un nuevo ciclo de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.
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Con un mensaje de fuerte impronta federal y centrada en la autonomía de Neuquén, el mandatario detalló cómo el superávit logrado por la austeridad estatal se volcará a la infraestructura y el desarrollo social.
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«Hemos ordenado el Estado para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar», sentenció Figueroa ante los diputados.
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El discurso marcó una hoja de ruta clara para este 2026, priorizando la obra pública con fondos propios y la transparencia en la gestión.
El listado de los 15 anuncios de Figueroa
A continuación, los puntos más destacados de la jornada legislativa que marcarán la agenda de la provincia:
1. Viviendas: el plan para que todos paguen. Figueroa anunció un sistema de recupero habitacional. Reveló que existen 45.700 viviendas entregadas que no están siendo canceladas. El objetivo es que esos fondos se reinviertan en nuevas soluciones habitacionales para los neuquinos que aún esperan.
2. Créditos hipotecarios propios. Se lanzarán nuevas líneas de créditos para la casa propia. Esta herramienta estará dirigida principalmente a la clase media, buscando facilitar el acceso al techo propio mediante cuotas que se ajusten a la realidad salarial de la provincia.
3. Vaca Muerta: autonomía y blindaje. El gobernador destacó que la producción de gas y petróleo es el motor de la provincia. El anuncio central fue el blindaje de estos recursos para que la renta petrolera se traduzca en obras permanentes y no en gasto corriente, asegurando la autonomía económica frente a Nación.
4. Impulso a la Minería Sustentable. Figueroa puso en agenda el desarrollo de la minería en el norte neuquino. El plan busca atraer inversiones para la extracción de minerales críticos, siempre bajo estrictos controles ambientales y garantizando que el beneficio quede en las localidades cercanas a los yacimientos.
5. El nuevo Natatorio Provincial. En materia deportiva, se confirmó la construcción de un moderno natatorio de dimensiones olímpicas. Esta obra busca fomentar el deporte de alto rendimiento y brindar un espacio de integración para jóvenes de toda la región.
6. Chau «ñoquis» y privilegios. Ratificó la eliminación de las jubilaciones de privilegio y el recorte de la planta política. El mandatario fue tajante: «No hay lugar para quienes no trabajan; el dinero del Estado es para los servicios esenciales».
7. El Plan «Neuquén 2030». Presentó una visión estratégica a 10 años. Este plan busca establecer políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno, enfocadas en la educación, la seguridad jurídica y el desarrollo de infraestructura estratégica.
8. Obra pública financiada por Neuquén. En un hecho histórico, el 90% de las obras en ejecución se financian con recursos propios. Esto permite que la provincia no se detenga ante la falta de giros de fondos nacionales, manteniendo el ritmo de construcción en todo el territorio.
9. Revolución vial: Ruta 62 y Norte Neuquino. Se anunció el asfalto de la Ruta Provincial 62 y la pavimentación del tramo entre Varvarco y Manzano Amargo. Estas obras son fundamentales para el turismo y la conectividad de las familias del norte de la provincia.
10. Salud: ahorro récord en medicamentos. Gracias a un nuevo sistema de compras transparentes, la provincia logró bajar los costos de los insumos médicos de un índice de 218 a solo 43. Este ahorro millonario permitirá mejorar el equipamiento de los hospitales rurales.
11. Becas Estudiantiles «Gregorio Álvarez». El programa de becas para estudiantes no solo continuará, sino que se ampliará. El gobernador aseguró que el presupuesto educativo priorizará que los jóvenes neuquinos puedan terminar sus estudios sin dificultades económicas.
12. Justicia y estafa de los planes sociales. Figueroa exigió celeridad a la Justicia en la causa de las tarjetas de débito. Apuntó contra directivos del BPN y funcionarios de gestiones anteriores, pidiendo que se devuelvan los fondos robados a los más necesitados.
13. Refuerzo en Comedores Escolares. Se incrementarán las partidas para refrigerio y comedores en todos los niveles educativos. «La prioridad es que nuestros chicos estén bien alimentados para poder aprender», señaló el mandatario.
14. Salud visual y bucal en territorio. Se lanzará un programa de salud itinerante para escuelas. El Estado entregará anteojos gratuitos y realizará tratamientos odontológicos preventivos en las zonas más alejadas de los centros urbanos.
15. Modernización del Museo del Chocón. Finalmente, anunció el concurso para la ampliación y modernización del Museo de Villa El Chocón. La idea es potenciar el turismo paleontológico, uno de los grandes activos culturales de la provincia de Neuquén.
Ante el incremento de fraudes digitales que utilizan el nombre de la compañía para engañar a usuarios, Camuzzi Gas difundió una serie de recomendaciones para prevenir estafas, proteger datos personales y verificar la identidad de su personal.
Desde la empresa advirtieron que en los últimos meses detectaron perfiles falsos en redes sociales, supuestas promociones inexistentes y mensajes que apelan a la urgencia —como avisos de corte del servicio— con el objetivo de obtener información sensible o dinero.
Uno de los mecanismos más frecuentes consiste en publicaciones en Facebook vinculadas a cuentas con nombres similares a la compañía, pero con perfiles vacíos y números de WhatsApp externos para continuar la gestión. Desde la firma aclararon que no realizan promociones, descuentos ni beneficios exclusivos a través de redes sociales, mensajes privados o llamadas telefónicas, y que tampoco cuentan con áreas especiales destinadas a jubilados o pensionados para gestionar supuestos planes diferenciales.
En materia de protección de datos, la compañía recordó que ninguna organización con protocolos de seguridad solicita contraseñas ni información sensible por canales informales. Por eso, recomiendan no compartir claves con desconocidos, modificarlas periódicamente y evitar combinaciones obvias como fechas de nacimiento o números consecutivos. También aconsejan no utilizar la misma contraseña en distintos servicios y cortar inmediatamente la comunicación si se solicita descargar aplicaciones o ingresar a enlaces sospechosos. En caso de recibir mensajes dudosos por SMS o WhatsApp, la sugerencia es bloquear y eliminar el número.
Para reducir riesgos, la empresa insistió en conectarse únicamente a redes seguras y conocidas, evitar el uso de WiFi públicas y cerrar sesión al finalizar cualquier trámite digital.
Como medida adicional, Camuzzi desarrolló un Sistema de Validación del Personal, que permite corroborar en tiempo real la identidad de sus operarios antes de autorizar el ingreso al domicilio. A través de esta herramienta, el usuario puede ingresar el DNI del trabajador para confirmar que se trata de un representante oficial. El sistema está disponible en el sitio web de la compañía y también puede utilizarse telefónicamente a través de las líneas 0800-999-0800 y 0810-999-0800.
Además, la empresa habilitó un canal confidencial de denuncias para reportar intentos de fraude o estafas consumadas que utilicen su nombre, con el objetivo de centralizar reportes, agilizar respuestas y colaborar con las autoridades en la prevención de delitos informáticos. Para consultas generales, los usuarios pueden comunicarse al 0810-555-3698, de lunes a viernes de 8 a 18.
Desde la compañía remarcaron que la prevención es la herramienta más eficaz contra las estafas digitales y que la seguridad no depende únicamente de la tecnología, sino también de decisiones responsables en el uso cotidiano de plataformas y servicios.
Ante el aumento de fraudes digitales, Camuzzi difundió recomendaciones para prevenir estafas, proteger datos personales y verificar la identidad de su personal.
Frente a la creciente ola de estafas virtuales registradas en los últimos meses, la empresa distribuidora de gas Camuzzi Gas difundió una serie de recomendaciones destinadas a proteger a sus usuarios y evitar el robo de datos personales.
Desde la compañía advirtieron que han detectado perfiles falsos en redes sociales, promociones inexistentes y mensajes que apelan a la urgencia para engañar a los usuarios.
Mensajes sospechosos: qué tener en cuenta
Uno de los principales mecanismos de fraude detectados consiste en publicaciones en Facebook asociadas a supuestas promociones de “Camuzzi Argentina” o “Camuzzi Gas”, con perfiles vacíos y números de WhatsApp para continuar la supuesta gestión.
Recomendaciones clave
No confiar nunca en promociones, descuentos o avisos de corte del servicio que transmitan urgencia.
Corroborar siempre la identidad de quien se comunica.
Recordar que Camuzzi no realiza promociones por redes sociales, mensajes privados ni llamadas telefónicas.
La empresa tampoco cuenta con áreas especiales para jubilados o pensionados que gestionen beneficios exclusivos.
Contraseñas y links: cómo proteger tus datos
La empresa recordó que una organización con protocolos de seguridad no solicita contraseñas ni datos sensibles por canales informales.
Entre las recomendaciones más importantes se destacan:
No compartir contraseñas ni información personal con desconocidos.
Cambiar las claves periódicamente.
Evitar usar fechas de nacimiento o números consecutivos.
No utilizar la misma contraseña en distintos servicios.
Si se solicita descargar una aplicación o ingresar a un enlace sospechoso, interrumpir inmediatamente la comunicación.
Bloquear y eliminar números sospechosos en caso de contacto por SMS o WhatsApp.
Conexiones seguras y buenas prácticas
Para reducir riesgos de ciberdelito, también se recomienda:
Conectarse únicamente a redes seguras y conocidas.
Evitar redes WiFi públicas o abiertas.
Cerrar sesión al finalizar el uso de cualquier dispositivo o plataforma.
Sistema de Validación del Personal
Como medida adicional, Camuzzi Gas desarrolló un Sistema de Validación del Personal que permite verificar en tiempo real la identidad de sus colaboradores.
A través de esta herramienta, los usuarios pueden ingresar el DNI del operario para confirmar que se trata de un representante legítimo de la compañía antes de permitir el ingreso a su domicilio.
El sistema se encuentra disponible en el sitio oficial de la empresa y también puede utilizarse llamando a:
0800-999-0800
0810-999-0800
Canal de denuncia de ciberdelitos
La empresa también habilitó un canal de denuncia confidencial para reportar intentos de fraude o estafas consumadas vinculadas con su nombre.
El objetivo es:
Centralizar reportes.
Mejorar tiempos de respuesta.
Colaborar con las autoridades en la prevención de delitos informáticos.
Además, ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse al 0810-555-3698, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.
Prevención: la mejor herramienta contra las estafas
El crecimiento de los delitos digitales exige mayor conciencia y precaución. Informarse, verificar fuentes oficiales y desconfiar de mensajes que apelan a la urgencia son medidas fundamentales para evitar fraudes.
La seguridad digital no depende solo de la tecnología, sino también de decisiones cotidianas responsables.
El jueves 5 de marzo volverá a resonar en los pasillos de los tribunales el nombre de la cooperativa “Viento Sur”. El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez habrían conseguido más pruebas y ampliarían la formulación de cargos por lo que han sido citados los ex ministros Abel Di Luca y Germán Chapino.
Recordemos que el referente del FOL, Diego Augusto Mauro, la exdiputada Gabriela Suppicich, Sonia Elizabeth Barrios, Lilian Larroza Velázquez, Federico Gabriel Sánchez y Betsabé Ruth Valencia Navarrete están imputadas de un millonario desvío de fondos que recibieron del gobierno de Omar Gutiérrez a través de la cooperativa Viento Sur. Más de 1.000 millones de pesos bajo investigación. Fondos públicos destinados a capacitación laboral.
Pero no nos equivoquemos. Esto no nació en una cooperativa. Esto nació en un ministerio. Los convenios los firmó el Ministerio de Desarrollo Social. Los desembolsos salieron del Estado. Las autorizaciones tuvieron firma oficial. Entonces la pregunta no es solo qué hizo la cooperativa, la pregunta es ¿qué hicieron los funcionarios que liberaron el dinero? ¿Quién controló cada transferencia? ¿Quién verificó que los cursos existieran? ¿Quién auditó la ejecución? ¿Quién certificó resultados?
Porque cuando el Estado transfiere cifras millonarias, no puede funcionar con buena fe, debe funcionar con control. Y si el entonces coordinador administrativo del ministerio —Tomás Siegenthaler— aparece mencionado en la causa por su rol en el circuito de gestión, la discusión deja de ser social y pasa a ser política.
La causa, impulsada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez, revela un desvío millonario de fondos públicos que debían destinarse a programas de capacitación laboral para organizaciones sociales, según lo establecido por el decreto 1672/22. En cambio, los fondos habrían sido utilizados para fines personales: inversiones en plazos fijos, pago de sueldos, proveedores y la compra de vehículos e inmuebles en distintas localidades de la provincia. Entre los bienes adquiridos figuran un terreno en San Martín de los Andes otro en Junín de los Andes uno en Cutral Co y otro en la meseta de Neuquén capital. Además, se compraron una camioneta Renault Kangoo 2015, un camión Ford F-250 y una camioneta DFSK C32. Todo financiado, según la investigación, con dinero público que nunca cumplió su finalidad original. No estamos hablando de un bolsón de comida. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. Eso no se mueve sin estructura.
Durante años en Neuquén se consolidó un modelo: organizaciones sociales administrando fondos públicos con respaldo político y controles que, como mínimo, hoy están en duda. No estoy hablando de la causa de Planes Sociales, estoy hablando de la Cooperativa Viento Sur, aunque se repitan nombres. Pero cuando el sistema explota, nadie quiere ser el padre de la criatura, hay imputaciones, hay embargos sobre inmuebles, hay vehículos bajo investigación, hay cuentas congeladas.
Lo que no hay todavía es una explicación política contundente. Porque si hubo desvío de fondos destinados a capacitación laboral, no es un error administrativo es un escándalo moral. La plata que debía generar trabajo terminó bajo sospecha. La plata que debía formar a desocupados terminó en operaciones que hoy investiga la Justicia. Y mientras tanto, en los barrios, la gente sigue buscando empleo.
Neuquén no es una provincia pobre, es una provincia rica que estuvo mal administrada por esas cosas que pasan… La política no puede refugiarse en el discurso de la inclusión mientras firma convenios sin controles estrictos. No puede hablar de justicia social y después sorprenderse cuando aparecen embargos millonarios. No puede tercerizar responsabilidad y lavarse las manos. Si el dinero se desvió, alguien lo permitió. Si el control falló, alguien lo desarmó. Si el sistema era laxo, alguien lo diseñó así. Y acá está el punto central: cuando el Estado financia estructuras intermedias sin auditoría real, lo que crea no es política social es caja. Y la caja es poder.
La Justicia determinará responsabilidades penales pero la responsabilidad política ya existe. Porque nadie puede decir que no sabía cuánto dinero se estaba moviendo, nadie puede decir que no sabía quién administraba esos fondos, nadie puede fingir sorpresa. La pregunta ahora es incómoda, pero inevitable: ¿Se va a revisar todo el esquema de convenios con organizaciones sociales? o ¿esto va a ser un expediente aislado mientras el sistema sigue intacto? Porque si no cambia el mecanismo, la próxima causa ya está terminando si los nombres se repiten Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración; German Chapino, ex ministro de Desarrollo Social, todos involucrados en la estafa con planes sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Y si la política no asume su parte, el mensaje que queda es devastador: Que la pobreza es una estructura de administración, que la asistencia es una herramienta de construcción, que la caja social es una forma de poder y eso, en una provincia que nada en regalías, es obsceno. La Justicia investigará pero la sociedad ya tomó nota. Y cuando la confianza se rompe, no hay convenio que la recomponga.
El escándalo expone una vez más cómo los fondos destinados a los sectores más vulnerables pueden terminar siendo absorbidos por estructuras opacas y dirigencias que lucran con el financiamiento estatal, sin control y sin rendición de cuentas. Mientras tanto, miles de personas siguen esperando las capacitaciones que nunca llegaron. Durante los años en que estos convenios millonarios se firmaron y ejecutaron, el gobernador de la provincia era Omar Gutiérrez, el jefe político del Poder Ejecutivo, el responsable máximo de la administración.
Nadie puede decir que un esquema de transferencias por más de 1.000 millones de pesos a una cooperativa ocurrió en un vacío institucional. Eso ocurrió bajo un gobierno, bajo una estructura y bajo una conducción. El Ministerio de Desarrollo Social respondía al gobernador. Los funcionarios administrativos respondían al gobernador. El sistema de control interno respondía al gobernador. Entonces la pregunta es directa: ¿No sabía lo que estaba pasando? o ¿sabía y el sistema funcionaba así? Porque en política hay dos tipos de responsabilidades: La penal, que la define la Justicia y la política, que no necesita sentencia. Si durante su gestión se consolidó un modelo donde organizaciones sociales administraban cifras multimillonarias con controles que hoy están bajo sospecha judicial, la responsabilidad política tiene nombre y apellido: Omar Gutiérrez fue quien condujo la provincia durante ese período. Fue quien defendió el modelo. Fue quien sostuvo a sus ministros. Fue quien avaló la estructura administrativa.
Y cuando hoy aparecen embargos, imputaciones y sospechas sobre el destino de fondos destinados a capacitación laboral, no alcanza con el silencio. No alcanza con mirar hacia otro lado. No alcanza con decir “que actúe la Justicia”.
La pregunta es política: ¿Ese sistema fue un error? ¿Fue negligencia? o ¿fue una forma de gobernar? La historia dirá si hubo complicidad, negligencia o descontrol pero la sociedad ya tiene derecho a exigir una explicación política clara. Porque cuando se juega con la plata de los que menos tienen, no es una falla técnica es una fractura ética y esa fractura tiene conducción.
El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno logró su mayor triunfo en el final de las sesiones extraordinarias
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La iniciativa modificada por Diputados fue aceptada por la Cámara alta y quedó eliminado el conflictivo artículo de licencias médicas. Entre oficialismo y dialoguistas, la ley obtuvo 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra. Se abstuvieron dos santacruceños
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La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei e inevitables consecuencias a medirse en el mediano plazo: la Cámara alta sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas. Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.
A modo general y, en el primer tratamiento en la Cámara alta, ocurrieron diversas situaciones que inclinaron la balanza hacia una luz verde: se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año. En Diputados, lo último fue votado y gritado como un gol por muchos libertarios que, por lo visto, se nutren a diario de peleas imaginarias.
Por otra parte, LLA también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Como del otro lado no se percibió resistencia, esta cuestión importó nada. El famoso “rodillo parlamentario” en su máxima expresión.
¿Qué se cambió en Diputados?
La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de algo que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).
En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Durante la sesión extraordinaria de hoy, no había posibilidad de tocar nada y la resolución era bien simple: que el Senado avalase lo de Diputados, o volver a la versión original. Quedó la primera opción.
Debate
Previo al comienzo de los oradores, el cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) solicitó una moción para el envío a comisiones del proyecto. Algo ilógico debido a que no sólo pasó días atrás por allí, sino que, ante una segunda revisión, sólo queda aceptar las modificaciones de la Cámara revisora o insistir con la versión original. Perdió 43 a 29. No fue el mejor arranque. En ese momento comandaba la sesión la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Ayer, desapareció durante largas horas, como hacía en su momento Cristina Kirchner. Hoy estuvo más presente.
Desde LLA, el chaqueño Juan Cruz Godoy aseguró: “El empleo formal privado se mantiene constante desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%, con un sistema actual que creó más litigios que empleo formal”. El legislador libertario además dijo que toda ley “es perfectible” y que, en cinco o diez años, los avances tecnológicos reactivarán la discusión. La respuesta llegó vía Recalde. “Toda esta ley viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Va a traer mucha litigiosidad”, manifestó el porteño.
Por su parte, la macrista pampeana Victoria Huala habló de una realidad que “desalienta al que busca trabajo, como al que quiere contratar”. Seguido a ello, quiso colgarse el bronce por haber advertido, en la primera aprobación del texto, sobre el artículo de licencias médicas. Curioso ese episodio: intentó dejar en la versión taquigráfica su voto en contra, aunque el capítulo se definió completo y apoyó. Mismo caso para las cuotas sindicales obligatorias que rechazó en lo discursivo, aunque con luz verde para el PRO.
Por el peronismo opositor, el pampeano Pablo Bensusán planteó: “La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, sino de respeto de la Constitución y el sistema democrático. Al trabajador que inició una relación laboral con un marco normativo que amparaba sus derechos, que le generó una expectativa de vida, trabajo y desarrollo. No se lo podemos cambiar nosotros con una ley posterior”.
Su colega de bancada, Florencia López (La Rioja), afirmó: “Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares -en referencia a la sesión de ayer-; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos -por el régimen penal juvenil sancionado más temprano- y, hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”.
Pasadas las 21.30, todo el operativo en la calle se encontraba tranquilo y controlado. Las masas dispuestas a pelear -sobre todo, la izquierda-, prefirieron cenar y disfrutar del fin de semana. Mientras tanto, el ex Convicción Federal Fernando Salino (San Luis) auguró que el texto del Ejecutivo “no alcanza absolutamente” ningún objetivo.
Como la Unión Cívica Radical (UCR) prefirió no participar del cierre, los últimos dos oradores fueron el cristinista José Mayans (interbloque Popular-Formosa) y Bullrich. El primero disparó: “Estamos en el valor salarial más bajo de Latinoamérica, en medio de una reforma laboral. ¿Hablan de costos? ¿Quieren sueldos de esclavitud?“.
Mayans denostó el FAL, la limitación de las huelgas -“rompen un principio constitucional”, enfatizó-, y subrayó que “esta ley debería llamarse de ‘robo a jubilados, pensionados y trabajadores’”, a la que también calificó de “repugnantemente ‘gorila’”. Y añadió que “ya no les cree nadie” y que “esto va a terminar mal”.
“Parecía el Senado un lugar donde se discutían ideas, pero no hemos escuchado más que insultos. Tienen que acostumbrarse que ahora son oposición. Desde nuestro punto de vista, esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos, que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir”, aseveró Bullrich.
La libertaria mencionó la “estructura político sindical que siempre jugó en tándem” y consultó: “¿Cuándo fueron los paros? Contra gobiernos que no eran peronistas, que tenían otra idea“. En ese sentido, recordó la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, al que apuntó como “el peor de la historia”. “Ahí no hicieron ni uno”, resaltó la senadora.
“Es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben lo que tenían? A un gerente de la pobreza, pero ni jubilación, ni riesgo de trabajo. No tenía, nada, nada, nada. Eso no es tener libertad“, sostuvo Bullrich.
Otros puntos de la ley
*Convenios colectivos: prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar uno nuevo.
*FAL: asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. En tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cederán un 2,5%. Hoy, se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.
*Vacaciones: se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los descansos deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, en caso de consenso, fijar la fecha de inicio por fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.
*Indemnizaciones por despido: se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Sin embargo, a diferencia de la normativa vigente, se excluyen conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo.
Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación, más un 3% de interés anual.
Además, se impone que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.
*Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y con el respeto de las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical.
El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que marque el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, sólo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación gremial. Estos instrumentos permitirían el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.
*Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Dicho vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
*Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75%, mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.
*Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales, se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.
