Dos turistas argentinas denunciaron haber sido víctimas de un fraude electrónico en la playa de Arpoador, entre Ipanema y Copacabana, en Río de Janeiro. El incidente ocurrió cuando intentaron adquirir dos copas de açaí y pagarlas mediante la aplicación Pix.
Según informaron fuentes oficiales, las mujeres entregaron sus teléfonos al vendedor para ingresar el monto de 70 reales. Sin embargo, el hombre modificó la suma y cobró 700 reales, el equivalente a unos $187.000 pesos argentinos, según la cotización vigente.
El “golpe da maquininha”: cómo actuó el vendedor
El fraude, conocido localmente como “golpe da maquininha”, consiste en alterar el importe en el dispositivo de pago mientras la víctima no mira. En este caso, el comerciante intentó inicialmente cargar 7.000 reales, cifra que fue rechazada por la aplicación, y luego ingresó 700 reales, logrando que la operación se aprobara.
Al advertir la irregularidad, las turistas solicitaron auxilio a la Guardia Municipal, que patrullaba la zona costera. El vendedor intentó huir, pero fue reducido con una pistola eléctrica y detenido.
Detención y consecuencias legales
El hombre fue trasladado a la Comisaría Especial de Apoyo al Turista (DEAT) y quedó imputado por estafa y fraude electrónico, contemplado en el artículo 171 del Código Penal brasileño, que establece penas de hasta ocho años de prisión para quienes obtengan beneficios ilícitos mediante engaños.
Recomendaciones para evitar estafas en Río de Janeiro
Las autoridades locales recordaron a los turistas la importancia de:
Verificar siempre el importe en pantalla antes de confirmar la operación.
No entregar dispositivos móviles o tarjetas a terceros.
Realizar personalmente los pagos para prevenir manipulaciones fraudulentas.
Este tipo de estafa ha aumentado en las zonas turísticas de Río de Janeiro, especialmente en transacciones con tarjetas y sistemas QR, convirtiéndose en una modalidad cada vez más frecuente contra visitantes extranjeros.
La implementación de la ley provincial 3520, que regula el uso de celulares en las escuelas neuquinas, comenzó a dar sus primeros pasos con la elaboración de protocolos internos por parte de algunas instituciones educativas.
El tema fue analizado en diálogo con Cumbre a la Carta por AM Cumbre 1400, donde el diputado provincial Carlos Coggiola explicó que la aplicación de la normativa dependerá en gran medida del compromiso de cada establecimiento y de las autoridades educativas.
En diálogo con los periodistas, el legislador señaló que el objetivo de la ley es evitar distracciones durante las clases y mejorar la convivencia dentro del aula, limitando el uso de dispositivos móviles mientras se desarrollan las actividades pedagógicas.
Un protocolo que fija reglas claras
Uno de los primeros ejemplos se conoció en un colegio de la ciudad de Neuquén que elaboró un protocolo interno para aplicar la normativa.
Entre las medidas establecidas se dispone que los teléfonos celulares deberán permanecer apagados o en modo silencio dentro de las mochilas durante toda la jornada escolar, incluso durante recreos o actividades dentro del establecimiento.
Además, se prohíbe el uso de auriculares y relojes inteligentes, y solo se permitirá encender los dispositivos en casos excepcionales vinculados a actividades pedagógicas previamente autorizadas.
El protocolo también establece un sistema gradual de advertencias y sanciones ante incumplimientos, que puede incluir el retiro temporal del dispositivo y la notificación a las familias.
Un debate que atraviesa a todo el sistema educativo
Coggiola sostuvo que la regulación del uso de celulares responde a un debate que se está dando en distintos sistemas educativos del mundo.
Según explicó, numerosos estudios advierten sobre el impacto negativo del uso excesivo de pantallas en la concentración, la comprensión de contenidos y la interacción social de los estudiantes.
En ese contexto, consideró que la aplicación de la ley en Neuquén será un proceso que deberá construirse con el compromiso de docentes, autoridades educativas y familias para lograr un equilibrio entre el uso de la tecnología y el aprendizaje dentro del aula.
La entrevista
Diputado, queríamos consultarle sobre la ley que limita el uso de celulares en las escuelas. ¿Cómo se imagina su implementación?
—Respuesta: Creo que es simple de implementar y depende del compromiso de las autoridades del Consejo Provincial de Educación y de cada institución. La discusión ya está saldada: el uso del celular durante el dictado de clases es nocivo para los estudiantes y para la convivencia en el aula. El teléfono debería permanecer apagado durante las clases, salvo que el docente lo requiera para una actividad pedagógica específica.
—Pregunta: En otros países también se están tomando medidas en este sentido.
—Respuesta: Sí, claramente. Brasil está avanzando con regulaciones para menores, Francia y España van en la misma línea y Suecia, que fue un símbolo de la digitalización educativa, está volviendo a priorizar el libro en papel y la escritura manual porque el uso excesivo de pantallas no dio buenos resultados.
—Pregunta: ¿Es posible revertir el uso excesivo de celulares entre los estudiantes?
—Respuesta: Es un desafío que requiere el compromiso de toda la comunidad educativa, incluidos los padres. Si la norma se aplica solo durante las horas de clase y el resto del día los chicos siguen frente a las pantallas, el impacto será limitado. Hay que generar conciencia sobre el uso responsable de la tecnología.
—Pregunta: También queríamos consultarle sobre la agenda legislativa para este año.
—Respuesta: El Poder Ejecutivo presentó varios proyectos vinculados a educación, deporte, salud y desarrollo económico. A eso se suman iniciativas de distintos bloques. El año pasado se sancionaron más de 60 leyes y esperamos continuar en esa línea de debate y producción legislativa.
—Pregunta: ¿Y qué postura tienen respecto a la actualización del Código Contravencional?
—Respuesta: Es una norma muy antigua y claramente necesita actualizarse. La convivencia social cambió mucho y tenemos que adecuar las normas para garantizar una convivencia pacífica entre los ciudadanos.
—Pregunta: En lo político, ¿dónde se posiciona actualmente?
—Respuesta: Formo parte del Frente de la Neuquinidad desde que fuimos convocados por Rolando Figueroa. Coincidimos en una visión de provincia y creemos que hubo cambios importantes en estos años, con inversión en infraestructura, educación y desarrollo provincial.
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La entrevistaDiputado, queríamos consultarle sobre la ley que limita el uso de celulares en las escuelas. ¿Cómo se imagina su implementación?—Respuesta:Creo que es simple de implementar y depende del compromiso de las autoridades del Consejo Provincial de Educación y de cada institución. La discusión ya está saldada: el uso del celular durante el dictado de clases es nocivo para los estudiantes y para la convivencia en el aula. El teléfono debería permanecer apagado durante las clases, salvo que el docente lo requiera para una actividad pedagógica específica.—Pregunta:En otros países también se están tomando medidas en este sentido.—Respuesta:Sí, claramente. 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En las últimas horas una nueva alarma sobre intentos de estafas telefónicas y digitales se encendió en Neuquén, cuando desde el Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén se advirtió a la comunidad sobre esta modalidad en la que delincuentes se hacen pasar por escribanías para solicitar pagos o transferencias vinculadas a supuestos trámites notariales.
Según informó la institución, se detectaron casos en los que personas inescrupulosas contactan a potenciales víctimas invocando el nombre de escribanías y piden adelantos de dinero para avanzar con gestiones que en realidad no existen.
Cómo prevenir las estafas
Desde el Colegio de Escribanos propusieron extremar las medidas de verificación antes de realizar cualquier operación económica. En particular, aconsejó confirmar la identidad de quien se comunica y corroborar que se trate de una escribanía habilitada en la provincia.
El Colegio recordó que el listado oficial y actualizado de escribanos y escribanías puede consultarse en el sitio web institucional del organismo, donde es posible verificar la existencia, el registro profesional y los datos de contacto de cada profesional.
Por lo mismo, ante cualquier duda o sospecha es importante no efectuar pagos ni transferencias hasta haber confirmado la información a través de canales oficiales. También se puede solicitar orientación escribiendo al correo institucional del Colegio.
Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde en Bariloche luego de ser acusado de sustraer una billetera de un vehículo estacionado y realizar compras con las tarjetas de la víctima. El sospechoso tenía colocada una tobillera electrónica al momento del procedimiento.
La detención fue realizada por personal de la Policía de Río Negro tras un operativo de búsqueda iniciado luego de la denuncia del damnificado en la comisaría 42 de la ciudad.
El robo y la denuncia
Según informaron fuentes policiales, el hecho se conoció cuando la víctima advirtió que desconocidos habían sustraído una mochila del interior de su vehículo. En su interior llevaba documentación personal y varias tarjetas bancarias.
Ante esta situación, el damnificado se dirigió a la comisaría 42 para radicar la denuncia correspondiente y aportar detalles sobre lo ocurrido.
El rastrillaje policial y la detención
Mientras se formalizaba la denuncia, personal policial inició un rastrillaje en la zona con el objetivo de localizar a los presuntos autores del hecho. Para ello tomaron como referencia la descripción aportada por un testigo que había observado el robo.
Durante el operativo, los efectivos identificaron a un sujeto que coincidía con las características señaladas. Tras interceptarlo y realizar la verificación correspondiente, constataron que llevaba consigo documentación perteneciente al damnificado.
Compras con tarjetas robadas
De acuerdo con la investigación, el hombre habría utilizado las tarjetas sustraídas para realizar compras poco después del robo.
Además, al momento de la identificación se constató que el sospechoso tenía colocada una tobillera electrónica, dispositivo utilizado para el control judicial de personas sometidas a medidas restrictivas.
Por este motivo, se iniciaron actuaciones judiciales no sólo por la sustracción de los elementos sino también por el delito de estafa, quedando el detenido a disposición de la Justicia.
El Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén advirtió que se registraron intentos de estafa telefónica y digital en los que “personas inescrupulosas solicitan pagos, transferencias o adelantos de dinero por supuestos trámites invocando el nombre de escribanías”.
Ante este tipo de situaciones, recomendaron extremar las medidas de verificación antes de realizar cualquier operación económica. “Es fundamental confirmar la identidad de quien se comunica y asegurarse de que se trate efectivamente de una escribanía habilitada en la provincia”, señalaron. .
El listado oficial y actualizado de escribanos y escribanías se encuentra disponible en el sitio web escribanosnqn.org.ar, una herramienta que permite corroborar la existencia, el registro profesional y los datos de contacto correspondientes.
Asimismo, ante cualquier duda o sospecha, aconsejaron no efectuar pagos ni transferencias hasta tanto se haya verificado la información por canales oficiales.
Los vecinos pueden comunicarse vía mail (secretaria@escribanosnqn.org.ar) directamente con el Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén para recibir orientación y confirmar la validez de la gestión.
Dos ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, que se desempeñaban en el ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, quedaron imputados como partícipes de una causa por administración fraudulenta, por la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos a través de la Cooperativa Viento Sur.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) los nuevos imputados en la investigación son Abel Orlando Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social y condenado a 5 años de prisión por la millonaria estafa de planes sociales. En esta nueva causa se incorporó Germán Chapino, quien habúa sucedido a Di Luca en la cartera.
Este lunes por la mañana, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, la fiscal del caso Rocío Rivero y los asistentes Facundo Bernat y Agustina Jara formularon cargos a los ex funcionarios en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos otorgados a la cooperativa Viento Sur por ser los que autorizaron los pagos del programa de capacitación. Según la acusación, la maniobra provocó un perjuicio al Estado provincial de 1.208.657.600 pesos a valores históricos.
La investigación ya tenía imputados a seis integrantes de la cooperativa por el uso indebido de fondos entregados en el contextodel “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.
Se trata de Diego Augusto Mauro, Sonia Elizabeth Barrios, Lilian Larrosa Velázquez, Gabriela Suppicich, Ruth Valencia Beksabe Navarrete y Federico Gabriel Sánchez. Ahora se sumaron los ex funcionarios Di Luca y Chapino, a quienes se les atribuyó autorizar pagos mensuales sin verificar esos requisitos, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes. La fiscalía sostuvo que los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 —un mes antes de la firma del decreto— y se extendieron hasta diciembre de 2023.
También se señaló que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables en los distintos períodos investigados, pero que esas observaciones fueron desoídas y los pagos continuaron realizándose.
Desde el punto de vista jurídico, la fiscalía encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, respecto de los exministros.
De acuerdo con la imputación, la maniobra constituyó un hecho único sostenido en el tiempo —con ejecución continuada entre julio de 2022 y diciembre de 2023— mediante el cual se desvió de manera sistemática un conjunto de aportes no reintegrables con destino específico, configurando una defraudación mediante abuso de las funciones y violación de los deberes de control.
La causa se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado en el año 2024 a partir de la cual la Fiscalía de Delitos Económicos inició su investigación y acusó -a comienzos de 2025- a seis referentes de organizaciones sociales como partícipes de una maniobra de desvío de fondos destinados a capacitación laboral a través de la Cooperativa Viento Sur.
Abel Di Luca fue imputadopor su participación como Ministro de Desarrollo Social entre julio y octubre de 2022, período en el que se transfirieron fondos a dicha cooperativa por una suma cercana a los 96 millones de pesos, mientras que Germán Chapino fue acusado, también por participar como ministro entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, periodo durante el cual se transfirieron fondos por más de 1.100 millones de pesos. Según la teoría de la fiscalía, la defraudación al Estado Provincial supera los 1.200 millones de pesos y los fondos recibidos por la cooperativa se destinaron al pago de sueldos de centenares de beneficiarios y a la compra de tres vehículos, dos terrenos, algunos plazos fijos y una construcción edilicia.
Pese a la oposición de los defensores, el juez de garantías, Raúl Aufranc consideró que su rol como ministros los coloca en un lugar de responsabilidad por la correcta administración y utilización de los fondos públicos y que para esta instancia inicial del proceso, la parte acusadora pudo relatar con suficiente solidez los hechos por los que se los acusa como para tener por formulados los cargos. También, a pedido de la Fiscalía de Estado y con acuerdo de la Fiscalía, se dictó la inhibición general de bienes de ambos, tanto en el Registro de la Propiedad y el Inmueble como en el Registro Automotor.
Para el Ministerio Público Fiscal, la actuación coordinada de funcionarios y particulares configuró un esquema de desvío de fondos públicos que frustró la finalidad social del programa y consolidó un perjuicio millonario al erario provincial. En la reformulación, que permitió precisar conductas y roles, también se modificó el monto del perjuicio, que originalmente se estimó en $1.341.400.640, debido a que se había incluido un período de tiempo que no forma parte del investigado. El plazo de la investigación finaliza el 8 de abril.
La Justicia federal desarticuló una maniobra de fraude electrónico que afectó a Aerolíneas Argentinas y que habría generado un perjuicio cercano a US$493.800. La investigación se centró en la explotación del programa de fidelización AR Plus. Este martes se realizó un allanamiento y detuvieron al principal sospechoso.
Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el caso se inició tras detectar una vulnerabilidad en el sistema de adquisición de millas. La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y luego quedó en manos del Juzgado Federal Criminal Nro. 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.
Fraude con millas de AR Plus: cómo operaba la maniobra bajo investigación judicial
La pesquisa determinó que se alteraban parámetros informáticos para modificar el monto final a pagar y la cantidad de millas acreditadas. De esa manera, se obtenían beneficios indebidos en cuentas de usuarios. La empresa activó protocolos internos al advertir el ataque.
Entre las medidas adoptadas se dispuso la anulación de operaciones, el bloqueo preventivo de cuentas y la invalidación de pasajes emitidos. Los titulares fueron incluidos en la WatchList, el listado de pasajeros no habilitados para volar.
Foto: Gentileza NA.
El principal investigado fue identificado como Juan Ignacio Veltri. Según el expediente, habría adquirido de manera fraudulenta 16.595.000 millas. La cifra equivale a un perjuicio estimado de US$493.800 para la compañía.
La documentación señala que el sospechoso abonó apenas 205.680 pesos por las millas obtenidas. La diferencia entre el valor real y el monto pagado es uno de los ejes centrales de la imputación por defraudación y vulneración de sistemas informáticos.
Allanamientos, detención y 50 personas bajo la lupa en la causa
El avance de la instrucción, encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, derivó en un allanamiento y la detención de Veltri. En el procedimiento intervino la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción.
En el operativo se secuestraron equipos informáticos que serán sometidos a peritajes. La investigación también analiza la emisión de pasajes con destinos como Madrid, Roma, Cancún y Ezeiza, asociados a las millas cuestionadas.
La Justicia mantiene bajo análisis a otras 50 personas para determinar si actuaron como coautores, partícipes o beneficiarios. La causa continúa en etapa de instrucción y se evalúa el alcance total del daño económico.
La fiscalía de Delitos Económicos formulará cargos contra Orlando Di Luca y Germán Chapino por una presunta administración fraudulenta de más de $1.341 millones. La causa se desprende del caso Planes Sociales y vuelve a poner bajo la lupa la gestión anterior en Neuquén.
La investigación por el manejo de fondos públicos durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez suma un capítulo de alto impacto político. Este miércoles, la fiscalía de Delitos Económicos acusará formalmente a dos exministros de Desarrollo Social por el presunto desvío de $1.341.400.640 hacia la cooperativa Viento Sur, en el marco de un programa oficial creado en 2022.
Los imputados son Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes ocuparon la cartera en distintos momentos del último tramo del gobierno del MPN. La acusación se formulará en la Ciudad Judicial de Neuquén y estará a cargo de los fiscales Pablo Vignaroli y Rocío Rivero.
Una causa que nace del escándalo de los planes sociales
El expediente “Viento Sur” se desprende de la megacausa por la estafa con planes sociales que sacudió a la provincia y derivó en múltiples condenas. Entre ellas, la del propio Di Luca, quien recibió una pena de cinco años de prisión que aún no está firme.
La nueva investigación apunta al manejo del Programa de Acciones para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones Sociales de la Comunidad, creado por decreto en agosto de 2022, en simultáneo con el avance judicial sobre la trama de planes sociales.
Según la hipótesis fiscal, parte de esos fondos —más de 1.341 millones de pesos— habrían sido administrados de manera irregular, configurando el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial.
El rol de las organizaciones y la “paz social”
Durante la gestión anterior, el Ministerio de Desarrollo Social canalizó recursos hacia cooperativas y organizaciones sociales bajo el argumento de financiar capacitaciones. Entre ellas, la cooperativa Viento Sur y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), vinculado al dirigente Diego Mauro, quien ya se encuentra imputado en esta causa.
La investigación busca determinar si esos convenios respondieron efectivamente a programas de formación o si funcionaron como un mecanismo discrecional de transferencia de fondos para sostener acuerdos políticos y sociales en un contexto de creciente conflictividad.
Chapino, quien sucedió a Di Luca en el cargo, había defendido públicamente la existencia de controles administrativos sobre las partidas ejecutadas. Sin embargo, la fiscalía ahora pondrá bajo examen la trazabilidad de esos recursos y el grado de supervisión real ejercido por las autoridades ministeriales.
Los otros nombres bajo investigación
Además de los exministros, el caso ya tiene varios imputados. Entre ellos figuran el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza y el excoordinador provincial de Administración Tomás Siegenthaler, ambos vinculados a la causa original.
También fueron acusados como presuntos coautores Diego Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larroza Velázquez; mientras que como partícipes aparecen la exdiputada Gabriela Suppicich, Ruth Valencia Beksabe Navarrete y Federico Gabriel Sánchez.
Impacto político en año de reconfiguración
La imputación a dos exministros vuelve a tensionar el legado del último gobierno del MPN en un momento de reconfiguración del escenario político neuquino. La causa no sólo implica una cifra histórica por su volumen, sino que también reabre el debate sobre los mecanismos de financiamiento estatal a organizaciones intermedias.
La audiencia de formulación de cargos será clave para conocer el encuadre jurídico que sostendrá la fiscalía y la estrategia de defensa de los exfuncionarios. A partir de allí, el proceso podría derivar en una etapa de investigación más profunda o en eventuales pedidos de medidas cautelares.
Con más de mil millones de pesos bajo análisis, el caso Viento Sur amenaza con convertirse en uno de los expedientes de mayor impacto institucional en la historia reciente de Neuquén.
Un hombre fue detenido acusado de haber defraudado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares mediante una presunta maniobra con el programa de acumulación de millas. La investigación apunta a que el sospechoso habría generado de manera irregular más de 16 millones de millas que luego utilizaba para emitir pasajes, principalmente en clase ejecutiva y primera clase.
El acusado, identificado como Juan Ignacio Veltri, está bajo la órbita de la Justicia federal por hechos que se habrían desarrollado entre comienzos de 2023 y enero de 2025. La causa se inició tras detectarse movimientos anómalos en el sistema de beneficios, lo que encendió las alertas internas de la compañía.
De acuerdo con los investigadores, las millas obtenidas de forma presuntamente ilícita eran canjeadas por vuelos internacionales con salida desde el aeropuerto de Ezeiza. Madrid, Roma y Cancún figuran entre los destinos más frecuentes en las operaciones bajo análisis. El perjuicio económico estimado ronda los 500.000 dólares.
Las pericias informáticas permitieron reconstruir el circuito de canjes y establecer patrones repetitivos en determinadas rutas. Según la acusación, el sospechoso habría abonado una suma mínima en comparación con el volumen de millas acumuladas, lo que consolidó la hipótesis de fraude.
El expediente está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez Sebastián Casanello, quienes dispusieron la intervención de la Policía Federal Argentina para profundizar el análisis técnico de los dispositivos y las cuentas involucradas.
Además del principal imputado, al menos otras 50 personas son investigadas para determinar si existió una estructura organizada detrás de la operatoria o si los hechos fueron ejecutados desde dispositivos particulares sin complicidad interna. Los investigadores buscan establecer el alcance real de la maniobra y si hubo una red destinada a explotar el sistema de beneficios de la aerolínea.
En paralelo, trascendió que el detenido desarrollaba actividad vinculada al contenido digital sobre viajes en distintas plataformas, un aspecto que también forma parte del análisis judicial.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a medida que avancen los estudios técnicos y el rastreo de las operaciones realizadas durante los dos años en los que se habría ejecutado la maniobra.
La fiscalía de Delitos Económicos formulará cargos este miércoles a Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, exministros de Desarrollo Social, por su presunta participación en el desvío de fondos hacia la cooperativa Viento Sur. En el caso también está imputado el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.
Di Luca era ministro del gobernador Omar Gutiérrez y cayó por la escandalosa estafa con planes sociales, al término de cuyo proceso fue condenado a 5 años de prisión. No fue a la cárcel porque la condena no está firme.
Fondos para capacitación
Chapino lo sucedió en el cargo. Como ya informó diario RÍO NEGRO, pactó con organizaciones sociales como la cooperativa Viento Sur y el FOL del dirigente Diego Mauro la entrega de fondos para capacitación de sus integrantes.
Ahora existen dudas sobre el destino que tuvieron esas sumas. En los hechos, el gobierno de Gutiérrez conseguía mantener la paz social a fuerza de inyectar dinero en estos intermediarios.
«Hubo control, después se verá si mucho o poco, lo que definan ellos, pero el control estuvo siempre», dijo en su momento Chapino a RN RADIO.
En el legajo figura otro conocido por la causa Planes Sociales: se trata del excoordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, condenado también a 5 años de prisión.
Los que ya están imputados
En esta causa conocida como «Viento Sur» u «organizaciones sociales», ya fueron acusados como coautores Diego Augusto Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larroza Velázquez; mientras que como partícipes quedaron la exdiputada Gabriela Suppicich, Ruth Valencia Beksabe Navarrete y Federico Gabriel Sánchez.
El delito que se les imputa es administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial por un monto histórico de 1.341.400.640 pesos, dinero proveniente del Programa de Acciones para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones Sociales de la Comunidad.
Ese programa se creó mediante decreto 1672 el 18 de agosto de 2022, en coincidencia con el descubrimiento de la maniobra con planes sociales.
La audiencia será este miércoles a las 8.30 en la Ciudad Judicial de Neuquén y la acusación estará a cargo de Pablo Vignaroli y Rocío Rivero.
