El tema de la semana, sin dudas, ha sido la situación que se vive en la Legislatura provincial neuquina.
Hace algún tiempo, conocimos y comentamos cuestiones que parecían propias de las tensiones políticas internas en una Legislatura: enfrentamientos discursivos, pulseadas por espacios, y por protagonismos. Sin embargo, el viernes de la semana pasada todo tomó un rumbo distinto, algo que no se había vivido antes en la sociedad ni en la política neuquina. Algo mencionamos en la segunda parte de nuestra editorial del sábado pasado, y ahora debo referirme a lo que creo que es un cambio importante.
Es innegable que durante décadas hemos estado adormecidos e indiferentes frente a los temas relacionados con la presunta corrupción. De la corrupción no se habla, no inquieta, no molesta, no preocupa a nadie. Al menos esa es mi percepción, esa es la temperatura que percibo en el ambiente.
La corrupción es abuso, desvío, y el uso en beneficio propio de lo que una persona tiene a su alcance gracias a la función pública que desempeña. Nos enfocaremos en la corrupción pública, la corrupción política, aunque, por supuesto, sabemos que también existe corrupción privada.
Corromper es degradar, debilitar, alterar la esencia y el destino auténtico de las cosas. Es ennegrecer, opacar, ensuciar. Esta semana, la palabra infaltable ha sido corrupción. Hay sospechas de corrupción, presuntos hechos de corrupción, y decisiones de investigar estos hechos.
Por supuesto, también hemos sido testigos de reacciones falsas ante la posible corrupción: sorpresas teatralizadas, escándalos fingidos. Sabemos de quiénes se trata y está claro que no les creemos, pues quedan expuestos como actores burdos en una obra sin espectadores ni aplausos.
Lo que quiero destacar es que, esta semana, se ha hablado de supuestos hechos de corrupción, pero, además, han surgido reacciones, aunque tibias en algunos casos, ante la sospecha de corrupción. Lo novedoso, en mi opinión, es que estas reacciones ante las sospechas de corrupción han escalado a un nivel tal que hoy atravesamos una crisis institucional, una fractura en el liderazgo político y una acefalía obligada en un Poder del Estado: la Legislatura, que representa al pueblo de la provincia. Como siempre, parece que los platos rotos los paga el pueblo.
Pero no perdamos el foco. Lo novedoso, como decía, ha sido la reacción, bien o mal, fundada o infundada, constitucional o inconstitucional. Estamos viviendo una reacción institucional que no podemos ignorar.
Algunas voces han afirmado que estamos en una situación de gravedad institucional, ya que integrantes de un Poder del Estado decidieron abrir una investigación interna en la Legislatura y suspender a la presidenta de esa Legislatura, electa por el pueblo de Neuquén hace poco más de 18 meses y en funciones desde hace poco más de 11 meses.
Son varios los hechos mencionados que justifican la decisión tomada por una enorme y llamativa mayoría de diputados provinciales: 29 sobre 34 diputados presentes, con solo una ausencia. Esos 29 diputados entendieron que era un deber institucional iniciar una investigación sobre la conducta de la vicegobernadora, y 25 de ellos consideraron que, durante esa investigación, la Vicegobernadora debía ser separada de su cargo. Esto es grave, institucionalmente inusitado y con muy pocos precedentes en el país.
Algunos, desde la política, seguramente deseaban que esto no ocurriera; tal vez otros lo estén disfrutando desde una visión personal y egoísta, más propia de un pase de factura que de una visión republicana e institucional.
Pero lo cierto es que no deja de ser saludable que las cosas salgan a la luz, que se conozcan y que aparezcan mecanismos para investigar, juzgar y, eventualmente, aplicar sanciones ejemplificadoras.
Políticamente, quienes compartían su espacio y la conocían bien decidieron dejarla sola en Desarrollo Ciudadano, el partido que Gloria Ruiz fundó mientras era intendenta de esa ciudad, cuando se peleó con Andrés Peressini.
Uno por uno, comenzaron a comunicar en sus redes sociales su desafiliación al partido y su apoyo al espacio del actual gobernador, Rolando Figueroa. El «enérgico repudio» y la «tolerancia cero» han sido parte de las declaraciones.
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, quien sugirió Gloria Ruiz como su reemplazante en la Municipalidad, el diputado provincial Federico Méndez, quien ratificó su decisión de renunciar como apoderado de Desarrollo Ciudadano, y la diputada Luz Ríos, entre otros, se han expresado en este sentido.
Entiendo que estamos en un terreno político, que no es judicial, que se puede mirar desde otro ángulo, no tan rígido en lo legal, pero por supuesto respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Deben garantizarse todas las protecciones para que la decisión final tenga la firmeza que corresponde, y para que lo que decidan los representantes del pueblo no pueda ser modificado por ninguna otra autoridad de otro Poder del Estado.
Hemos escuchado reproches a la vicegobernadora por su estilo poco dialoguista y algo autoritario, por su visión al elaborar el Presupuesto Legislativo 2025, por las contrataciones de parientes, los contratos con monotributistas, la omisión de control en la administración de fondos, el uso de tarjetas corporativas para gastos, el uso de fondos públicos, el mantenimiento de los bienes de la Legislatura y la compra de bienes de alto valor, entre otros.
Seguramente, la vicegobernadora podrá dar explicaciones suficientes y razonables al respecto. De hecho, podríamos enumerar a funcionarios que poseen vehículos de similar o mayor valor que los de la vicegobernadora, que tienen casas lujosas en barrios privados y que aún no han sido allanados. Ah, perdón, me traiciona la memoria.
Volvamos al tema que nos ocupa: la noticia de que el Tribunal de Cuentas denunció que hace meses no permitían a las auditoras del organismo acceder a los sistemas de gestión de compras, contrataciones y liquidación de sueldos de personal y contratados. Esto sugiere que alguien ha decidido dificultar el control de la gestión administrativa, financiera y patrimonial en un Poder del Estado, lo cual es sumamente negativo.
Por eso, en lo personal, no me espanta la gravedad institucional que estamos viviendo. Me gustaría que mi provincia tuviera otra calidad institucional, que tuviéramos más confianza en las autoridades, pero insisto, no me espanta el escándalo si nos muestra que nunca más corrupción política.
Claro, no se terminará con este solo hecho de denunciar, investigar y, tal vez, sancionar a la vicegobernadora, si es que corresponde. Tampoco me espanta que la suspendan, si eso contribuye a una mejor y más rápida investigación, que sea profunda, transparente, y ejemplar en las consecuencias que se deriven.
La corrupción es manipulación. Espero que la investigación, el juzgamiento y la posible sanción no se corrompan, no se desvíen, no se desvirtúen. Así como destaco que, al menos en este caso, las denuncias de posible corrupción han recibido un tratamiento diferente al pasado, lo cual puede parecer saludable y mostrar un mejor camino hacia el futuro, también debo señalar lo que me resulta difícil de entender y justificar: algunas de las conductas y situaciones que se reprochan a la vicegobernadora Gloria Ruiz tienen su origen o un punto de contacto con investigaciones y medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Delitos Económicos.
Se han llevado a cabo rápidos y mediatizados allanamientos en distintos lugares y organismos, lo que muestra energía, convicción e intención. Pero, con todo respeto, me parece que la Fiscalía debería aplicar los mismos criterios en casos similares para evitar caer en lo que se conoce como «doble vara».
Es inevitable hacer la comparación con otro caso de presunta corrupción pública, el de la “Estafa con Planes Sociales”, que como mencionamos en el pasado, parece desvanecerse. Actualmente, dos imputados como cabecillas están en prisión domiciliaria (la menos estricta de las prisiones, digamos), y parece que el futuro de Marcos Ariel Osuna, el tercer detenido, aún está en duda.
Señores del Ministerio Público Fiscal, señores de la Fiscalía de Delitos Económicos: la verdadera lucha contra la corrupción pública necesita acciones firmes, sostenidas, coherentes y uniformes para todos los casos de perjuicio fiscal e incumplimiento por parte de funcionarios. No parece que la causa de la “Estafa con Planes Sociales” siga este camino de lucha frontal y decidido desde la Fiscalía. No vaya a ser que terminen investigando y reprochando al denunciante original, quien destapó este escándalo.
Este es un mensaje para los asesores de Gloria Argentina Ruiz: me sorprende que no le hayan sugerido que pidiera licencia y se pusiera a disposición de la justicia. Así se habría evitado este circo grotesco y la exposición de la provincia de Neuquén al escarnio mediático.
Para finalizar: no queremos una doble vara en la investigación judicial desde la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado. No nos espanta la gravedad institucional por presunta corrupción, porque esto puede ser una señal de que algo bueno, o mejor, está comenzando a cambiar. De los Poderes Legislativo y Judicial depende que esto sea una realidad y no una fantasía de corta vida.
