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Empezó la cuenta regresiva para poner fin a la investigación de la denominada causa de estafa con planes sociales en Neuquén. Este viernes vence el plazo de presentación de los testigos que aportarán las defensas y la fiscalía, para dar paso formal a la elevación a juicio que tendrá 19 personas acusadas.

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La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén investigó el desvío de más de 153 millones de pesos del presupuesto destinado a los subsidios por desempleo. La organización criminal está integrada por funcionarios provinciales de alto rango, empleados públicos, abogados y militantes.

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El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, con la colaboración de las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, llevan adelante la causa de corrupción más emblemática de la provincia. Tienen un total de 19 personas organizadas en diferentes niveles de responsabilidad dentro de una estructura fraudulenta. El esquema delictivo operó desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, desviando fondos de subsidios provinciales destinados a desocupados, situación que se agravó por pandemia, mediante el uso indebido de cheques y tarjetas de débito.

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El pasado 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que, en base a lo resuelto por un tribunal de impugnación, las defensas de varios de los acusados solicitaron ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo que la fiscalía brinde un documento en el que se detalle el ofrecimiento de los testigos en relación con la prueba que cada uno incorporaría en el juicio.

Así, el juez otorgó, a todos los defensores de los imputados en esta causa, un plazo de 10 días a partir de que esté disponible ese documento para que hagan su ofrecimiento de prueba, de modo que este viernes 6 de diciembre es el plazo máximo de presentación de la información.

El monto total del fraude asciende a 153.377.900 pesos, de los cuales 125.412.400 pesos corresponden a extracciones mediante tarjetas de débito, y 27.965.500 pesos a cheques cobrados de manera indebida. En total, la organización realizó 9.303 operaciones fraudulentas que afectaron gravemente las finanzas del Estado provincial y privaron a los verdaderos beneficiarios del subsidio de los fondos que les correspondía.

Estafa con Planes Sociales, a juicio: el detalle de los 19

Nivel I: jefes de la Banda

Los jefes planificaron y supervisaron la ejecución de la maniobra fraudulenta. Controlaban los listados de beneficiarios falsos y autorizaban las extracciones ilegítimas.

• Orlando Abel Di Luca

-Cargo: ministro de Desarrollo Social (desde diciembre de 2021) y Subsecretario previamente.

-Rol: supervisaba los listados paralelos y aprobaba las operaciones fraudulentas. Permitía que mes a mes se desviaran fondos públicos mediante la emisión de cheques y la utilización de tarjetas de débito.

• Tomás Siegenthaler

-Cargo: coordinador de la Coordinación de Administración del Ministerio de Desarrollo Social.

– Rol: definía junto a Di Luca el monto global del subsidio y aprobaba los listados paralelos. Ordenaba al banco las acreditaciones fraudulentas.

• Ricardo Nicolás Soiza

– Cargo: director de la Dirección Provincial de Planes Sociales.

– Rol: elaboraba los listados paralelos de beneficiarios falsos y certificaba los pagos. Coordinaba la extracción de dinero en efectivo utilizando tarjetas de débito y el cobro de cheques.

• Néstor Pablo Sanz

– Cargo: director de Fiscalización de la Unidad de Gestión de Planes.

– Rol: coordinaba la captación de beneficiarios falsos y la extracción de dinero. Personalmente retiraba dinero de cajeros automáticos y cobraba cheques.

• Marcos Ariel Osuna

– Cargo: jefe del Departamento de Gestión de Programas.

– Rol: enviaba los listados paralelos para acreditaciones fraudulentas y coordinaba la extracción de dinero con tarjetas de débito. Reclutaba personas para figurar como beneficiarios.

Nivel II: Colaboradores de los jefes

Los colaboradores directos de los jefes ayudaban a ejecutar la maniobra, validando cheques, manejando las finanzas y gestionando las acreditaciones bancarias.

• Luis María Gallo

– Cargo: director de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social (hasta enero de 2022).

– Rol: Autorizaba la emisión de cheques y las acreditaciones bancarias basadas en los listados paralelos.

• Laura Carolina Reznick

– Cargo: directora de Finanzas desde enero de 2022.

– Rol: continuó la labor de Gallo, aprobando las acreditaciones fraudulentas y la emisión de cheques.

• Julieta Oviedo

– Cargo: directora de Tesorería.

– Rol: Libraba los cheques y autorizaba las acreditaciones bancarias basadas en listados fraudulentos.

• Julio Norberto Arteaga

– Cargo: Auditor de la Contaduría General.

– Rol: Encargado de supervisar los expedientes, aprobaba las irregularidades para dar apariencia de legalidad al proceso.

Nivel III: Reclutadores

Los reclutadores captaban personas para que figuraran como beneficiarios ficticios de los subsidios.

• Isabel Natalia Montoya

– Rol: reclutaba personas para incluirlas en los listados falsos de beneficiarios. Recibía las tarjetas de débito de los beneficiarios y retiraba el dinero, repartiendo una parte a los reclutados.

Nivel IV: Cobradores de Cheques y Extracción de Dinero

Este grupo se encargaba de cobrar los cheques y retirar dinero de los cajeros automáticos utilizando tarjetas de débito de los beneficiarios ficticios.

• Aaron Escobar

– Rol: cobraba cheques destinados a beneficiarios falsos.

• Valeria Noemí Honorio

– Rol: cobraba cheques fraudulentos, siendo empleada del Ministerio de Desarrollo Social.

• Ariel Oscar Krom

– Rol: cobraba cheques fraudulentos.

• Rodolfo Andrés López

– Rol: participaba en la extracción de dinero mediante cheques y tarjetas de débito sin autorización.

• Omar Ulises Rodríguez Quezada

– Rol: cobrador de cheques fraudulentos y extractor de dinero con tarjetas de débito ajenas.

• Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras

– Rol: cobrador de cheques y dinero de tarjetas de débito sin autorización.

Nivel V: Beneficiados por la Maniobra

Estos beneficiarios sabían que no cumplían con los requisitos para recibir subsidios, pero aun así aceptaron los fondos.

• Alfredo Andrés Cury

– Rol: aceptó fondos del subsidio a pesar de no cumplir con los requisitos.

• Adrián Alfredo Meza Lizama

– Rol: aceptó los subsidios de manera fraudulenta.

• Fernando Cardozo Regidor

– Rol: se benefició de los subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos.

En Ushuaia estalló un escándalo que salpica al intendente Walter Vuoto, a partir de una estafa piramidal millonaria que tiene como principal denunciada a una funcionaria del área de Atención al Vecino de la municipalidad, que además fue ex pareja del jefe comunal, y sobre la que -según una damnificada- se ha montado un cerco de protección por parte del alcalde y la Justicia.

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Según las acusaciones, Vanesa Sáez -subsecretaria de la Oficina de Atención al Vecino– junto a su actual pareja Matías Roa organizaron a partir de diciembre de 2023 una suerte de mesa de dinero informal en la que ofrecían un retorno inmediato con intereses a quienes les prestaban dinero para un supuesto emprendimiento inmobiliario en Brasil.

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La pareja, que en redes sociales aparece en fotos contando dólares, con autos de lujo o carteras Gucci en mano de la funcionaria sospechada, se habría alzado con una cifra cercana al millón y medio de dólares, según las sospechas de la abogada de la denunciante, utilizando este sistema de inversión útimamente muy difundido últimamente, y que recientemente fue noticia por otros engaños masivos.

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En este caso -como es norma en las estafas piramidales- los intereses por el dinero aportado volvían rápidamente en tiempo y forma. Por ese rendimiento inmediato, alto y tentador, en enero la denunciante y su marido decidieron aportar un monto mucho más importante al “negocio”. Pero en febrero, el juego se cortó: los pagos no llegaron y cuando empezaron a reclamar, se dieron cuenta de que los afectados eran muchos.

“Nosotros empezamos con 2.000 dólares, y nos retornaron algo. Después pusimos un poco más y volvió a retornar. Entonces en enero pusimos una cantidad mayor y ya no pagaron más”, lo resumió Romina Cirigliano en diálogo con el noticiero de Canal 13, que informó del caso a nivel nacional.

La mujer, que además difundió un audio en el que supuestamente se escucha a Roa amenazándola tras su denuncias, dijo que en su caso la estafa asciende a 50 mil dólares. Y que en el grupo de damnificados autodenominado, con cierta ironía, “Los Arbolitos”, hay cifras tan o más importantes que esa, incluyendo un caso en el que se adeudarían 175 mil dólares.

Por otro lado, aseguró que una de las víctimas entregó $1.800.000 por un terreno que nunca recibió. Pese a la magnitud de los daños, muchos de los damnificados -aseguró- prefieren callar. “La mayoría tienen miedo de hablar”, sostuvo la denunciante, quien dice que Vuoto movió sus influencias para ocultar el caso.

Cirigliano aseguró que su marido, Diego Torres -amigo de la infancia de Roa- fue hasta su casa cuando en febrero volvieron de vacaciones, a ver qué pasaba con la plata que no había aparecido, y al llegar se encontró con otro hombre que lo estaba esperando con la misma pregunta. «A partir de ahí se abrió el abanico y nos dimos cuenta de que éramos muchos».

«Al principio intentamos solucionarlo de buena forma, con mensajes por WhatsApp, buscando el diálogo», aseguró la mujer, quien dijo que luego de meses sin respuestas, se decidieron a ir más allá, primero a nivel local y después intentando que la situación se conociera fuera de Tierra del Fuego.

“No quedó otra que hacerlo público a nivel nacional, porque acá el intendente mantuvo un silencio total. No han tomado ningún tipo de represalia con ella”, aseguró Cirigliano respecto a la funcionaria que acusa.

Allanaron a la denunciante en Ushuaia

Como ejemplo de esa situación, la damnificada se refirió a lo que le sucedió luego de denunciar la estafa ante la justicia en Ushuaia.

“Es algo muy loco y acá yo dejo en claro que ellos tienen no solo respaldo político, sino también judicial. Porque yo hago una denuncia por estafa y ellos en no menos de 10 minutos me hacen un allanamiento por daños y amenazas”, aseguró la presunta damnificada.

Y agregó: “Nos sacaron los celulares donde tenemos pruebas fehacientes, porque ellos (Sáenz y Roa) ahí comentaban el dinero qué ponían, cuánto rendía, y entonces quedan expuestos”. Es decir: la Justicia se llevó las pruebas que incriminan a los acusados.

Además, difundió un audio con una violenta amenaza realizada con la supuesta voz de Roa, conocido desde la infancia por el marido de Cirigliano y quien los invitó a participar del “negocio” prestándole dinero.

“Tengo unas ganas de hacerlos m…”

“Escuchame una cosa, la puta que te parió, te la exploto toda. Estoy en Buenos Aires tranquilo y no necesito ni siquiera ensuciarme las manos con ustedes, negros de m… Levanto el teléfono y te explotan a vos, a Emiliano, a Diego… Y no lo hago por Diego, te lo juro por mi hija. Porque tengo unas ganas de hacerlos mierda a todos”, se escucha en la grabación.

El mensaje, siempre según el testimonio de la denunciante, lo recibió cuando ella y otro reducido grupo de estafados comenzaron a hacer público lo sucedido, luego de buscar a Saéz y su pareja sin éxito. No sólo no lograron encontrarlos, sino que nunca recibieron respuestas a las consultas. Hasta la amenaza recibida cuando el caso empezó a tener cierta difusión a nivel local.

Ahora, el caso trascendió las fronteras de Tierra del Fuego a partir del testimonio de Cirigliano en diálogo con Canal 13 y la señal de cable TN. Y Cirigliano y los demás presuntos damnificados esperan que, tras la difusión del caso, poder avanzar y recuperar al menos algo de lo invertido.

El intendente Vuoto se mantiene en silencio. Y de Saéz se sabe poco en Ushuaia, donde se dice que estaría de licencia desde que el escándalo empezó a crecer, pero continúa en el cargo. En su perfil de Facebook sigue presente su frase de cabecera: “No envidies mi progreso, si no conoces mi sacrificio”.