Una vecina de Villa La Angostura alertó sobre el uso fraudulento de imágenes de su propiedad, habilitada para alquiler turístico, en anuncios falsos que buscan engañar a turistas. La situación salió a la luz después de que dos personas se contactaran con ella para advertirle sobre el uso indebido de las fotos de su departamento.
En diálogo con el portal Diario Andino, la propietaria explicó que pudo comunicarse con el presunto estafador, pero a pesar de sus intentos, no logró que dejara de utilizar las imágenes de su departamento. “Me preocupa que, durante la temporada de verano, lleguen turistas al lugar y crean que hicieron una reserva legítima, solo para darse cuenta de que fueron víctimas de una estafa”, comentó la dueña del inmueble.
La vecina también expresó su inquietud sobre el impacto negativo que estas publicaciones fraudulentas podrían tener en la reputación de su propiedad. “Los estafadores pueden publicar reseñas negativas y hasta detallar la dirección de mi departamento para desalentar a otros turistas, lo que podría afectarme considerablemente”, señaló con preocupación.
En reiteradas ocasiones, intentó contactar al responsable del fraude a través de mensajes, solicitándole que dejara de utilizar las fotos de su departamento. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron resultado. “Le pedí varias veces que dejara de usar las imágenes, pero sigue publicando el anuncio con las mismas fotos y el mismo número de teléfono. Me parece que esto es parte de un nuevo esquema de estafas, como los que se manejan desde las cárceles”, indicó.
A pesar de haber intentado radicar una denuncia formal en la comisaría local, la mujer aseguró que las autoridades no aceptaron su denuncia. “Me dijeron que no pueden hacer mucho, porque los estafadores cambian el chip o desaparecen si se sienten amenazados”, explicó la vecina. No obstante, planea realizar al menos una exposición policial para poder demostrar a los turistas estafados que ella no tiene relación alguna con los fraudes. “Voy a exponer el caso para que al menos quede constancia de mi denuncia ante las autoridades”, afirmó.
Además, advirtió que el estafador ofrece su departamento, que tiene capacidad para dos personas, con características ficticias, como piscina, gimnasio y desayuno incluido, servicios inexistentes en su propiedad, lo que agrava aún más el engaño a los potenciales inquilinos.
Llega un nuevo fin de semana largo, regresa el alquiler turístico y los estafadores vuelven a la carga. Ahora hasta ‘copian’ alias de billeteras virtuales, para engañarte al reservar on line, por eso, para evitar las maniobras fraudulentas y atravesar una estadía sin sobresaltos, hay algunos puntos que debés tener en cuenta.
Al momento de elegir un hospedaje se vuelve preciso chequear la información de contacto y verificar si esta es real, contrastando con otras plataformas o sitios web, ya que muchos utilizan información e imágenes reales de los establecimientos para estafar a potenciales clientes.
«Hacen estudios muy minuciosos. Y el nombre de fantasía que crean es tan similar al del lugar original que sólo ponen un punto de diferencia entre el alias real y el de la estafa, por ejemplo«, alertó hace unos días Nahuel Capobianco, referente de la Unión de Inquilinos rionegrina, en diálogo con Río Negro Radio.
Las estafas virtuales abundan. Los delincuentes aprovechan la llegada de las vacaciones o fiines de semana largos.
Al momento de emprender el alquiler de un establecimiento turístico hay ciertas pautas de alerta a tener en cuenta como por ejemplo que sólo quieran contactarse por redes sociales evitando las llamadas telefónicas, así como también la falta de comentarios de huéspedes anteriores en ciertas plataformas.
Los precios más bajos de los normales son un factor que debe llamar la atención, así como también anuncios con mala redacción, al igual que aquellos que solo aceptan transferencias bancarias.
Ante cualquier duda se recomienda comunicarse con las oficinas de turismo locales para corroborar información. Pidan los listados de alojamientos habilitados. Ahí le van a dar el número de teléfono, la dirección y van a tener la certeza de que el alojamiento que buscán existe.
La fiscalía de Delitos Económicos tuvo un lunes para el olvido. En una audiencia ante el Tribunal de Impugnación de Neuquén perdió frente a los abogados de Tomás Siegenthaler, Julio Arteaga y Néstor Pablo Sánz, tres de los pesos pesados en la estafa por planes sociales. La derrota más dolorosa fue ante los dos primeros: debe pasarles detalles de los 288 testigos propuestos para el juicio, que como el horizonte a cada paso se aleja un poco más.
Para comprender lo que sucedió en esta audiencia hay que tener en cuenta que los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, con el apoyo de las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara, presentaron un escrito de 440 páginas con la acusación contra 19 personas por la maniobra con planes sociales, cometida entre entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 por un monto que, actualizado, roza los mil millones de pesos: 941.262.888,82.
En ese pedido de elevación a juicio están ofrecidos 266 testigos y 22 peritos. El defensor Pablo Gutiérrez (de Tomás Siegenthaler, Julieta Oviedo, Carolina Resnik, Ariel Krom y Rodolfo López) y la defensora Cecilia Fanessi (por Julio Arteaga) reclamaron que la fiscalía les detalle sobre qué va a declarar cada testigo. Y un juez de Garantías, Juan Pablo Encina Rivero, les dio la razón.
«Trabajamos para un estudio jurídico»
El fiscal jefe Vignaroli impugnó. «Si esto no se revoca, la fiscalía va a hacer el trabajo de la defensa», dijo ante las juezas Estefanía Sauli y Patricia Lúpica Cristo, y el juez Nazareno Eulogio. «Nos están mandando a trabajar para un estudio jurídico particular», rezongó.
Su posición es que toda la prueba está a disposición de los abogados en la fiscalía; no tienen más que ir y consultarla.
Derecho constitucional
El defensor Gutiérrez contraargumentó que «no se cumple con la manda constitucional de brindarle al imputado una comunicación previa y detallada de la acusación formulada», y que «no se le da tiempo para la preparación de su defensa porque desconocemos el objeto de los testimonios».
La abogada Fanessi puso como ejemplo que en la lista de la fiscalía figura «Raúl Gaitán, fiscal de Estado, y no dice nada más. Hay testigos que no tienen entrevista previa, y este es un caso».
El vínculo testimonio-evidencia
El Tribunal de Impugnación declaró inadmisible el recurso de la fiscalía, por mayoría. Votaron Nazareno Eulogio y Patricia Lúpica Cristo. Es decir, quedó firme la orden del juez Encina a la fiscalía.
El juez Eulogio explicó que Encina «ha facilitado que la defensa pueda saber qué perito va a introducir qué pericia y qué testigo qué evidencia. Por ejemplo, porque concurrió a un allanamiento, entonces declarará sobre ese allanamiento; porque tiene conocimiento de la maniobra delictiva, entonces declarará sobre eso».
«La exigencia que puso el juez Encina ante el pedido de la defensa en una investigación compleja es que solamente haga esa vinculación entre testimonio y evidencia que se va a incorporar», agregó.
Su colega Lúpica Cristo indicó a su turno que «aportar la vinculación entre testimonio y evidencia no es adelantar juicio sobre la relevancia o la pertinencia» de la prueba.
En minoría quedó Sauli, quien estimó que el recurso de la fiscalía es admisible. Dijo que las defensas «conocen la prueba que está en el legajo después de dos años de investigación».
La vuelta a casa de Sánz
En la segunda parte de la audiencia, por unanimidad el Tribunal le devolvió la detención domiciliaria a Néstor Pablo Sánz, uno de los presuntos cabecillas de la asociación ilícita que cometió la estafa con planes sociales. Según las juezas y el juez, no fue razonable -al revés, fue arbitrario- imponerle prisión preventiva a raíz de que la alarma de la tobillera electrónica saltó 16 veces el pasado lunes 28 de octubre.
Sánz atribuyó las alarmas de su tobillera a que el modem tiene un alcance limitado, alrededor de 20 metros, y él cumple la domiciliaria en un predio de 30 metros de fondo en el que hay tres departamentos: el propio, de su hermano y de su madre.
Por qué lo acusaron
El 28 de octubre, según la acusación del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Manuel Narváez, la tobillera saltó 16 veces entre las cuatro de la tarde y las 10 de la noche. En ocasiones por pocos segundos, pero una vez por 19 minutos. Sánz dijo que había ido a la casa de su hermano a darle clases de matemáticas a un sobrino.
En una audiencia realizada el 29 de octubre, el juez Lucas Yancarelli revocó la detención domiciliaria y le impuso prisión preventiva. Dijo que «no tenía nada que hacer en la casa del hermano. Hubiera ido el sobrino si necesitaba ayuda».
«La detención domiciliaria no es un cheque en blanco. Objetivamente no la cumplió. Las 16 alertas no tienen razón de ser», agregó. «Yo no sé si fue a lo del hermano o a lo del vecino. Mi obligación es tutelar el proceso.»
La decisión fue confirmada por un tribunal de revisión, con los votos de los jueces Gustavo Ravizzoli y Marco Lúpica Cristo.
«Hubo un incumplimiento»
Este lunes la revocaron Eulogio, Sauli y Patricia Lúpica Cristo (hermana de Marco), tal como lo pidió el defensor Gustavo Palmieri.
Al fundamentar la decisión, Eulogio afirmó que «hubo un incumplimiento» por parte de Sánz «pero no fue razonable» dictarle de nuevo la prisión preventiva, que es «una medida excepcional».
«No se puede hablar de riesgo de fuga, pasó de una casa a la otra, no hubo incremento de los riesgos procesales», agregó Eulogio.
«Si bien hubo alarmas, el Centro de Monitoreo dijo que no puede afirmar si el imputado se retiró del domicilio o hubo una falla en el equipo. La policía fue al lugar y constató que ahí estaba Sánz».
En consecuencia, le devolvió la detención domiciliaria por seis meses.
La estafa con planes sociales es uno de los casos de corrupción más resonantes en la historia de Neuquén, directamente relacionada con la política y el mal uso de los dineros públicos; este lunes, el fiscal jefe Pablo Vignaroli tuvo que salir a aclarar y desmentir algunas afirmaciones contenidas en un comunicado publicado por la organización política Libres del Sur, que se había autodeclarado libre de sospechas judiciales, cuando la realidad es que los fiscales siguen intensamente investigando y atando cabos con miras al juicio, que será, seguramente, en los primeros meses del año próximo.
«Se investigan las coacciones o extensiones a miembros del FOL y Libres del Sur en cuanto los obligaban (a los beneficiarios de planes sociales) a aportar un porcentaje del plan, o, según sus asistencias a cortes (de rutas o calles) era el bolsón de comida que les daban», reiteró Vignaroli, para refutar la afirmación de que la organización política había presuntamente demostrado «la total transparencia en el manejo y la administración de los fondos», según el comunicado de los liderados por Jesús Escobar.
La mala interpretación, sea por picardía política o por error conceptual, tiene que ver con la división en distintos temas de la investigación judicial, con expedientes diferenciados, lo que no indica que finalmente el cuerpo de fiscales presente las acusaciones en el futuro juicio: en realidad, eso es lo que se prevé, pues la fiscalía sólo ha pedido la absolución temprana de quienes llegaron a un acuerdo para testimoniar en las audiencias; y de ninguna manera ha exonerado a organizaciones involucradas en la maniobra, liderada por ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez.
Es posible que haya más show antes de que la justicia, finalmente, determine las responsabilidades concretas. Independientemente de ello, ninguna organización política de las muchas que han participado (y siguen participando) de la «ayuda social» estatal, podrá alegremente autosatisfacerse, pues, de hecho, han integrado, con o sin culpas, un sistema de distribución del dinero público viciado por muchas irregularidades y ausencias de controles, durante mucho tiempo.
Una vecina que tiene un departamento habilitado para alquiler turístico, denunció que están utilizando las fotos de su propiedad para realizar estafas.
La situación fue descubierta luego de que dos personas le advirtieran sobre el uso de las imágenes de su departamento para engañar a potenciales inquilinos.
Según relató la vecina a DiarioAndino, logró contactarse con el estafador, pero no consiguió que cesara la actividad fraudulenta.
“A mí me preocupa que en verano llegue gente al lugar, pretendiendo ingresar porque hicieron la reserva y pagaron la seña. Van a venir confiados que alquilaron el departamento, solo para descubrir que fueron víctimas de un engaño”, indicó.
Por otro lado, expresó su preocupación porque según sostuvo, “los estafador pueden publicar las reseñas negativas del depto, poner incluso la dirección para advertir a otros turistas de que no alquilen en ese lugar y eso me puede afectar considerablemente”, señaló.
El delito impune
Por medio de contactos telefónicos directos con el estafador, la vecina intentó, sin éxito, que el sujeto dejara de utilizar las imágenes de su propiedad. “Le mandé mensajes en varias ocasiones pidiéndole que dejara de hacer estas estafas con mi departamento, pero simplemente sigue adelante, no cambia ni las fotos, ni el número de teléfono. Para mí es un nuevo tramado de estafas de esos que realizan desde adentro de las cárceles”, comentó.
Si bien la vecina intentó radicar una denuncia formal en la comisaría local, precisó que no se la tomaron: “me dijeron que no pueden hacer mucho porque cuando los estafadores se sienten amenazados, o cambian el chip o simplemente desaparecen”.
Pese eso, está decidida a exponer el tema ante las autoridades policiales: ”voy a hacer auqnque sea una Exposición Policial para que al menos pueda mostrarle a los turistas estafados que yo soy la propietaria y que expuse ante las autoridades policiales este mecanisnmo este estafa y que no tengo nada que ver con los fraudes”.
Según ella, el estafador incluso ha llegado a ofrecer el departamento, diseñado para dos personas, como si pudiera alojar hasta cinco y con comodidades como piscina, gym, desayuno, gimnasio, cosas que son totalmente inexistentes en la propiedad.
Néstor Sanz, uno de los imputados como jefe de una asociación ilícita que cometió una millonaria estafa al Estado provincial con dinero de planes sociales, volverá a la prisión domiciliaria por disposición de un tribunal de Impugnación.
El tribunal de Impugnación integrado por Estefanía Sauli, Patricia Lupica Cristo y Nazareno Eulogio, revocó la prisión preventiva que, la semana pasada, le había impuesto a Sanz un juez de Garantías tras comprobarse que había incumplido la detención domiciliaria. La resolución del tribunal fue por unanimidad de sus integrantes, quienes analizaron y avalaron el planteo efectuado por la defensa del imputado.
A Sanz se le impuso una prisión preventiva el 10 de julio, que, cuatro meses más tarde, se transformó en prisión domiciliaria.
La semana pasada, el fiscal Juan Manuel Narváez informó a un juez de Garantías que el organismo del Ejecutivo que hace el seguimiento de las tobilleras electrónicas había detectado 16 movimientos de Sanz el martes 28 de octubre, a partir de las 16:45. Por ello, Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli lograron que el imputado volviera a cumplir la medida cautelar en una comisaría, medida que fue revocada este lunes.
Sanz, quien al momento de la mega estafa era director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, es uno de los imputados como jefes de la asociación ilícita que investiga la fiscalía. Esta asociación habría cometido, en total, una estafa por 153 millones de pesos con dinero de planes sociales, una cifra que, a valores actuales, supera los 750 millones de pesos.
La Coope difundió el listado de todos los ganadores de la Promo Aniversario por la que se entregarán a cada uno de ellos las órdenes de compra por $200.000. Desde la cooperativa agradecen la importante participación de sus asociados y consumidores.
A través de un comunicado de prensa, se indica que los ganadores serán contactados telefónicamente (no por Whatsapp) para coordinar la entrega de los premios (órdenes de compra de $200.000), personalmente en las sucursales de La Coope.
Asimimo, con la finalidad de advertir a la comunidad para evitar caer en posibles estafas, la Cooperativa Obrera recuerda a los asociados que estén ALERTAS a los mecanismos de FRAUDE que puedan circular en nombre de la entidad, y sugieren:
Nunca brindar datos sensibles de ningún tipo a través de ningún medio, como usuarios, contraseñas o claves bancarias.
No entregar dinero bajo ningún concepto.
No agendar teléfonos ni ingresar a enlaces web (links) de ningún tipo.
Las únicas direcciones válidas de contacto a través de emails son las que contienen la terminación «@cooperativaobrera.coop». Ante cualquier duda comunicarse a través de nuestros medios oficiales de contacto: 0800-333-3443 o holacooperativa@cooperativaobrera.coop
El Municipio de Cipolletti despidió a una empleada que presentó un certificado médico trucho. Es el tercer caso desde el inicio de una auditoría interna que comenzó poco después de que familiares de un médico fallecido denunciaron que circulaban certificados que contenían firma apócrifa y sello del profesional.
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«Hoy despedimos a una empleada que intentaba justificar faltas con certificado médico trucho. En nuestro Municipio no hay lugar para las estafas, no toleramos el fraude hacia los vecinos ni aquellos que intentan ensuciar a los trabajadores que, si valoran y honran su trabajo municipal cada día», manifestó el intendente Rodrigo Buteler en sus redes sociales.
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El despido aún no fue publicado en el Boletín Oficial, pero fuentes del Ejecutivo aseguraron que la resolución ya fue comunicada a la extrabajadora.
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En el Municipio se puso en marcha una auditoría para verificar la validez de todos los certificados y licencias médicas que presenta el personal del Municipio. Desde ese nuevo sistema de control, ya son tres los agentes que han sido despedidos. El control se puso en marcha tras la denuncia de familiares de un médico fallecido a quien le habrían robado el sello, pero se formalizó en línea con una decisión política del Gobierno provincial.
El Municipio firmó un acuerdo con la Provincia para auditar todas las licencias médicas con la Junta Médica del Consejo de la Función Pública.
¿Municipio a juicio por despidos?
Las sanciones por la presentación de certificados médicos truchos son uno de los cambios que aplicó el Ejecutivo en la relación con los trabajadores. La «mano dura» le costó el puesto a tres empleados que fueron filmados bajando materiales en una chacarita. Para llevar el cargamento usaron un vehículo oficial.
Los exempleados municipales de Cipolletti que fueron cesanteados por vender material ferroso reclaman una indemnización millonaria al gobierno local. Fueron despedidos por vender material robado, sin embargo, su abogado sostuvo que la Junta de Disciplina no pudo probar que el material que trasladaron en un camión municipal hasta una recicladora, haya sido cables robados. «El Municipio hizo todo mal, desde acusar a mis clientes de robar cables hasta despedirlos», aseguró.
El reclamo se encuentra en vía administrativa, reclamando las indemnizaciones que – asegura – les corresponden a los empleados por un valor cercano a los 72 millones de pesos. Uno de los cesanteados, era un empleado que tenía en el municipio 39 años de antigüedad. En caso de no llegar a un acuerdo, los extrabajadores buscarían ser indemnizados a través de un juicio.
La Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, llevará adelante una jornada de orientación en la Comisión Vecinal del barrio Ciudad Industrial “Jaime de Nevares” de Neuquén capital.
El director del área, Pablo Tomasini, dijo que “estamos trabajando desde nuestra cercanía con los vecinos de la provincia del Neuquén respecto a los temas que tengan que ver con el consumidor. Pero particularmente enfocado en una problemática que nos han marcado los barrios, que es que está muy lleno de estafas telefónicas virtuales y que necesitamos capacitarnos un montón junto con los vecinos respecto a la prevención de dichos casos”.
En este contexto, Tomasini, detalló que “luego del Consejo Federal del Consumo (Cofedec), desarrollado en septiembre, una de las inquietudes –de representantes de áreas de consumidor en todo el país- son las ciberestafas, ya que es cada vez más grande el porcentaje de la población, de todas las edades, que utilizan dispositivos para realizar compras, contratar y pagar servicios, y de forma paralela se han multiplicado los intentos de fraudes y engaños en línea”.
Se ofrecerán recomendaciones prácticas para evitar estafas, así como la importancia de no compartir información personal, verificar la legitimidad de los sitios web y como crear y utilizar contraseñas seguras.
El dispositivo se realizará en la sede de la comisión vecinal del barrio ubicada en Calles 5 y 9, de 10 a 12 horas.
Tres empleados de una empresa de asistencia en tierra en el Aeropuerto Internacional de Bariloche quisieron estafar a una pareja de turistas que se movilizaban en un avión privado. La Justicia los imputó por cobrar una suma excesiva por el estacionamiento de la aeronave. Como parte de la maniobra, presionaron a las víctimas haciéndoles creer que en caso de no pagarlo verían alterado el plan de vuelo y no podrían despegar nuevamente.
El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del 23 de abril, en el aerpuerto internacional Luis Candelaria de Bariloche, uno de los de mayor tránsito aéreo en el interior del país, cuando los empleados se acercaron a la aeronave, estacionada en la posición auxiliar número 12, y comenzaron a exigir un pago por el estacionamiento.
Según la denuncia que llegó a la Justicia, los empleados inicialmente pidieron 120 dólares por el servicio de estacionamiento, cifra que luego aumentó a «120.000 con recibo o 90.000 sin recibo», sin especificar si se trataba de dólares o pesos. En un contexto de presión y con el tiempo jugando en contra, ya que debían cumplir con un plan de vuelo estipulado, las víctimas decidieron entregar 100.000 pesos, y tomaron una fotografía como prueba del pago.
Luego de dar aviso en la torre del aeropuerto, los controladores aéreos informaron sobre el incidente a las autoridades. La imagen del pago realizada por los afectados permitió rastrear el dinero y devolverlo a la pareja. En este sentido, el fiscal que lleva adelante la causa destacó que «esta conducta no está prevista en los protocolos internos de la empresa en cuanto a la facturación y cobro de servicios», lo que subraya la irregularidad de los actos de los imputados.
La investigación, que se extendió durante varios meses, reunió una serie de pruebas que permitieron la identificación y posterior imputación de los tres empleados. Entre los elementos de prueba se encuentran el acta de denuncia, testimonios de los controladores de tránsito aéreo, registros de las empresas que operan en la jurisdicción del aeropuerto y la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que ayudó a identificar a los responsables.
La defensa de los imputados, que fue presentada por un defensor particular, no objetó los cargos en esta etapa procesal, pero adelantó que en los próximos meses ofrecerá una teoría alternativa sobre los hechos. Según la defensa, trabajarán en recabar más información que permita poner en duda las acusaciones del Ministerio Público Fiscal.
El juez de Garantías, tras analizar la evidencia presentada, decidió formular cargos por tentativa de estafa en grado de coautoría. Los tres imputados, que se encuentran con libertad condicional, deberán fijar domicilio como medida cautelar mientras avanza el proceso judicial.
