El gobernador Rolando Figueroa se refirió a la estafa con planes sociales que investiga la justicia de la provincia y puso la mira en la responsabilidad en el Banco Provincia de Neuquén (BPN). “No tengo un nombre, lo que es que conociendo la botonera del Estado, no creo que a alguien le hayan entregado tarjetas de débito sin el conocimiento o complicidad de alguien del Banco de la Provincia de Neuquén”, señaló el mandatario neuquino durante la extensa conferencia de prensa que brindó este viernes para hacer una balance de la gestión.
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“Alguien participó, es imposible que un grupo de personas vaya al banco y retire una bolsa de tarjetas. O sea, alguien del banco fue parte de eso. No sé quién es, pero creo que estaba en conocimiento de todo esto”, apuntó el gobernador cuando de lo consultó sobre el tema.
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Vale recordar que ya empezó la cuenta regresiva para poner fin a la investigación de esta causa de estafa con planes sociales en Neuquén con la elevación a juicio, por el cual hay 19 personas acusadas.
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La estafa
La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén investigó el desvío de más de 153 millones de pesos del presupuesto destinado a los subsidios por desempleo. La organización está integrada por funcionarios provinciales de alto rango, empleados públicos, abogados y militantes del Movimiento Popular Neuquino.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, con la colaboración de las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, llevan adelante la causa de corrupción más emblemática de la provincia.
El esquema delictivo operó desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, desviando fondos de subsidios provinciales destinados a desocupados, situación que se agravó por pandemia, mediante el uso indebido de cheques y tarjetas de débito.
El mes pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que, en base a lo resuelto por un tribunal de impugnación, las defensas de varios de los acusados solicitaron ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo que la fiscalía brinde un documento en el que se detalle el ofrecimiento de los testigos en relación con la prueba que cada uno incorporaría en el juicio.
A juicio
El juez otorgó en su momento a todos los defensores de los imputados en esta causa un plazo de 10 días a partir de que esté disponible ese documento para que hagan su ofrecimiento de prueba, y el 6 de diciembre venció el plazo máximo de presentación de la información.
El monto total del fraude asciende a 153.377.900 pesos, de los cuales 125.412.400 pesos corresponden a extracciones mediante tarjetas de débito, y 27.965.500 pesos a cheques cobrados de manera indebida. En total, la organización realizó 9.303 operaciones fraudulentas que afectaron gravemente las finanzas del Estado provincial y privaron a los verdaderos beneficiarios del subsidio de los fondos que les correspondía.
Los jefes planificaron y supervisaron la ejecución de la maniobra fraudulenta. Controlaban los listados de beneficiarios falsos y autorizaban las extracciones ilegítimas. El máximo responsable es Orlando Abel Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social, acusado de supervisar los listados paralelos y aprobar las operaciones fraudulentas. Habría permitido que mes a mes se desviaran fondos públicos mediante la emisión de cheques y la utilización de tarjetas de débito.
